Home Depot Pagará Casi $2 Millones

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que Home Depot U.S.A. Inc., dictó sentencia y pagará $1,977,251 para resolver una denuncia de cumplimiento de la ley civil que alegaba que Home Depot había participado en publicidad engañosa y competencia desleal.

La acción fue presentada en el Tribunal Superior de San Diego por la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego junto con los Fiscales de Distrito de los condados de Alameda, Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Sonoma.

La denuncia civil presentada por los fiscales alegaba que Home Depot cobraba a los clientes precios más altos que el precio más bajo anunciado o publicado de Home Depot. El problema se suele denominar «”infracción del escáner”, que es cuando el precio del artículo, o de la etiqueta del estante del artículo, no es el mismo una vez que se escanea el código UPC en el dispositivo de punto de venta o en la caja registradora.

“Nuestra Unidad de Protección al Consumidor está comprometida a garantizar que las empresas cobren a los consumidores el precio más bajo anunciado o publicado”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Además de que las agencias del condado controlen las acciones de las empresas, el público también puede ayudar a garantizar que los precios de los escáneres y los precios de las etiquetas de los estantes sean los mismos al verificar los recibos y denunciar los cobros excesivos”.

La sentencia incluye una orden judicial que prohíbe a Home Depot realizar publicidad falsa o engañosa y cobrar un monto mayor que el precio más bajo publicado para un artículo. La sentencia requiere que Home Depot implemente un Programa de Precisión de Precios que agrega auditorías y capacitación adicionales y elimina los aumentos de precios los días de fin de semana. Los nuevos procedimientos de precisión de precios ayudarán a Home Depot a cumplir con los requisitos de precisión de precios de California.

La sentencia requiere que Home Depot pague $1,700,000 en sanciones civiles y $277,251 en costos y restitución para cubrir los costos de investigación y respaldar la aplicación futura de las leyes de protección al consumidor. Home Depot no ha admitido ninguna responsabilidad o irregularidad, pero ha cooperado con los inspectores de pesas y medidas en todo el estado y con los fiscales.

El Departamento de Agricultura del Condado de San Diego, Pesas y Medidas, es la agencia que inspeccionó Home Depot en todo el Condado de San Diego y es fundamental para supervisar a los minoristas para asegurarse de que a los consumidores se les esté cobrando el precio correcto. Los consumidores pueden denunciar los cobros excesivos a Pesas y Medidas en línea utilizando el Formulario de Queja General del Consumidor o llamando al 1-888-TRUE-SCAN (878-3722) (línea gratuita) o enviando un correo electrónico a wm.awm@sdcounty.ca.gov.

La Fiscal Auxiliar Kathryn Turner fue la abogada responsable de este caso para la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego.

Se Planean Eventos Públicos para Educar Sobre la Propuesta 36

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que se unirá a la comunidad empresarial en varios eventos comunitarios durante los próximos dos meses para educar a los dueños de negocios y al público sobre la Propuesta 36: la Ley de Reducción de la Falta de Vivienda, la Adicción a las Drogas y el Robo, una iniciativa en la boleta electoral de noviembre que abordaría el problema de la reincidencia en el comercio minorista y los distribuidores de fentanilo, junto con otros cambios relacionados a la ley. El conocimiento es poder y estos eventos brindarán una oportunidad para aprender sobre esta iniciativa que los Californianos y los habitantes de San Diego pusieron en la boleta electoral mediante la recolección de firmas.

 

En el primer evento del 18 de septiembre, la Cámara de Comercio Regional de San Diego se asociará con la Fiscal de Distrito Stephan, el Alcalde Todd Gloria, la Asociación del Centro de San Diego y la Asociación Gaslamp Quarter para organizar el taller educativo sobre la Propuesta 36. Los organizadores dicen que los participantes escucharán por qué la Propuesta 36 es una medida importante a considerar no solo para California, sino también para la región binacional de San Diego.

 

Otros foros están siendo coorganizados por la Asociación de Negocios Asiáticos, la Cámara de Comercio Afroamericana, la Cámara de Comercio Hispana, Young Black & N’ Business, la Cámara de Comercio de Oceanside, la Cámara de Comercio de Vista, la Cámara de Comercio de Fallbrook, la Cámara de Comercio de Encinitas, la Cámara de Comercio de San Marcos, la Cámara de Comercio de Carlsbad, la Cámara de Comercio de Chula Vista, la Cámara de Comercio de Otay Mesa, la Cámara de Comercio de National City, la Cámara de Comercio del Este del Condado, la Cámara de Comercio de La Mesa, la Cámara de Comercio de Lakeside, la Cámara de Comercio de Spring Valley, la Cámara de Comercio de Santee y la Corporación de Desarrollo Económico del Este del Condado.

 

Las fechas de los eventos patrocinados por empresas son:

 

18 de septiembre: Centro de la ciudad de San Diego

12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Hotel Marriott de Gaslamp

Puede encontrar aquí la inscripción (sugerida) y más información.

 

26 de septiembre: Norte del Condado

5:30 p.m. a 7:30 a.m.

Mira Costa College

Puede encontrar aquí la inscripción (recomendada) y más información.

 

3 de octubre: South County

12 p.m. a 2:00 p.m.

Auditorio de la biblioteca del Centro Cívico de Chula Vista

Se puede registrar, aquí.

 

10 de octubre: Evento East County

12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Virtual en Zoom: los detalles se publicarán aquí.

 

 

Niegan Libertad Condicional al Tirador de la Escuela Santana

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que al acusado del tiroteo en la Escuela Preparatoria Santana que abrió fuego en la escuela en Santee, California, en marzo de 2001 con un revólver, matando a dos estudiantes e hiriendo a otros 13, se le negó la libertad condicional después de una audiencia de ocho horas hoy en la que testificaron 22 víctimas. Después de la audiencia para evaluar su aptitud para ser liberado, los funcionarios de libertad condicional rechazaron la solicitud de Charles «Andy» Williams, de 38 años, y dijeron que no debería ser considerado nuevamente para su liberación durante otros tres años.

“Estoy agradecida a la Junta de Libertad Condicional por escuchar a las víctimas en este caso, cuyas vidas cambiaron para siempre por los actos premeditados y crueles del acusado que aterrorizaron un campus escolar inocente”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Ni las 13 víctimas heridas ni las familias de los dos estudiantes asesinados pueden recuperar lo que el acusado les quitó”.

Williams fue sentenciado a 50 años de prisión perpetua en junio de 2002. Su audiencia de libertad condicional se lleva a cabo exactamente 23 años después del tiroteo masivo. Su oportunidad de libertad condicional se debe a un cambio en la ley estatal que alteró las reglas de sentencia para los menores que fueron juzgados como adultos. En el caso de Williams, la ley de Libertad Condicional para Menores requiere que cualquier menor que haya sido acusado como adulto y haya recibido una sentencia de cadena perpetua tenga la oportunidad de libertad condicional a más tardar 25 años después de haber cumplido su condena. Williams tenía 15 años cuando cometió el crimen.

En la audiencia de hoy, la Fiscalía del Distrito argumentó que Williams sigue siendo un riesgo irrazonable y un peligro para la sociedad. Hoy, 22 víctimas que sufrieron como resultado del tiroteo en la escuela asistieron a la audiencia en video y brindaron declaraciones sobre el impacto en las víctimas con respecto a los efectos del tiroteo.

La Unidad de Audiencias de Libertad Condicional de la Fiscalía tiene dos objetivos principales: garantizar que los presos peligrosos con sentencias de cadena perpetua no sean liberados de manera descuidada o imprudente, y garantizar que las víctimas de delitos y sus familias tengan la oportunidad de participar en el proceso de audiencia de libertad condicional y de que se escuche su voz.

Cuando un acusado recibe una sentencia de cadena perpetua, la Unidad de Audiencias de Libertad Condicional procesa el caso para garantizar que esté listo para futuras audiencias de aptitud para la libertad condicional. Esto implica preservar las declaraciones de las víctimas y documentar la gravedad de los delitos para garantizar que los delincuentes cumplan sentencias proporcionales a sus delitos.

El año pasado, hubo 664 audiencias de libertad condicional de cadena perpetua programadas en el condado de San Diego. De ellas, 96 reclusos recibieron concesiones de libertad condicional de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California. El resto de las audiencias (568) resultaron en denegaciones, aplazamientos o estipulaciones para una denegación de la libertad condicional.

La Unidad de Audiencias de Libertad Condicional es líder a nivel estatal en materia de cadena perpetua y el condado de San Diego funciona como oficina de capacitación para otros fiscales que buscan comprender las complejas leyes que rigen las audiencias de libertad condicional.

“Nuestra Unidad Audiencias de Libertad Condicional de la Fiscalía de Distrito se ocupa de estas audiencias complejas y a menudo desgarradoras, dirigidas por el Fiscal Auxiliar John Cross, que es un líder a nivel estatal en la ley de cadena perpetua”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “La Unidad hace un excelente trabajo al representar a las víctimas y trabajar para proteger la seguridad de nuestras comunidades cuando se considera la liberación de delincuentes violentos”.

TikToker Sentenciado a Cadena Perpetua sin Libertad Condicional por Asesinar a su Esposa y su Amigo

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que Ali Abulaban, la personalidad de TikTok que mató a su esposa y su amigo en octubre de 2021, ha sido sentenciado a dos términos de cadena perpetua sin libertad condicional más 50 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

La sentencia fue dictada hoy por el juez del Tribunal Superior de San Diego, Jeffrey Fraser. Un jurado declaró a Abulaban culpable de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales el 29 de mayo después de un juicio de 16 días.

“Este acusado se llevó sin piedad la vida de dos jóvenes y el dolor que dejó a sus familias es inimaginable. Esperamos que los veredictos de culpabilidad del jurado y la sentencia de hoy traigan algo parecido a la justicia y la paz para las familias que quedaron atrás a raíz de esta terrible violencia”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Cada año, la violencia doméstica mata a un promedio de 13 personas en el condado de San Diego. Esta es una estadística que debemos enfrentar y seguir combatiendo. Una muerte a manos de una pareja íntima es una muerte de más”.

La evidencia en este caso demostró que el acusado Abulaban manejo hasta su apartamento con un arma cargada, usó una tarjeta de acceso para ingresar al apartamento e inmediatamente mató a su esposa, de quien estaba separado, Ana Abulaban y a su amigo Rayburn Barron disparándoles en la cabeza.

La Fiscal Auxiliar Taren Brast trabajó incansablemente para hacer justicia y procesó con éxito este caso.

Si usted o alguien que conoce está siendo abusado por su pareja actual o anterior, llame a la Línea Nacional de Atención Contra la Violencia Doméstica (1-800-799-7233) para recibir apoyo confidencial y asistencia para planificar su seguridad.

17 Personas Acusadas de Cometer Fraude Fiscal por COVID de $1.7 Millones

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy una acusación formal ante el gran jurado contra 17 acusados ​​que presentaron declaraciones de impuestos ilegales reclamando créditos por alivio de COVID por un total de más de $2.2 millones. El caso involucra a cuatro pandillas callejeras criminales con sede en San Diego, incluida una pandilla rival, que participaron en el plan de fraude fiscal por una pérdida final para el IRS de $1,752,788.

Photo of the Tax Refund confirmation and the jewelry bought by the defendant.Foto de la confirmación del reembolso de impuestos y joyería adquirida por el acusado.

Foto de la confirmación del reembolso de impuestos y joyería adquirida por el acusado.

El acusado Stephen Pittman, Jr., de 31 años, reclutó a personas y las ayudó a presentar sus declaraciones de impuestos fraudulentas y luego tomó un gran porcentaje del reembolso. Entre abril de 2022 y octubre de 2022, varios miembros de pandillas violentas conocidas conspiraron entre sí para cometer esta estafa para beneficio personal y para beneficiar a sus pandillas callejeras criminales. Pittman utilizó parte del dinero para comprar relojes Cartier y Rolex con incrustaciones de diamantes, tres cadenas de diamantes y un collar con incrustaciones de diamantes con el nombre de su pandilla.

“Este caso demuestra hasta dónde llegan las pandillas callejeras para buscar formas novedosas de financiar sus violentas empresas criminales y llenarse los bolsillos, en este caso estafando con éxito a los contribuyentes por casi dos millones de dólares”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Los dedicados detectives de la Policía de San Diego y los abogados de la Fiscalía de Distrito que manejan este caso siguieron el rastro de papeleo durante meses para permitirnos presentar cargos y responsabilizar a estas personas por esta estafa a gran escala”.

La estafa fue simple. El Formulario de Impuestos 7202 de 2021 incluía una parte destinada al alivio de COVID, titulada “Créditos por licencia por enfermedad y licencia familiar para ciertas personas que trabajan por cuenta propia”. El sistema del IRS decía: “No ingrese más de 60 días” en esta parte. Sin embargo, el número fue manipulado para aumentar el reembolso de impuestos fraudulento. En cada uno de los casos de los coacusados, se ingresaron fraudulentamente más de 60 días: desde 790 días hasta 15,678 días. Como resultado de las entradas fraudulentas, las declaraciones obtuvieron pagos del IRS que oscilaron entre $97,645 y $229,153 directamente en sus cuentas bancarias.

Los diversos acusados ​​están acusados ​​de 81 cargos de delitos graves, incluidos conspiración para cometer un delito, presentación de una declaración de impuestos fraudulenta, asistencia en la presentación de una declaración de impuestos fraudulenta, recepción de propiedad robada y lavado de dinero. La policía arrestó a 14 de los acusados ​​el martes, dos acusados ​​ya estaban detenidos y un acusado sigue prófugo. Los cargos contra la mayoría de los acusados ​​se llevaron a cabo hoy en el Tribunal Superior de San Diego. Si son declarados culpables de los cargos, los acusados ​​enfrentan sentencias que van desde 16 meses de cárcel hasta cadena perpetua en prisión estatal.

El fraude se descubrió durante el curso de una investigación de homicidio cuando la policía encontró un aviso de un reembolso del IRS en uno de los teléfonos de los sospechosos. Esa investigación de homicidio por separado ha llevado a que cuatro acusados ​​sean acusados ​​por el asesinato por venganza de un miembro de una pandilla rival. Ese caso está pendiente y uno de los acusados ​​ha sido declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La División de Delitos Financieros del Departamento de Policía de San Diego fue la agencia de investigación principal en el caso y los fiscales trabajaron en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo contra Pandillas del Este del Condado.

“Este caso es un testimonio de la minuciosidad de nuestros investigadores, cuya diligencia no solo ayudó a resolver un homicidio, sino que ayudó a descubrir un plan criminal importante que involucraba a una red de pandillas callejeras”, dijo el Jefe de la Policía San Diego, Scott Wahl. “Los fondos que estos sospechosos desviaron estaban destinados a la comunidad más profundamente afectada por la pandemia, y ese es un fraude que nuestro departamento no tolerará”.

Los acusados ​​nombrados en la acusación formal del gran jurado son Dajon Johnson, de 23 años, Deonte Sherman, de 29 años; Cora Wulff, de 25 años; Roshan McKinney, de 29 años; Shamira Clark, de 21 años; Ashley Davis, de 34 años; Shamar García, 37; Haben Haile, 26; Stephen Pittman, Jr., 31; Jenelle Poutoa, 27; Brandon Scales, 53; Donte Sheffield, 35; Dominik Wells, 47; Gregory Baul, 23; Michael Brooks, 41; Tahamon Brooks, 53; y Michael Bullock, 55.

Este caso está siendo procesado por los Fiscales Auxiliares Vanessa Gerard y Ted Fiorito.

Fiscalía Anuncia Colaboración Internacional Histórica con Centro de Justicia Familiar y la Fiscalía General de Baja California

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy el inicio de una asociación histórica con la Fiscalía General del Estado de Baja California, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California y One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado de la Fiscalía de Distrito. Hay cerca de 300 centros de justicia familiar en todo el mundo y este acuerdo convierte a One Safe Place en el primer centro de justicia familiar en tener una asociación internacional. Baja California es el duodécimo estado más grande por área en México.

La Fiscal de Distrito también anunció la renovación de una asociación entre el Consulado General de México en San Diego y la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego para que el Consulado de México tenga presencia en One Safe Place a través del alcance comunitario, la prevención del delito y los servicios vitales para las víctimas a las que servimos. Las asociaciones se solidificaron con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) hoy.

“Los criminales que se aprovechan de las víctimas para la trata de personas, la explotación y la violencia no conocen fronteras”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Miles cruzan la frontera todos los días entre Tijuana y San Diego para ir a trabajar, a la escuela o visitar a familiares y amigos, y sabemos que hay muchas víctimas de delitos en ambos lados de la frontera. Con esta colaboración, trabajaremos juntos para derivar a las víctimas y brindar servicios vitales en ambos lados de la frontera para optimizar la ayuda y garantizar que puedan llegar a un lugar seguro para poder sanar sin importar dónde vivan o trabajen”.

[VEA el video de la ceremonia de firma aquí.]

Desde su apertura en julio de 2022, One Safe Place ha atendido a más de 5,500 personas, ha brindado servicios legales a aproximadamente 1,500 personas y ha recibido más de 16,000 llamadas y correos electrónicos en sus diversas líneas de ayuda. One Safe Place ofrece servicios de apoyo, todos bajo un mismo techo, a cualquier persona que haya sufrido abuso infantil, agresión sexual, violencia doméstica, delitos motivados por el odio, abuso de ancianos, trata de personas, pérdida violenta, violencia familiar u otro tipo de abuso o victimización. Todo esto se realiza en colaboración con más de 100 organizaciones y agencias comunitarias, como el Consulado de México y ahora la Fiscalía General del estado de Baja California y el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Baja California, creado para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas mediante la prestación de servicios legales, psicológicos y sociales. Las víctimas ya no se verán obligadas a cruzar la frontera, a veces esperando horas, para obtener los servicios. Esta asociación garantizará derivaciones culturalmente sensibles para que las víctimas accedan a los recursos donde viven, trabajan o donde se sienten más cómodas.

“La violencia en contra de mujeres, niños, niñas y personas vulnerables deja una huella profunda en sus vidas, es necesario desarrollar y aplicar protocolos de actuación para garantizar una atención integral y sensible a las víctimas de violencia de género,” dijo la Fiscal General de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez. “Por ello agradezco a la Oficina de la Fiscalía del Condado en San Diego, al facilitar un espacio en donde las autoridades mexicanas pueden atender a sus connacionales víctimas de este delito. Baja California y California, comparten una historia de lucha en contra de los criminales que cometen delitos en ambos lados de la frontera. Estamos convencidos de que el trabajo en conjunto es una oportunidad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación para lograr que las victimas reciban ayuda para sanar sus heridas físicas y emocionales además garantizar justicia para ellas.”

 

“Considerando la realidad de la violencia de género en nuestro estado y nuestra estrecha relación con Estados Unidos, fortalecer la cooperación binacional no es solo importante, es imperativo,” señaló Magdalena Bautista, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California. “La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, por lo que la justicia y la protección tampoco deben tener límites. A través de este acuerdo de entendimiento, estamos dando un paso significativo para ampliar nuestro impacto y eficacia en la atención y acceso a la justicia para las mujeres, y reafirmamos con más fuerza que nunca nuestro compromiso de construir un futuro donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo, y donde la justicia no conozca fronteras.”

District Attorney Summer Stephan stands with the Consulate General of Mexico Alicia Kerber-Palma, Attorney General of Baja California Maria Elena Andrade, the Director of Baja California Justice Center for Women Magdalena Bautista, all holding up the signed MOUs.La renovación del MOU con el Consulado de México crea más oportunidades para la colaboración con One Safe Place en el trabajo de alcance comunitario y prevención, incluida la participación del Consulado en el evento comunitario informativo gratuito “Cafecito Con La Comunidad”, que se lleva a cabo el segundo viernes de cada mes en One Safe Place. Juntos, el Consulado de México y One Safe Place han organizado eventos sobre bienestar, han hecho conexiones universitarias para estudiantes de primera generación y han brindado servicios del Consulado en One Safe Place para satisfacer las necesidades de la comunidad del norte del condado y aliviar las barreras de transporte para aquellos que no pueden viajar a la oficina principal del Consulado en el centro de San Diego.

“Abordar la violencia doméstica requiere de un esfuerzo colectivo,” dijo Alicia Kerber-Palma, Cónsul General de Mexico en San Diego. “Es crucial que trabajemos juntos, agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias y líderes locales para brindar apoyo a las víctimas y prevenir futuros casos de abuso. La asistencia consular y la protección de las comunidades mexicanas en el exterior a través del Consulado General de México en San Diego, constituye la más alta prioridad de nuestra política exterior.”

 

“La continua colaboración con el Consulado de México ha ayudado a fortalecer un puente con la comunidad Latina y ayuda a mejorar su confianza en las agencias del orden público cuando denuncian un delito y buscan ayuda cuando son víctimas”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Juntos seguiremos trabajando para garantizar que las víctimas que buscan servicios en One Safe Place, donde el Consulado de México es un socio en el sitio, reciban ayuda culturalmente sensible en su idioma nativo que se centra en la seguridad, la justicia y la sanación”.

One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado está ubicado en 1050 Los Vallecitos Blvd., San Marcos, CA 92069. Está abierto de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m. y los sábados de 8 p.m. a 12 p. m. El Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California está ubicado en la Avenida Moctezuma #1, Colonia Residencial de Cortez, Camino Verde, 22190 Tijuana, Baja California, con un horario de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

[VIDEO de One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado.]

Ex Concejal de Chula Vista Andrea Cardenas Fue Sentenciada por Cargos de Hurto Mayor

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que la acusada Andrea Cardenas, de 32 años, ex concejal de la ciudad de Chula Vista, fue sentenciada el 28 de agosto a dos años de libertad condicional formal por cometer dos delitos graves de hurto mayor. También se le ordenó completar 100 horas de trabajo voluntario. El Departamento de Libertad Condicional y la Oficina de la Fiscalía de Distrito solicitaron que cumpliera 180 días en la cárcel del condado, pero finalmente fue sentenciada a crédito por el tiempo cumplido de un día de prisión.

“Nuestro dedicado equipo de la Fiscalía llevó a cabo una investigación exhaustiva en la que cumplieron 27 órdenes de allanamiento para examinar cuentas financieras y de correo electrónico”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “La investigación demostró que Cardenas había participado en múltiples esquemas de fraude durante varios años. En este tipo de casos, a menudo dependemos del público, los medios de comunicación o las personas que sospechan de irregularidades para que denuncien posibles delitos contra la integridad pública a nuestra oficina para que podamos investigar”.

Si Cárdenas viola los términos de su libertad condicional, se le podría ordenar que cumpla hasta dos años y ocho meses de cárcel. Cárdenas se declaró culpable de fraude, relacionado con fondos obtenidos del Programa de Protección de Cheques de Pago federal y del Departamento de Desarrollo del Empleo del estado. Cárdenas engañó al gobierno de los Estados Unidos con $176,000 en fondos de ayuda de COVID-19, que lavó y usó para pagar gastos personales como su propia deuda de campaña. También solicitó ilegalmente más de $28,000 en beneficios de desempleo.

La Jueza de la Corte Superior Rachel Cano ordenó que los términos de la libertad condicional de Cárdenas también incluyan que se someta a registros e incautaciones, debe operar cualquier negocio legalmente y cumplir con todas las reglas y regulaciones de dicho negocio, incluyendo tener licencia, pagar impuestos y cumplir con cualquier ley de financiamiento de campañas. También debe devolver la cantidad total que robó, incluidos $176,227 a la Administración de Pequeñas Empresas, $28,908 al Departamento de Desarrollo del Empleo y una cantidad a determinar a la Junta de Impuestos de Franquicia.

Cárdenas trabajaba para una empresa de consultoría política llamada Grassroots Resources, fundada en 2016 por su hermano, Jesús Cárdenas. Tenía el título de Directora de Participación Comunitaria, pero en realidad tenía un papel como Directora de Operaciones. En 2019, Grassroots Resources comenzó a actuar como un servicio de nómina para uno de sus clientes, Harbor Collective, un dispensario de marihuana. A principios de 2021, Grassroots Resources estaba siendo presionada para pagar deudas, incluido el dinero adeudado a TMC Direct, una empresa de correo político.

En febrero de 2021, Jesús y Andrea Cárdenas solicitaron un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas a través de PayPal. Tergiversaron varios elementos de la solicitud, entre ellos: que Grassroots tenía 34 empleados, cuando en realidad 30 de estos individuos trabajaban para Harbor Collective; que no estaban involucrados en una actividad ilegal según la ley federal (los dispensarios de marihuana no son legales según la ley federal); que no eran una empresa dedicada a la consultoría política; y que los fondos del préstamo se utilizarían para cubrir los gastos de nómina. El préstamo fue aprobado por $176,227.

El 3 de mayo de 2021, $176,227 de los fondos del préstamo PPP se depositaron en una cuenta comercial de Grassroots. En el transcurso de las siguientes dos semanas, el dinero se transfirió entre dos cuentas diferentes de Grassroots. Desde allí, los hermanos Cárdenas utilizaron los fondos PPP para pagar múltiples gastos personales, incluida la deuda de campaña.

En un esquema de fraude separado en 2020, Cárdenas solicitó ilegalmente beneficios de desempleo y recibió $28,908 del Departamento de Desarrollo del Empleo. Ella tergiversó en las solicitudes que no estaba trabajando y que no recibía ningún ingreso. Sin embargo, Grassroots Resources, para la que trabajaba, estaba en pleno funcionamiento durante ese año electoral y se ocupaba de las campañas de varios candidatos y otras entidades.

Este caso fue procesado por la Unidad de Integridad Pública de la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. Los miembros del equipo incluyeron a los Fiscales Auxiliares Chandelle Boyce, Héctor Jiménez, Leon Schorr, los Investigadores de la Fiscalía de Distrito James Hawksley, Justin Bostic y el Contador Forense Kevin Boyne. La investigación también contó con la ayuda de la Unidad de Fraude por Covid del Departamento de Seguridad Nacional.

“Nuestra oficina sigue comprometida con el procesamiento de casos que involucran mal uso de fondos públicos, corrupción política y mala conducta criminal de funcionarios del gobierno”, dijo la fiscal Stephan. “Los objetivos de estos procesos no son únicamente obtener el máximo tiempo de detención, sino que a menudo incluyen otros objetivos como asegurarse de que las personas que participan en la corrupción no ocupen cargos públicos y no puedan buscar un cargo público en el futuro, por ejemplo”.

Fiscalía Alerta a Víctimas Sobre Próxima Audiencia de Libertad Condicional

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que, de acuerdo con los deberes de su oficina de garantizar la transparencia e informar a las víctimas según la ley de Marsy, las víctimas del tiroteo en la escuela preparatoria Santana High School pueden asistir a una próxima audiencia de libertad condicional para el pistolero, Charles «Andy» Williams. Williams abrió fuego en la escuela en Santee, California, en marzo de 2001 con un revólver, matando a dos estudiantes e hiriendo a otros 13. La Oficina de la Fiscalía de Distrito representará al Pueblo en la audiencia.

“La participación de las víctimas en audiencias como esta es una parte extremadamente importante del proceso”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Este crimen en particular tiene cientos de víctimas asociadas y es importante para nosotros que las víctimas conozcan sus derechos bajo la ley para participar en la audiencia de libertad condicional si así lo desean”.

Williams fue sentenciado a una pena de entre 50 años en prisión y cadena perpetua en junio de 2002. Su audiencia de libertad condicional se produce exactamente 23 años después del tiroteo masivo. Su oportunidad de libertad condicional se debe a un cambio en la ley estatal que alteró las pautas de sentencia para los menores que fueron juzgados como adultos. En el caso de Williams, la ley de libertad condicional para menores exige que cualquier menor que haya sido acusado como adulto y haya recibido una sentencia de cadena perpetua tenga la oportunidad de obtener la libertad condicional a más tardar 25 años después de haber cumplido su condena. Williams tenía 15 años cuando cometió el crimen.

La audiencia de Williams ante la Junta de Audiencias de Libertad Condicional está programada para el 10 de septiembre a las 8:30 a. m. y se llevará a cabo por videoconferencia. Las víctimas que estén interesadas en asistir a la audiencia deben comunicarse con la Junta de Libertad Condicional antes del 26 de agosto.

Las víctimas, los parientes más cercanos de las víctimas, los miembros de la familia, las personas de apoyo o los representantes designados pueden comparecer y participar en la audiencia por videoconferencia o teléfono. La participación incluye la opción de hablar en la audiencia. Si desea asistir a la audiencia de libertad condicional, puede notificar a la Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes por correo electrónico a victimservices@cdcr.ca.gov o por teléfono al 1-877-256-6877. Cuando les notifique su intención de asistir a una audiencia, indíqueles la forma en que participará (por videoconferencia o por teléfono).

Para obtener más información sobre cómo ser incluido en la audiencia, las víctimas pueden comunicarse con la Unidad de Audiencias de Cadena Perpetua de la Fiscalía de Distrito al 619-531-4115 o al SanDiegoDA@sdcda.org.

Puede encontrar más información sobre las Audiencias de Libertad Condicional para Delincuentes Juveniles aquí.

Hombre que Atacó a Conductor de Autobús de MTS es Acusado de Intento de Asesinato

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que se han presentado cargos de intento de asesinato premeditado e intento de robo contra un hombre de 50 años, que atacó a un conductor de autobús de MTS en Escondido esta semana apuñalando brutalmente a la víctima varias veces con un cuchillo grande, causándole graves lesiones corporales. El acusado Mario Félix se declaró no culpable en el Tribunal Superior de Vista esta tarde. Se enfrenta a una pena de entre 65 años y cadena perpetua si es declarado culpable y se encuentra detenido sin derecho a fianza.

El miércoles, Félix subió a un autobús de MTS en la estación Sprinter de Escondido y exigió al conductor que lo llevara gratis. Cuando el conductor le dijo a Félix que tenía que pagar, se enfureció y exigió la cartera de la víctima y amenazó con matarlo antes de usar un cuchillo para apuñalar al conductor en el torso, el estómago, el hombro y la espalda. La víctima logró empujar a Félix fuera del autobús mientras lo apuñalaba, pero Félix inmediatamente saltó de nuevo al autobús y dio una última puñalada antes de alejarse.

Los testigos siguieron a Félix y dirigieron a la policía al escondite del acusado detrás de un contenedor de basura, donde fue detenido.

“Los conductores de autobús y los trabajadores del transporte público han sido cada vez más sometidos a la violencia mientras realizan sus importantes y esenciales trabajos”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Este caso es un ejemplo horrible de una amenaza creciente que hace que el trabajo ya difícil de por sí de los trabajadores del transporte público sea más peligroso”.

El apuñalamiento se produce en medio de un aumento de delitos violentos y otros actos delictivos en el transporte público del condado de San Diego. La Fiscalía de Distrito examinó los datos de los casos penales durante un período de 17 meses entre enero de 2022 y abril de 2024 y encontró las siguientes tendencias:

  • Más de 1,200 casos emitidos por la Fiscalía de Distrito involucraron un elemento de tránsito, como un pasajero, un trabajador, un vehículo o una instalación de tránsito como MTS o NCTD.
  • El 35% de los casos emitidos involucran un cargo por delito violento.
  • A partir del verano de 2023, hubo un aumento del 65% en el número promedio mensual de casos emitidos que involucran al sistema de tránsito, aumentando de 35 a 58 por mes.
  • De los casos emitidos, el 33% de ellos involucran pasajeros, mientras que el 13% de ellos involucran delitos contra un trabajador del tránsito, con el 6% involucrando a conductores.

“Esta preocupante tendencia de delitos que involucran a nuestros sistemas de transporte también ha afectado a los pasajeros”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Todos merecen estar seguros y nuestro equipo en la oficina de la Fiscalía de Distrito trabajará en asociación con el Departamento de Policía de Escondido para hacer justicia en este caso a la víctima inocente, que simplemente estaba haciendo su trabajo. Trabajando con nuestros socios del orden público y MTS, estamos comprometidos a prevenir que se cometan delitos como este en el transporte público. Mi oficina ha reunido estos datos para ayudar a guiar las acciones estratégicas para mejorar la seguridad pública”.

Felix estará nuevamente en la corte el 20 de agosto. El Abogado Fiscal Auxiliar Keith Watanabe está procesando este caso.

Fiscalía Presenta Cargos a Acusados Red de Robos que Opera en el Sur de California

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, y el Jefe de Policía de San Diego, Scott Wahl, anunciaron hoy que nueve personas ​​han sido acusadas ​​en relación con 30 robos en la ciudad de San Diego, tras una larga investigación. La investigación abarcó aproximadamente 55 robos a viviendas cometidos en California y Nevada. La pérdida total para las víctimas en el condado de San Diego es de al menos $700,000. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

En el condado de San Diego, los acusados ​​se centraron principalmente en viviendas del vecindario de Mira Mesa desde febrero hasta mayo de este año. Una redada de varias agencias condujo a arrestos la semana pasada en Los Ángeles y en todo el condado de Riverside. Los acusados ​​fueron procesados ​​en el Tribunal Superior de San Diego en los últimos días.

“Detener a esta prolífica banda de ladrones requirió una increíble coordinación entre las fuerzas del orden en varias jurisdicciones y de muchas agencias diferentes”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Este proceso envía un mensaje contundente: si los delincuentes vienen al condado de San Diego a robar a nuestros residentes, los rastrearemos y los haremos responsables”.

A cada acusado se le imputan entre tres y 24 cargos de robo residencial en primer grado y conspiración para cometer robo. Si son declarados culpables de todos los cargos, se enfrentan a una pena de entre ocho años y ocho meses a 35 años de prisión estatal, según su nivel de participación y antecedentes penales.

“Nuestros hogares son el lugar donde deberíamos sentirnos seguros, pero estos delincuentes se aprovecharon de nuestras comunidades para llevar a cabo sus delitos”, dijo el Subjefe de la Policía de San Diego, Paul Connelly. “Esta investigación conjunta requirió una gran colaboración y coordinación para poner fin a una serie de robos que se extendieron a dos estados. Los residentes de San Diego pueden estar seguros de que sus hogares están más seguros gracias al excelente trabajo de investigación del Departamento de Policía de San Diego, junto con tantos otros socios de las fuerzas del orden”.

Mapa de los robos residenciales cometidos en esta serie de robos.

Mapa de los robos residenciales cometidos en esta serie de robos.

Casi 100 agentes de la ley trabajaron en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de San Diego y la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego para realizar la vigilancia, entregar las órdenes de cateo y realizar los arrestos. Se recuperaron 11 armas de fuego, así como grandes cantidades de dinero en efectivo. Dos grupos separados que tenían un cómplice en común cometieron los robos. Los acusados residen en los condados de Riverside y Los Ángeles. Además de atacar el condado de San Diego, los ladrones también cometieron robos en los condados de Los Ángeles, Riverside y Orange.

Los grupos de ladrones eran, por lo general, grupos de al menos tres personas que llevaban máscaras y guantes. Abrían las ventanillas traseras corredizas de cristal, se llevaban todos los objetos de valor que podían y luego huían del lugar. Muchos de los robos eran, en esencia, pequeñas oleadas de delitos que se producían una tras otra el mismo día.

Los acusados ​​en el caso son Amaya Armstead, de 24 años; Timmon Betts, de 23 años; Gregory Davis III, de 19 años; Daniel Esquivel, de 22 años; Tyrell Haley, de 24 años; Nakia McBarth Jr., de 22 años; Khaliq Thomas, de 22 años; Noel Torres, de 23 años; y Keshaun Watson, de 18 años.

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