Hace 11 años, Monique Palmer, de 17 años, y Michael Taylor, de 15 años, fueron abatidos violentamente mientras caminaban a casa desde una fiesta en Valencia Park. Este es el tipo de tragedias que el programa anual de intercambio de armas pretende evitar.

Este año, el evento se llevó a cabo el 7 de diciembre en la Iglesia Encanto Southern Baptist Church en el sureste de San Diego. Los participantes entregaron 261 pistolas y recibieron patinetas o tarjetas de regalo por un monto de $100 para pistolas, rifles y escopetas o $200 para armas de asalto. [COMPARTE EN TWITTER]

El evento, que comenzó en 2008, está organizado por el Consejo de Acción Ministerial Afroamericano Unido (UAAMAC) en colaboración con la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego y el Pastor Dennis Martínez del Centro de Entrenamiento de San Diego. Los participantes de todo el condado de San Diego entregan voluntariamente armas no deseadas a cambio de tarjetas de regalo o patinetas.

«Quitar las armas no deseadas de las calles reduce la probabilidad de que sean robadas y utilizadas para cometer un delito o herir a alguien», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «UAAMAC y las fuerzas del orden locales se han asociado durante 10 años para proporcionar un método seguro de eliminación de armas no deseadas en San Diego y la Oficina de la Fiscalía del Distrito se enorgullece de ayudar a proveer fondos para el programa».

Además de sacar de servicio las armas no deseadas, el intercambio anual de armas proporciona asistencia financiera a través de tarjetas de regalo.

«UAAMAC ha continuado una asociación muy exitosa con la Oficina de la Fiscalía, el Departamento del Alguacil, el Departamento de Policía de San Diego y el Centro de Entrenamiento de San Diego para promover la paz y la seguridad de todos los habitantes de San Diego», dijo el Reverendo Gerald Brown, de UAAMAC y Director Ejecutivo de la Junta Asesora de Ciudadanos Sobre Relaciones Comunitarias y la Policía en la Ciudad de San Diego. “Trabajando en colaboración, hemos recolectado más de 2,000 armas, armas de asalto y municiones. Lo más importante, prometemos recordar a todos los que han perdido la vida por la violencia armada sin sentido. Monique Palmer y Michael Taylor vivirán eternamente en nuestras acciones, corazones y mentes».

El programa de intercambio de armas ha recibido alrededor de 300 armas durante cada evento en los últimos 10 años, recolectando más de 2,500 armas hasta la fecha.  [COMPARTE EN TWITTER]

Dos hombres y dos mujeres han sido nombrados en una acusación federal por un gran jurado por presuntamente defraudar a mujeres de edad avanzada al convencer a las víctimas de que necesitaban asistencia financiera para cobrar un boleto de lotería ganador, el FBI y la Procuraduría Federal de Los Ángeles anunciaron hoy, junto con sus socios en la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego y el Departamento de Policía de Los Ángeles. Los investigadores de la Fiscalía del Condado de San Diego trabajando con el Departamento de Policía de Chula Vista fueron fundamentales para identificar a los acusados ​​en este caso y vincular el caso de San Diego con varios otros en California y los Estados Unidos.

Un gran jurado federal emitió una acusación el 11 de noviembre que acusa a cuatro personas de fraude electrónico por sus roles en un esquema que apuntaba a mujeres mayores víctimas, robándoles dinero en efectivo y otros objetos de valor en un esquema conocido como la «estafa de lotería latina».

Los acusados son ciudadanos colombianos que residen en el área de Los Ángeles. Ellos son Maria Luisa Henao, 43; Luisa Camargo, 38; Mercedes Montanez, 68; y Tito Lozada, 49.

Henao fue arrestada en San Diego y se encuentra bajo custodia federal aquí. Los otros tres acusados ​​fueron arrestados en Long Beach, California, y están bajo custodia federal en el centro de Los Ángeles después de ser arrestados inicialmente por cargos estatales presentados por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. Los acusados ​​fueron transferidos a custodia federal en las últimas semanas y tuvieron una comparecencia inicial en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos A todos los acusados ​​se les negó la libertad bajo fianza.

Los cuatro acusados ​​han sido vinculados a al menos 10 casos no relacionados en los cuales una mujer mayor fue abordada por una combinación de los acusados ​​que afirmaron falsamente que él o ella tenían un boleto de lotería ganador y necesitaban ayuda para cobrar el boleto.

Como parte del plan, los acusados ​​simularon comunicarse telefónicamente con funcionarios de lotería que, de hecho, eran cómplices. El supuesto oficial de lotería confirmaría falsamente que el boleto era un boleto ganador, pero que los fondos solo se liberarían si se pagara un depósito o una tarifa por adelantado. En ese momento, otro acusado se involucró con la víctima y, sabiendo que el boleto de lotería no valía nada, se ofrecería a ayudar a cobrar el boleto. Esto supuestamente sirvió para alentar a las víctimas a contribuir con dinero o joyas para el depósito o tarifa del boleto. Luego, las víctimas serían conducidas a obtener dinero y otros objetos de valor de sus hogares y / o retirar dinero de sus bancos.

Los acusados ​​les dirían falsamente a las víctimas que se necesitaba dinero adicional para obtener fondos suficientes para el depósito o la tarifa del boleto, y luego los dejarían en una residencia aleatoria donde reclamaron que se entregaría el resto de los fondos. En ese momento, los acusados ​​se irían con el dinero y los objetos de valor de la víctima.

«Es importante que detengamos a estos depredadores financieros, especialmente cuando se dirigen a víctimas de la tercera edad dentro de la comunidad de habla hispana», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Estoy orgullosa de nuestros investigadores, que colaboraron con la policía local y federal para derribar esta red de ladrones que se aprovechan de las víctimas en los estacionamientos de los supermercados».

Una de las acusadas ​​fue acusada originalmente en el condado de San Diego, pero los fiscales trabajaron con sus homólogos en la Oficina del Procurador Federal de los Estados Unidos para desestimar el caso a favor de los cargos federales.

La acusación específicamente acusa a los sospechosos ​​de estafar a seis víctimas; sin embargo, la Fuerza de Tarea de Robo Mayor en Los Ángeles y sus socios han vinculado a los acusados ​​con al menos 10 víctimas durante los últimos dos años en las ciudades de Long Beach en el sur de California; Maywood; Baldwin Park; Hawaiian Gardens; Chula Vista; Fontana; Lakewood; Vallejo; y San Pedro.

«Nuestra comunidad de personas de la tercera edad es a menudo un objetivo conveniente y lucrativo para los estafadores y, si bien hemos acusado a algunos de los autores en este caso, sabemos que muchos otros están trabajando para ocupar su lugar», dijo Paul Delacourt, Director Asistente en a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles. «Educarnos a nosotros mismos, así como a nuestros familiares y amigos que son mayores, es crucial para que puedan tomar precauciones y evitar la victimización».

La acusación también nombra al acusado Lozada en un cargo separado que lo acusa de poseer un equipo para fabricar dispositivos, comúnmente conocido como lector / escritor de tarjetas de crédito y utilizado para replicar tarjetas de crédito para cometer fraude y robo de identidad.

Si son encontrados culpables de los cargos en la acusación, ​​enfrentan una pena máxima legal de 20 años en una prisión federal.

Este caso es el resultado de una investigación conjunta y continúa realizada por la Fuerza de Tarea de Robo Mayor del FBI en Los Ángeles, que está compuesta por agentes del FBI y detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles.La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles proporcionó una asistencia considerable durante esta investigación. Los acusados están siendo procesados por la Oficina del Procurador Federal de los Estados Unidos en Los Ángeles.

Durante varios años, los propietarios de una empresa local de servicios de limpieza de hoteles llamada Good Neighbor Services, con casi 800 empleados, mintieron a las autoridades fiscales y a su proveedor de seguros al afirmar que casi no tenían empleados. Esto resultó en un robo de $6.8 millones y se convirtió en el mayor caso de fraude de primas de compensación para trabajadores en California, cuando fue procesado por la División de Fraude de Seguros de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego en 2015. El caso es solo un ejemplo de los muchos tipos de fraude que la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego está trabajando para prevenir y procesar.

El fraude de seguros, por ejemplo, es el segundo delito económico más grande en la nación y les cuesta a los residentes de California aproximadamente $15 mil millones al año. Para combatir este problema, la Fiscalía de Distrito, junto con el Departamento de Seguros de California, está destacando este tema a través de las redes sociales durante la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, del 17 al 23 de noviembre. El objetivo es minimizar el impacto del fraude promoviendo la conciencia y la educación contra el fraude, así como alentar al público, los empleados y las empresas a denunciar sospechas de fraude a las autoridades. Para obtener información y recursos sobre la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, visite www.FraudWeek.com.

“El fraude toma muchas formas y a menudo deja a las víctimas devastadas de manera financiera y emocional. Es por eso por lo que nuestra oficina cuenta con fiscales expertos y equipos de investigación que se dedican a prevenir y procesar este tipo de delito”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Ya sea que se trate de agentes de inversión o seguros de vida inescrupulosos que se aprovechan de las víctimas de la tercera edad, estafadores sofisticados de delitos cibernéticos o negocios que engañan a sus empleados y compiten injustamente al no proporcionar la compensación laboral requerida por la ley, somos el Fiscal del Pueblo trabajando arduamente para protegerlo y responsabilizar a los estafadores por sus crímenes”.

La División de Fraude de Seguros de la Fiscalía se dedica a erradicar todo tipo de fraude de seguros, ya sea que se relacione con la compensación de trabajadores, seguro de automóvil, seguro de vida o fraude en la industria de la salud. La División de Delitos Económicos de la Oficina de la Fiscalía de Distrito también es responsable de procesar una amplia variedad de fraudes, incluidos el robo de identidad, estafas de inversión y malversación de fondos.

En 2018, la División de Fraude de Seguros de la Fiscalía presentó cargos penales contra 405 acusados ​​y obtuvo 440 condenas por varios delitos de fraude de seguros. Como resultado de estas condenas, se ordenaron más de $5.6 millones en restitución para las víctimas, incluidos individuos, aseguradoras y agencias estatales. Durante ese mismo período, la División de Delitos Económicos presentó cargos contra 481 acusados ​​y obtuvo 420 condenas, lo que resultó en una restitución de $9.5 millones.

Algunos ejemplos de los tipos de fraude que la Fiscalía de Distrito procesa son:

• Fraude de proveedores de compensación para trabajadores – Cuando los proveedores médicos y legales, incluidos doctores médicos, quiroprácticos y abogados están pagando o recibiendo sobornos por referencias, facturando por servicios no prestados o cobrando de más por los servicios prestados.
• Fraude de la prima de compensación para trabajadores – Cuando una empresa representa falsamente su nómina real, el tipo de trabajo que realiza u oculta las lesiones de los empleados para pagar primas de compensación para trabajadores más bajas. Uno de los esquemas de fraude de primas más comunes ocurre cuando los empleadores pagan a los empleados en efectivo sin informar esa nómina en efectivo al Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD) y a su asegurador. Esta actividad da como resultado $7 mil millones en ingresos perdidos cada año y evasión de aproximadamente $6.5 millones en impuestos sobre la nómina anualmente.
• Fraude del solicitante de compensación laboral – Cuando los empleados fingen o exageran las lesiones laborales para cobrar los beneficios de compensación laboral, o cuando los empleadores hacen declaraciones falsas para negar los beneficios a los trabajadores lesionados.
• Empleadores sin seguro – Todas las empresas del estado de California deben tener un seguro de compensación para trabajadores para cubrir a sus empleados en caso de lesiones en el lugar de trabajo. Estos casos son especialmente importantes porque si un empleado se lesiona en el trabajo y su empleador no tiene seguro de compensación para trabajadores, el empleado puede no tener ningún recurso para obtener la atención y los beneficios requeridos.
• Fraude de seguro de automóvil – Obtener de manera fraudulenta el pago de una póliza de seguro de automóvil basada en información falsa, como daños inflados o falsificados, colisiones montadas, reclamos falsos de robo de vehículos e incendio provocado. Este fraude les cuesta a los consumidores miles de millones de dólares cada año en forma de primas de seguro más altas.
• Fraude por discapacidad y atención médica – Esto implica reclamaciones y políticas médicas fraudulentas y de discapacidad, incluidos los proveedores médicos que facturan fraudulentamente a las compañías de seguros o que desvían medicamentos para uso personal o venta. El fraude en la atención médica aumenta los costos médicos para todos.
• Fraude de vida y anualidad – Agentes de seguros de vida inescrupulosos y otros que buscan robar los ahorros de las víctimas a través del abuso de poder, fraude de valores y reclamos fraudulentos sobre pólizas legítimas. Estas estafas a menudo se dirigen a las personas mayores y el impacto les cambia la vida, ya que las personas mayores no tienen el tiempo ni la oportunidad de recuperación financiera.
• Fraude de bienes raíces – Implica varias transacciones o esquemas inmobiliarios fraudulentos, como la presentación de solicitudes de préstamo falsificadas; transferencias fraudulentas de títulos de propiedad inmobiliaria; registro de documentos inmobiliarios fraudulentos; fraude de contrato de venta de capital inmobiliario; y fraude de consultor de ejecución hipotecaria.
• Grupo de Trabajo de Alta Tecnología para Delitos Informáticos y Tecnológicos (CATCH): este tipo de delitos generalmente implican intrusiones informáticas, fraudes con tarjetas de crédito o cajeros automáticos cometidos en línea o delitos en los que la tecnología se utiliza para obtener la información de identificación personal de alguien.
• Robo de identidad – Estos delitos generalmente involucran a delincuentes que adquieren piezas clave de la información de identificación de alguien para hacerse pasar por ellos y cometer numerosas formas de fraude que incluyen hacerse cargo de las cuentas financieras de la víctima, abrir nuevas cuentas bancarias, comprar automóviles, solicitar préstamos, tarjetas de crédito y beneficios de seguro social, alquiler de apartamentos y establecimiento de servicios con empresas de servicios públicos y telefónicas.
• Robo complejo – Estos casos involucran malversación de fondos o estafas de inversión. La malversación es la apropiación fraudulenta de bienes por parte de una persona a quien se le ha confiado. En lugar de usar el sistema de nómina de la compañía o la cuenta de cheques o de tarjeta de crédito para negocios legítimos de la compañía, el individuo usa estas cuentas para robar dirigiendo el dinero a sus propias cuentas o para pagar gastos personales. Los esquemas de gran robo generalmente implican encontrar una manera de que una persona presenta falsamente una oportunidad de inversión y, en cambio, use el dinero para mantener su propio estilo de vida.

Si ve, oye o sabe de una estafa de fraude de seguros que ocurre en su área, comuníquese con la Oficina de la Fiscalía a través de la línea directa de Fraude de Seguros al (800) 315-7672 o en sdconnect@sdcda.org, o comuníquese con el Departamento de Seguros de California al (800) 927-4357. Para denunciar fraudes relacionados con bienes raíces, puede comunicarse con la línea directa de Fraude de Bienes Raíces de la Fiscalía al (619) 531-3552. Para denunciar cualquier otro tipo de fraude o actividad delictiva, comuníquese con su agencia policiaca local.

Una inspección encubierta que comenzó en 2016 reveló que las instalaciones de Service King Paint & Body en San Diego y alrededor de California estaban descartando ilegalmente los desechos peligrosos generados durante las operaciones de reparación de carrocerías y violando las leyes relacionadas con el almacenamiento y el manejo de desechos peligrosos. Service King, una compañía de responsabilidad limitada de Texas, actualmente posee y opera 42 instalaciones de reparación de carrocerías en todo California, incluyendo cinco talleres de reparación de automóviles Service King en el condado de San Diego. [COMPARTE EN TWITTER]

Como resultado de la investigación, que fue dirigida por la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de Alameda, Service King Paint & Body, LLC pagará $2.35 millones como parte de un acuerdo de un enjuiciamiento ambiental civil alegando que la compañía de reparación de carrocerías manejó mal los desechos peligrosos y la información confidencial del cliente.

“Este caso refleja la importancia de que empresas en la industria de reparación de carrocerías cumplan con las leyes ambientales vigentes para proteger y conservar nuestros recursos naturales y mantener saludables a nuestras comunidades”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios fiscales y reguladores ambientales en todo el estado para hacer cumplir las leyes ambientales de California para garantizar que estos desechos peligrosos se manejen adecuadamente”.

El acuerdo con Service King sigue a otros acuerdos recientes en todo el estado de California de violaciones de desechos peligrosos ambientales que involucran a las industrias de reparación de carrocerías y reparación de automóviles. En 2018, los fiscales de distrito de California resolvieron los casos con Cooks Collision por $1.53 millones y AutoNation por $3.38 millones, que involucran violaciones similares de protección ambiental y del consumidor.

La investigación comenzó en 2016 cuando los investigadores de la Fiscalía de Distrito del Condado de Alameda realizaron inspecciones encubiertas de los contenedores de basura de Service King, que revelaron la eliminación ilegal de grandes cantidades de polvo de lijado de carrocerías peligrosas, almohadillas de lijado, pinturas automotrices, capas transparentes, solventes, aerosoles no vacíos y otras sustancias peligrosas utilizadas durante el proceso de reparación de carrocerías de automóviles, así como información confidencial del cliente. Investigadores de las Fiscalías de Distrito de los condados de San Diego, Santa Clara, San Bernardino y Orange realizaron inspecciones adicionales en los talleres de reparación de carrocerías de automóviles de Service King en todo California y encontraron violaciones similares.

Como parte del acuerdo, Service King debe pagar $1.35 millones en multas civiles, $350,000 en costos de investigación y $150,000 para proyectos ambientales complementarios. También se le ordenó a Service King gastar $500,000 en equipos diseñados para limitar la liberación de desechos peligrosos de carrocerías en el medio ambiente y reciclar solventes y aguas residuales producidas durante el proceso de pintura automotriz. El acuerdo también requiere que Service King contrate a un empleado adicional de tiempo completo en California que será responsable del cumplimiento y la capacitación ambiental.

El caso fue presentado por las oficinas de la Fiscalía de Distrito de los condados de San Diego, Alameda, Santa Clara, San Bernardino, Orange, Los Ángeles, Placer, Riverside, Sacramento, Sutter y Yolo, donde se encuentran los talleres de reparación de carrocerías de Service King. Service King cooperó con la investigación de los Fiscales de Distrito y tomó medidas para mejorar su cumplimiento de las leyes ambientales y de protección al consumidor que los fiscales le señalaron. [COMPARTE EN TWITTER]

Se estima que ocho millones de californianos tienen condenas penales en sus registros que dificultan su capacidad de encontrar una vivienda estable, obtener un empleo permanente o continuar su educación. El proyecto de ley AB 1076 de la Asamblea, presentado por el Asambleísta Phil Ting (demócrata de San Francisco) y respaldado por la Fiscal de Distrito de San Diego Summer Stephan, aborda estos problemas de manera proactiva al eliminar de manera proactiva las condenas penales pasadas y los arrestos de unos 380,000 californianos actualmente encarcelados. El gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley el martes. [COMPARTE EN TWITTER]

AB 1076 permitiría la reparación del registro de arrestos y condenas de una manera automatizada que no requeriría ninguna acción de un peticionario. Si bien cualquiera puede solicitar que se resuelvan sus condenas anteriores por su cuenta, la cantidad de tiempo y dinero que se requiere a menudo impide que las personas elegibles lo hagan.

• Este proyecto de ley le pediría al Departamento de Justicia de California que cree una base de datos de todos aquellos que han cumplido su condena o libertad condicional y pueden ser elegibles para que se eliminen sus registros.
• Además, el Departamento de Justicia también generaría un algoritmo que, mensualmente, revisaría los registros de calificación y buscaría a aquellos elegibles para eliminar sus condenas y arrestos pasados.
• Por último, AB 1076 notificaría automáticamente a los juzgados correspondientes que ya no pueden divulgar el historial de aquellos a quienes se han eliminado sus registros a ninguna empresa privada.

“Si las personas no pueden encontrar un trabajo o una vivienda, es más probable que continúen cometiendo delitos y se encuentren nuevamente en el sistema de justicia penal”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Esta ley da el paso proactivo de borrar cientos de miles de registros y ofrece a las personas que califican la oportunidad de comenzar de nuevo con la seguridad de que su pasado no serrá un obstaculo para su futuro”.

El Asambleísta Ting, quien presentó la legislación, ha estado trabajando con varios aliados en todo el estado para aprobar esta legislación.

“Todos merecen una segunda oportunidad”, dijo el Asambleísta Phil Ting. “Debemos abrir las puertas para aquellos que enfrentan barreras de vivienda y empleo y usar la tecnología disponible para eliminar el arresto y los antecedentes penales de las personas que ya son elegibles para la ayuda. Hay un gran costo para nuestra economía y sociedad cuando excluimos a los trabajadores que buscan empleo en busca de un futuro mejor”.

No todos calificarían para la reparación de condenas. Por ejemplo, cualquier persona que haya violado su libertad condicional o que esté registrada como delincuente sexual no sería elegible para la reparación de antecedentes de arrestos o de condenas bajo AB 1076. Solo aquellos que han sido arrestados o condenados por delitos menores o no violentos serían elegibles. Además, aunque el historial criminal de aquellos que califican se eliminaría en la mayoría de las agencias privadas de verificación de antecedentes, no eliminaría el registro de las bases de datos policiales y el registro se revelaría si la persona solicita algún trabajo en el gobierno.

El Servicio de Víctimas y Poblaciones de California Afectadas por la Salud Mental, Problemas de Sustancias y Condenas encontró que alrededor del 76% de todas las personas con condenas penales informan dificultades para encontrar una vivienda permanente, un empleo o una licencia de conducir. Un informe de 2019 publicado por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California informó que los intentos de reducir la reincidencia de los reclusos habían fallado en aproximadamente el 62% de los reclusos liberados en 2017 y 2018. AB 1076 sería un paso adelante para abordar la alta tasa de reincidencia de California y permitiría a aquellos con condenas penales tengan mejores oportunidades para encontrar trabajo y obtener hogares después del encarcelamiento.

El proyecto de ley AB 1076 entrará en vigencia el 1 de enero de 2021. Este período de tiempo extendido permitirá al Departamento de Justicia establecer el sistema automatizado que permitiría borrar los antecedentes penales sin la necesidad de ninguna petición individual. [COMPARTE EN TWITTER]