La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que Firestone Complete Auto Care llegó un acuerdo de más de $3 millones con su oficina y otros 28 fiscales en un caso de protección ambiental que alegaba que la compañía eliminó ilegalmente desechos peligrosos en los centros de servicio de Firestone en todo California, incluso en el condado de San Diego.

El 4 de febrero, un juez ordenó que Bridgestone Retail Operations, LLC, la compañía que opera como Firestone Complete Auto Care en más de 150 ubicaciones en California, pague $2.87 millones en multas civiles. La demanda civil, presentada en la Corte Superior del Condado de Santa Clara, alegó que la empresa de reparación de automóviles no manejó adecuadamente los desechos peligrosos, como solventes, líquidos automotrices, aerosoles, baterías y dispositivos electrónicos. El acuerdo también resuelve las acusaciones de que la empresa no eliminó o destruyó la información confidencial del cliente antes de tirar la documentación a la basura.

“Proteger a nuestra comunidad de los desechos peligrosos y responsabilizar a las empresas cuando hacen alarde de las leyes ambientales es una prioridad para nuestra Unidad de Protección Ambiental”, dijo la fiscal de Distrito Summer Stephan. “Seguiremos trabajando con nuestros compañeros fiscales en todo el estado para hacer cumplir estas leyes.”

Además de pagar multas civiles, se ordenó a Firestone pagar $350,000 por el costo de la investigación y $725,000 en gastos de capacitación y cumplimiento acordados. Firestone cooperó con los fiscales durante la investigación y tomó medidas para mejorar su cumplimiento con las infracciones ambientales y de protección del consumidor que se le señalaron. La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego recibirá aproximadamente de $227,000 del fallo.

La investigación comenzó en 2016 cuando los investigadores de la Fiscalía del Condado de Santa Clara y del Condado de Alameda realizaron inspecciones sin previo aviso de los contenedores de basura de Firestone, y revelaron contenedores de desechos peligrosos que no estaban vacíos y páginas de registros de clientes. Se realizaron inspecciones adicionales en esos condados y en los condados de San Diego, San Bernardino y Orange durante los próximos tres años.

El fallo de Firestone es el más reciente de una serie de acciones civiles ambientales iniciadas con éxito por los fiscales de California contra los grandes proveedores y minoristas de servicios automotrices. Los juicios anteriores, que incluyeron sanciones civiles y medidas cautelares, fueron contra Service King (2019, $2.3 millones), Pep Boys (2019, $3.7 millones), AutoZone (2019, $11 millones), AutoNation (2018, $3.3 millones) y O’ Reilly Auto Parts (2016, $9.8 millones).

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan, presentó hoy cargos de delito grave contra un hombre que se enfrentó a manifestantes cerca de la casa del alcalde de San Diego, Todd Gloria, y disparó un arma cerca de la multitud el año pasado. Lonnie James Crawford, de 37 años, fue procesado hoy y acusado de disparar un arma de fuego de manera negligente y posesión ilegal de un arma de fuego y una sustancia controlada. Si es declarado culpable de ambos cargos, Crawford enfrenta hasta cuatro años y ocho meses de prisión.

Los cargos se derivan de un incidente ocurrido la noche del 30 de agosto del año pasado, cuando un grupo de personas se reunió frente a la casa del alcalde Gloria para protestar. Crawford condujo su camioneta a través de la multitud de manifestantes y tuvo un altercado verbal con ellos. Luego ingresó a un edificio de apartamentos cercano y salió poco tiempo después, disparando al menos un tiro al aire. Nadie recibió disparos y nadie resultó herido.

“Estos cargos por delitos graves reflejan la seriedad de las acciones del acusado y el peligro que representó para los manifestantes que fueron claramente víctimas de sus acciones”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Quiero dejar en claro que el derecho de todos a protestar pacíficamente debe ser salvaguardado y cualquiera que dañe ese derecho a través de una conducta ilegal enfrentará las consecuencias”.

La fiscal recordó al público que las víctimas de delitos pueden comunicarse con la División de Servicios para Víctimas de la oficina para obtener apoyo y asistencia.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito ha presentado cargos penales en varios casos relacionados con protestas, incluidos miembros de Antifa por acciones criminales en una protesta organizada en Pacific Beach y por el asalto en Imperial Beach de dos hombres que participaban en una protesta pacífica de Black Lives Matter.

Crawford se declaró inocente en la lectura de cargos hoy y está programado para comparecer a una audiencia preliminar el 28 de abril.

El ex agente del Departamento del Sheriff del condado de San Diego, Aaron Russell, de 25 años, se declaró culpable hoy de un cargo de homicidio voluntario en relación con disparar y matar a un hombre que vio escapar de una patrulla cerca de la cárcel del centro de San Diego en mayo de 2020. Russell también admitió que personalmente utilizó un arma de fuego en la comisión del crimen. Russell le disparó a Nicholas Bils, de 36 años, en la espalda y el costado mientras corría cerca de las calles Front y B Street. El incidente fue captado por una cámara de vigilancia Smart Streetlight cerca de la intersección.

Russell está programado para ser sentenciado por el juez de la Corte Superior Francis Devaney el 7 de febrero. Enfrenta a hasta 11 años en una prisión estatal.

“Como en todos los casos, mi oficina sigue la ley y la evidencia en la búsqueda de una justicia imparcial e igualitaria para todos”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Después de un análisis extenso de todas las pruebas, inclusive la presentada por la defensa después de la audiencia preliminar, la declaración de culpabilidad del acusado de homicidio voluntario por delito grave refleja con precisión que se trata de un homicidio en el que la víctima murió ilegalmente a manos del ex agente y que el ex agente creyó errónea e irracionalmente que era necesario defenderse de una amenaza inminente percibida. La Fiscalía se ha reunido con la madre de la víctima con respecto a este acuerdo. Su aportación fue un componente fundamental para determinar la resolución adecuada, ya que ha sufrido una pérdida indescriptible debido a las acciones del acusado. Nada traerá de vuelta al ser querido de esta familia, pero esperamos que esta condena les traiga justicia y rendición de cuentas.”

Nicholas Bils estaba siendo transportado a la cárcel en una patrulla de los Parques Estatales cuando sacó la mano izquierda de una de las esposas y salió correindo del vehículo. Un oficial de Parques Estatales cercano abrió la puerta de su camioneta y trató de salir para detener a Bils, pero Bils empujó la puerta contra el oficial y salió corriendo, con las esposas todavía en la muñeca derecha de Bils. El oficial de la camioneta corrió tras Bils. Russell, que entonces era un agente del Departamento dol Sheriff, estaba parado en la intersección en uniforme y observó el intento de fuga. Mientras Bils corría con una esposa alrededor de su muñeca derecha, Russell disparó cinco tiros, golpeando a Bils cuatro veces.

Durante una audiencia preliminar, otro agente del Departamento del Sheriff que también había presenciado el intento de fuga, testificó que planeaba perseguir y tumbar a Bils. Declaró que no veía la necesidad de ningún otro tipo de fuerza y que no sentía que nadie en el área estuviera en peligro inmediato. Después de una audiencia preliminar, se ordenó a Russell enfrentarse a un juicio por un cargo de asesinato en segundo grado.

Los abogados de Russell plantearon varias teorías de justificación para el uso de la fuerza, pero en el acuerdo de culpabilidad que se hizo público hoy, Russell admitió que “creía irracionalmente que yo o alguien más estaba en peligro inminente de ser asesinado o sufrir una gran lesión corporal. De hecho, pero sin razón, creí que el uso inmediato de fuerza letal era necesario para defenderme del peligro. Por lo tanto, actuando solo, utilicé personalmente mi arma de fuego pronunciada por el departamento para dispararle a Nicholas Bils, acabando con su vida.”

En enero de 2020, la ley de California cambió para permitir el uso de la fuerza letal solo cuando sea «necesario», cuando una vida esté en peligro inminente y no se disponga de métodos no letales. Anteriormente, la fuerza letal se permitía cuando era «razonable». Russell es el primer agente de la ley en California en ser acusado de homicidio desde que el estado elevó el estándar sobre cuándo los agentes del orden público pueden usar fuerza letal.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan, anunció que ella y 27 fiscales de distrito electos en todo California fueron aprobados una orden de restricción temporal del juez de la Corte Superior de Sacramento, Raymond Cadei, que impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) promulgue un aumento de 50% de créditos de custodia por “buen tiempo” a 66% de créditos para presos que han sido previamente condenados por uno o más delitos graves y violentos.

La orden judicial se produce a raíz de las regulaciones de «emergencia» promulgadas recientemente por el CDCR que permiten que se otorguen créditos de custodia adicionales a delincuentes graves y violentos, lo que lleva a su liberación anticipada de la prisión, incluidos los créditos que no se basan en completar ningún programa de rehabilitación.

Las regulaciones más recientes del CDCR también otorgan créditos adicionales por buena conducta a los reclusos que trabajan en actividades relacionadas con campamentos de bomberos. Sin relación con los créditos para campamentos de bomberos, el CDCR buscó aumentar los créditos al 66% de los créditos por buena conducta y reducir en dos tercios las condenas a los presos por segundo error. El CDCR tomó esta acción en medio de una demanda pendiente en la que la Fiscal de Distrito de San Diego también se unió para impugnar los créditos adicionales sobre la base de que había utilizado ilegalmente la excepción de emergencia para evitar los comentarios públicos. La nueva clase de créditos incluiría proporcionar créditos de custodia adicionales para los reclusos condenados por violencia doméstica, robo residencial, asalto con un arma mortal, tráfico de personas y posesión de armas, que también tienen condenas previas por delitos graves y violentos.

“Liberar temprano a los reclusos que han cometido crímenes atroces después de cumplir solo una fracción de su sentencia amenaza la seguridad de nuestras comunidades y es una bofetada para las víctimas de delitos que aún están sufriendo”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Mis compañeros Fiscales de Distrito y yo no impugnamos los créditos por buena conducta por el trabajo en un campamento de bomberos, pero extender esos créditos a los presos con antecedentes penales graves y violentos no redunda en interés de la justicia ni de la seguridad del público».

Para detener la aplicación de esta nueva «regulación de emergencia» de liberación temprana, los 28 Fiscales de Distrito presentaron una orden de restricción temporal el 22 de diciembre con la Fiscal de Distrito de Sacramento, Anne Marie Schubert, como autora principal. El 29 de diciembre, la corte concedió la petición y emitió la orden contra CDCR, abriendo la vía para presentar una demanda completa.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan, anunció hoy que un jurado ha declarado inocente al ex oficial del Departamento de Policía de La Mesa, Matthew Dages, de 30 años, de un delito grave por falsificar un informe policial.

El 27 de mayo de 2020, Dages confrontó, detuvo y arrestó a Amaurie Johnson, de 24 años, cerca de una estación de tranvía el año pasado, un incidente que provocó protestas en la ciudad. El Departamento de Policía de La Mesa no remitió el caso contra Amaurie Johnson a la Oficina de la Fiscalía de Distrito para su enjuiciamiento, pero pidió que la Oficina de la Fiscalía de Distrito revisara un caso contra Matthew Dages.

Varios agentes del orden público testificaron que la deshonestidad en los informes policiales nunca puede tolerarse en nuestro sistema judicial.

La Fiscal de Distrito Summer Stephan emitió la siguiente declaración:

“Quiero agradecer al jurado por su tiempo y consideración de este caso. Si bien respeto el veredicto del jurado, me siento orgullosa de que mi equipo luchó valientemente por la justicia sin prejuicios ni favores hacia nadie. La integridad de nuestro sistema de justicia penal depende de que los oficiales de policía presenten informes policiales veraces y nuestra revisión exhaustiva de los hechos y las pruebas nos llevó a presentar cargos y presentar el caso ante el jurado. La comunidad puede sentirse segura sabiendo que la gran mayoría de los agentes de policía de nuestro condado sirven con honor y respetan la ley mientras hacen el difícil trabajo de mantener seguras a nuestras comunidades.”