La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, emitió hoy una advertencia a las empresas y los estafadores para que no se aprovechen de los consumidores al aumentar los precios ilegalmente durante un estado de emergencia; hacerlo puede terminar en un proceso judicial. Como resultado del devastador incendio “Valley Fire” en la parte este del condado de San Diego, el gobernador Gavin Newsom y la Junta de Supervisores del Condado de San Diego declararon un estado de emergencia en el Condado de San Diego el 6 de septiembre. Durante un estado de emergencia declarado, es ilegal que una empresa aumente sus precios de bienes o servicios esenciales en más del 10 por ciento, a menos que puedan demostrar que sus propios costos se han incrementado. [COMPARTE EN TWITTER]

“Los incendios forestales dejan un efecto devastador en muchos de nuestros vecinos y queremos enviar un mensaje claro de que no toleraremos ninguna actividad ilegal por parte de empresas codiciosas, contratistas o estafadores que buscarían explotar financieramente a las víctimas de incendios forestales”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “El aumento ilegal de precios y la contratación sin licencia durante un estado de emergencia no solo es un delito, sino que también puede victimizar aún más a alguien que pudo haber perdido todo en un incendio forestal”.

Las violaciones del estatuto de aumento ilegal de precios están sujetas a un proceso penal que puede resultar en un año de prisión en la cárcel del condado y / o una multa de hasta $10,000. Las infracciones también están sujetas a acciones de ejecución civil que incluyen sanciones civiles de hasta $5,000 por infracción, medidas cautelares y restitución obligatoria.

La ley se aplica a varios productos y necesidades, entre ellos: alimentos y bebidas (incluidos alimentos y bebidas para animales); suministros de emergencia como agua, linternas, radios, baterías, velas, cobijas, jabones, pañales, artículos de aseo personal; y materiales de construcción, suministros médicos como medicamentos recetados y de venta libre, vendajes, gasas, alcohol isopropílico y productos antibacterianos.

También es un delito menor que un hotel o motel aumente las tarifas regulares en más del 10 por ciento durante una emergencia declarada y durante los 30 días posteriores al estado de emergencia.

Cualquiera debe ser extremadamente cauteloso si se le acercan agentes agresivos, ajustadores o contratistas después de un desastre. La mayoría de las empresas son honestas y tienen buenas intenciones, pero siempre hay malos actores esperando aprovecharse de las víctimas de desastres

Trabajar como contratista sin licencia durante un estado de emergencia es un delito grave. Tenga en cuenta estos consejos al seleccionar un contratista:

• Solicite un comprobante de licencia, como una licencia de bolsillo y una segunda identificación con foto.
• Siempre verifique que el número de licencia coincida con el del contratista con el que está tratando.
• Tenga cuidado con las tácticas de miedo, las llamadas extrañas o los contactos no solicitados.
• Asegúrese de que el contratista tenga seguro de responsabilidad civil y compensación para trabajadores.

A raíz de los desastres naturales, a menudo surgen estafas de limpieza de escombros. No proporcione el pago por adelantado y asegúrese de preguntar a dónde se llevan los escombros. Los estafadores a menudo piden dinero por adelantado y luego desaparecen. A veces arrojan escombros en la propiedad o el parque de un vecino, lo que puede hacer que usted sea responsable de los costos y las multas. [COMPARTE EN TWITTER]

Los investigadores de la Oficina de la Fiscalía de Distrito están ayudando a los inspectores del Departamento de Salud Ambiental del Condado a verificar las propiedades que han sido afectadas por el incendio “Valley Fire” en busca de peligros ambientales antes de que los residentes regresen a sus propiedades.

Históricamente, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha desempeñado un papel en incidentes de incendios forestales, incluidos los incendios forestales del condado de San Diego de 2003, 2007 y 2014. Durante esos eventos, los investigadores de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, el Departamento de Seguros de California, la Junta Estatal de Licencias de Contratistas, y el Departamento de Vehículos Motorizados se desplegó sobre las áreas devastadas por el fuego para advertir a los propietarios de viviendas que tengan cuidado con los posibles delincuentes que se aprovechan de las víctimas de desastres naturales. Colocaron carteles advirtiendo a los contratistas sin licencia que operar en un área declarada en estado de emergencia es un delito grave. Nuestros investigadores esperan volver a hacerlo, una vez que el fuego esté contenido.

Puede informar una sospecha de aumento excesivo de precios a la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito al (619) 531-3507, a la Oficina del Procurador General de California a:

California Department of Insurance

10021 Willow Creek Road, #100

San Diego, CA 92131

Helpline 1-800-927-HELP (4357)

Contractors State License Board

9246 Lightwave Avenue, Suite 130

San Diego, CA 92123

www.clsb.ca.gov

1-800-321-2752

Un hombre de Ohio que roció con gas pimienta a 11 agentes de Policía de San Diego durante una protesta que se tornó violenta en el centro de la ciudad el 28 de agosto, fue acusado oficialmente hoy de dos delitos graves de uso ilegal de gas lacrimógeno contra un oficial del orden público y 11 delitos graves de uso de la fuerza contra un oficial del orden público. Si es declarado culpable de todos los cargos, el acusado enfrenta una sentencia que va desde libertad condicional con cero días en la cárcel hasta 11 años en la cárcel local. La sentencia sería determinada por un juez si es declarado culpable.

Denzel Draughn, de 28 años, se declaró inocente de todos los cargos durante su lectura de cargos hoy en la Corte Superior de San Diego. Tras su arresto, un juez fijó la fianza de Draughn en $750,000. Hoy, el juez que preside la audiencia de lectura de cargos fijó la fianza del acusado en $150,000. El juez también ordenó al acusado entregar todas sus armas y no estar en posesión de ellas si participaba en futuros eventos de protesta.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo utilizando tecnología remota, el Fiscal Auxiliar de Distrito que representa al Pueblo declaró los siguientes hechos en el expediente para que el juez los considere al fijar la fianza:

El incidente comenzó poco después de las 6 p.m. el viernes 28 de agosto involucrando a varios grupos de manifestantes compuestos por unas 25 personas en cada grupo. Un grupo cerca de las calles 9 y E estaba siendo seguido por una conductora / manifestante que no se detuvo en el semáforo en rojo. La policía detuvo a la conductora para multarla, lo que enfureció a los manifestantes. Se llamó a un equipo de policías de San Diego en bicicleta para proteger a los oficiales. Los manifestantes empujan las bicicletas y a la policía, gritando «¡Puños arriba, contraataquen!» La policía ordenó a la multitud que retrocediera, pero los manifestantes ignoraron la orden.

Un oficial advirtió a la multitud que retrocediera y mostró su gas de pimienta. Uno de los manifestantes golpeó la mano del oficial tratando de quitarle el gas pimienta y el oficial descargó el gas pimienta. Ese manifestante luchó con la policía mientras intentaban arrestarlo y un oficial sufrió heridas leves.

Durante la lucha por poner bajo custodia a la manifestante, uno de los botes de gas pimienta del oficial se cayó de su funda y cayó cerca de Denzel Draughn. Draughn tomó el bote y roció a la policía en una ráfaga larga de varios segundos que alcanzó a algunos oficiales en la cara, que no estaban protegidos con cascos.

Usando un megáfono, el acusado gritó, «Que se joda la policía», y luego roció la fila de agentes del orden público por segunda vez con otra ráfaga larga. En total, 11 agentes fueron alcanzados con gas pimienta, incluido un agente que quedó ciego durante unos 40 minutos. Otros agentes resultaron quemados y discapacitados por el aerosol.

Hoy, en audiencia pública, el Fiscal Auxiliar mostró un video que muestra a Denzel Draughn aplicando el gas de pimienta a los oficiales en dos diferentes ángulos.

El acusado huyó, pero luego fue localizado y arrestado, momento en el que cinco cuchillos (dagas) y un cuchillo de caza se ubicaron en su vehículo.

También se dejó constancia en el expediente ante la corte de que el acusado tiene antecedentes penales recientes que incluyen resistirse al arresto, pelear con la policía y no presentarse a una audiencia judicial. En la actualidad, existe una orden de arresto activa para el acusado desde diciembre de 2019 por no comparecer ante el tribunal en Zanesville, Ohio. El acusado fue condenado en Ohio en noviembre de 2019 por resistirse al arresto cuando peleó con la policía cuando intentaban detenerlo por otra orden de arresto anterior. También fue condenado el año pasado por posesión de parafernalia de drogas, así como una condena por el transporte ilegal de drogas en una instalación del gobierno en 2017.

Hoy, el juez estableció fechas futuras en la corte para una audiencia de preparación el 8 de octubre y ​​una audiencia preliminar el 20 de octubre.

Recientemente, la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego también presentó cargos penales contra 20 personas por delitos que incluyen vandalismo, saqueo y poner en peligro a niños en relación con las protestas que se volvieron violentas y se convirtieron en saqueos y disturbios en La Mesa el fin de semana del Día de los Caídos.

La Fiscal de Distrito Summer Stephan emitió hoy la siguiente declaración:

La protesta pacífica es una tradición consagrada en nuestro país, y ahora más que nunca es fundamental que protejamos el importante derecho individual de la Primera Enmienda. La mayoría de los que protestan en nuestro condado lo hacen de manera pacífica. Pero cuando las protestas se vuelven violentas, es un insulto a las expresiones legítimas de los manifestantes pacíficos, y debemos actuar para proteger a la comunidad.

La protesta es un derecho inalienable reconocido por la Constitución de Estados Unidos. Los disturbios, quemar negocios y agredir a los agentes del orden público son delitos que serán enjuiciados.

Como Fiscal de Distrito, continuaré cumpliendo con mi deber y responsabilidad de enjuiciar a quienes elijan la violencia, el saqueo o la anarquía para dañar a nuestra comunidad. Me uno a los líderes comunitarios para pedir unidad y paz, no violencia y caos, mientras trabajamos juntos para construir la equidad racial y destruir el odio.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego anunció hoy que está iniciando la tercera y última fase de una campaña extendida de concientización sobre los opioides. El Proyecto de Opioides de San Diego está diseñado para educar y cambiar el comportamiento y, en última instancia, reducir las muertes por sobredosis de opioides en el condado. El lanzamiento se produce solo una semana después de que agencias del orden público advirtieron sobre un aumento alarmante en las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo en los primeros seis meses de este año.

Esta última fase del Proyecto de Opioides de San Diego se enfoca en sustancias mezcladas y advierte a las personas que podrían tomar opioides ilegales que obtienen de un amigo o traficante de drogas que pueden estar mezcladas con sustancias mortales como el fentanilo. [COMPARTE EN TWITTER]

Puedes ver el video de la campaña en español o en inglés.

En 2019, hubo 152 muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo en el Condado de San Diego. Pero en los primeros seis meses de este año, es probable que ya haya 203 muertes relacionadas con el fentanilo, de las cuales 119 han sido confirmadas y otras 84 están pendientes de confirmación.

“Esta última fase de la campaña no podría llegar en un momento más importante, dado el inquietante aumento de sobredosis que estamos viendo”, dijo Summer Stephan, Fiscal de Distrito del Condado de San Diego. “Hemos visto una buena respuesta a la primera fase de este alcance y esperamos que este último impulso llegue en un momento en el que no solo estamos educando al público, sino también salvando vidas”.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito y la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego se asociaron en la campaña. La Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó por unanimidad para apoyar el alcance innovador. La Fiscal del Distrito trabajó con “Rescue Agency” con sede en San Diego, que tiene un historial nacional de éxito cuando se trata de cambiar el comportamiento en diversas áreas de la salud pública.

La primera fase del Proyecto de Opioides de San Diego abordó la idea errónea de que las personas piensan que pueden abusar de los opioides recetados «de manera segura». Educó a las personas que los opioides afectan su cerebro exactamente como lo hace la heroína. También aborda la idea errónea de que los opioides ayudan a las personas a recuperarse de las lesiones.

La segunda fase de la campaña se centró en la rapidez con la que las personas pueden sufrir una sobredosis, mientras que otras personas a su alrededor pueden ni siquiera darse cuenta.

El Proyecto de Opioides de San Diego se está implementando principalmente en línea, con anuncios digitales y en las redes sociales que están dirigidos específicamente a personas en riesgo de volverse adictas.

Todos los anuncios y publicaciones llevan a las personas a un sitio web: SanDiegoOpioidProject.org. Algunos anuncios están en español y hay una versión en español del sitio web.

Los opioides recetados son los culpables de más de 2,200 muertes por sobredosis accidentales en el condado de San Diego durante los últimos 10 años. En 2018, 210 personas murieron por una sobredosis accidental causada por uno o más opioides recetados, solos o combinados con otras drogas o alcohol. [COMPARTE EN TWITTER]

La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego anunció hoy que ha presentado cargos de delitos graves de asalto y agresión y acusaciones de delitos de odio contra dos hombres que agredieron a un periodista afroamericano que cubría una protesta pacífica de Black Lives Matter en Imperial Beach. Jeffrey Brooks, de 38 años, y Henry Brooks Jr., de 32, están fuera de custodia y tienen una orden de arresto. Aún no se han fijado las fechas de comparecencia en corte. [COMPARTE EN TWITTER]

Los cargos se derivan de un incidente el 7 de junio, durante el cual los manifestantes de Black Lives Matter marcharon pacíficamente en Imperial Beach. Los acusados ​​comenzaron a antagonizar verbalmente y físicamente a los manifestantes, y Henry Brooks Jr. les arrojó huevos. Mientras grababa la escena, Jeffrey Brooks le dio un puñetazo en la cabeza a la víctima, lo que lo hizo caer hacia atrás y golpearse la cabeza contra el suelo.

“Proteger a nuestra comunidad de los crímenes de odio es una prioridad para mi oficina porque el odio deteriora nuestro derecho a la igualdad y la justicia, y deja un impacto en la víctima y en todos los que comparten la raza de la víctima”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «No toleraremos la intimidación o la interferencia violenta con los manifestantes o con un periodista que ejerce legalmente sus derechos de la Primera Enmienda».

Si es declarado culpable de todos los cargos, Jeffrey Brooks enfrenta tres años bajo custodia y Henry Brooks Jr. enfrenta seis años.

Tanto en 2019 como en 2018, la Oficina de la Fiscalía de Distrito presentó cargos por delitos de odio contra 30 personas. El número representa un aumento continuo de los casos presentados en años anteriores. Históricamente, los delitos de odio basados ​​en la raza representan entre el 50 y el 60 por ciento de todos los delitos de odio en el condado.

A principios de este año, la Oficina de la Fiscalía de Distrito estableció un nuevo formulario en línea y una línea directa donde el público puede denunciar presuntos delitos de odio que han presenciado en el Condado de San Diego. La herramienta es en parte en respuesta a reportes de incidentes relacionados con el odio dirigidos a la comunidad asiática en todo el país a raíz de la pandemia de COVID-19, así como al arresto de un hombre de 66 años en San Diego, que atacó físicamente a un hombre que percibió como chino-estadounidense.

«Sabemos que las personas a menudo no denuncian crímenes de odio por miedo o vergüenza, y queríamos ofrecer una vía directa para alentar a las víctimas o testigos de crímenes de odio a denunciar», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “La gente puede y debe seguir denunciando delitos de odio a sus departamentos de policía locales y al Departamento del Alguacil. Este mecanismo de reporte adicional actuará como una red de seguridad y ayudará a garantizar que los reportes sean revisados ​​y compartidos por la policía”.

El formulario de denuncia en línea se puede encontrar en el sitio web de la Fiscalía de Distrito aquí. El número de la línea directa de crímenes de odio es 619-515-8805.

Las personas que envíen información sobre un presunto delito de odio serán contactadas con información sobre la revisión del reporte por parte de la Fiscalía de Distrito y cualquier acción que se pueda tomar. Se recuerda al público que el discurso de odio en sí mismo a menudo no se eleva al nivel de un crimen de odio, pero podría escalar a un comportamiento criminal. Por ley, un crimen de odio es un acto criminal cometido contra otra persona que está motivado por prejuicios contra la raza, etnia, religión, género, orientación sexual o discapacidad de una persona. [COMPARTE EN TWITTER]

Un proyecto de ley patrocinado por la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego que establece una cláusula de amnistía para alentar a las víctimas y testigos de agresión sexual a declarar ante la corte una vez más recibió apoyo bipartidista esta mañanay consentimiento del Comité de Seguridad Pública del Senado. El proyecto de ley está escrito por la Asambleísta Tasha Boerner Horvath. [COMPARTE EN TWITTER]

El proyecto de ley de la Asamblea AB 1927 proporcionaría inmunidad a las víctimas y testigos de asalto sexual de las consecuencias del uso ilegal de alcohol o drogas que ocurriera en el momento de su presunto asalto. Las instituciones de educación superior en todo el país, incluida la Universidad de California, ya han implementado tales cláusulas de amnistía en sus campus. Según la ley actual, las víctimas deben pasar por un proceso que requiere que se les obligue a testificar en la corte antes de que se les otorgue. Este proceso aumenta innecesariamente el trauma de la víctima al exigirle que comparezca ante un juez por delitos no relacionados con la agresión sexual.

«Lo último que queremos es que el sistema de justicia penal vuelva a victimizar a las personas que valientemente denuncien delitos», dijo Summer Stephan, Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, agencia que patrocina el proyecto de ley. «No podemos seguir teniendo un sistema que trate a las víctimas como criminales por usar las mismas drogas o alcohol que a menudo alimentan los crímenes de sus abusadores».

Según el Informe Uniforme de Crímenes 2018 de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), California registró más de 15,000 violaciones forzadas, la cifra más alta en los Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas de Justicia informa que este problema es particularmente frecuente entre los estudiantes en edad universitaria: aproximadamente el 80 por ciento de las agresiones sexuales contra estudiantes universitarios, y el 67 por ciento contra quienes no son estudiantes, no se denuncian.

«Todos sabemos muy bien que la agresión sexual es el crimen violento menos denunciado en Estados Unidos», dijo la Asambleísta Boerner Horvath. “Muchas víctimas y sobrevivientes no se presentan por temor a represalias, incluso por temor a ser culpados por el asalto. Este proyecto de ley les permitirá denunciar el abuso sin temor a ser procesados. La votación de hoy nos acerca a extender la misma amnistía que ya se ofrece en los campus universitarios a víctimas y testigos de agresión sexual en todo California».

AB 1927 se escuchará a continuación en el piso del Senado.  [COMPARTE EN TWITTER]