Fiscal Testifica en Apoyo del AB 1959 Para Cerrar Una Peligrosa Laguna Legal en la Revisión de Sentencias, Expuesta por el Caso del Tirador de la Preparatoria Santana

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, testificó esta mañana ante el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea del Estado de California en Sacramento, instando a los legisladores a aprobar el Proyecto de Ley de la Asamblea 1959. El proyecto, presentado por la Asambleísta Dra. Darshana Patel (Distrito 76), fortalece la seguridad pública al cerrar una peligrosa laguna en las leyes de revocación y revisión de sentencias de California al actualizar la sección 707 del Código de Bienestar e Instituciones para permitir una audiencia de transferencia en la que un tribunal decida si un delincuente que ahora es adulto debe ser sentenciado en un tribunal juvenil o de adultos.

La ley actual, sección 1170(d) del Código Penal, permite que personas que fueron condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional siendo menores tengan su sentencia reconsiderada después de haber cumplido al menos 15 años en prisión, lo que se conoce como revocación y revisión de sentencias. Debido a leyes promulgadas después de la adopción de la sección 1170(d), si un tribunal determina que un acusado es elegible para la revisión de sentencias, el caso se transfiere al tribunal juvenil. Si el acusado tenía menos de 16 años cuando cometió el delito, el tribunal juvenil no puede imponer custodia y se ve obligado a liberarlo sin determinar si es seguro hacerlo. Un acusado que tenía 16 o 17 años pasaría a una audiencia de transferencia conforme a la sección 707 del Código de Bienestar e Instituciones para determinar la jurisdicción apropiada para la revisión de sentencias: tribunal juvenil o tribunal de adultos.

Bajo el AB 1959, el proceso existente de audiencia de transferencia también se aplicaría a los acusados que tenían menos de 16 años al momento del delito, lo que permitiría al tribunal ejercer discreción para evaluar factores de delincuente juvenil junto con consideraciones de seguridad pública. Este cambio restablece la discreción judicial y la equidad en el proceso de revisión de sentencias.

“Este proyecto de ley trata de proteger a nuestras comunidades y cumplir con la intención original de las leyes de revisión de sentencias”, dijo la Fiscal Stephan. “El AB 1959 garantiza que se cumpla la intención de estas leyes de considerar el peligro para el público al evaluar a delincuentes de delitos graves y violentos. Estas leyes nunca tuvieron la intención de resultar en la liberación inmediata de personas que cometen homicidios, tiroteos en escuelas o violaciones en serie en nuestras comunidades. Esta ley cerraría una peligrosa laguna para los delincuentes juveniles menores de 16 años que resulta en su liberación inmediata sin una demostración significativa de rehabilitación, remordimiento o garantía de seguridad pública. En lugar de una revisión de sentencia exhaustiva, pasan directamente a una disposición juvenil, lo que a menudo resulta en su liberación sin una verdadera evaluación de riesgo o justicia para las víctimas.”

La Fiscal Stephan señaló el caso del tirador de la Escuela Preparatoria Santana, Andy Williams, quien llevó a cabo un ataque planificado en 2001, matando a dos estudiantes e hiriendo a otros 13. A pesar de haber sido sentenciado a 50 años a cadena perpetua y de que recientemente se le negara la libertad condicional en 2024 debido a preocupaciones continuas de seguridad pública, Williams presentó una petición de revocación y revisión de sentencia en 2025 bajo la ley actual. Debido a esta laguna legal, su caso podría transferirse al tribunal juvenil para revisión de sentencia, aunque ahora tiene casi 40 años y ha cumplido menos de la mitad de su condena. Este resultado socava la rendición de cuentas y nunca fue la intención de la Legislatura cuando promulgó las leyes de revocación y revisión de sentencia.

Foto de la Fiscal de Distrito Summer Stephan con la Asambleista Dra. Darshana Patel y Phil Ortiz.

Foto de la Fiscal de Distrito Summer Stephan con la Asambleista Dra. Darshana Patel y Phil Ortiz.

Phil Ortiz, quien era estudiante en la Escuela Preparatoria Santana y sobrevivió al tiroteo en 2001, también testificó ante el Comité de Seguridad Pública en apoyo del AB 1959. Actualmente es Concejal de la ciudad de El Cajón.

“La Asambleísta Patel, la Fiscal Summer Stephan y sus equipos están asegurando que la justicia sea equilibrada”, dijo Ortiz. “Las víctimas del tiroteo en la Escuela Preparatoria Santana no tienen la posibilidad de liberarse de sus heridas físicas, mentales y emocionales, incluidos Randy Gordon y Brian Zuckor, quienes fueron asesinados. Por lo tanto, los perpetradores no deberían estar libres de las consecuencias de sus acciones. El daño a las víctimas es permanente y las consecuencias para los perpetradores también deberían ser permanentes.”

El proyecto de ley es una respuesta específica y equilibrada que restablece la discreción del tribunal para evaluar factores relacionados con la rehabilitación, la condición de delincuente juvenil y la seguridad pública, y garantiza que los delitos más graves reciban la rendición de cuentas adecuada, manteniendo al mismo tiempo la supervisión judicial y la posibilidad de rehabilitación para los jóvenes que lo merezcan.

“El AB 1959 busca cerrar una laguna dentro de la ley de revisión de sentencias que recientemente ha sido explotada en el condado de San Diego por un tirador escolar de la Escuela Preparatoria Santana en 2001”, dijo la Asambleísta Patel. “Los habitantes de San Diego merecen confiar en su sistema de justicia para garantizar que los delincuentes violentos que no muestran remordimiento no tengan una laguna que explotar para evitar la rendición de cuentas.”

La Fiscalía del Condado de San Diego continúa comprometida a promover políticas que equilibren la equidad con la responsabilidad, priorizando la seguridad de todas las comunidades.

El AB 1959 fue aprobado por el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea y ahora avanzará al Comité de Apropiaciones de la Asamblea para su consideración adicional.

 

Explotados y Mal Pagados: Dos Acusados de Traficar a Trabajadores del Cuidado de Ancianos en un Esquema Laboral

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan,  anunció hoy cargos por trata de personas y robo de salarios contra dos acusados que se aprovechaban del estatus migratorio de sus trabajadores, obligándolos a trabajar las 24 horas sin la remuneración requerida conforme a las leyes de California. Vea la conferencia de prensa sobre este caso, aquí.

Rolando “Bobby” Solancho Corpuz, de 57 años, y Maria Elsabel Sio Corpuz, de 41, administradores de dos centros residenciales para el cuidado de personas mayores en Vista y Escondido, enfrentan cada uno seis cargos por robo de salarios y trata de personas.

“Este caso es un ejemplo alarmante de cómo la trata de personas puede ocultarse a plena vista dentro de nuestra comunidad”, dijo la Fiscal Stephan. “Estos acusados no solo robaron salarios, sino que despojaron a personas vulnerables de su dignidad y de sus derechos fundamentales, utilizando su estatus migratorio como un arma de explotación. Obligaron a seres humanos a trabajar las 24 horas por una miseria, mientras se quedaban con $175,000 de su salario ganado con esfuerzo. En el Condado de San Diego, no toleraremos la explotación de quienes cuidan a nuestros adultos mayores, y seguimos comprometidos a garantizar que quienes se benefician de la trata de personas y del robo laboral rindan cuentas plenamente.”

La investigación comenzó después de que una de las trabajadoras se comunicó con el Pilipino Workers Center para presentar una queja contra sus antiguos empleadores. El Pilipino Workers Center remitió el caso a la Oficina de Normas y Cumplimiento Laboral del Condado de San Diego, que identificó posibles violaciones penales de la ley y lo transfirió al equipo de Justicia Laboral de la Fiscalía del Condado de San Diego.

Una víctima trabajó en Rose Garden en Vista y en Rose Garden Capo en Escondido desde mayo de 2023 hasta junio de 2024. La víctima reportó que recibía $150 al día por trabajar de seis a siete días a la semana, 24 horas al día. Aceptó una deducción mensual de su salario con el entendimiento de que los acusados utilizarían esos fondos para contratar a un abogado de inmigración que la ayudara a obtener la residencia permanente legal.

La víctima estaba obligada a vivir en el centro y compartir habitación con uno de los pacientes. Cocinaba, limpiaba, además de alimentar, bañar y cambiar pañales a los pacientes. También se le exigía administrar medicamentos e inyecciones de insulina, a pesar de no contar con certificaciones ni capacitación que la calificaran como cuidadora.

La víctima se comunicó con el abogado de inmigración y le informaron que se le habían pagado aproximadamente $3,900, a pesar de que a la víctima se le habían retenido más de $19,000 de su salario. El Departamento de Relaciones Industriales de California realizó una auditoría que determinó que a la víctima se le adeudan más de $175,000 en salarios no pagados.

La investigación reveló dos víctimas adicionales de este esquema de trata laboral, quienes reportaron condiciones de trabajo similares y pagos ilegales. Estas personas también estaban obligadas a cuidar a los pacientes después de su turno, brindando atención durante toda la noche.

La investigación concluyó que a estos empleados se les pagaba por día, lo cual no cumple con las leyes de salario mínimo de California. Además, se les exigía trabajar durante la noche debido a que los pacientes requerían atención las 24 horas. No recibían pago por horas extras ni siquiera el salario mínimo por turnos de 24 horas.

“El Pilipino Workers Center está al lado de estos valientes trabajadores filipinos de cuidado en el hogar que están tomando acción para responsabilizar a empleadores explotadores, de modo que otros trabajadores no sean explotados de la misma manera”, dijo Aquilina Soriano-Versoza, Directora Ejecutiva del Pilipino Workers Center. “Están demostrando que es posible presentar reclamos salariales y ganar, y que mientras más trabajadores se levanten, los empleadores sabrán que hay consecuencias reales por cometer robo de salarios y otras violaciones laborales.”

La colaboración con otras agencias del condado y organizaciones comunitarias ayuda a sacar estos casos a la luz.

“Nuestra colaboración con la Fiscalía es esencial para garantizar que los empleadores que explotan a los trabajadores rindan cuentas”, dijo Branden Butler, director de la Oficina de Normas y Cumplimiento Laboral del Condado. “Cuando las violaciones laborales cruzan la línea hacia conductas delictivas, la acción coordinada es fundamental. Estos casos tienen impactos profundos en los trabajadores y sus familias, y seguimos comprometidos a brindar justicia significativa y garantizar condiciones seguras y justas para todos los trabajadores en el Condado de San Diego.”

Los acusados fueron arrestados el 26 de marzo. Se declararon no culpables en la audiencia de hoy y volverán a comparecer ante el tribunal el 14 de mayo. De ser condenados, enfrentan una pena máxima de 19 años y cuatro meses de prisión.

Este caso es resultado de una investigación de la Unidad de Justicia Laboral de la Fiscalía del Condado de San Diego. El Fiscal Auxiliar David Vallero está a cargo del caso y la Investigadora de la Fiscalía Yvette Gaines es la investigadora principal. La investigación dio lugar a tres órdenes de cateo ejecutadas simultáneamente y revela la posibilidad de que haya muchas más víctimas de este esquema de trata laboral y explotación. La Fiscalía hace un llamado a cualquier exempleado que crea haber sido víctima a que se presente. Los reportes pueden hacerse llamando o enviando un correo electrónico a la investigadora Gaines al 619-531-3515 o Yvette.Gaines@sandiegoda.gov.

La Fiscalía solicitó la asistencia de la División de Licenciamiento de Cuidado Comunitario del Departamento de Servicios Sociales para estar presente en el lugar y asegurar que los residentes adultos mayores de los centros Rose Garden recibieran la atención adecuada.

Rose Garden Vista, ubicado en 1266 Pleiades Dr., Vista, y Rose Garden Capo, ubicado en 28688 Mountain Meadow Road, Escondido.

Vea la conferencia de prensa sobre este caso, aquí.

Fiscalía, Alcalde de San José, Senadora Blakespear Exigen Financiamiento Estatal para Prop.36

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, se unió al alcalde de San José, Matt Mahan, líderes y participantes en el tratamiento de salud conductual, así como a la comunidad empresarial pequeña y grande, para informar al público sobre los exitosos esfuerzos de implementación de la Proposición 36 en San Diego y para instar al estado a financiar completamente esta iniciativa transformadora aprobada por los votantes. Los votantes de California dejaron clara su voluntad al aprobar la Proposición 36, pero el estado aún no ha proporcionado fondos suficientes para su implementación total en todos los condados, lo que deja a personas que luchan contra adicciones graves y enfermedades mentales —a menudo impulsando la falta de vivienda— atrapadas en un ciclo recurrente dentro del sistema de justicia penal.

“Durante un año de implementación constante, el Condado de San Diego ha demostrado que la Proposición 36 funciona: salva vidas y reduce el crimen al incentivar el tratamiento para la adicción y la salud mental”, dijo la Fiscal Stephan. “Incluso sin financiamiento estatal, avanzamos equilibrando la compasión con la responsabilidad. Los resultados son claros: el 96.4% de los acusados elegibles por delitos graves eligieron una vía de tratamiento, mientras que solo el 3.5% fue sentenciado a cárceles locales o estatales. Las muertes por sobredosis entre personas sin hogar disminuyeron un 25%, y los delitos contra la propiedad bajaron un 12.7%, brindando un alivio muy necesario a los negocios. Ahora es responsabilidad legal y ética de la Legislatura y del Gobernador financiar esta ley aprobada por los votantes.”

Durante una conferencia de prensa, la Fiscal Stephan proporcionó una actualización sobre los enjuiciamientos relacionados con la Proposición 36, destacando el componente de tratamiento obligatorio de la ley que incentiva tratamientos que salvan vidas para acusados que sufren de adicción. La ley exige el tratamiento como alternativa al encarcelamiento, abordando la causa raíz de muchos delitos.

“Estoy profundamente agradecida con los Servicios de Salud Conductual del Condado, la Corte, la Oficina del Alguacil y el Departamento de Libertad Condicional, cuya colaboración es esencial para que la Proposición 36 funcione.”

La Fiscal Stephan también elogió a las Senadoras Estatales de California Catherine S. Blakespear, Susan Rubio y Thomas J. Umberg, quienes han solicitado que se agreguen 400 millones de dólares al presupuesto estatal para ayudar a los condados y a las agencias locales de seguridad pública a financiar tratamientos certificados de drogas y alcohol, así como otros servicios requeridos bajo la Proposición 36. La Fiscal agradeció al alcalde Mahan, quien fue uno de los primeros alcaldes de grandes ciudades en apoyar la nueva ley y en impulsar su financiamiento e implementación.

Datos publicados el mes pasado muestran que, hasta el 28 de febrero, se han presentado 3,879 casos penales en el Condado de San Diego bajo dos componentes clave de la Proposición 36: reincidentes por robo procesados bajo la Sección 666.1 del Código Penal y reincidentes por drogas duras procesados bajo la Sección 11395 del Código de Salud y Seguridad. Aproximadamente el 68% de los casos corresponden a delitos relacionados con drogas, mientras que el resto se refiere a robo en comercios.

En aproximadamente el 71.4% de los casos, los tribunales colocaron a los acusados en un programa de tratamiento obligatorio bajo la Proposición 36, con otro 25% asignado a tratamiento a través de condiciones de libertad condicional, lo que eleva el total a un 96.4% en una vía de tratamiento diseñada para abordar las causas fundamentales del comportamiento delictivo recurrente, principalmente la adicción, la enfermedad mental o ambas.

Además del alcalde Mahan, la Fiscal Stephan estuvo acompañada en la conferencia de prensa por James Callaghan, director ejecutivo de TURN Behavioral Health Services, un programa de tratamiento de doble vía para personas con enfermedades mentales graves y/o trastornos crónicos por consumo de sustancias; Chris Cate, director ejecutivo de la Cámara Regional de Comercio; propietarios de negocios y una persona que completó con éxito el tratamiento.

El alcalde Mahan ha estado comprometido a apoyar a su ciudad y al estado para financiar e implementar adecuadamente la Proposición 36 y reducir la falta de vivienda.

“Casi el 70% de los votantes que aprobaron la Proposición 36 fueron claros: necesitamos una era de tratamiento masivo que combine la responsabilidad con acceso real a la atención, que encuentre a las personas donde están y que se niegue a abandonarlas en las calles”, dijo el Alcalde de San José, Matt Mahan. “San Diego ha trabajado arduamente para cumplir con la voluntad del pueblo; ahora necesitamos que el resto del estado haga lo mismo. Espero conocer lo que está funcionando en el sur de California y discutir cómo puede ampliarse a cada rincón del estado.”

En el Condado de San Diego, el alcalde Todd Gloria y casi todos los alcaldes locales apoyan la propuesta.

Durante la última década, la crisis de personas sin hogar en California ha empeorado, incluso cuando otras partes del país han experimentado periodos de disminución, lo que subraya la necesidad de herramientas más efectivas para abordar la adicción y conectar a las personas con tratamiento.

“Los californianos dejaron muy claro que financiar e implementar la Proposición 36 debe ser una prioridad estatal”, dijo la senadora Catherine S. Blakespear. “La inversión inicial de 100 millones de dólares del año pasado fue un buen primer paso, pero el estado necesita financiar completamente las necesidades críticas de quienes están en el terreno realizando el trabajo de desvío, supervisión y tratamiento asociado con esta ley.”

Funcionarios señalan que el tratamiento certificado para drogas y alcohol, junto con servicios de apoyo y atención basada en evidencia, ayuda a las personas a recuperar sus vidas.

“Esto no es solo un problema de salud, es un problema comunitario”, dijo Callaghan, director ejecutivo de TURN Behavioral Health Services. “Las condiciones de salud conductual no tratadas contribuyen a sobredosis, falta de vivienda, respuestas repetidas de emergencia y presión sobre las fuerzas del orden y los hospitales. El tratamiento integrado y basado en evidencia reduce las visitas a salas de emergencia, disminuye la reincidencia y ayuda a las personas a estabilizarse lo suficiente como para reconectarse con la vivienda, el empleo y el apoyo familiar. Cuando las personas reciben la atención adecuada en el momento adecuado, las comunidades son más seguras y los sistemas funcionan de manera más eficazmente.”

El Condado de San Diego ha estado implementando la Proposición 36 más rápido que muchos otros condados de California, estableciendo un sistema especializado de tratamiento en cuatro meses tras la aprobación de la ley para abordar tanto la adicción como la salud mental.

“Mediante liderazgo y colaboración, el Condado de San Diego está priorizando un enfoque de tratamiento primero para los delitos de drogas, con acceso equitativo al tratamiento tanto para personas con recursos como para quienes no los tienen”, dijo la Fiscal Stephan. “San Diego ha avanzado y ha demostrado que la Proposición 36 puede funcionar. Necesitamos líderes que se levanten y exijan que se financie la Proposición 36.”

Elementos clave de la implementación en San Diego incluyen:

  • Implementación rápida: San Diego estableció un plan especializado de tratamiento para infractores de la Proposición 36 en cuatro meses, liderando al estado.
  • Alta participación en tratamiento: Aproximadamente el 96% de los acusados elegibles en San Diego participan en programas de tratamiento mediante juicio diferido o libertad condicional.
  • Enfoque en rehabilitación de drogas: La Fiscalía de San Diego ha presentado más del 80% de los casos de la Proposición 36 bajo delitos relacionados con drogas, priorizando el tratamiento sobre el encarcelamiento inmediato.
  • Uso de tribunales de drogas: Expansión de los tribunales de drogas para gestionar el aumento de participantes.
  • Planificación proactiva: Reconociendo posibles limitaciones de capacidad, se planificaron con anticipación las necesidades de tratamiento para abordar eficazmente la adicción y la reincidencia.

La Proposición 36 ha marcado una diferencia para los negocios locales, y el enjuiciamiento de delincuentes habituales está haciendo que las tiendas y la comunidad sean más seguras.

“He notado un cambio completo de 180 grados en dos aspectos relacionados con nuestros negocios: la actividad de personas sin hogar ha disminuido y los robos en tiendas también han bajado”, dijo Tony Konja, presidente de Keg N Bottle y presidente y director ejecutivo de la Asociación de Mercados Vecinales. “Es simplemente increíble cómo las políticas, combinadas con la aplicación de la ley, generan tranquilidad.”

La Proposición 36, que fue aprobada con el 68% de los votos en 2024, entró en vigor en diciembre del mismo año. La Fiscalía se ha comprometido a implementarla con éxito en colaboración con el Alguacil, los jefes de policía del condado, las cortes y la comunidad. La medida:

  • Establece consecuencias más estrictas para reincidentes en robos, incluyendo delitos de “smash and grab” y redes organizadas, para ayudar a romper el ciclo de reincidencia.
  • Exige que los traficantes condenados de fentanilo y drogas duras reciban una advertencia de que, si vuelven a vender drogas ilegales y alguien muere, serán responsables de la muerte de la víctima. La ley establece consecuencias adicionales para traficantes que causen lesiones graves o muerte, que porten armas de fuego al traficar o que distribuyan cantidades inusualmente grandes de narcóticos.
  • Incentiva el tratamiento que salva vidas para acusados con adicción mediante la creación de un nuevo delito grave con tratamiento obligatorio, que ofrece el tratamiento como alternativa al encarcelamiento para quienes poseen ilegalmente drogas duras como el fentanilo y la metanfetamina, abordando la causa raíz de muchos delitos.

Más información sobre la implementación continua de la Proposición 36, incluidos datos actualizados mensualmente, se puede encontrar en el sitio web de la Fiscalía, aquí.

 

La Fiscalía, One Safe Place y el Consulado General de México en San Diego Firman un Acuerdo Actualizado Para Apoyar a Víctimas

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan y la Embajadora Alicia Kerber Palma, Cónsul General de México, firmaron hoy un Memorándum de Entendimiento (MdE) renovado que fortalece una alianza vital entre la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, One Safe Place: Los Centros de Justicia Familiar del Condado de San Diego, y el Consulado de México. El acuerdo actualizado refuerza un compromiso de colaboración para apoyar a las víctimas de delitos que viven, trabajan o viajan a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

El MdE formaliza la cooperación continua para conectar a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas, abuso infantil y otras formas de victimización con servicios esenciales en la región. A través de esta alianza, las instituciones coordinarán esfuerzos de alcance comunitario, compartirán recursos y proporcionarán referencias cruzadas para garantizar que las víctimas puedan acceder a servicios de apoyo culturalmente sensibles, independientemente del lado de la frontera en el que se encuentren.

“Todos los días, miles de personas se desplazan entre San Diego y Tijuana por trabajo, escuela y familia; de igual manera, el crimen y la victimización no se detienen en la frontera, y tampoco debería hacerlo nuestro apoyo a las víctimas de violencia doméstica, trata de personas y abuso de adultos mayores”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “A través de esta colaboración entre One Safe Place y el Consulado de México, estamos fortaleciendo una red de atención transfronteriza para que las víctimas puedan acceder a seguridad, servicios y justicia donde quiera que estén. Nuestro objetivo es garantizar que ninguna persona quede desatendida debido a la geografía o el idioma. Nuestra colaboración continua con el Consulado de México y el liderazgo innovador de la Cónsul General Alicia Kerber Palma fortalecen la confianza dentro de nuestra comunidad binacional y asegura que las víctimas que acuden a One Safe Place reciban ayuda en su idioma, de manera culturalmente adecuada y con un enfoque en la seguridad, la justicia y la sanación”.

Desde su apertura en julio de 2022, One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado en San Marcos y, posteriormente, en octubre de 2025, One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Sur del Condado en National City, los dos centros de justicia familiar de la Fiscalía han atendido a más de 12,000 víctimas y sobrevivientes al brindar servicios integrales de apoyo bajo un mismo techo. Los centros ofrecen asistencia a personas afectadas por violencia doméstica, abuso infantil, agresión sexual, abuso de adultos mayores, delitos de odio, trata de personas, pérdidas por violencia y otras formas de victimización. Los servicios incluyen asistencia legal, consejería, defensa y conexiones con recursos comunitarios, todos diseñados para apoyar a los sobrevivientes en su camino hacia la seguridad y la sanación.

“Brindar asistencia y protección a la comunidad mexicana es nuestra máxima prioridad, y el MdE que hemos firmado con la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego es una sólida herramienta adicional con la que el Consulado busca facilitar recursos legales, asesoría y un acceso más efectivo a la justicia para personas mexicanas y sus familias, cuando éstos son víctimas de violencia doméstica, abuso, trata de personas y otros delitos”, dijo la Embajadora Alicia Kerber Palma, Cónsul General de México en San Diego.

El Consulado de México en San Diego continúa desempeñando un papel importante como socio en One Safe Place, participando en actividades de alcance comunitario, iniciativas de prevención y proporcionando servicios consulares para ciudadanos mexicanos. El personal del Consulado también colabora en eventos educativos como “Cafecito con la Comunidad”, una reunión mensual que conecta a la comunidad con recursos, información y servicios de apoyo.

One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado está ubicado en 1050 Los Vallecitos Blvd., San Marcos, CA 92069. El centro está abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y el primer sábado de cada mes de 8 a.m. a 12 p.m.

One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Sur del Condado está ubicado en 401 Mile of Cars Way, National City, CA 91950. El centro está abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y el segundo sábado de cada mes de 8 a.m. a 12 p.m.

Walgreen Co. Resuelve Alegaciones de Cobros en Exceso y Venta de Productos Vencidos

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan anunció hoy que Walgreen Co., que opera en California como Walgreens, ha acordado una modificación estipulada de un fallo previo en un caso de protección al consumidor presentado por un equipo de fiscales de California. Walgreens pagará $6,000,000 para resolver una investigación de cumplimiento civil que alegaba que el mayor minorista de farmacias de Estados Unidos incurrió en publicidad engañosa y competencia desleal en California.

La actualización del fallo modificado de 2018 fue presentada en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara por un equipo de fiscales del norte y sur de California, incluidos los Fiscales de Distrito de los condados de San Diego, Alameda, Contra Costa, San Bernardino, San Joaquín, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz y Yolo. Walgreens opera aproximadamente 580 tiendas en California, 18 de las cuales se encuentran en el Condado de San Diego.

La investigación se centró en alegaciones de que el minorista cobró ilegalmente a los clientes precios más altos que su precio anunciado o publicado más bajo y vendió medicamentos de venta libre vencidos. Los investigadores de las Fiscalías encontraron que Walgreens vendió medicamentos de venta libre vencidos, como aspirina, protector solar y desinfectante de manos. La eficacia de algunos medicamentos de venta libre puede reducirse después de la fecha de vencimiento.

“Nuestra Unidad de Protección al Consumidor continúa luchando por los residentes de San Diego”, dijo la Fiscal Stephan. “Debemos tener la certeza de que los minoristas no estén vendiendo medicamentos de venta libre vencidos. Este fallo modificado exige que Walgreens tome medidas concretas para proteger la salud de nuestra comunidad.”

Las actualizaciones al fallo modificado incluyen una orden judicial que prohíbe a Walgreens participar en publicidad falsa o engañosa y medidas adicionales para promover la precisión de precios y la eliminación de productos vencidos de los estantes. Estas medidas incluyen auditorías extensivas en todas las tiendas de California y una garantía de precios con escáner: “SI UN ARTÍCULO SE REGISTRA A UN PRECIO MAYOR QUE EL PRECIO ANUNCIADO, Y EL PRECIO ANUNCIADO ES MAYOR A SEIS DÓLARES ($6), [WALGREENS] LE DARÁ UNA TARJETA DE MERCANCÍA DE SEIS DÓLARES ($6). SI EL PRECIO ANUNCIADO ES DE SEIS DÓLARES ($6) O MENOS, USTED RECIBIRÁ ESE ARTÍCULO GRATIS.” La garantía de precios no aplica a algunos productos como el alcohol. El fallo también requiere que la farmacia pague $5,400,000 en sanciones civiles y $600,000 en costos para cubrir la investigación de pesas y medidas y productos vencidos.

El Departamento de Agricultura/Pesas y Medidas del Condado de San Diego es la agencia encargada de inspeccionar las tiendas Walgreens en todo el condado y desempeña un papel fundamental en la supervisión de los minoristas para asegurar que los consumidores paguen el precio correcto. Los consumidores pueden reportar problemas relacionados con pesas y medidas en línea mediante el Formulario General de Quejas del Consumidor o llamando al 1-888-TRUE-SCAN (878-3722) (línea gratuita) o enviando un correo electrónico a wm.awm@sdcounty.ca.gov.

La Fiscal Auxiliar Kathryn Turner fue la fiscal a cargo del caso por parte de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego.

Fiscalía, FBI, y HHS-OIG, Cierran Centro Médico que Cometía Fraude en el Sistema de Salud

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy cargos criminales contra Kim Huynh, de 51 años, quien estaba estafando a Medicare y a compañías de seguros mediante prácticas de facturación fraudulentas, lavado de dinero y el ejercicio de la medicina sin licencia. En total, la acusada facturó más de $11 millones por pruebas y tratamientos que no estaban cubiertos por los planes de seguro.

Huynh dirigía a los facturadores médicos en su clínica, Tubi Connect, Inc., para que presentaran reclamaciones por servicios de EEG (electroencefalogramas) —escáneres utilizados para diagnosticar afecciones como epilepsia o trastornos convulsivos— un servicio que en realidad no proporcionaban, en lugar de los escaneos de electroencefalograma cuantitativo (QEEG) que sí realizaba su clínica. Los QEEG no están cubiertos por Medicare ni por seguros privados suplementarios, excepto en circunstancias limitadas y excepcionales.

“Cuando alguien roba millones de dólares de nuestro sistema de atención médica, desvía recursos críticos de los pacientes que realmente necesitan atención y socava la confianza pública”, dijo la Fiscal Stephan. “Esta acusada facturó descaradamente más de $11 millones en reclamaciones fraudulentas, lavó las ganancias y operó una clínica que ejercía la medicina sin licencia. Ese tipo de engaño pone a los consumidores en riesgo tanto por la malversación de fondos de los contribuyentes como por la seguridad de los pacientes. La Fiscalía trabajó incansablemente junto con el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG), para descubrir este esquema y responsabilizar a la acusada. Quienes exploten el sistema de salud para beneficio personal serán investigados, procesados y llevados ante la justicia”.

Huynh era propietaria y operadora de centros médicos ubicados en San Diego, el Condado de Orange y Texas, llamados Tubi Connect, Inc. Las clínicas brindaban atención médica a adultos mayores neurodivergentes mediante terapia de “neurofeedback”, una forma experimental no comprobada de terapia en la que un paciente se somete a múltiples escaneos de electroencefalograma cuantitativo de su cerebro con la intención de reentrenar el cerebro para normalizar su actividad. Los escaneos eran realizados por técnicos sin licencia y los resultados eran “interpretados” por el copropietario de la clínica, Iman Shirali, quien se presentaba como médico, aunque no tenía formación ni certificación médica. Shirali ha fallecido desde entonces.

“El amplio fraude perpetrado contra nuestro sistema de atención médica presuntamente cometido por Kim Huynh es inconcebible”, dijo TJ Holland, Agente Especial Interino a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Diego. “El FBI está comprometido a investigar el fraude contra el gobierno, incluido el fraude en el sistema de salud, utilizando todos los recursos disponibles. Los cargos presentados hoy son el resultado del trabajo conjunto del FBI en San Diego y nuestros socios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y de la Fiscalía del Condado de San Diego para descubrir el esquema criminal de Huynh y hacerla responsable”.

Al afirmar falsamente que brindaba servicios que en realidad no prestaba, Huynh facturó fraudulentamente a Medicare más de $10 millones, lo que resultó en pagos por más de $4.6 millones. A compañías de seguros privadas se les facturaron más de $600,000, lo que resultó en pagos por más de $100,000.

“Facturar a Medicare por tratamientos no comprobados, pruebas neurológicas fabricadas y servicios realizados por personas no calificadas es una grave violación de la confianza”, dijo Robb R. Breeden, Agente Especial a Cargo de la Oficina Regional de Los Ángeles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG). “HHS-OIG continuará trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden para responsabilizar a quienes explotan a beneficiarios vulnerables y defraudan programas de atención médica financiados por el gobierno federal”.

Huynh fue arrestada el 11 de marzo. En su audiencia inicial hoy, se declaró no culpable. Su fianza fue fijada en $750,000 y volverá a comparecer ante el tribunal el 18 de marzo de 2026 para una audiencia de revisión de fianza. Si es declarada culpable, enfrenta hasta 14 años de prisión.

Este caso es el resultado de una investigación conjunta de dos años entre la Fiscalía del Condado de San Diego, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG). El Fiscal Auxiliar Jonathan Fraenkel está a cargo del procesamiento del caso.

La Fiscal de Distrito Insta a la Legislatura a Corregir el Sistema de Desvío de Salud Mental Apoyando el Proyecto de Ley de la Asamblea AB 46

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, se une a la Asociación de Fiscales de Distrito de California en su llamado estatal a la Legislatura de California para aprobar una legislación de sentido común sobre el desvío por salud mental (Mental Health Diversion, MHD), el Proyecto de Ley de la Asamblea 46 (AB 46). Esta legislación es patrocinada por la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de Sacramento y copatrocinada por numerosas oficinas de fiscales de distrito en todo el estado, incluida la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. El proyecto de ley cierra vacíos legales en la ley de desvío por salud mental de California al restablecer la discreción judicial y garantizar que el programa proporcione tratamiento mientras protege la seguridad de la comunidad.

En todo California, reportes han mostrado casos trágicos en los que individuos peligrosos recibieron desvío por salud mental solo para cometer posteriormente delitos violentos, incluidos homicidio, intento de homicidio, violencia doméstica y otros. A continuación, se presentan tres ejemplos de casos en el Condado de San Diego, donde los acusados no deberían haber estado en posición de victimizar a otras personas, pero estaban bajo desvío por salud mental y posteriormente cometieron actos violentos:

  • Centro de San Diego – Grant Parker, de 34 años, apuñaló y mató a una víctima afuera de un hotel en el centro de San Diego mientras estaba bajo desvío por salud mental por amenazar con matar a su madre con un cuchillo, cometer un robo de auto y atacar a un compañero de celda. Posteriormente, el acusado estuvo involucrado en un incidente de ahorcamiento autoinfligido.
  • La Jolla y Bay Park – Ty Nadelen, de 20 años, cometió una serie de robos residenciales tipo hot prowl en La Jolla utilizando vehículos robados y recibió desvío por salud mental. Mientras estaba bajo desvío por salud mental, atacó a su abuela con un martillo en Bay Park.
  • Vista y North Park – Priscilla Loza, de 46 años, estaba bajo dos concesiones de desvío por salud mental por robo de auto en Vista y robo de vehículo cuando atacó a un hombre de 70 años dentro de un vehículo con una tabla de madera en North Park.

El desvío por salud mental, creado bajo el Código Penal §1001.36, fue diseñado para ayudar a las personas que sufren enfermedades mentales a recibir tratamiento en lugar de encarcelamiento. Sin embargo, recientes fallos judiciales y limitaciones estatutarias han restringido significativamente la capacidad de los jueces para negar el desvío, incluso en casos graves y violentos, dejando a los tribunales con autoridad limitada para evaluar si el desvío es realmente apropiado.

“El desvío por salud mental fue creado para proporcionar tratamiento a personas cuyos delitos son impulsados por una enfermedad mental, pero nunca tuvo la intención de poner en riesgo a las víctimas y a las comunidades”, dijo la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan. “Desafortunadamente, vacíos en la ley actual han eliminado la capacidad de los jueces de ejercer su discreción en casos donde el desvío claramente no es apropiado. El Proyecto de Ley de la Asamblea 46 restablece salvaguardas de sentido común para que los tribunales puedan garantizar que el tratamiento se brinde a quienes realmente lo necesitan, mientras se protege la seguridad pública y se previenen resultados peligrosos”.

Bajo la ley actual, una vez que un acusado cumple con ciertos criterios estatutarios, los jueces tienen muy poca discreción para negar el desvío. Incluso se ha obligado a los tribunales a aprobar el desvío en casos donde no existe un plan de tratamiento claro, la seguridad de la comunidad está en riesgo, o cuando los acusados han fracasado en intentos previos de tratamiento, debido a la forma en que está redactado el estatuto y cómo ha sido interpretado por los tribunales de apelación.

Además, una vez que un acusado completa el programa de Desvío por Salud Mental, el delito se elimina del historial criminal del acusado, eliminando la rendición de cuentas por delitos peligrosos como si el delito nunca hubiera sido cometido. Esto pone en riesgo a las víctimas, a las fuerzas del orden y a las comunidades si el programa no se implementa adecuadamente.

El AB 46 aborda estas preocupaciones al permitir que los tribunales consideren si un acusado representa un riesgo sustancial e indebido para la seguridad física de otra persona y si el plan de tratamiento propuesto es clínicamente apropiado para abordar la condición de salud mental que contribuyó al delito.

El AB 46 será escuchado en el Comité de Seguridad Pública del Senado el 17 de marzo. Los miembros del público pueden ver la audiencia en vivo a las 8:30 a.m. en:
https://spsf.senate.ca.gov/committeehome

Lea la carta de apoyo de CDAA aquí. Para más información sobre el vacío legal en el desvío por salud mental visite: www.placer.ca.gov/MHD.

Tres Miembros de Pandilla Sentenciados a Cadena Perpetua Sin Posibilidad de Libertad Condicional por Múltiples Asesinatos

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que los tres miembros de pandilla involucrados en múltiples tiroteos y asesinatos han sido sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de tres miembros de una pandilla rival.

Los acusados Ethan Apan, de 33 años, Kristian Apan, de 32, e Ismael Betancourt, de 25, fueron declarados culpables el pasado mes de mayo tras un juicio con jurado que duró 11 semanas, en el cual los jurados los encontraron culpables de múltiples cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, disparar contra un vehículo ocupado, agresión por medios que probablemente causen lesiones corporales graves y varios otros cargos graves.

El desglose de las sentencias es el siguiente:

  • Ethan Apan fue sentenciado a dos condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más una pena adicional de 132 años a cadena perpetua en prisión estatal.
  • Kristian Apan fue sentenciado a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más una pena adicional de 107 años a cadena perpetua en prisión estatal.
  • Betancourt fue sentenciado a dos condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más una pena adicional de 139 años a cadena perpetua en prisión estatal.

“Las sentencias dictadas hoy ponen fin a la guerra entre pandillas que azotó a una pequeña ciudad del sur del condado con asesinatos, tiroteos y represalias”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy agradecida con nuestro equipo de fiscales, Robert Eacret y Abrey Zora, quienes navegaron con gran experiencia el complicado mundo de la actividad de pandillas para lograr justicia por estos asesinatos sin sentido.”

Durante su ola de tiroteos en National City en 2019 y 2020, el trío asesinó a Joaquin Ruiz, Marco Magana y Juan Galvan, y dejó gravemente heridos a Julio Martull, James Mullens y Adan Duke. El asesinato inicial de Ruiz fue en represalia por el homicidio de un rival ocurrido una semana antes. Sin embargo, la persecución desencadenó una ola de violencia que incluyó a los tres acusados conduciendo repetidamente hacia territorio de pandillas rivales para cometer tiroteos, en ocasiones disparando por error contra transeúntes inocentes.

Tras una investigación conjunta entre cuatro equipos de homicidios del Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Policía de National City y la Unidad de Pandillas de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, Ethan Apan, Kristian Apan, Ismael Betancourt y seis miembros más de la pandilla fueron arrestados por su participación y procesados por esta serie de tiroteos.

Antes del juicio, varios coacusados se declararon culpables y fueron sentenciados por su participación en los tiroteos:

  • Jorge Sanchez, de 23 años, fue sentenciado a 105 años a cadena perpetua en prisión estatal.
  • John Anthony Orozco, de 32 años, fue sentenciado a 38 años en prisión estatal.
  • Raymond Sandoval, de 36 años, fue sentenciado a 20 años en prisión estatal.
  • Daisy Diaz, de 28 años, fue sentenciada a 12 años en prisión estatal.

La División de Pandillas de la Fiscalía de Distrito procesa casos complejos de asesinato y otros delitos graves perpetrados por miembros de pandillas violentas que aterrorizan a las comunidades. Estos casos son manejados por un solo fiscal desde el inicio hasta el final, lo que también se conoce como procesamiento vertical.

Los Fiscales Auxiliares Robert Eacret y Abrey Zora procesaron este caso.

Fiscal Refuerza su Compromiso con la Protección al Consumidor

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, reconoció hoy la Semana Nacional de Protección al Consumidor (1 al 7 de marzo) y afirmó que su oficina está redoblando su compromiso de proteger a los consumidores, recordando a los residentes que denunciar estafas, fraudes y prácticas comerciales injustas ayuda a proteger a toda la comunidad.

“La protección al consumidor significa defender a las personas comunes que fueron engañadas, cobradas en exceso o aprovechadas,” dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Cuando una empresa viola la ley, el daño no es abstracto — afecta a familias que confiaron en lo que se les dijo y que trabajaron arduamente por su dinero. Nuestra Unidad de Protección al Consumidor lucha para responsabilizar a las empresas que ignoran las reglas para enriquecerse injustamente y para recuperar dinero para las personas afectadas. Nuestro equipo de fiscales e investigadores especializados enfrenta a grandes compañías con ejércitos de abogados y gana estas batallas en favor de nuestros vecinos.”

“Pero estos casos a menudo comienzan con una sola persona que alza la voz. Un jubilado que siente que algo no está bien, un pequeño empresario que detecta una práctica engañosa o un vecino que se niega a guardar silencio después de haber sido engañado. Durante la Semana Nacional de Protección al Consumidor, quiero que todos en el Condado de San Diego sepan que su voz importa. Cuando denuncian irregularidades, nos ayudan a descubrir patrones de mala conducta, detener a los infractores y proteger a miles de otros consumidores de sufrir daños.”

La Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía investiga prácticas comerciales ilegales y abusos ambientales, y presenta casos civiles y penales contra empresas e individuos que defraudan a los consumidores. Estas acciones pueden resultar en restitución para las víctimas, sanciones económicas para los infractores y cargos penales cuando corresponde.

Recientemente, la Fiscalía logró una importante victoria en protección al consumidor en una acción de cumplimiento multi-condado contra Vivint Solar. La empresa aceptó un acuerdo de $4.3 millones, que incluye un fondo de restitución de $3 millones para consumidores elegibles que perdieron dinero bajo ciertos contratos de compra de energía solar. Este caso demuestra cómo las acciones de cumplimiento pueden proporcionar un alivio financiero real a los consumidores perjudicados por prácticas engañosas.

La Unidad de Protección al Consumidor trabaja para salvaguardar a los consumidores y a las empresas honestas mediante la investigación y el enjuiciamiento de prácticas comerciales ilegales. La unidad maneja casos que incluyen:

  • Estafas dirigidas a personas mayores, investigadas a través de un Grupo Especializado de Justicia para Personas Mayores, el primero de su tipo en la nación
  • Publicidad falsa o engañosa
  • Estafas cibernéticas, manejadas por el equipo especializado contra el cibercrimen CATCH
  • Prácticas injustas de precios o facturación, incluidas aquellas que ocurren después de desastres naturales
  • Términos contractuales o tácticas de venta engañosas, incluidos cargos por renovación automática y tácticas intimidantes de cobro de deudas
  • Violaciones ambientales, como la eliminación ilegal de desechos tóxicos

Durante el último año, la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía ha tomado medidas significativas contra empresas que violaron las leyes de protección al consumidor, incluyendo:

  • Más de $13.6 millones en fallos de protección al consumidor contra múltiples empresas
  • Cargos penales por fraude presentados contra un propietario de negocio que engañó a sus clientes
  • Un acuerdo de $1 millón por cobrar en exceso a consumidores en el punto de venta
  • Un fondo de restitución de $3 millones asegurado en el caso de Vivint Solar

Estos resultados reflejan consecuencias significativas para las empresas que violan la ley y un alivio real para los consumidores que han sufrido daños financieros.

La mayoría de las investigaciones de protección al consumidor comienzan con una queja de un miembro del público. Cuando los residentes denuncian prácticas comerciales sospechosas, ayudan a los investigadores a identificar patrones de mala conducta que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Si bien la Fiscalía no puede actuar como abogado privado en disputas individuales, las quejas de los consumidores con frecuencia sirven como base para acciones de cumplimiento más amplias que protegen a miles de personas.

Se exhorta a los residentes que crean haber sido engañados o perjudicados por una empresa a presentar un reporte. Para presentar una queja del consumidor:

Envíe una queja en línea:
https://www.sdcda.org/preventing/consumer-protection/

Llame al: (619) 531-3507

Correo electrónico: consumer@sdcda.org

Conoce a la Investigadora de la Fiscalía de Distrito Helen Williams

En honor al Mes de la Historia Afroamericana, que se celebra durante todo el mes de febrero, la Oficina de la Fiscalía de Distrito está destacando las historias de sus empleados y lo que los inspiró a seguir una carrera en el servicio público.

Conozca a la Investigadora de la Fiscalía de Distrito Helen Williams, quien nació y creció en San Diego.

Mientras estudiaba en la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), trabajó con jóvenes en el Tribunal de Menores y en Community Schools, con adolescentes con discapacidades como asistente de maestra, y con el Programa de Prevención de Reincidencia del Departamento de Libertad Condicional (ROPP). Después de graduarse de SDSU, se incorporó por primera vez a la Oficina de la Fiscalía de Distrito en 1999 como Representante de Servicios de Cuentas en el Departamento de Servicios de Manutención de Menores, y luego sirvió casi 20 años como oficial del Alguacil en la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego. Posteriormente, regresó a la Oficina de la Fiscalía de Distrito en 2019 como Investigadora de la Fiscalía de Distrito en la Unidad de Protección Familiar. Actualmente es Investigadora de la Fiscalía en el Grupo de Trabajo para la Aplicación de Delitos Graves de Agresión Sexual (S.A.F.E.) en la División de Delitos Sexuales y Trata de Personas, donde supervisa el cumplimiento de las leyes de registro de delincuentes sexuales y fortalece la seguridad pública. Supervisa a los delincuentes registrados, realiza verificaciones de cumplimiento, apoya las notificaciones públicas y asiste a los Fiscales Auxiliares en investigaciones de Depredadores Sexualmente Violentos (SVP), audiencias judiciales y reuniones del Equipo de Seguridad Comunitaria para SVP liberados bajo condiciones.

¿Qué te inspiró a elegir una carrera en el orden público/en la Oficina de la Fiscalía de Distrito?

“Al crecer en medio de una violencia de pandillas muy presente, vi cómo afectaba a buenas familias y vecinos en mi comunidad. Mi rol estudiantil en el equipo ROPP de Libertad Condicional me dio una visión directa de los desafíos subyacentes que enfrentan los jóvenes infractores, lo que me motivó a ser parte de la solución. Elegí las fuerzas del orden para proteger y fortalecer a mi comunidad, y la Oficina de la Fiscalía para luchar por las víctimas de abuso infantil, agresión sexual y violencia doméstica, honrando el legado de servicio de mi familia a través de la equidad y la justicia.”

¿Cuál es tu parte favorita del trabajo?

“Una de las partes más significativas de mi trabajo es conectar con sobrevivientes de agresión sexual y abuso infantil. Muchos casos de Depredadores Sexualmente Violentos (SVP) se remontan a décadas atrás, y algunos sobrevivientes fueron victimizados cuando eran niños. Que confíen en mí sus historias y procesos de sanación es profundamente conmovedor. Las fuerzas del orden han avanzado enormemente, adoptando nuevas tecnologías, prácticas informadas en el trauma y protecciones más sólidas para los derechos de las víctimas. Doy prioridad a que los sobrevivientes se sientan vistos, escuchados y con control, mientras apoyo a los Fiscales Auxiliares en su labor de buscar justicia, responsabilidad y seguridad comunitaria. Lo que más permanece conmigo son los momentos en que los sobrevivientes comparten su fortaleza y las vidas que han construido más allá de su trauma.”

¿Qué significa para ti el Mes de la Historia Afroamericana y por qué es importante?

“Para mí, el Mes de la Historia Afroamericana es tanto una celebración como una reflexión. Como mujer afroamericana de raíces japonesas y afroamericanas en las fuerzas del orden, simboliza fortaleza, perseverancia y progreso. Siento un profundo orgullo por el legado de mi familia: mi padre, quien creció en el Sur bajo las leyes de Jim Crow; mi abuelo, uno de los primeros dentistas afroamericanos en Savannah; y el recorrido de la Gran Migración de mi tío, que lo llevó a convertirse en juez de la Corte Suprema de Nueva York. Su resiliencia inspira mis 26 años de servicio y mi compromiso con la equidad, la integridad y la representación. El Mes de la Historia Afroamericana honra a los pioneros que abrieron puertas y nos desafía a continuar su legado a través de nuestro trabajo, la justicia, el liderazgo comunitario y el servicio.”