La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego anunció hoy el financiamiento de una nueva iniciativa que alejará a las personas con enfermedades mentales graves del sistema de justicia y las someterá a tratamiento, el primero de su tipo en el Condado. El programa recibió hoy apoyo de la Junta de Supervisores del Condado, que autorizó un contrato para recibir $3,328,000 en fondos de subvenciones del Departamento de Hospitales del Estado (DHS). El financiamiento establecerá el primer programa formal alternativo de salud mental previo al juicio en el Condado de San Diego, ampliando el tratamiento basado en la comunidad y reduciendo el número de personas que pasan por crisis psiquiátricas y cárcel debido a enfermedades mentales no tratadas. [COMPARTE EN TWITTER]

[VER VIDEO DE LA JUNTA DE SUPERVISORES DISCUTIENDO ESTE PROGRAMA ALTERNATIVO]

«Es necesario que haya un cambio radical en la forma en que abordamos las necesidades de las personas que viven con enfermedades mentales en nuestra comunidad que se ven involucradas con el sistema de justicia penal», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Hoy es otro gran paso adelante en un enfoque progresivo y nuevo que está mejorando la forma en que el sistema de justicia penal maneja a las personas con enfermedades mentales graves, y al mismo tiempo mantiene seguros nuestras comunidades. También es un ejemplo de la innovación dinámica y la colaboración entre nuestros socios de justicia y los Servicios de Salud Mental aquí en San Diego. Un enfoque importante de esta iniciativa de subvención fue proporcionar acceso equitativo y tratamiento equitativo para los participantes con enfermedades mentales graves y proporcionar una solución humana basada en la evidencia para la compleja intersección de la salud mental, la falta de vivienda y la justicia penal. Quiero agradecer al Grupo de Seguridad Pública de nuestro Condado por coordinar la solicitud de subvención, así como al Dr. Luke Bergmann, Director de Servicios de Salud Mental, por su continua asociación».

Reconociendo el nexo significativo entre la salud mental, el abuso de sustancias y la justicia penal, la Oficina de la Fiscalía de Distrito reunió a más de 200 interesados ​​y expertos para describir la intersección de la salud mental, la falta de vivienda y la justicia penal, para identificar mejor los problemas y recomendar soluciones concretas.

Como resultado, el año pasado la Fiscalía lanzó su Plan para la Reforma de la Salud Mental: Un Nuevo Enfoque Estratégico que Aborda la Intersección de la Salud Mental, la Falta de Vivienda y la Justicia Penal en el Condado de San Diego, el cual incluye recomendaciones de reforma del sistema para mejorar los resultados de seguridad pública. El documento de 70 páginas contiene 30 recomendaciones específicas sobre cómo la policía y el sistema de justicia pueden responder mejor a las personas que enfrentan desafíos de salud mental, incluido el programa alternativo previo al juicio que obtuvo luz verde en la reunión de la Junta de Supervisores de hoy.

La ley de California permite que un tribunal posponga el enjuiciamiento penal por hasta dos años, bajo ciertas circunstancias, y en su lugar remita a las personas a un tratamiento comunitario que satisfaga sus necesidades especializadas de salud mental. Los fondos del DSH apoyan los programas alternativos del condado para un subconjunto particular de todas las personas que pueden ser elegibles para el desvío de la salud mental: individuos acusados ​​de delitos graves, con diagnósticos de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar, que corren el riesgo de ser declarados incompetentes de ser procesados.

Los socios en el programa alternativo de salud mental propuesto incluyen a la Oficina de la Fiscalía de Distrito, el Departamento del Alguacil el Defensor Público, la Agencia de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Libertad Condicional y la Corte Superior. El diseño del programa se basa en la exitosa Corte de Salud Mental del Condado de San Diego y proporcionará, entre otras cosas, un tratamiento comunitario firme, servicios integrales, manejo de casos, habilidades básicas para la vida diaria, manejo de medicamentos, asistencia de beneficios, apoyo de amigos y vínculos comunitarios. El financiamiento apoyará el tratamiento y la vivienda para aproximadamente 30 participantes en cualquier momento durante el período del contrato. [COMPARTE EN TWITTER]

Después de recibir cientos de quejas sobre consumidores que se sintieron engañados al comprar tiempos compartidos en Welk Resorts, investigadores descubrieron que la compañía con sede en California estaba violando numerosos requisitos legales establecidos para proteger a los consumidores de recibir menos de lo que esperaban. A los vacacionistas del resort, que querían garantizar futuras vacaciones en Welk Resorts, se les hizo creer que estaban comprando bienes raíces, que el valor de su inversión aumentaría y que podrían refinanciar fácilmente su compra, o que tendrían un acceso fácil a los mejores lugares para vacacionar durante fechas de alto perfil como Navidad o Año Nuevo. En realidad, ninguna de esas cosas fue el caso.

Como resultado de la investigación, Welk Resorts, Inc., que comercializa y vende tiempos compartidos, pagará hasta $5.5 millones para resolver una demanda de protección al consumidor que engañó a los compradores de su Programa Platinum como resultado de sus prácticas de venta de tiempo compartido. La queja, presentada hoy junto con un Fallo Final Estipulado propuesto para resolver el caso, alega que Welk Resorts hizo declaraciones y omisiones falsas o engañosas a los consumidores que compraron un tiempo compartido en su Programa Platino en violación de la Ley de Propiedad de Vacaciones y Tiempo Compartido de 2004, codificado en el Código de Negocios y Profesiones de California, sección 11210 et seq. (VOTA).

“El resultado final es que los consumidores necesitan saber qué están haciendo por adelantado sin falsas promesas”, dijo Summer Stephan, Fiscal de Distrito del Condado de San Diego. “La ley protege a los consumidores al prohibir que los vendedores de tiempo compartido se comprometan excesivamente con representaciones falsas. Las revelaciones verídicas son especialmente importantes en un entorno de ventas de alta presión, como las ventas de tiempo compartido. La experiencia en el Equipo de Protección al Consumidor de nuestra Fiscalía se utilizó para proteger a los consumidores de promesas falsas en la compra de tiempos compartidos”.

Como parte del acuerdo, Welk Resorts pagará $2 millones en multas y hasta $3.4 millones en restitución a los compradores de tiempo compartido de Welk Resorts que estuvieron sujetos a declaraciones falsas o engañosas hechas durante las presentaciones de ventas de tiempo compartido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2016. Los términos de la Sentencia Final Estipulada, que no contiene admisión de responsabilidad, se negociaron con la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de Diego y la Oficina del Procurador General de California. El Departamento de Bienes Raíces de California brindó asistencia valiosa para investigar las quejas de los consumidores. El fallo final estipulado está sujeto a la aprobación de la corte.

“El acuerdo de hoy establece un ejemplo sin precedentes para la industria del tiempo compartido: no se puede violar la ley y esperar salirse con la suya”, dijo el Procurador General Xavier Becerra. “Este acuerdo es una victoria significativa para los consumidores de California. Proporciona a las víctimas el paquete de ayuda al consumidor más grande jamás obtenido por el Pueblo por violaciones de la Ley de Propiedad de Vacaciones y Tiempo Compartido, devolviendo dinero a los bolsillos de aquellos engañados por Welk”.

Welk Resorts trabajó de manera rápida y cooperativa a lo largo de la investigación de las acusaciones que se resolvieron a través de la Sentencia Final Estipulada e hizo cambios y revisiones a sus prácticas y procedimientos de ventas de tiempo compartido vacacional durante la investigación. Estos cambios y revisiones incluyeron el desarrollo e implementación de un programa de cumplimiento de la ley VOTA, que requería la creación de nuevos manuales de capacitación en ventas, capacitación obligatoria en ventas y retención de asesores de cumplimiento. Welk Resorts también implementó una política y práctica de grabación de sesiones de revisión y firma de contratos por video y audio, cuando sea posible, sujeto al consentimiento del comprador.

Los medios que tengan preguntas para Welk pueden dirigirse a Julie Wright a jwright@wrightoncomm.com. Los propietarios de Welk que tengan preguntas pueden visitar www.welkresorts.com/resolution para obtener más información a medida que esté disponible.

El caso fue manejado por la Fiscalía de Distrito de San Diego, Unidad de Protección al Consumidor, por la Fiscal Auxiliar de Distrito Colleen E. Huschke y el Fiscal Auxiliar de Distrito Steve Spinella.

Mientras la nación y el Condado de San Diego lidian con la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis, los eventos de los últimos días han resultado en una mezcla de emociones y reacciones. Para muchos, entendiblemente encendió el trauma histórico a largo plazo que tiene sus raíces en el racismo y la desigualdad. Es desgarrador ver la deshumanización de la vida del Sr. Floyd y ofrecemos nuestras condolencias a su familia. Me duele el corazón por el sufrimiento que aguantó.

Está claro que, si bien este es un momento de duelo, es aún más tiempo para duplicar nuestro compromiso de actuar de una manera que honre nuestros valores y nuestra humanidad común, y para forjar soluciones permanentes. En la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego nos solidarizamos con nuestras comunidades para condenar el racismo y la intolerancia donde sea que exista, en cualquier forma, en cualquier uniforme, por cualquier perpetrador.

Nuestra familia de la Fiscalía está unida a las comunidades a las que servimos, y apoyaremos a los residentes del Condado de San Diego y lucharemos junto a ustedes para continuar buscando la igualdad y la equidad. La verdad de que todos los seres humanos son creados iguales y sus vidas son igualmente valiosas debería ser evidente, pero debemos reconocer que incluso en 2020, esos ideales claramente no son una realidad para todos.

En mi oficina, no hay nada más central para nuestra responsabilidad de proteger la seguridad pública que la santidad de la vida humana, y nuestro deber de apoyar a los que no tienen voz en la búsqueda de la justicia. Todos deben ser responsables ante la ley, incluidos los fiscales y los oficiales de policía. Reconozco que aquellos de nosotros que somos líderes en la comunidad del orden público tenemos el profundo deber y la responsabilidad de usar nuestro poder para desmantelar generaciones de inequidad y, con valor, continuar construyendo sistemas de justicia que representen un nuevo camino a seguir.

Como primer paso, estoy comprometida a trabajar con nuestros líderes de las fuerzas del orden público para aumentar la transparencia y apoyar una cultura en los departamentos de policía de reportar a los malos actores. Considero que este problema es similar al deber de los maestros y consejeros como denunciantes obligatorios. No se les permite apartar la vista del abuso y tampoco deberíamos permitirnos a los agentes de la ley mirar hacia otro lado. Hay muchos oficiales policiacos que son buenos y decentes, que están horrorizados por los malos actores y cómo destruyen y abaratan el sacrificio de todos los oficiales que se ponen en peligro para protegernos.

También estoy comprometida a seguir adelante para capacitar y entrenar a cada oficial en métodos de reducir la intensidad de interacciones y que honren la vida y puedan proteger a aquellos con problemas de salud mental y discapacidades durante las interacciones con la policía. Mi oficina está coordinando esta capacitación, que incluye la eliminación del sesgo racial, con el Equipo de Respuesta a Emergencias Psiquiátricas (PERT) y el compromiso y la colaboración de cada Jefe de Policía y el Alguacil en el Condado de San Diego. Estamos en camino de haber capacitado a 700 oficiales locales con la capacitación de los 5,000 oficiales como objetivo.

Estos son los primeros pasos que solo arañan la superficie de lo que estamos enfrentando, pero debemos dejar espacio para la esperanza. Aquí en San Diego y en todo el país, la policía ha denunciado lo que sucedió y ha prometido hacerlo mejor.

Finalmente, la protesta pacífica es una costumbre de larga tradición en nuestro país, y en el orden público nos esforzamos por proteger estos importantes derechos de la Primera Enmienda. La mayoría de los que protestan lo hacen pacíficamente. Pero cuando las protestas se vuelven violentas, es un insulto a las expresiones legítimas de los manifestantes pacíficos, y la policía debe actuar para proteger a la comunidad.

Protestar es un derecho inalienable reconocido por la Constitución de los Estados Unidos. Los disturbios son un crimen.

Como Fiscal de Distrito, es mi responsabilidad enjuiciar a quienes eligen la violencia, el saqueo o la ilegalidad para dañar a nuestra comunidad. Me uno a los líderes de la policía y la comunidad de San Diego para pedir la unidad y la paz, no la violencia y el caos, mientras trabajamos juntos.

Ahora más que nunca, la Oficina de la Fiscalía de Distrito adopta nuestra misión de buscar justicia justa y equitativa para todos. Debemos seguir denunciando la injusticia y salvaguardar fervientemente los derechos sagrados y la dignidad de todos los seres humanos. Nos reconforta saber que hay mucho más bien en el mundo que mal y nos esforzamos por ser parte integral de ese bien público.

Ahora que los campus escolares han estado cerrados desde mediados de marzo en respuesta a la pandemia del COVID-19, autoridades locales y los grupos de vigilancia contra la trata de personas están preocupados de que los estudiantes sean más susceptibles que nunca a la explotación sexual porque los maestros y el personal escolar no pueden hacer las mismas observaciones que harían en persona. Los educadores a menudo actúan como los ojos y oídos de las autoridades, notando algunas de las señales reveladoras de que un traficante está preparando o explotando sexualmente a un estudiante. [COMPARTE EN TWITTER]

El Colectivo de Prevención de la Trata de Personas de San Diego, que se formó el año pasado, ahora brinda capacitación en línea a los maestros con el fin de continuar su misión de brindar educación, prevención y capacitación sobre la trata de personas en todas las escuelas públicas del condado de San Diego.

«El hecho de que los niños no estén físicamente en las escuelas no significa que no corran el riesgo de ser reclutados en el peligroso mundo de la trata de personas», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Ahora que todos los estudiantes pasan más tiempo en línea, son una audiencia cautiva para los posibles traficantes que hacen contacto en las redes sociales, lo que significa que tenemos que expandir nuestros esfuerzos para educarlos para evitar que sean víctimas de los depredadores». [COMPARTE EN TWITTER]

Los informes de explotación basada en la tecnología se han triplicado al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en medio de la pandemia de COVID-19.

El Colectivo ha respondido a este mayor peligro educando a estudiantes, padres y maestros a través de Academias de Maestros virtuales, presentaciones en vivo y plataformas web a su propio paso. Mientras que los maestros tienen menos acceso para supervisar a los estudiantes, el Colectivo proporciona recursos adicionales para padres y la comunidad para equipar a las familias en su entorno familiar. También ha aumentado las capacitaciones en línea para maestros y específicamente en relación con la seguridad en línea en colaboración con los Servicios de Bienestar Infantil.

El Equipo de Trabajo Contra la Trata de Personas de San Diego está viendo un aumento en el número de casos que involucran a víctimas menores desde que comenzó la emergencia COVID-19. En la mayoría de estos casos, han encontrado evidencia de que el traficante recluta y prepara a la víctima en las redes sociales.

«Las redes sociales son el método de reclutamiento número uno para los traficantes», dijo Geanie Franco, comandante del Equipo de Trabajo Contra el Tráfico Humano de San Diego. «Los padres deben saber qué sitios visitan sus hijos y hablarles sobre las formas en que los extraños podrían tratar de atraer a los menores de edad en línea».

En el año desde su lanzamiento, el grupo Colectivo de Prevención de Trata de Personas ha capacitado a 6,073 maestros en 280 escuelas y ha interactuado con más de 12,000 estudiantes. El Colectivo de Prevención de la Trata de Personas de San Diego es un programa educativo de varias etapas que combina la educación de la primera infancia, el teatro participativo y el currículo en el aula para disminuir la cantidad de niños involucrados en el tráfico de personas en el condado de San Diego. El sitio web del Colectivo se ha enriquecido con contenido más robusto que crea conciencia sobre el hecho de que casi todas las escuelas preparatorias han denunciado casos de trata de personas.

«Estábamos en una buena trayectoria de capacitación de maestros y estudiantes cuando la pandemia de repente detuvo las clases, por lo que tuvimos que buscar otras formas de correr la voz», dijo Catherine Hanna Schrock, directora artística y de programas de kNOw MORE, Una capacitación interactiva basada en drama para estudiantes y familias.

Cuando se lanzó el año pasado, el Colectivo obtuvo una subvención de cuatro años para financiar la capacitación crítica, ayudando a los distritos escolares a cumplir con una ley aprobada en 2017 que exige que las escuelas proporcionen un plan de estudios de trata de personas. Esta asociación única entre la Oficina de la Fiscalía de Distrito y el sector privado trajo tres programas únicos a las escuelas bajo el paraguas del Colectivo: PROTECT, Project Roots y kNOw MORE.

La subvención ha sido financiada por la Fundación UBS Optimus y varios de sus donantes, que identificaron a San Diego como una región con oportunidades para aumentar su enfoque en la prevención y educación de la trata de personas.

San Diego está en la lista del FBI de las 13 ciudades principales para el tráfico de menores de edad. La trata de personas y las investigaciones estiman que San Diego tiene una economía sexual clandestina por un valor de $810 millones al año. Las víctimas pueden ser cualquiera: mujeres, hombres, menores de edad, ciudadanos estadounidenses o extranjeros. Sin embargo, en el área del tráfico sexual, los menores son objetivos particularmente vulnerables. Las redes sociales son una forma fácil para los traficantes de acceder y explotar a los niños. El público puede seguir el Colectivo en @sandiegotpc en Twitter, Facebook e Instagram. [COMPARTE EN TWITTER]

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PROTECT (Prevención organizada para educar a los niños sobre la trata) – un programa de la Fundación Global 3 Strands – es un programa educativo integral en el aula que brinda a los maestros y estudiantes una comprensión integral de los peligros y señales de la trata y la explotación de personas. La capacitación del personal en línea o en persona, los recursos de instrucción y el plan de estudios están disponibles para los maestros de primaria, secundaria y preparatoria. PROTECT ayuda a los maestros a identificar estudiantes vulnerables y conectarlos con los recursos apropiados.

Project ROOTS, un programa PCI, es un programa extracurricular que aborda las causas profundas de la violencia de género, la explotación y las relaciones poco saludables a través de la tutoría en grupos y el aprendizaje social y emocional. Project ROOTS ha adaptado varias actividades que los padres pueden hacer en casa con sus hijos, cubriendo el bienestar emocional, la seguridad en línea y en las redes sociales, y practicando la empatía.

kNOw MORE – un programa de la Universidad Point Loma Nazarene – Center for Justice and Reconciliation – es un programa de concientización y prevención de la trata de personas centrado en los estudiantes para estudiantes de secundaria y preparatoria. El programa proporciona una capacitación interactiva basada en drama para los estudiantes y sus familias. kNOw MORE ha creado una versión digital del popular programa basado en drama y dirigido por sobrevivientes en el que el personal trabaja con las escuelas para elaborar un plan de entrega de programas adecuado que satisfaga las necesidades de cada escuela.

La Fiscal de Distrito Summer Stephan anunció hoy que su oficina ha establecido un nuevo formulario en línea y una línea directa donde el público puede denunciar presuntos delitos de odio que han presenciado en el Condado de San Diego. La herramienta es en respuesta a reportes de incidentes relacionados con el odio dirigidos a la comunidad asiática en todo el país a raíz de la pandemia del COVID-19, así como el arresto de un hombre de 66 años en San Diego, que atacó físicamente a un hombre que percibió como chino-estadounidense. [COMPARTE EN TWITTER]

“La lucha contra los crímenes de odio en todas sus formas es una prioridad para mi oficina y estos crímenes no serán tolerados”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “La crisis de salud de COVID-19 ha creado cierta preocupación entre las víctimas de delitos que pueden no estar seguras si la policía y los fiscales continúan listos para proteger a la comunidad mientras responden a la pandemia. Les puedo asegurar que lo estamos.”

[VIDEO: Junta Comunitaria Virtual sobre Delitos de Odio y el COVID-19]

“Esta herramienta de denuncias facilita el acceso a la justicia para las diversas comunidades del condado de San Diego”, dijo la Fiscal Stephan. “Esta herramienta se puede utilizar para denunciar presuntos delitos de odio contra cualquier persona, pero en este momento estamos especialmente preocupados de que la comunidad asiática se convierta en blanco de delitos de odio a medida que continuamos respondiendo a esta pandemia. Sabemos que muy seguido las personas no denuncian crímenes de odio por miedo o vergüenza, y queríamos proporcionar una vía directa para alentar a las víctimas o testigos de crímenes de odio a denunciar. La gente puede y debe seguir denunciando crímenes de odio a sus departamentos de policía locales y al Departamento del Alguacil. Este mecanismo de denuncia adicional actuará como una red de seguridad y ayudará a garantizar que las denuncias sean revisadas ​​y compartidas por la policía”.

El formulario de denuncia en línea se puede encontrar en el sitio web de la Fiscalía de Distrito aquí. El número de la Línea Directa de Crímenes de Odio es 619-515-8805.

Las personas que envíen información sobre un presunto delito de odio serán contactadas con información sobre la revisión de la denuncia por parte de la Fiscalía de Distrito y cualquier acción que se pueda tomar. Se recuerda al público que el discurso de odio en sí mismo a menudo no se eleva al nivel de un crimen de odio, pero podría escalar a un comportamiento criminal. Por ley, un delito de odio es un acto criminal cometido contra otra persona que está motivado por prejuicios contra ciertas características de esa persona.

En 2019 y 2018, la Oficina de la Fiscalía de Distrito presentó cargos por delitos de odio contra 30 personas. El número representa un aumento continuo de los casos presentados en años anteriores. Históricamente, los delitos de odio basados ​​en la raza representan entre el 50 y el 60 por ciento de todos los delitos de odio en el Condado.

Lea más sobre crímenes de odio, aquí.

Conozca al Fiscal Auxiliarque dirige los enjuiciamientos por delitos de odio y la divulgación de prevención de la Fiscalía de Distrito.

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