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Operativo Encubierto Resulta En Arresto de Decenas de Narcotraficantes en East Village

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que un gran jurado emitió 23 acusaciones formales contra 34 acusados que vendían drogas abiertamente en varios lugares del vecindario East Village de San Diego, incluyendo la venta de fentanilo, metanfetamina y cocaína “crack”. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

El jueves pasado, 23 de los acusados fueron arrestados durante un operativo de detención en East Village.

Las fuerzas del orden de San Diego completaron un operativo de dos meses destinado a desmantelar los mercados de drogas al aire libre en East Village, reducir el crimen en el área y aumentar la seguridad pública para los residentes. El Operativo Street Sweeper, llevado a cabo de septiembre a octubre de 2025, se enfocó en varios lugares identificados por el Departamento de Policía de San Diego como puntos críticos de venta ilegal de drogas, incluyendo las calles 16 y 17, las calles K y C, así como Imperial Avenue y Broadway.

“Este operativo refleja una respuesta coordinada y proactiva de las fuerzas del orden hacia la comunidad a la que servimos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en un área del centro que continúa enfrentando desafíos de seguridad pública”, dijo la Fiscal Stephan. “La comunidad de East Village merece estar segura y no tener a sus familias expuestas a la venta abierta de drogas y los delitos asociados. Esta operación se enfocó en los traficantes que vendían drogas tóxicas como el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína base. Es evidente que el aumento en la venta de drogas también es la razón del aumento en las sobredosis en las mismas áreas.”

El operativo fue un esfuerzo colaborativo que involucró al Departamento de Policía de San Diego, al Equipo de Supresión y Reducción del Fentanilo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI FAST, por sus siglas en inglés), con apoyo adicional de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, que está procesando a tres sospechosos adicionales relacionados con el caso.

“Los residentes de East Village han solicitado durante mucho tiempo una mayor aplicación de la ley contra los delitos relacionados con drogas, y el Operativo Street Sweeper hizo precisamente eso”, dijo el Jefe de Policía de San Diego Scott Wahl. “Con esta operación, nos enfocamos en el consumo abierto de drogas y la venta de narcóticos que ocurrían en East Village, algo por lo que niños y familias pasaban todos los días. Con nuestros socios en la aplicación de la ley, pudimos generar un impacto significativo en la calidad de vida en el centro de San Diego.”

Agentes encubiertos realizaron numerosas compras y operaciones de vigilancia durante el período de dos meses, enfocándose exclusivamente en traficantes que vendían sustancias como fentanilo, metanfetamina y cocaína base (crack). El esfuerzo coordinado tuvo como objetivo no solo interrumpir la distribución de drogas, sino también reducir los delitos asociados en el corredor del centro.

Las acusaciones incluyen cargos que van desde la venta y posesión con intención de venta de estas peligrosas sustancias controladas. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una variedad de sentencias bajo la ley estatal.

“A las personas que viven y trabajan en el centro: los adultos han retomado el control”, dijo el Fiscal Federal Adam Gordon.

Las autoridades indicaron que las alianzas son clave para abordar el aumento del crimen observado en el área.

“El equipo FAST de HSI es una fuerza de tarea colaborativa de agencias del orden federales, estatales y locales enfocadas en combatir el contrabando, la distribución y la venta de drogas sintéticas mortales en nuestras comunidades”, dijo Kevin Murphy, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional. “El Operativo Street Sweeper demuestra el éxito que podemos lograr cuando trabajamos juntos para llevar a cabo investigaciones de alto impacto y hacer nuestras comunidades más seguras.”

La evidencia ante el gran jurado fue presentada por las Fiscales Auxiliares Lauren Wake y Edith Leon, fiscales de la División de Narcóticos Mayores de la Fiscalía del Distrito.

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Fondos Robados Regresan para Apoyar a Estudiantes

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que la Junta de Supervisores del Condado de San Diego otorgó a su oficina la autoridad para conceder $25 millones del Fideicomiso por Fraude en Escuelas Charter a la Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE, por sus siglas en inglés), con el fin de financiar un plan integral a nivel del condado, de siete años de duración, para fortalecer y ampliar el acceso a apoyos de salud mental, seguridad, bienestar y educación para estudiantes de K–12 y sus familias. El plan, sensible a las necesidades de la comunidad, se enfoca en las fortalezas y necesidades únicas de cada región para conectar recursos esenciales con estudiantes que experimentan falta de vivienda y otros jóvenes que pueden prosperar con apoyo adicional. La Junta aprobó la subvención en su reunión del 28 de enero.

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“Este financiamiento marcará una diferencia real en la vida de los estudiantes de K–12 y sus familias mientras enfrentan desafíos de bienestar, seguridad, falta de vivienda y salud mental”, dijo la Fiscal Stephan. “Sigo estando muy orgullosa de nuestro equipo experto de fiscales en corrupción pública y protección al consumidor, que logró justicia en el caso penal de A3 Charter Schools y que ahora está permitiendo ver cómo el fideicomiso establecido como resultado del caso impacta positivamente a la comunidad, canalizando el dinero robado por los acusados de regreso a jóvenes merecedores en nuestras escuelas”.

Los fondos de la subvención provienen de multas penales impuestas en el histórico caso de fraude de A3 Charter Schools, procesado por la Fiscalía del Distrito del Condado de San Diego. En total, se recuperaron más de $280 millones en fondos robados. El juez que supervisó el caso ordenó que una parte de las multas se pagara al Condado de San Diego, otra parte a las víctimas desde kínder hasta el grado 12, y otra parte al estado de California.

En virtud de una resolución aprobada por unanimidad por la Junta de Supervisores del Condado de San Diego en 2021, las multas impuestas por el tribunal relacionadas con este caso fueron designadas y dedicadas exclusivamente a programas que atienden directamente las necesidades de estudiantes de kínder a 12º grado en el Condado de San Diego. Los fondos no están destinados a programas operativos del Condado, sino a apoyar iniciativas comunitarias enfocadas en la educación, de conformidad con la intención del tribunal. Tras el desembolso de la subvención de $25 millones, el Fideicomiso por Fraude en Escuelas Charter contará con $5 millones restantes. El Juez del Tribunal Superior Fred Link, quien presidió magistralmente el caso penal, emitió directrices claras respecto a los fondos recuperados, y esta acción cumple con la dirección del tribunal.

La recomendación de la Junta autoriza a la Fiscalía de Distrito a continuar administrando su Programa de Subvenciones Comunitarias (CGP, por sus siglas en inglés) y a otorgar la subvención única de $25 millones a SDCOE para implementar la iniciativa HeartSpire, un plan a nivel del condado con una duración de siete años. Esta acción se basa en aprobaciones previas de la Junta relacionadas con el CGP y el Fideicomiso por Fraude en Escuelas Charter. Los $25 millones representan en realidad un monto agregado de varias subvenciones de entre $2.2 millones y $3.8 millones cada una, a lo largo de siete años escolares.

La iniciativa HeartSpire de SDCOE está diseñada para conectar y amplificar el trabajo que se realiza en los planteles escolares y en los servicios del condado en los cinco distritos de supervisión. De conformidad con acciones previas de subvenciones K–12, el enfoque está en el acceso equitativo y la cobertura regional, en lugar de limitar las inversiones a una sola área geográfica.

“Estamos agradecidos de que la Fiscal de Distrito haya confiado a SDCOE esta oportunidad para ampliar nuestros esfuerzos y generar un impacto positivo en estudiantes, familias y comunidades en todo el condado”, dijo la Dra. Gloria E. Ciriza, Superintendenta de Escuelas del Condado de San Diego. “HeartSpire se basa en la convicción de que la conexión humana, la salud mental y la infraestructura relacional son esenciales para sistemas educativos prósperos. En consecuencia, esta subvención alineará a la Fiscalía del Distrito, las escuelas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado y a organizaciones comunitarias para ofrecer servicios integrados que marquen una diferencia real para estudiantes y familias”.

Tras el establecimiento del fideicomiso, un grupo de trabajo interdepartamental con representantes de la Fiscalía de Distrito, Servicios de Salud Conductual, la Oficina del Condado de Equidad y Justicia Racial, y el Departamento de Bienestar Infantil y Familiar revisó las opciones para el uso de los fondos. Con base en esas discusiones, en 2022 se otorgó una fase inicial de 47 subvenciones comunitarias K–12 por un total aproximado de $6.4 millones. Dichas subvenciones apoyaron alfabetización, tutorías, mentorías, liderazgo juvenil y servicios de salud mental y bienestar. La actividad inicial de subvenciones informó la consideración posterior de oportunidades para un enfoque regional más coordinado, lo que condujo a la propuesta HeartSpire de SDCOE.

El grupo de trabajo existente del Condado tendrá oportunidades de revisar el progreso del programa, las metas y las actualizaciones conforme avance la implementación, particularmente antes de futuros periodos de financiamiento dentro del plan de siete años.

El Programa de Subvenciones Comunitarias (CGP) de la Fiscalía de Distrito se originó a partir de esfuerzos tempranos de reducción y prevención del delito y posteriormente fue ampliado por la Junta para incluir iniciativas K–12 enfocadas en educación y prevención, incluidas las subvenciones financiadas a través del Fideicomiso por Fraude en Escuelas Charter. La propuesta HeartSpire representa una continuación de esa evolución, al tiempo que mantiene el propósito central del CGP de apoyar soluciones comunitarias que promuevan la seguridad, el bienestar y las oportunidades.

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Víctima Ryan Cunningham (Foto de 10News)

Un Gran Jurado Acusa a Cuatro Pandilleros por Homicidio en Caso Sin Resolver en Chula Vista

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un gran jurado ha presentado una acusación formal contra cuatro pandilleros que atacaron y asesinaron a un hombre en un restaurante de Chula Vista hace casi 21 años. José Roque-García, de 50 años; Carlos Herrera, de 42; Marco Herrera, de 41; y Franco Domínguez, de 43, han sido acusados de asesinato. Los acusados fueron procesados hoy ante el Tribunal Superior de San Diego.

“Este caso demuestra que mi oficina, trabajando junto con las fuerzas del orden, continuará buscando justicia sin importar cuánto tiempo tome. La determinación de la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía, trabajando de la mano con nuestros fiscales para luchar por justicia para esta víctima inocente, nunca flaqueó”, dijo la Fiscal Stephan. “Fue un crimen brutal que le quitó la vida a una víctima que esperaba con ilusión comenzar el siguiente capítulo de su vida”.

El 20 de marzo de 2004, Roque-García, un miembro de alto rango de un cártel mexicano de drogas, se encontraba en La Bella’s Pizza Garden en Chula Vista celebrando el “baby shower” de su entonces novia y madre de su hijo. Durante el evento, la novia de Roque-García acusó a un cliente del restaurante, Ryan Cunningham, de 22 años, de haber robado las llaves de su automóvil. Cunningham era un transeúnte inocente que simplemente se encontraba en el restaurante disfrutando de una bebida mientras celebraba su próxima mudanza a Arizona al día siguiente. Roque-García llamó a sus asociados de pandilla y les ordenó que fueran al restaurante para “j***r” (“f— up”) a Cunningham.

Minutos después, Domínguez y los hermanos Herrera condujeron hasta La Bella’s, donde Roque-García señaló a la víctima. Utilizando un pedazo de madera de 2 x 4, un taser, una silla de metal y un cuchillo, el grupo atacó de manera conjunta y brutal a la víctima desprevenida y desarmada, culminando en una puñalada fatal en el pecho de la víctima.

A pesar del excelente trabajo de investigación del Departamento de Policía de Chula Vista, el caso quedó sin resolver durante décadas al no contar con pistas significativas. Al reexaminar el caso en los últimos años, los fiscales y los investigadores de la Fiscalía lograron unir piezas de evidencia faltantes que finalmente respaldaron la acusación del gran jurado.

Las agencias de seguridad pública involucradas en la investigación incluyen el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, que brindó asistencia e información al Departamento de Policía de Chula Vista. Durante la investigación se ejecutaron numerosas órdenes de registro y se volvió a examinar evidencia de ADN. Franco Domínguez, Carlos Herrera y Marco Herrera fueron puestos bajo custodia el 15 de enero sin incidentes. Roque-García ya se encontraba bajo custodia.

El caso está siendo procesado por los Fiscales Auxiliares Robert Eacret, Christopher Netniss y Michael Reilly, de la División de Pandillas de la Fiscalía, con el apoyo clave y la participación del Investigador de la Fiscalía del Distrito, Marco Mercado.

Prisoner handcuffed behind bars

Depredador de Familia Sentenciado por Abusar de Múltiples Familiares durante Años

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un hombre que abusó sexualmente de cinco sobrinas de entre 5 y 16 años durante varios años ha sido sentenciado a prisión.

Joaquín Ruiz, de 45 años, fue sentenciado a entre 102 años y cadena perpetua por 18 cargos de abuso sexual infantil, incluyendo actos lascivos forzados, cópula con una niña más de 10 años menor, posesión de material de abuso sexual infantil y otros cargos. Un jurado lo declaró culpable en agosto de todos los cargos.

“Los depredadores que roban la inocencia de un niño, creando un trauma para toda la vida, no tienen lugar en nuestra sociedad”, declaró la Fiscal de Distrito Stephan. La sentencia de hoy es un mensaje para los abusadores sexuales: rendirán cuentas y no se esconderán en las sombras, independientemente de sus afiliaciones. Agradezco a nuestro equipo experto en la fiscalía de abuso sexual, que hizo justicia a las víctimas en este caso.

Considerado un religioso devoto, el acusado Ruiz era conocido como «el hombre perfecto» en su familia, tanto que cuando la primera víctima reveló lo sucedido, sus padres y la esposa del acusado no le creyeron. Esto provocó que la víctima se retractara y se disculpara con el acusado. Una segunda sobrina reveló lo que Ruiz le hizo, pero la madre y la hermana de la niña mantuvieron la revelación en secreto durante meses hasta que confrontaron a Ruiz y a su esposa en un parque. La confrontación se volvió tan acalorada que llamaron a la policía, lo que dio inicio a la investigación de abuso infantil. La investigación reveló más víctimas, videos de cámaras ocultas que Ruiz colocó en sus baños para grabar a los niños pequeños usando el inodoro y capturas de pantalla de material de abuso sexual infantil de sitios web que el acusado visitó.

El abuso sexual infantil es un delito muy grave que puede afectar a la víctima para siempre. Las víctimas sufren mayores índices de dificultades escolares, depresión, abuso de sustancias, ansiedad, estrés postraumático, trastornos alimentarios o del sueño y suicidio. Sin embargo, el abuso sexual infantil se puede prevenir, y se anima a los padres y tutores a hablar con sus hijos sobre lo que es y no es apropiado. Para obtener más recursos, visite la página de la Fiscalía sobre prevención del abuso sexual.

La Fiscal Auxiliar An Dang procesó este caso.

Condena de 24 Años de Prisión para Miembro de Pandilla que Disparó y Paralizó a una Adolescente Inocente

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que las acusaciones contra tres miembros de pandillas involucrados en un tiroteo ocurrido hace dos años —que dejó paralizada a una adolescente inocente— han concluido con la sentencia del último acusado, Juan Velazco Diaz, de 21 años de edadd, a 24 años en prisión estatal por sus crímenes violentos.

El 28 de octubre de 2023, dos grupos rivales de pandillas se enfrentaron afuera de una fiesta de preparatoria en el área de Talmadge, en San Diego. Tras intercambiar desafíos verbales relacionados con pandillas, un miembro de cada pandilla, Juan Velazco Diaz y Kenneth Hill, sacaron armas de fuego y se dispararon entre sí. Velazco Diaz disparó primero, falló a su objetivo y la bala impactó a Brianna Wallace, una porrista de preparatoria de 17 años de edad, que se encontraba al otro lado de la calle cerca de la cuadra 4400 de Winona Avenue. Wallace recibió un disparo en la espalda y quedó paralizada de inmediato de la cintura hacia abajo.

“Es desgarrador cuando miembros inocentes de nuestra comunidad quedan atrapados en el fuego cruzado de una violencia de pandillas sin sentido”, dijo la Fiscal Stephan. “Nuestros corazones están con la víctima adolescente, cuyo valiente testimonio fue fundamental para lograr justicia en este caso. Los actos de violencia de pandillas devastan vecindarios y nunca serán tolerados. Nuestra oficina mantiene su compromiso de responsabilizar plenamente a quienes cometen este tipo de violencia y de trabajar con nuestros socios de las fuerzas del orden para reducir el crimen organizado de pandillas y prevenir que estas tragedias ocurran”.

Tras una investigación conjunta entre la Unidad de Pandillas del Departamento de Policía de San Diego y la Unidad de Pandillas de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, Velazco Diaz, Kenneth Hill, de 20 años, y Davian Austin, de 21 años, fueron arrestados por su participación y procesados judicialmente. Hill y Austin fueron declarados culpables de agresión con arma de fuego, y Velazco Diaz fue condenado por intento de asesinato con uso de arma de fuego y agresión con uso de arma de fuego que causó parálisis. Hill recibió una condena de nueve años de prisión. Austin fue sentenciado a un año de cárcel y puesto en libertad condicional formal por dos años.

El Fiscal Auxiliar Kyle Sutterley, de la División de Pandillas de la Fiscalía, llevó la acusación en este caso.

La División de Pandillas de la Fiscalía de Distrito procesa casos complejos de homicidio y otros delitos graves perpetrados por miembros violentos de pandillas que aterrorizan a los vecindarios. Estos casos son manejados por un solo fiscal de principio a fin —también conocido como enjuiciamiento vertical. Los casos de esta división son atendidos por 26 fiscales y 20 investigadores altamente capacitados para llevar justicia a las familias afectadas por la violencia. En 2024, la División de Pandillas llevó a cabo 23 juicios con jurado por homicidio, lo que representa más del 40% del total de homicidios juzgados en la Fiscalía. La división también procesó otros casos, incluidos secuestro con fines de violación, agresión con lesiones corporales graves, robo, robo de vehículos y posesión de armas de fuego ilegales —como las llamadas “armas fantasma”— por parte de miembros de pandillas.

Gran Jurado Imputa a 21 Acusados por Conspirar Para Participar en Carreras Callejeras Altamente Peligrosas

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que 21 personas han sido imputadas por un gran jurado por conspirar para participar en exhibiciones de velocidad, así como en actos de conducción imprudente ilegal y competencias de velocidad en carreteras públicas, por emoción, competencia, presumir y con el propósito de obtener fama en redes sociales. Los cargos se presentan mientras las fuerzas del orden coordinan esfuerzos para disuadir y reducir las carreras callejeras ilegales y el exceso de velocidad en las vías del condado.

Veinte de los veintiún acusados fueron arrestados o se entregaron el 6 de enero, y las presentaciones de cargos están programadas para las 9:30 a. m. los días 12, 13 y 15 de enero.

“Correr por nuestras autopistas a velocidades extremadamente peligrosas, con total desprecio por otros conductores y familias que comparten las vías, es una receta para una catástrofe”, dijo la Fiscal Stephan. “Esta imputación es una advertencia para cualquiera que siquiera esté pensando en participar en una competencia de velocidad: este comportamiento ilegal no será tolerado y se les exigirá rendir cuentas”.

El gran jurado escuchó testimonios y revisó pruebas durante seis días antes de emitir las imputaciones. La conducta de carreras callejeras ocurrió en marzo de 2025 en cinco ocasiones distintas en varias partes del Condado de San Diego. Los acusados se comunicaron a través de redes sociales para planear reuniones en lugares donde exhibían sus vehículos de alto rendimiento, realizaban trompos (“donuts”) y quemadas de llantas (“burnouts”), y conspiraban para participar en actos de exhibición de velocidad en autopistas.

Muchos de los vehículos fueron modificados, en ocasiones de manera ilegal, para mejorar su desempeño en las carreras. A lo largo de los incidentes, los miembros de la conspiración participaron en múltiples carreras en autopistas, alcanzando velocidades superiores a las 100 millas por hora y, en algunas ocasiones, de más de 150 a 160 millas por hora. Los acusados corrieron entre y alrededor del tráfico sin considerar la seguridad de otros vehículos en la vía. Las carreras tuvieron lugar en las Interestatales 8, 805 y 15, así como en la SR-94 y en caminos de montaña que serpentean por Pauma Valley. Todos los miembros de la conspiración participaron en eventos de carreras que fueron grabados por varios participantes y posteriormente publicados en redes sociales con el propósito de obtener atención.

Las competencias ilegales de velocidad son altamente peligrosas y han causado seis muertes y numerosas lesiones en los últimos cuatro años, lo que subraya el creciente peligro que estos eventos representan para el público. Entre los choques fatales recientes se incluyen:

  • La muerte de un joven de 17 años en Chula Vista después de que un presunto conductor compitiendo perdiera el control en julio de 2025.
  • La muerte de una persona que estaba corriendo/trotando en Point Loma, quien fue atropellada por vehículos que se cree estaban compitiendo en diciembre de 2024.
  • Un choque fatal en Otay Mesa en el que un Mustang que viajaba a velocidad extrema atropelló y mató a un espectador en una carrera ilegal de arrancones en octubre de 2021.
  • La muerte de un adolescente en una colisión en Linda Vista que dejó a otras cinco personas gravemente heridas en marzo de 2021.
  • La muerte de una abuela como resultado de un choque en Chula Vista, donde un conductor que participaba en carreras callejeras se pasó un semáforo en rojo, matando a la mujer e hiriendo a sus nietos en junio de 2021.
  • Una persona murió y dos resultaron gravemente heridas tras un choque en Oceanside en el que se observó a los conductores compitiendo momentos antes del impacto en septiembre de 2021.

“Las carreras callejeras, la conducción imprudente y las tomas ilegales ponen vidas en riesgo, dañan nuestras calles y perturban nuestros vecindarios”, dijo el Jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl. “Esta imputación del Gran Jurado refleja el arduo trabajo de nuestros investigadores y demuestra que cuando los residentes expresan sus preocupaciones, la Ciudad y el Condado actúan. Agradecemos nuestra colaboración con la Oficina de la Fiscalía de Distrito y nuestras agencias asociadas para exigir responsabilidades a estos conductores, y continuaremos nuestras operaciones para disuadir estos delitos en nuestras calles”.

Foto de vehículos incautados durante el operativo.

Foto de vehículos incautados durante el operativo.

Durante su investigación de los incidentes de mayo de 2025, las fuerzas del orden incautaron 16 vehículos, entre ellos:

  • Dos Dodge Charger SRT
  • Un Dodge Charger R/T
  • Un Chevrolet Camaro
  • Un Ford Mustang
  • Tres Dodge Challenger “Hellcat”
  • Un Dodge Charger
  • Un BMW Serie 8
  • Un Chevrolet Corvette
  • Un Honda Civic Type R
  • Un Dodge Durango SRT
  • Dos Jeep Grand Cherokee “Trackhawk”
  • Un McLaren

“Las carreras callejeras son ilegales, imprudentes y mortales, y quienes decidan participar o ayudar deben esperar ser identificados, arrestados y procesados penalmente”, dijo el Jefe de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Anthony Coronado. “La Patrulla de Caminos de California investigará agresivamente estos delitos y exigirá responsabilidades a conductores, organizadores y espectadores. El uso imprudente de un vehículo pone vidas en peligro y no será tolerado”.

Los arrestos fueron el resultado de un esfuerzo coordinado que incluyó la cooperación de múltiples agencias policiales en todo el Condado de San Diego, entre ellas el Departamento de Policía de San Diego, la Patrulla de Caminos de California, la Fuerza de Tarea de Narcóticos, la Fuerza de Tarea Regional contra el Robo de Vehículos, el Departamento de Policía de Chula Vista, el Departamento de Policía de La Mesa, la Oficina del Sheriff de San Diego, el Departamento de Policía de Escondido y el Servicio de Investigación Criminal Naval.

Esta investigación de seis meses comenzó con la Unidad de Investigaciones Especiales de Tránsito del Departamento de Policía de San Diego, en conjunto con la Patrulla de Caminos de California, en respuesta a la serie de muertes ocurridas en los últimos años. En conjunto, estas tragedias destacan las graves consecuencias de las carreras callejeras ilegales en toda la región y los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden para combatir este comportamiento imprudente y, con frecuencia, mortal.

Este caso está siendo procesado por los Fiscales Auxiliares Evan Andersen, Lauren Hugo, Jacob Carbajal y Makenzie Harvey.

Juez Concede Audiencia de Revocación y Nueva Sentencia Para el Autor del Tiroteo en la Preparatoria Santana, Andy Williams, Pese a la Fuerte Oposición de la Fiscalía de Distrito

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que una juez del Tribunal Superior ha concedido la solicitud del autor del tiroteo en la Preparatoria Santana, Charles “Andy” Williams, para revocar su sentencia original y permitir que sea sentenciado nuevamente. La decisión dará lugar a que el acusado sea transferido al sistema de justicia juvenil y a su liberación inmediata de prisión sin ninguna supervisión de libertad condicional ni determinación de que dicha medida no represente un riesgo para la seguridad pública. Durante la audiencia, la juez escuchó sólidos argumentos legales de la Fiscalía de Distrito en contra de permitir una audiencia de nueva sentencia para este asesino. Los fiscales argumentaron que una sentencia de 50 años a cadena perpetua no constituye el equivalente funcional de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La juez, reconociendo que existe una división de criterios en decisiones del Tribunal de Apelaciones sobre el tema ante este tribunal, optó por seguir las decisiones de nuestro tribunal de apelaciones y conceder la solicitud del recluso Williams de revocar su sentencia.

La Fiscalía de Distrito presentará de inmediato una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, División Uno, e intentará nuevamente detener la liberación de Williams.

“Este acusado llevó a cabo un ataque calculado y a sangre fría durante el cual ejecutó a dos jóvenes estudiantes y disparó contra otros 11 estudiantes y dos funcionarios escolares, traumatizando para siempre a una comunidad”, dijo la Fiscal Stephan. “Como fiscales, nuestro deber es garantizar justicia para las víctimas y proteger la seguridad pública, y las acciones crueles del acusado en este caso siguen justificando la sentencia de 50 años a cadena perpetua que se le impuso. Respetuosamente discrepamos de la decisión del tribunal y continuaremos nuestra lucha legal en el Tribunal de Apelaciones y en la Corte Suprema si es necesario. Los fiscales presentaron una postura legal sólida, liderada por la Fiscal Adjunta Nicole Roth, argumentando que una sentencia de 50 años a cadena perpetua no es, por sí sola, el equivalente funcional de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y, además, que la ley permite al acusado la oportunidad de libertad condicional juvenil y de adulto mayor en el futuro. De hecho, Williams ya tuvo una audiencia de libertad condicional juvenil y fue considerado no apto para su liberación. Estas mismas oportunidades no se les dieron a las dos víctimas que fueron ejecutadas. Ellas no serán liberadas de la tumba ni devueltas a sus familias. En algún momento, nuestras leyes deben equilibrar los derechos de los acusados, los derechos de las víctimas y el derecho de la comunidad a estar segura. Muchos autores de tiroteos escolares son jóvenes, así que ¿qué mensaje quiere dar nuestra legislatura para disuadirlos de llevar a cabo tiroteos horrendos?”

El caso de Williams fue transferido al Tribunal de Menores para una audiencia de disposición. En una audiencia de disposición, debido a la edad de Williams cuando asesinó a dos estudiantes e intentó asesinar a otros 13, sus condenas como adulto serán reclasificadas como “determinaciones verdaderas” juveniles, y no podrá ordenarse que cumpla más tiempo de custodia. Se ordenará la liberación de Williams de prisión y podría ser colocado bajo hasta dos años de libertad condicional juvenil. Conforme a la ley vigente, el tribunal no tendrá la oportunidad de sopesar factores agravantes o atenuantes al dictar la orden de disposición, ni hará una determinación de que dicha orden no representa un riesgo para la seguridad pública.

El 5 de marzo de 2001, ocurrió un trágico tiroteo escolar en la Preparatoria Santana en Santee. Williams, quien tenía 15 años en ese momento, abrió fuego en el campus, matando a dos estudiantes —Bryan Zuckor, de 14 años, y Randy Gordon, de 17— e hiriendo a otros 13, incluidos 11 estudiantes y dos miembros del personal.

El incidente comenzó alrededor de las 9:20 a. m., cuando Williams ingresó a un baño de varones con un revólver calibre .22 tomado del gabinete de armas con llave de su padre. Disparó contra un estudiante dentro del baño y luego salió para disparar contra otros en el pasillo y en el área del patio de la escuela. Testigos lo describieron como calmado y metódico, regresando al baño varias veces para recargar antes de continuar disparando contra estudiantes y personal en el pasillo. Finalmente fue detenido por la policía sin resistencia.

En agosto de 2002, Williams se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado como adulto a 50 años a cadena perpetua. Actualmente se encuentra encarcelado en la Institución para Hombres de California en Chino, California, y se volvió elegible para libertad condicional en septiembre de 2024. Su primera solicitud de libertad condicional fue denegada, y la Junta de Libertad Condicional señaló que seguía representando un riesgo para la seguridad pública. Al tomar su decisión, la Junta indicó que no está claro si Williams comprende por qué cometió “este acto de violencia horrendo”.

En 2011, un cambio en la ley permitió a los jueces revocar o reducir sentencias de adultos en el “interés de la justicia” y creó vías para que los infractores juveniles con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional solicitaran la revocación de su sentencia y una nueva sentencia. En 2022, la decisión del Tribunal de Apelaciones en People v. Heard amplió el proceso de solicitud de nueva sentencia a infractores juveniles que cumplen el “equivalente funcional” de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 6 de marzo de este año, el abogado de Williams presentó ante el tribunal una petición de revocación de sentencia y una nueva sentencia, poniendo en marcha el proceso legal para que un juez considere su solicitud.

La Fiscalía de Distrito ha notificado a decenas de víctimas afectadas por el tiroteo sobre la solicitud de una nueva sentencia del acusado, cumpliendo con sus responsabilidades conforme a la Ley de Marsy.

El tiroteo en la Preparatoria Santana sigue siendo uno de los más dolorosos en la historia del Condado de San Diego.

Operación contra la Trata de Personas “Home for the Holidays” Recupera a 19 Víctimas en Tres Días

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que 19 víctimas de trata de personas fueron rescatadas durante tres días de este mes, como parte de la operación anual “Home for the Holidays” del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas en el Condado de San Diego. A las víctimas se les ofrecieron servicios para ayudarles a escapar y sanar de la explotación y la trata de personas.

Esta operación también resultó en el arresto y la presentación de cargos contra cuatro hombres adultos —entre ellos un delincuente sexual registrado— por proxenetismo, facilitación de la prostitución y violación de una orden de protección. Además, se emitieron seis citaciones por delitos menores a compradores de sexo.

“La cruda realidad es que la trata sexual sigue siendo una industria criminal lucrativa, impulsada por la demanda, que genera más de 810 millones de dólares al año en el Condado de San Diego”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy orgullosa de nuestro trabajo con el Grupo de Trabajo Regional contra la Trata de Personas de San Diego, la División de Delitos Sexuales y Trata de Personas de mi oficina y todos nuestros socios que trabajan las 24 horas del día para rescatar a víctimas tan jóvenes como de 12 años. Juntos responsabilizan a los tratantes de personas y a los compradores criminales por sus delitos. Los esfuerzos continuos del grupo de trabajo demuestran que las fuerzas del orden no tolerarán esta esclavitud moderna de víctimas vulnerables que son compradas y vendidas como si fueran una rebanada de pizza”.

La Operación “Home for the Holidays” es una iniciativa anual y multiagencial cuyo objetivo es rescatar a víctimas de trata de personas, ofrecer servicios a las víctimas, detener y procesar a los tratantes y reducir la demanda de sexo a cambio de pago. Durante la operación, agentes del orden trabajaron de manera encubierta haciéndose pasar por compradores de sexo para identificar y contactar a posibles víctimas de trata y a tratantes, respondiendo a anuncios de sexo en línea. La operación de este año fue la sexta edición anual y se llevó a cabo en moteles de Chula Vista, National City y San Diego los días 10, 11 y 12 de diciembre.

“La Operación ‘Home for the Holidays’ es una parte clave de nuestros esfuerzos para mantener seguras a nuestras comunidades durante las fiestas y durante todo el año”, dijo el Fiscal General Bonta. “Quiero agradecer a nuestros socios del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de San Diego, quienes trabajan para apoyar a las víctimas, sobrevivientes y a sus familias. Juntos, continuaremos interrumpiendo las operaciones de trata de personas y logrando resultados significativos que eleven a los californianos más vulnerables”.

A partir del 1 de enero, entra en vigor una nueva ley que se dirige a los compradores de sexo, protege a los menores y apoya a los sobrevivientes de la trata de personas. La AB 379, presentada por los asambleístas Nick Schultz (D–Burbank), Stephanie Nguyen (D–Elk Grove) y la autora original, la asambleísta Maggy Krell (D–Sacramento), tipifica como delito grave la compra de un menor para fines sexuales. También revierte una parte de una ley mal concebida que despenalizó el merodeo con fines de prostitución, volviendo a convertirlo en delito para los compradores criminales. La ley además crea un Fondo de Apoyo a Sobrevivientes para otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias que brindan servicios directos y labores de alcance a víctimas de trata sexual y explotación. Finalmente, la ley incrementa las sanciones civiles por violaciones específicas relacionadas con la trata de personas cometidas por empresas.

“HSI está comprometida con un enfoque centrado en las víctimas en la lucha contra la trata de personas, priorizando tanto el bienestar de las víctimas como la búsqueda de justicia contra los responsables de estos delitos”, dijo Kevin Murphy, Agente Especial Interino a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego. “A través del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, nuestros esfuerzos colaborativos han logrado retirar de la comunidad a delincuentes peligrosos y asegurar que las 19 víctimas recibieran el apoyo y los servicios que necesitan”.

Los acusados en este caso fueron procesados judicialmente el viernes 19 de diciembre y el lunes 22 de diciembre. De ser declarados culpables, enfrentan penas de entre seis y 20 años de prisión.

El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas es un esfuerzo cooperativo liderado por el Departamento de Justicia de California, con la participación de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, el Departamento de Policía de San Diego, el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de la Frontera Suroeste, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, la Patrulla de Caminos de California, el Buró Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Investigación Criminal Naval, el Departamento de Policía de National City, la Oficina del Abogado de la Ciudad de San Diego y el Departamento de Libertad Condicional del Condado de San Diego.

Si usted o alguien que conoce está siendo coaccionado, engañado o forzado a participar en actividades sexuales o laborales y necesita ayuda para salir de esa situación, puede llamar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888 para acceder a ayuda y servicios. Si usted u otra persona se encuentra en peligro inmediato, llame al 9-1-1.

Durante los últimos cuatro años, se han realizado 23 arrestos, 65 rescates —incluidos dos menores— y se han recuperado tres armas de fuego durante las operaciones “Home for the Holidays”. El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas realiza operaciones similares a lo largo del año. En 2024, el grupo de trabajo rescató a 47 menores a través de diversas operaciones. En 2025, se han rescatado 62 menores.

Rachel Solov, Fiscal Adjunta de Distrito

La Fiscal de Distrito Stephan Nombra a Rachel Solov Como Nueva Fiscal Adjunta de Distrito

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que ha designado a Rachel Solov para el cargo de Fiscal Adjunta de Distrito, tras la jubilación de Dwain Woodley este mes. Solov es la primera mujer en ocupar el puesto número dos en la Oficina de la Fiscalía de Distrito.

Durante su trayectoria en la Oficina de la Fiscalía de Distrito, Solov ha desempeñado cargos de liderazgo como jefa de equipo en el Norte del Condado, jefa de división de la División de Justicia Colaborativa, jefa de Estrategias de Salud Mental y Reforma de la Justicia Penal, y como Fiscal Auxiliar Principal (Chief Deputy District Attorney). En este último cargo, Solov ha supervisado numerosas divisiones, entre ellas Operaciones Especiales, Tribunal Superior, Pandillas, casos de la Corte Juvenil, Delitos Económicos y Protección al Consumidor, Fraude de Seguros y Justicia Laboral, Presentación de Casos y Justicia Colaborativa.

Además, ha trabajado estrechamente con Salud Conductual del Condado y otras áreas del Condado para promover innovaciones que han fortalecido la seguridad pública.

“Rachel Solov aporta un liderazgo excepcional, amplia experiencia como fiscal, buen criterio y una pericia única a este puesto crítico de seguridad pública como segunda al mando de nuestra oficina”, dijo la Fiscal Stephan. “La experiencia estatal de Rachel en evaluación de amenazas e innovaciones en la justicia penal que abordan la intersección entre la salud mental, la adicción, la falta de vivienda y la seguridad pública es más necesaria que nunca. Espero trabajar junto a la Fiscal Adjunta Solov para cumplir nuestra misión de buscar una justicia justa e igualitaria para todos, la protección de las víctimas del delito, el enjuiciamiento de quienes dañan a nuestros vecindarios y una prevención inteligente del crimen”.

Solov, fiscal de carrera, comenzó en la Oficina de la Fiscalía de Distrito como pasante en el programa de Atención a Víctimas y Testigos en 1994. Inició su labor como fiscal en 1999 y ha trabajado en numerosas divisiones de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, incluidas el Tribunal Superior, Delitos Sexuales y Trata de Personas, la sede del Norte del Condado, la sede del Este del Condado, Presentación de Casos y la División de Justicia Colaborativa. A lo largo de su carrera, Solov ha procesado delitos menores y graves, agresiones sexuales, depredadores sexuales violentos, casos de acecho, amenazas y homicidios. Es gestora certificada en evaluación de amenazas y ha sido reconocida a nivel nacional por sus importantes aportes al campo de la evaluación y gestión de amenazas.

“Me siento profundamente honrada de haber sido seleccionada por la Fiscal de Distrito Summer Stephan para servir como Fiscal Adjunta de Distrito”, dijo Solov. “Habiendo dedicado mi carrera a la fiscalía, estoy comprometida a utilizar mi experiencia para fortalecer la seguridad pública, apoyar a las víctimas del delito y garantizar que la justicia se persiga de manera justa y reflexiva. Es un privilegio servir a los residentes del Condado de San Diego y trabajar junto a los fiscales y al personal dedicado que llevan a cabo esta importante misión todos los días”.

Solov, de 54 años, creció en Los Ángeles, pero ha sido parte de la comunidad de San Diego desde que asistió y se graduó con honores (Cum Laude) de la Universidad Estatal de San Diego. Estudió Derecho en la Universidad de San Diego, donde se graduó en 1998. Durante sus estudios, se desempeñó como editora ejecutiva de la publicación San Diego Law Review.

El nombramiento es efectivo de inmediato.

Dwain Woodley dedicó 24 años a la Oficina de la Fiscalía de Distrito y se desempeñó como Fiscal Adjunto de Distrito desde 2021.

“Con profunda gratitud, deseo al Fiscal Adjunto de Distrito Dwain Woodley una maravillosa jubilación”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy muy orgullosa de todos los logros de ADA Woodley, que ayudaron a mantener al Condado de San Diego como una de las regiones más seguras del país a través de una fiscalía ética y el servicio público”.

La Fiscal Stephan Testifica Ante el Comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el Crimen, y Actualiza al Congreso sobre la Amenaza Nacional del Crimen Organizado de Robo en el Comercio Minorista

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, testificó hoy ante el Congreso por segunda vez este año, compareciendo ante el Subcomité sobre Crimen y Vigilancia del Gobierno Federal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Durante sus declaraciones, la Fiscal ofreció un panorama de cómo ha evolucionado el crimen organizado de robo en el comercio minorista en los últimos años, incluyendo una actualización sobre los avances logrados en el Condado de San Diego bajo la Proposición 36.

“El crimen organizado de robo en el comercio minorista no es un delito sin víctimas”, dijo Stephan a los legisladores. “Daña a los trabajadores, a los consumidores, a los pequeños negocios y a comunidades enteras. Socava la seguridad pública y erosiona la confianza en el estado de derecho”.

Vea aquí el testimonio de la Fiscal Stephan.

La Fiscal Stephan instó al Congreso a tomar medidas para combatir la creciente amenaza del crimen organizado de robo en el comercio minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están perjudicando a comunidades y negocios en todo el país mediante robos y allanamientos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal Stephan fue convocada a testificar por su experiencia en el combate a este tipo de delitos en el Condado de San Diego.

Stephan citó datos nacionales que estiman que los comercios minoristas en Estados Unidos perdieron 45 mil millones de dólares por robos en 2024, con pérdidas proyectadas que superarán los 53 mil millones de dólares para 2027. Enfatizó que el robo organizado contribuye al cierre de tiendas, la pérdida de empleos, el aumento de precios para los consumidores y un incremento de la violencia contra los empleados del comercio minorista.

Solo en el Condado de San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha presentado casos de robo organizado en el comercio minorista contra 336 acusados durante un período de tres años, lo que resultó en más de 3.2 millones de dólares en pérdidas documentadas y en sentencias significativas de prisión y cárcel para los infractores condenados.

El testimonio de Stephan destacó numerosos casos que involucran robos coordinados tipo “flash mob”, redes de robos a comercios que operan en varios estados y organizaciones criminales transnacionales —incluidos los Grupos de Robo Sudamericanos (SATG, por sus siglas en inglés)— responsables de robos residenciales de alto nivel y de robos comerciales a gran escala, con mercancía robada enviada al extranjero.

Stephan señaló las recientes reformas legales en California, incluida la Proposición 36 aprobada por los votantes, que fortaleció las sanciones para los reincidentes en delitos de robo y amplió la capacidad de los fiscales para acumular robos ocurridos en distintos lugares y periodos de tiempo. Estos cambios han permitido a las fuerzas del orden enfocarse mejor en redes criminales organizadas, en lugar de tratar los robos como incidentes aislados.

“Nuestra experiencia en California demuestra que las leyes sólidas y claras, combinadas con la colaboración, funcionan”, afirmó Stephan. “La Proposición 36 ha marcado una verdadera diferencia para los negocios locales y el enjuiciamiento de estos delincuentes reincidentes está haciendo que las tiendas y la comunidad sean más seguras. Al enfatizar la rendición de cuentas junto con el tratamiento y la rehabilitación, los datos también muestran que la Proposición 36 está funcionando para abordar las causas fundamentales del comportamiento criminal habitual. Este tipo de reforma puede servir como modelo para la nación”.

La Fiscal de Distrito Stephan expresó un fuerte apoyo a la ley bipartidista Combating Organized Retail Crime Act, que ampliaría las herramientas federales de aplicación de la ley y crearía un Centro Nacional de Coordinación contra el Crimen Organizado de Robo en el Comercio Minorista. Subrayó que las redes de robo organizado cruzan de manera rutinaria fronteras municipales, de condados, estatales e internacionales, lo que hace esencial la coordinación a nivel federal.

También destacó la necesidad de mejorar el intercambio de datos, fortalecer las alianzas público-privadas y promover campañas de concientización pública para reducir la reventa de bienes robados en línea y en mercados informales.

Además del robo en el comercio minorista, Stephan abordó delitos basados en el fraude, como estafas con tarjetas de regalo y fraudes contra personas mayores, señalando que solo en el Condado de San Diego se registraron pérdidas por 149 millones de dólares en estafas a adultos mayores en un solo año. Recalcó que los sistemas nacionales integrados de datos podrían revelar conexiones entre redes de robo organizado y de fraude que operan simultáneamente.

“Restablecer el estado de derecho significa una rendición de cuentas acorde con el delito”, dijo Stephan. “Debemos distinguir entre infracciones menores y empresas criminales sofisticadas que se aprovechan tanto de los consumidores como de los negocios”.

La Fiscal de Distrito Stephan reafirmó el compromiso de su oficina de trabajar con el Congreso, las fuerzas del orden, los comercios minoristas y los socios comunitarios para combatir el crimen organizado.

“Estamos listos para ayudar a fortalecer las leyes y los recursos para proteger a nuestras comunidades, nuestros negocios y a nuestros consumidores”, concluyó. “Juntos, podemos enfrentar este desafío y garantizar que se haga justicia”.

También testificaron en la audiencia de hoy Scott McBride, Director Global de Protección de Activos y Director de Seguridad de American Eagle Inc.; Chris Spear, Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Transporte por Camión; y Shane Bennett, Principal de Defensa Cibernética contra Robo, Fraude y Abuso de Target.