District Attorney Summer Stephan stands at a podium for a press conference with the Consulate General of Mexico Alicia Kerber-Palma, Attorney General of Baja California Maria Elena Andrade, the Director of Baja California Justice Center for Women Magdalena Bautista, and the Director of One Safe Place: The North County Family Justice Center Claudia Grasso.

Fiscalía Anuncia Colaboración Internacional Histórica con Centro de Justicia Familiar y la Fiscalía General de Baja California

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy el inicio de una asociación histórica con la Fiscalía General del Estado de Baja California, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California y One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado de la Fiscalía de Distrito. Hay cerca de 300 centros de justicia familiar en todo el mundo y este acuerdo convierte a One Safe Place en el primer centro de justicia familiar en tener una asociación internacional. Baja California es el duodécimo estado más grande por área en México.

La Fiscal de Distrito también anunció la renovación de una asociación entre el Consulado General de México en San Diego y la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego para que el Consulado de México tenga presencia en One Safe Place a través del alcance comunitario, la prevención del delito y los servicios vitales para las víctimas a las que servimos. Las asociaciones se solidificaron con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) hoy.

“Los criminales que se aprovechan de las víctimas para la trata de personas, la explotación y la violencia no conocen fronteras”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Miles cruzan la frontera todos los días entre Tijuana y San Diego para ir a trabajar, a la escuela o visitar a familiares y amigos, y sabemos que hay muchas víctimas de delitos en ambos lados de la frontera. Con esta colaboración, trabajaremos juntos para derivar a las víctimas y brindar servicios vitales en ambos lados de la frontera para optimizar la ayuda y garantizar que puedan llegar a un lugar seguro para poder sanar sin importar dónde vivan o trabajen”.

[VEA el video de la ceremonia de firma aquí.]

Desde su apertura en julio de 2022, One Safe Place ha atendido a más de 5,500 personas, ha brindado servicios legales a aproximadamente 1,500 personas y ha recibido más de 16,000 llamadas y correos electrónicos en sus diversas líneas de ayuda. One Safe Place ofrece servicios de apoyo, todos bajo un mismo techo, a cualquier persona que haya sufrido abuso infantil, agresión sexual, violencia doméstica, delitos motivados por el odio, abuso de ancianos, trata de personas, pérdida violenta, violencia familiar u otro tipo de abuso o victimización. Todo esto se realiza en colaboración con más de 100 organizaciones y agencias comunitarias, como el Consulado de México y ahora la Fiscalía General del estado de Baja California y el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Baja California, creado para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas mediante la prestación de servicios legales, psicológicos y sociales. Las víctimas ya no se verán obligadas a cruzar la frontera, a veces esperando horas, para obtener los servicios. Esta asociación garantizará derivaciones culturalmente sensibles para que las víctimas accedan a los recursos donde viven, trabajan o donde se sienten más cómodas.

“La violencia en contra de mujeres, niños, niñas y personas vulnerables deja una huella profunda en sus vidas, es necesario desarrollar y aplicar protocolos de actuación para garantizar una atención integral y sensible a las víctimas de violencia de género,” dijo la Fiscal General de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez. “Por ello agradezco a la Oficina de la Fiscalía del Condado en San Diego, al facilitar un espacio en donde las autoridades mexicanas pueden atender a sus connacionales víctimas de este delito. Baja California y California, comparten una historia de lucha en contra de los criminales que cometen delitos en ambos lados de la frontera. Estamos convencidos de que el trabajo en conjunto es una oportunidad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación para lograr que las victimas reciban ayuda para sanar sus heridas físicas y emocionales además garantizar justicia para ellas.”

 

“Considerando la realidad de la violencia de género en nuestro estado y nuestra estrecha relación con Estados Unidos, fortalecer la cooperación binacional no es solo importante, es imperativo,” señaló Magdalena Bautista, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California. “La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, por lo que la justicia y la protección tampoco deben tener límites. A través de este acuerdo de entendimiento, estamos dando un paso significativo para ampliar nuestro impacto y eficacia en la atención y acceso a la justicia para las mujeres, y reafirmamos con más fuerza que nunca nuestro compromiso de construir un futuro donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo, y donde la justicia no conozca fronteras.”

District Attorney Summer Stephan stands with the Consulate General of Mexico Alicia Kerber-Palma, Attorney General of Baja California Maria Elena Andrade, the Director of Baja California Justice Center for Women Magdalena Bautista, all holding up the signed MOUs.La renovación del MOU con el Consulado de México crea más oportunidades para la colaboración con One Safe Place en el trabajo de alcance comunitario y prevención, incluida la participación del Consulado en el evento comunitario informativo gratuito “Cafecito Con La Comunidad”, que se lleva a cabo el segundo viernes de cada mes en One Safe Place. Juntos, el Consulado de México y One Safe Place han organizado eventos sobre bienestar, han hecho conexiones universitarias para estudiantes de primera generación y han brindado servicios del Consulado en One Safe Place para satisfacer las necesidades de la comunidad del norte del condado y aliviar las barreras de transporte para aquellos que no pueden viajar a la oficina principal del Consulado en el centro de San Diego.

“Abordar la violencia doméstica requiere de un esfuerzo colectivo,” dijo Alicia Kerber-Palma, Cónsul General de Mexico en San Diego. “Es crucial que trabajemos juntos, agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias y líderes locales para brindar apoyo a las víctimas y prevenir futuros casos de abuso. La asistencia consular y la protección de las comunidades mexicanas en el exterior a través del Consulado General de México en San Diego, constituye la más alta prioridad de nuestra política exterior.”

 

“La continua colaboración con el Consulado de México ha ayudado a fortalecer un puente con la comunidad Latina y ayuda a mejorar su confianza en las agencias del orden público cuando denuncian un delito y buscan ayuda cuando son víctimas”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Juntos seguiremos trabajando para garantizar que las víctimas que buscan servicios en One Safe Place, donde el Consulado de México es un socio en el sitio, reciban ayuda culturalmente sensible en su idioma nativo que se centra en la seguridad, la justicia y la sanación”.

One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado está ubicado en 1050 Los Vallecitos Blvd., San Marcos, CA 92069. Está abierto de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m. y los sábados de 8 p.m. a 12 p. m. El Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California está ubicado en la Avenida Moctezuma #1, Colonia Residencial de Cortez, Camino Verde, 22190 Tijuana, Baja California, con un horario de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

[VIDEO de One Safe Place: El Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado.]

Photo of gavel, law books and scales of justice on a wooden table.

Ex Concejal de Chula Vista Andrea Cardenas Fue Sentenciada por Cargos de Hurto Mayor

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que la acusada Andrea Cardenas, de 32 años, ex concejal de la ciudad de Chula Vista, fue sentenciada el 28 de agosto a dos años de libertad condicional formal por cometer dos delitos graves de hurto mayor. También se le ordenó completar 100 horas de trabajo voluntario. El Departamento de Libertad Condicional y la Oficina de la Fiscalía de Distrito solicitaron que cumpliera 180 días en la cárcel del condado, pero finalmente fue sentenciada a crédito por el tiempo cumplido de un día de prisión.

“Nuestro dedicado equipo de la Fiscalía llevó a cabo una investigación exhaustiva en la que cumplieron 27 órdenes de allanamiento para examinar cuentas financieras y de correo electrónico”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “La investigación demostró que Cardenas había participado en múltiples esquemas de fraude durante varios años. En este tipo de casos, a menudo dependemos del público, los medios de comunicación o las personas que sospechan de irregularidades para que denuncien posibles delitos contra la integridad pública a nuestra oficina para que podamos investigar”.

Si Cárdenas viola los términos de su libertad condicional, se le podría ordenar que cumpla hasta dos años y ocho meses de cárcel. Cárdenas se declaró culpable de fraude, relacionado con fondos obtenidos del Programa de Protección de Cheques de Pago federal y del Departamento de Desarrollo del Empleo del estado. Cárdenas engañó al gobierno de los Estados Unidos con $176,000 en fondos de ayuda de COVID-19, que lavó y usó para pagar gastos personales como su propia deuda de campaña. También solicitó ilegalmente más de $28,000 en beneficios de desempleo.

La Jueza de la Corte Superior Rachel Cano ordenó que los términos de la libertad condicional de Cárdenas también incluyan que se someta a registros e incautaciones, debe operar cualquier negocio legalmente y cumplir con todas las reglas y regulaciones de dicho negocio, incluyendo tener licencia, pagar impuestos y cumplir con cualquier ley de financiamiento de campañas. También debe devolver la cantidad total que robó, incluidos $176,227 a la Administración de Pequeñas Empresas, $28,908 al Departamento de Desarrollo del Empleo y una cantidad a determinar a la Junta de Impuestos de Franquicia.

Cárdenas trabajaba para una empresa de consultoría política llamada Grassroots Resources, fundada en 2016 por su hermano, Jesús Cárdenas. Tenía el título de Directora de Participación Comunitaria, pero en realidad tenía un papel como Directora de Operaciones. En 2019, Grassroots Resources comenzó a actuar como un servicio de nómina para uno de sus clientes, Harbor Collective, un dispensario de marihuana. A principios de 2021, Grassroots Resources estaba siendo presionada para pagar deudas, incluido el dinero adeudado a TMC Direct, una empresa de correo político.

En febrero de 2021, Jesús y Andrea Cárdenas solicitaron un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas a través de PayPal. Tergiversaron varios elementos de la solicitud, entre ellos: que Grassroots tenía 34 empleados, cuando en realidad 30 de estos individuos trabajaban para Harbor Collective; que no estaban involucrados en una actividad ilegal según la ley federal (los dispensarios de marihuana no son legales según la ley federal); que no eran una empresa dedicada a la consultoría política; y que los fondos del préstamo se utilizarían para cubrir los gastos de nómina. El préstamo fue aprobado por $176,227.

El 3 de mayo de 2021, $176,227 de los fondos del préstamo PPP se depositaron en una cuenta comercial de Grassroots. En el transcurso de las siguientes dos semanas, el dinero se transfirió entre dos cuentas diferentes de Grassroots. Desde allí, los hermanos Cárdenas utilizaron los fondos PPP para pagar múltiples gastos personales, incluida la deuda de campaña.

En un esquema de fraude separado en 2020, Cárdenas solicitó ilegalmente beneficios de desempleo y recibió $28,908 del Departamento de Desarrollo del Empleo. Ella tergiversó en las solicitudes que no estaba trabajando y que no recibía ningún ingreso. Sin embargo, Grassroots Resources, para la que trabajaba, estaba en pleno funcionamiento durante ese año electoral y se ocupaba de las campañas de varios candidatos y otras entidades.

Este caso fue procesado por la Unidad de Integridad Pública de la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. Los miembros del equipo incluyeron a los Fiscales Auxiliares Chandelle Boyce, Héctor Jiménez, Leon Schorr, los Investigadores de la Fiscalía de Distrito James Hawksley, Justin Bostic y el Contador Forense Kevin Boyne. La investigación también contó con la ayuda de la Unidad de Fraude por Covid del Departamento de Seguridad Nacional.

“Nuestra oficina sigue comprometida con el procesamiento de casos que involucran mal uso de fondos públicos, corrupción política y mala conducta criminal de funcionarios del gobierno”, dijo la fiscal Stephan. “Los objetivos de estos procesos no son únicamente obtener el máximo tiempo de detención, sino que a menudo incluyen otros objetivos como asegurarse de que las personas que participan en la corrupción no ocupen cargos públicos y no puedan buscar un cargo público en el futuro, por ejemplo”.

Blurry photo of prisoner behind bars.

Fiscalía Alerta a Víctimas Sobre Próxima Audiencia de Libertad Condicional

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que, de acuerdo con los deberes de su oficina de garantizar la transparencia e informar a las víctimas según la ley de Marsy, las víctimas del tiroteo en la escuela preparatoria Santana High School pueden asistir a una próxima audiencia de libertad condicional para el pistolero, Charles «Andy» Williams. Williams abrió fuego en la escuela en Santee, California, en marzo de 2001 con un revólver, matando a dos estudiantes e hiriendo a otros 13. La Oficina de la Fiscalía de Distrito representará al Pueblo en la audiencia.

“La participación de las víctimas en audiencias como esta es una parte extremadamente importante del proceso”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Este crimen en particular tiene cientos de víctimas asociadas y es importante para nosotros que las víctimas conozcan sus derechos bajo la ley para participar en la audiencia de libertad condicional si así lo desean”.

Williams fue sentenciado a una pena de entre 50 años en prisión y cadena perpetua en junio de 2002. Su audiencia de libertad condicional se produce exactamente 23 años después del tiroteo masivo. Su oportunidad de libertad condicional se debe a un cambio en la ley estatal que alteró las pautas de sentencia para los menores que fueron juzgados como adultos. En el caso de Williams, la ley de libertad condicional para menores exige que cualquier menor que haya sido acusado como adulto y haya recibido una sentencia de cadena perpetua tenga la oportunidad de obtener la libertad condicional a más tardar 25 años después de haber cumplido su condena. Williams tenía 15 años cuando cometió el crimen.

La audiencia de Williams ante la Junta de Audiencias de Libertad Condicional está programada para el 10 de septiembre a las 8:30 a. m. y se llevará a cabo por videoconferencia. Las víctimas que estén interesadas en asistir a la audiencia deben comunicarse con la Junta de Libertad Condicional antes del 26 de agosto.

Las víctimas, los parientes más cercanos de las víctimas, los miembros de la familia, las personas de apoyo o los representantes designados pueden comparecer y participar en la audiencia por videoconferencia o teléfono. La participación incluye la opción de hablar en la audiencia. Si desea asistir a la audiencia de libertad condicional, puede notificar a la Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes por correo electrónico a victimservices@cdcr.ca.gov o por teléfono al 1-877-256-6877. Cuando les notifique su intención de asistir a una audiencia, indíqueles la forma en que participará (por videoconferencia o por teléfono).

Para obtener más información sobre cómo ser incluido en la audiencia, las víctimas pueden comunicarse con la Unidad de Audiencias de Cadena Perpetua de la Fiscalía de Distrito al 619-531-4115 o al SanDiegoDA@sdcda.org.

Puede encontrar más información sobre las Audiencias de Libertad Condicional para Delincuentes Juveniles aquí.

Public bus driver cabin.

Hombre que Atacó a Conductor de Autobús de MTS es Acusado de Intento de Asesinato

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que se han presentado cargos de intento de asesinato premeditado e intento de robo contra un hombre de 50 años, que atacó a un conductor de autobús de MTS en Escondido esta semana apuñalando brutalmente a la víctima varias veces con un cuchillo grande, causándole graves lesiones corporales. El acusado Mario Félix se declaró no culpable en el Tribunal Superior de Vista esta tarde. Se enfrenta a una pena de entre 65 años y cadena perpetua si es declarado culpable y se encuentra detenido sin derecho a fianza.

El miércoles, Félix subió a un autobús de MTS en la estación Sprinter de Escondido y exigió al conductor que lo llevara gratis. Cuando el conductor le dijo a Félix que tenía que pagar, se enfureció y exigió la cartera de la víctima y amenazó con matarlo antes de usar un cuchillo para apuñalar al conductor en el torso, el estómago, el hombro y la espalda. La víctima logró empujar a Félix fuera del autobús mientras lo apuñalaba, pero Félix inmediatamente saltó de nuevo al autobús y dio una última puñalada antes de alejarse.

Los testigos siguieron a Félix y dirigieron a la policía al escondite del acusado detrás de un contenedor de basura, donde fue detenido.

“Los conductores de autobús y los trabajadores del transporte público han sido cada vez más sometidos a la violencia mientras realizan sus importantes y esenciales trabajos”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Este caso es un ejemplo horrible de una amenaza creciente que hace que el trabajo ya difícil de por sí de los trabajadores del transporte público sea más peligroso”.

El apuñalamiento se produce en medio de un aumento de delitos violentos y otros actos delictivos en el transporte público del condado de San Diego. La Fiscalía de Distrito examinó los datos de los casos penales durante un período de 17 meses entre enero de 2022 y abril de 2024 y encontró las siguientes tendencias:

  • Más de 1,200 casos emitidos por la Fiscalía de Distrito involucraron un elemento de tránsito, como un pasajero, un trabajador, un vehículo o una instalación de tránsito como MTS o NCTD.
  • El 35% de los casos emitidos involucran un cargo por delito violento.
  • A partir del verano de 2023, hubo un aumento del 65% en el número promedio mensual de casos emitidos que involucran al sistema de tránsito, aumentando de 35 a 58 por mes.
  • De los casos emitidos, el 33% de ellos involucran pasajeros, mientras que el 13% de ellos involucran delitos contra un trabajador del tránsito, con el 6% involucrando a conductores.

“Esta preocupante tendencia de delitos que involucran a nuestros sistemas de transporte también ha afectado a los pasajeros”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Todos merecen estar seguros y nuestro equipo en la oficina de la Fiscalía de Distrito trabajará en asociación con el Departamento de Policía de Escondido para hacer justicia en este caso a la víctima inocente, que simplemente estaba haciendo su trabajo. Trabajando con nuestros socios del orden público y MTS, estamos comprometidos a prevenir que se cometan delitos como este en el transporte público. Mi oficina ha reunido estos datos para ayudar a guiar las acciones estratégicas para mejorar la seguridad pública”.

Felix estará nuevamente en la corte el 20 de agosto. El Abogado Fiscal Auxiliar Keith Watanabe está procesando este caso.

Fiscalía Presenta Cargos a Acusados Red de Robos que Opera en el Sur de California

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, y el Jefe de Policía de San Diego, Scott Wahl, anunciaron hoy que nueve personas ​​han sido acusadas ​​en relación con 30 robos en la ciudad de San Diego, tras una larga investigación. La investigación abarcó aproximadamente 55 robos a viviendas cometidos en California y Nevada. La pérdida total para las víctimas en el condado de San Diego es de al menos $700,000. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

En el condado de San Diego, los acusados ​​se centraron principalmente en viviendas del vecindario de Mira Mesa desde febrero hasta mayo de este año. Una redada de varias agencias condujo a arrestos la semana pasada en Los Ángeles y en todo el condado de Riverside. Los acusados ​​fueron procesados ​​en el Tribunal Superior de San Diego en los últimos días.

“Detener a esta prolífica banda de ladrones requirió una increíble coordinación entre las fuerzas del orden en varias jurisdicciones y de muchas agencias diferentes”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Este proceso envía un mensaje contundente: si los delincuentes vienen al condado de San Diego a robar a nuestros residentes, los rastrearemos y los haremos responsables”.

A cada acusado se le imputan entre tres y 24 cargos de robo residencial en primer grado y conspiración para cometer robo. Si son declarados culpables de todos los cargos, se enfrentan a una pena de entre ocho años y ocho meses a 35 años de prisión estatal, según su nivel de participación y antecedentes penales.

“Nuestros hogares son el lugar donde deberíamos sentirnos seguros, pero estos delincuentes se aprovecharon de nuestras comunidades para llevar a cabo sus delitos”, dijo el Subjefe de la Policía de San Diego, Paul Connelly. “Esta investigación conjunta requirió una gran colaboración y coordinación para poner fin a una serie de robos que se extendieron a dos estados. Los residentes de San Diego pueden estar seguros de que sus hogares están más seguros gracias al excelente trabajo de investigación del Departamento de Policía de San Diego, junto con tantos otros socios de las fuerzas del orden”.

Mapa de los robos residenciales cometidos en esta serie de robos.

Mapa de los robos residenciales cometidos en esta serie de robos.

Casi 100 agentes de la ley trabajaron en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de San Diego y la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego para realizar la vigilancia, entregar las órdenes de cateo y realizar los arrestos. Se recuperaron 11 armas de fuego, así como grandes cantidades de dinero en efectivo. Dos grupos separados que tenían un cómplice en común cometieron los robos. Los acusados residen en los condados de Riverside y Los Ángeles. Además de atacar el condado de San Diego, los ladrones también cometieron robos en los condados de Los Ángeles, Riverside y Orange.

Los grupos de ladrones eran, por lo general, grupos de al menos tres personas que llevaban máscaras y guantes. Abrían las ventanillas traseras corredizas de cristal, se llevaban todos los objetos de valor que podían y luego huían del lugar. Muchos de los robos eran, en esencia, pequeñas oleadas de delitos que se producían una tras otra el mismo día.

Los acusados ​​en el caso son Amaya Armstead, de 24 años; Timmon Betts, de 23 años; Gregory Davis III, de 19 años; Daniel Esquivel, de 22 años; Tyrell Haley, de 24 años; Nakia McBarth Jr., de 22 años; Khaliq Thomas, de 22 años; Noel Torres, de 23 años; y Keshaun Watson, de 18 años.

[VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

Fiscal de Distrito, Asesor Jurídico del Condado y la Oficina de Normas Laborales Reciben Subvención Para Procesar Casos Adicionales de Robo de Salarios

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que su oficina, la Oficina del Asesor Jurídico del Condado y la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento del Condado (OLSE) han recibido una subvención que ayudará a procesar y prevenir el robo de salarios, que actualmente está desenfrenado entre los trabajadores de bajos salarios y que no hablan inglés.

La Oficina del Comisionado Laboral está proporcionando la subvención de dos años, que proporcionará $750,000 para los salarios de un fiscal, un investigador y un asistente legal para trabajar en casos de robo de salarios de manera penal o civil con el fin de mitigar los aproximadamente $2 millones en pérdidas anuales por robo de salarios en el Condado de San Diego.

“El robo de salarios es opresivo e impacta el sustento y la dignidad de las personas trabajadoras”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Por eso, ha sido una prioridad para nuestra oficina responsabilizar a quienes roban salarios mediante procesos penales por delitos graves de robo de salarios. Con esta subvención, podremos ampliar nuestros esfuerzos en colaboración con nuestros socios del condado y proteger aún más a los trabajadores. Quiero agradecer a la Comisionada Laboral de California, Lilia García-Brower, por su confianza en nosotros y por otorgarnos esta valiosa subvención”.

La Unidad de Justicia Laboral de la Fiscalía de Distrito y la OLSE trabajarán juntas para revisar los casos de derechos de los trabajadores utilizando herramientas civiles y penales. La subvención permite que los recursos de la Fiscalía del Condado/OLSE ayuden a obtener y hacer cumplir sentencias civiles en nombre de los trabajadores. La Unidad de Justicia Laboral de la Fiscalía de Distrito seguirá investigando y procesando penalmente a quienes violen la ley de manera penal.

El robo de salarios ocurre entre todos los grupos demográficos, pero una cantidad desproporcionada de los más afectados tienden a ser trabajadores con salarios bajos, mujeres, personas de color, personas que no hablan inglés y personas nacidas en el extranjero. La ubicación de San Diego y su próspera industria agrícola, valorada en casi $2 mil millones, atraen a los trabajadores más vulnerables a la explotación laboral y al robo de salarios.

“El robo de salarios es un problema grave y persistente que exige una mayor colaboración con las agencias gubernamentales y los líderes comunitarios”, dijo la Comisionada Laboral Lilia García-Brower. “La Fiscal de Distrito Summer Stephan ha sido líder en la lucha contra el robo de salarios al asociarse con mi equipo y los líderes comunitarios. Estoy segura de que bajo su liderazgo, estos fondos de subvención beneficiarán enormemente a los trabajadores del condado de San Diego y disuadirán a los malos empleadores de participar en el robo de salarios”.

Tradicionalmente, la oficina del Comisionado Laboral es la agencia gubernamental con autoridad de ejecución administrativa para los casos de robo de salarios. Sin embargo, la AB 594 amplió este alcance de ejecución en 2024 para empoderar a los fiscales públicos, incluida la oficina de la Fiscalía de Distrito y los Asesores Legales del Condado, con la autonomía para procesar de forma independiente acciones civiles o penales por violación de disposiciones específicas del Código Laboral dentro de su jurisdicción geográfica.

“El robo de salarios es una grave injusticia que afecta a muchos en el condado de San Diego, especialmente a nuestros trabajadores más vulnerables”, dijo la Presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nora Vargas. “Esta subvención nos permite fortalecer nuestros esfuerzos para proteger los derechos de los trabajadores y responsabilizar a los empleadores por la explotación”.

El condado de San Diego ha estado a la vanguardia de la lucha contra el robo de salarios. OLSE se centra en proteger los derechos de los trabajadores al garantizar que todos los empleadores cumplan con las leyes salariales. En 2021, se creó la Unidad de Justicia en el Lugar de Trabajo de la Fiscalía de Distrito con el objetivo específico de proteger a la población más vulnerable de las violaciones delictivas en el lugar de trabajo. La unidad fue una de las primeras formadas en California para investigar y procesar los casos de robo de salarios criminales.

“Estamos responsabilizando a las empresas que roban dinero a sus trabajadores y no pagan los salarios que se les han prometido”, dijo la Supervisora ​​Terra Lawson-Remer, Vicepresidenta de la Junta de Supervisores. “Establecimos la Oficina de Normas Laborales del Condado para proteger a los trabajadores y este nuevo programa para procesar a los malos empleadores es un importante paso adelante. Estoy agradecida de que la Comisionada Laboral de California nos haya otorgado esta financiación, OLSE la aprovechará y ayudará a la mayor cantidad de personas posible”.

Según un estudio sobre el robo de salarios y los derechos laborales de 2023 realizado por el Centro de Investigación y Participación Comunitaria de la Universidad Estatal de San Diego, el robo de salarios es un problema generalizado para los trabajadores. El estudio encontró una serie de problemas que enfrentan los trabajadores, incluidos:

  • De los 843 empleados por horas encuestados, el 87 % experimentó robo de salarios durante los 12 meses anteriores, y la mitad de ellos experimentó robo de salarios regularmente.
  • Las violaciones del salario mínimo fueron generalizadas entre los participantes de la encuesta que trabajaban en la ciudad de San Diego, donde el salario mínimo es más alto que el mínimo estatal.
  • Más del 30% de los empleados por horas que trabajaban en la ciudad recibieron un salario inferior al mínimo de 2023 de $16.30.
  • De los empleados que se les paga por hora y trabajaban fuera de la ciudad, donde el salario mínimo de 2023 era de $15.50, casi uno de cada 10 recibió un salario inferior a esa cantidad.
  • Las violaciones de las normas sobre días de enfermedad fueron comunes entre los participantes de la encuesta. De los más de 900 trabajadores encuestados (tanto por hora como asalariados), aproximadamente un tercio no obtuvo ningún día de enfermedad o sufrió represalias por tomarlos.
  • Además, más de la mitad de los encuestados no sabía cuántos días de enfermedad remunerados podía ganar en su trabajo, y la mayoría de ellos no sabía si podía ganarlos.
  • La falta de conocimiento sobre el robo de salarios y cómo buscar soluciones fue generalizada entre los participantes de la encuesta.
  • De los participantes que reportaron haber experimentado al menos una práctica ilegal, el 87% no sabía que había experimentado un robo de salarios.
  • Aún más alarmante es el hecho de que el 82% de los que reportaron que experimentaban violaciones regularmente no lo reconocían como robo de salarios.
  • Casi el 90% de los trabajadores no sabía dónde presentar una denuncia por robo de salario y la misma cantidad nunca había oído hablar de las Oficinas de Cumplimiento de Normas Laborales de la Ciudad o del Condado.

“Vamos a mantenernos firmes en la rendición de cuentas y vamos a hacer todo lo posible para intentar ayudar a estos trabajadores a recuperarse”, dijo Branden Butler, director de OLSE.

Caso de Homicidio Juvenil Remitido a la Fiscalía Federal

En marzo de este año, dos menores fueron arrestados por asesinato, intento de asesinato con armas de fuego y otros delitos graves ocurridos en el condado de San Diego.

Posteriormente, la Fiscalía de Distrito acusó a los menores de estos delitos violentos y premeditados. Desde entonces, la Fiscalía de Distrito ha trabajado en estrecha colaboración con agencias locales y federales para seguir investigando el caso y reducir la amenaza de delitos violentos en nuestra comunidad.

En interés de la seguridad pública y para abordar un aumento continuo de los delitos juveniles, la Fiscalía de Distrito tomó la decisión de remitir y transferir este caso a la Fiscalía de los Estados Unidos, desestimando hoy nuestra petición de acusar a los menores en el Tribunal de Menores. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur tiene una larga y distinguida experiencia y trayectoria en el procesamiento exitoso de delitos de esta naturaleza, y el Fiscal de los Estados Unidos está totalmente comprometido a mantener nuestra región segura, lo que respalda aún más la decisión de aplazar el procesamiento a su oficina.

La cantidad de casos de menores en el condado de San Diego ha aumentado significativamente año tras año. Las derivaciones de delitos juveniles para procesamiento por parte de las fuerzas del orden aumentaron un 13 % entre 2022 y 2023, y actualmente están en camino de aumentar otro 13 % este año. Los casos de menores presentados (peticiones) ante el tribunal aumentaron un 19 % entre 2022 y 2023, y actualmente están en camino de aumentar otro 11 % este año, a pesar de que aproximadamente el 30 % de los casos que involucran delitos no violentos que se revisan se desvían al programa de Iniciativa de Desvío Juvenil de la Fiscalía de Distrito.

El aumento de jóvenes con sofisticación criminal que perpetran delitos violentos que incluyen el uso de armas de fuego y resultan en grandes lesiones corporales y muertes es muy preocupante para las fuerzas del orden. Es importante que quienes cometen delitos violentos en el condado de San Diego comprendan que estos delitos se tomarán en serio, incluso cuando los cometan menores de edad.

“Los delitos violentos cometidos por menores de edad son una amenaza para nuestra comunidad y no se tolerarán en nuestro condado sin consecuencias”, dijo la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan. “Es imperativo que los menores de edad que cometen asesinatos y otros delitos graves y violentos comprendan que no escaparán a la responsabilidad. Existe una creciente preocupación por la seguridad pública de que los delincuentes adultos están incitando a los menores de edad a cometer delitos violentos con garantías de que escaparán a la responsabilidad debido a las leyes juveniles del estado de California. La remisión a un proceso federal en este caso tiene como objetivo detener el reclutamiento de menores de edad para ejecutar delitos violentos. San Diego seguirá comprometido con una sólida colaboración entre nuestros valientes socios federales, estatales y locales para mantener a nuestra comunidad segura y no permitir que estos actos violentos ocurran en nuestros vecindarios locales”.

DA Summer Stephan swearing in as President for NDAA.

Fiscal Summer Stephan Elegida Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito

La Asociación Nacional de Fiscales de Distrito (NDAA) eligió a la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, como su presidenta para el período 2024-2025. Stephan prestó juramento en la Cumbre de Verano anual de la NDAA en Boise, Idaho, el lunes 15 de julio, donde eligió una plataforma para elevar las voces de las víctimas a través de estrategias mejoradas de enjuiciamiento, protección y prevención. Con un legado profesional marcado por un compromiso incesante con la justicia, el servicio a su comunidad y estrategias innovadoras de lucha contra el crimen, la toma de posesión de Stephan promete un enfoque visionario e inclusivo para su cargo.

La distinguida carrera de Stephan está marcada por una apasionada devoción por proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Como presidenta de la NDAA, Stephan pretende elevar el papel de los fiscales en la salvaguardia de los derechos de las víctimas de delitos y mejorar la seguridad pública en todo Estados Unidos.

“Es un tremendo honor liderar la NDAA y trabajar junto a fiscales dedicados en todo el país”, dijo Stephan. “Juntos, continuaremos implementando estrategias con visión de futuro que garanticen la justicia, promuevan la confianza pública y protejan a nuestras comunidades”.

Square photo of DA Summer Stephan swearing in as President for NDAA.Desde que se convirtió en Fiscal de Distrito electa para el condado de San Diego en 2018, Stephan ha dirigido una de las oficinas de la Fiscalía de Distrito más grandes del país, con una plantilla profesional de 1,000 empleados, y se ha desempeñado como fiscal del pueblo para más de 3.3 millones de personas. Bajo su liderazgo, la oficina ha lanzado numerosas iniciativas que se consideran modelos de justicia en todo el país, incluida la creación de un protocolo de amenazas escolares en todo el condado para detener a quienes podrían llevar a cabo tiroteos masivos antes de que puedan actuar, y una Iniciativa de Desvío Juvenil que interrumpe activamente el camino de la escuela a la prisión. Stephan creó el Plan de Reforma de Salud Mental trabajando en colaboración para abordar la intersección de la salud mental, la falta de vivienda y el sistema de justicia penal. Dirigió y financió la capacitación para reducir las tensiones en todo el condado para cada departamento de policía del condado de San Diego para proteger mejor las vidas de los miembros y oficiales de la comunidad, y abrió un Centro de Justicia Familiar de última generación. El enfoque de Stephan en proteger a las personas mayores dio lugar a la creación del primer Grupo de Trabajo Sobre Justicia para Personas Mayores de su tipo. Su oficina está enfocada en el procesamiento de crímenes de odio y traficantes mortales de fentanilo. Stephan también formó un equipo especializado para combatir eficazmente el robo organizado en los comercios minoristas que azota a nuestra nación.

Summer Stephan es reconocida como líder nacional en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual y ha sido nombrada Ángel de la Lucha Contra la Trata de Personas. Fue pionera en la División de Delitos Sexuales y Trata de Personas de San Diego y copreside el comité de Trata de Personas de la Asociación Nacional de Juezas. Stephan es una feroz luchadora por las víctimas de delitos, procesó personalmente muchos casos de asesinato y violación de alto perfil y garantizó la prueba de todos los kits de violación en el condado de San Diego. Sus contribuciones al servicio público le han valido numerosos elogios, incluido el Premio del Fiscal General de los Estados Unidos al Servicio Público Meritorio en 2023, el premio de servicio público más alto otorgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En 2022, fue nombrada una de Las Cinco Mejores Fiscales de Estados Unidos.

“El liderazgo y la visión de Summer Stephan sin duda guiarán a la NDAA a nuevas alturas”, dijo el presidente saliente Charlie Smith. “Su dedicación a la justicia y su enfoque innovador en el procesamiento la convierten en una excelente elección para dirigir nuestra asociación”.

Antes de ser elegida Fiscal de Distrito, Stephan se desempeñó como Fiscal Auxiliar en el condado de San Diego durante 28 años, procesando más de 100 juicios con jurado, incluidos homicidios complejos, delitos sexuales contra niños y casos de trata de personas. Se graduó de la Universidad de California, Davis, y obtuvo su Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho McGeorge de la Universidad del Pacífico.

Además de la elección de Stephan, la NDAA eligió a los siguientes fiscales para la lista de funcionarios 2024-2025:

Presidente Electo: Tim Cruz, Fiscal de Distrito, Brockton, MA

Presidente de la Junta: Charlie Smith, Fiscal del Estado, Frederick, MD

Secretaria/Tesorera: Jennifer Webb-McRae, Fiscal del Condado, Bridgeton, Nueva Jersey

Vicepresidentes:

  • Greg Banks, Fiscal, Coupeville, WA
  • Spencer Merriweather, Fiscal de Distrito, Charlotte, Carolina del Norte
  • Mark Dupree, Fiscal de Distrito, Kansas City, KS

Directores Generales:

  • Ivan Bates, Fiscal del Estado, Ciudad de Baltimore, MD
  • Kevin Barton, Fiscal de Distrito, Hillsboro, Oregón
  • Rich Gibson, Fiscal del Estado, Ellicott City, MD
  • Lorrin Freeman, Fiscal de Distrito, Raleigh, Carolina del Norte
  • Michael Ferrarese, Fiscal de Distrito, Norwich, Nueva York

Hombre Acusado de Asesinato de Hace 24 Años es Sentenciado por Triple Homicidio

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un hombre de 47 años que disparó y mató a tres personas, incluyendo a un bebé de 22 meses, el Día del Trabajo del año 2000, ha sido sentenciado a tres cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional más 75 años a cadena perpetua.

En septiembre del año 2000, Sergio Contreras abrió fuego en un apartamento, después de que uno de los residentes no pagara una pequeña cantidad de drogas ilegales. Contreras le disparó a Michael Plummer, de 27 años, más de una docena de veces. También le disparó en el corazón a Adah Pearson, de 18 años, mientras dormía en el sofá. Otro disparo atravesó la pared y alcanzó a impactar en la cabeza a Julio Rangel, Jr., de 22 meses, mientras dormía en una cama de la habitación de al lado. Las tres víctimas murieron a causa de sus heridas. Contreras huyó y el caso quedó sin resolver durante varios años.

Inicialmente, Contreras era sospechoso del crimen, pero no fue hasta 2007, después de que se presentaran testigos adicionales, que se presentaron cargos de asesinato. El 22 de marzo de 2023, Contreras fue extraditado exitosamente de México, donde cumplía condena por un robo y asesinato no relacionado.

“Cuando un asesinato permanece sin resolver durante décadas, los seres queridos de la víctima tienen un costo enorme, pero ahora las familias de Michael Plummer, Adah Pearson y Julio Rangel Jr. tienen algo de justicia después de muchos años de lamentar su pérdida”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Agradezco a nuestra Unidad de Casos Sin Resolver y a los detectives del Departamento de Policía de San Diego que trabajaron incansablemente en este caso hasta que se resolvió y el asesino fue llevado ante la justicia”.

El Fiscal Auxiliar Chris Lindberg procesó este caso.

Establecida en 2003, la Unidad de Homicidios de Casos Sin Resolver de la Fiscalía de Distrito trabaja con las autoridades para resolver y procesar asesinatos sin resolver. Las víctimas provienen de todos los ámbitos de la vida y de todas las áreas del condado, incluidos menores de edad y ancianos. La Oficina de la Fiscalía de Distrito prioriza estos casos a través de la Unidad de Casos Sin Resolver, que cuenta con investigadores y fiscales dedicados y experimentados que utilizan la última tecnología forense para impartir justicia a las víctimas.

El caso más antiguo resuelto y procesado por la unidad es la violación y el asesinato de Mary Scott en 1969, que resultó en una condena luego de un juicio en 2022. La Unidad de Casos Sin Resolver también administra el Esfuerzo de Investigación Genealógica y Homicidios sin Resolver (CHARGE por sus siglas en Ingles). Con una subvención de dos años del Departamento de Justicia de Estados Unidos, CHARGE utiliza el poder de la genealogía genética de investigación para resolver más casos de homicidios que no ha sido resueltos. La Fiscalía de Distrito de San Diego fue una de las 10 fiscalías de todo el país que recibió esta subvención.

Asociados de Cártel Violento Sentenciados a Cadena Perpetua por Secuestro

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que tres acusados, que previamente fueron acusados ​​formalmente por un gran jurado, fueron sentenciados a largas penas de prisión por sus actos violentos en nombre de un cártel de la droga mexicano. Los acusados ​​Víctor Medrano, de 44 años, y Eliceo Flores, de 36, fueron sentenciados a cadena perpetua en prisión estatal sin libertad condicional y la acusada Emily González, de 33 años, fue sentenciada a 24 años y ocho meses de custodia. El juicio de una cuarta acusada, Julie Soto, de 32 años, está previsto para diciembre.

Los cuatro acusados ​​fueron acusados ​​formalmente por un gran jurado por su papel en los secuestros de dos mujeres, quienes supuestamente robaron al Cártel de Sinaloa. Los dos hombres también fueron acusados ​​de agredir brutalmente a las dos mujeres. Flores, Medrano y Soto fueron acusados ​​además de una variedad de conspiraciones para vender grandes cantidades de fentanilo, metanfetamina, heroína y armas fantasma en nombre del cártel. Además, Flores y Medrano fueron acusados ​​de conspiración para cometer un secuestro por separado, robo, posesión de numerosos vehículos robados y por pasar más de $10,000 en cheques fraudulentos.

“Los cárteles de la droga son una amenaza grave y violenta para nuestra comunidad y sus redes criminales no deben ni podrán operar en nuestro condado”, dijo la Fiscal Stephan. “Que este caso sea un ejemplo del tipo de justicia que brindarán nuestros dedicados fiscales de pandillas que trabajan con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y que arriesgan sus vidas para impartir justicia en nombre de las víctimas para proteger a la comunidad”.

Medrano y Flores se declararon culpables cada uno el 5 de junio de dos cargos de secuestro para pedir rescate y causar daños corporales. González se declaró culpable de dos cargos de secuestro y robo de auto. Tanto Flores como González también admitieron haber tenido un delito grave anteriormente.

La acusación del gran jurado alega que Soto, Medrano y Flores eran parte de un plan de importación de drogas y armas a gran escala, y Medrano se refirió a Soto como “la gran jefa” y “la que se ocupa de la mayoría de SD”. La acusación hace referencia a mensajes del grupo sobre la venta de libras de metanfetamina, heroína y fentanilo en polvo. Mensajes adicionales analizan la venta ilícita de rifles de asalto AR-15 y pistolas fantasma. La acusación también describe los esfuerzos de Medrano y Flores para secuestrar, intentar secuestrar o “eliminar” a varias víctimas diferentes.

El gran jurado alegó que el 2 de mayo de 2022, Soto estaba buscando activamente a una de las dos mujeres, de quienes Soto sospechaba que habían robado un cargamento de drogas. Soto supuestamente contactó a Medrano para recuperar los artículos robados. Medrano, Flores y González condujeron hasta la residencia de las víctimas en El Cajón, donde los dos hombres entraron por la fuerza y ​​ordenaron a las víctimas que se fueran a punta de pistola. El trío llevó a las víctimas a una casa en Lemon Grove y las retuvo para pedir un rescate antes de transportar a las mujeres a la casa de Medrano en Chula Vista.

Una vez dentro de la casa de Medrano, la acusación alega que Medrano, Flores y González drogaron a las víctimas, las amenazaron con torturarlas y luego agredieron brutalmente a las mujeres.

En una declaración ante el tribunal, una de las víctimas describió a las mujeres como “sobrevivientes de una experiencia inimaginable”. Describió la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático que ha soportado desde este incidente “humillante” y comentó lo “realmente aterrador [que es] saber que personas con estas características y mentalidades viven entre nosotros”. Finalmente, se dirigió a los acusados ​​varones y dijo que, aunque solo se declararon culpables de los cargos de secuestro agravado, ella “descansa bien porque Dios sabe lo que hicieron y no hay forma de evitarlo. Ahora la pregunta del día: ¿valió la pena? ¿El dinero que te prometieron valió el resto de tu vida? No creo en la reencarnación, pero si eso sucede, espero que no decidas ser un títere en esa vida como lo fuiste en ésta”.

El Fiscal Auxiliar Drew Garrison procesó este caso.