Operación contra la Trata de Personas “Home for the Holidays” Recupera a 19 Víctimas en Tres Días

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que 19 víctimas de trata de personas fueron rescatadas durante tres días de este mes, como parte de la operación anual “Home for the Holidays” del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas en el Condado de San Diego. A las víctimas se les ofrecieron servicios para ayudarles a escapar y sanar de la explotación y la trata de personas.

Esta operación también resultó en el arresto y la presentación de cargos contra cuatro hombres adultos —entre ellos un delincuente sexual registrado— por proxenetismo, facilitación de la prostitución y violación de una orden de protección. Además, se emitieron seis citaciones por delitos menores a compradores de sexo.

“La cruda realidad es que la trata sexual sigue siendo una industria criminal lucrativa, impulsada por la demanda, que genera más de 810 millones de dólares al año en el Condado de San Diego”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy orgullosa de nuestro trabajo con el Grupo de Trabajo Regional contra la Trata de Personas de San Diego, la División de Delitos Sexuales y Trata de Personas de mi oficina y todos nuestros socios que trabajan las 24 horas del día para rescatar a víctimas tan jóvenes como de 12 años. Juntos responsabilizan a los tratantes de personas y a los compradores criminales por sus delitos. Los esfuerzos continuos del grupo de trabajo demuestran que las fuerzas del orden no tolerarán esta esclavitud moderna de víctimas vulnerables que son compradas y vendidas como si fueran una rebanada de pizza”.

La Operación “Home for the Holidays” es una iniciativa anual y multiagencial cuyo objetivo es rescatar a víctimas de trata de personas, ofrecer servicios a las víctimas, detener y procesar a los tratantes y reducir la demanda de sexo a cambio de pago. Durante la operación, agentes del orden trabajaron de manera encubierta haciéndose pasar por compradores de sexo para identificar y contactar a posibles víctimas de trata y a tratantes, respondiendo a anuncios de sexo en línea. La operación de este año fue la sexta edición anual y se llevó a cabo en moteles de Chula Vista, National City y San Diego los días 10, 11 y 12 de diciembre.

“La Operación ‘Home for the Holidays’ es una parte clave de nuestros esfuerzos para mantener seguras a nuestras comunidades durante las fiestas y durante todo el año”, dijo el Fiscal General Bonta. “Quiero agradecer a nuestros socios del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de San Diego, quienes trabajan para apoyar a las víctimas, sobrevivientes y a sus familias. Juntos, continuaremos interrumpiendo las operaciones de trata de personas y logrando resultados significativos que eleven a los californianos más vulnerables”.

A partir del 1 de enero, entra en vigor una nueva ley que se dirige a los compradores de sexo, protege a los menores y apoya a los sobrevivientes de la trata de personas. La AB 379, presentada por los asambleístas Nick Schultz (D–Burbank), Stephanie Nguyen (D–Elk Grove) y la autora original, la asambleísta Maggy Krell (D–Sacramento), tipifica como delito grave la compra de un menor para fines sexuales. También revierte una parte de una ley mal concebida que despenalizó el merodeo con fines de prostitución, volviendo a convertirlo en delito para los compradores criminales. La ley además crea un Fondo de Apoyo a Sobrevivientes para otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias que brindan servicios directos y labores de alcance a víctimas de trata sexual y explotación. Finalmente, la ley incrementa las sanciones civiles por violaciones específicas relacionadas con la trata de personas cometidas por empresas.

“HSI está comprometida con un enfoque centrado en las víctimas en la lucha contra la trata de personas, priorizando tanto el bienestar de las víctimas como la búsqueda de justicia contra los responsables de estos delitos”, dijo Kevin Murphy, Agente Especial Interino a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego. “A través del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, nuestros esfuerzos colaborativos han logrado retirar de la comunidad a delincuentes peligrosos y asegurar que las 19 víctimas recibieran el apoyo y los servicios que necesitan”.

Los acusados en este caso fueron procesados judicialmente el viernes 19 de diciembre y el lunes 22 de diciembre. De ser declarados culpables, enfrentan penas de entre seis y 20 años de prisión.

El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas es un esfuerzo cooperativo liderado por el Departamento de Justicia de California, con la participación de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, el Departamento de Policía de San Diego, el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de la Frontera Suroeste, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, la Patrulla de Caminos de California, el Buró Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Investigación Criminal Naval, el Departamento de Policía de National City, la Oficina del Abogado de la Ciudad de San Diego y el Departamento de Libertad Condicional del Condado de San Diego.

Si usted o alguien que conoce está siendo coaccionado, engañado o forzado a participar en actividades sexuales o laborales y necesita ayuda para salir de esa situación, puede llamar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888 para acceder a ayuda y servicios. Si usted u otra persona se encuentra en peligro inmediato, llame al 9-1-1.

Durante los últimos cuatro años, se han realizado 23 arrestos, 65 rescates —incluidos dos menores— y se han recuperado tres armas de fuego durante las operaciones “Home for the Holidays”. El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas realiza operaciones similares a lo largo del año. En 2024, el grupo de trabajo rescató a 47 menores a través de diversas operaciones. En 2025, se han rescatado 62 menores.

Rachel Solov, Fiscal Adjunta de Distrito

La Fiscal de Distrito Stephan Nombra a Rachel Solov Como Nueva Fiscal Adjunta de Distrito

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que ha designado a Rachel Solov para el cargo de Fiscal Adjunta de Distrito, tras la jubilación de Dwain Woodley este mes. Solov es la primera mujer en ocupar el puesto número dos en la Oficina de la Fiscalía de Distrito.

Durante su trayectoria en la Oficina de la Fiscalía de Distrito, Solov ha desempeñado cargos de liderazgo como jefa de equipo en el Norte del Condado, jefa de división de la División de Justicia Colaborativa, jefa de Estrategias de Salud Mental y Reforma de la Justicia Penal, y como Fiscal Auxiliar Principal (Chief Deputy District Attorney). En este último cargo, Solov ha supervisado numerosas divisiones, entre ellas Operaciones Especiales, Tribunal Superior, Pandillas, casos de la Corte Juvenil, Delitos Económicos y Protección al Consumidor, Fraude de Seguros y Justicia Laboral, Presentación de Casos y Justicia Colaborativa.

Además, ha trabajado estrechamente con Salud Conductual del Condado y otras áreas del Condado para promover innovaciones que han fortalecido la seguridad pública.

“Rachel Solov aporta un liderazgo excepcional, amplia experiencia como fiscal, buen criterio y una pericia única a este puesto crítico de seguridad pública como segunda al mando de nuestra oficina”, dijo la Fiscal Stephan. “La experiencia estatal de Rachel en evaluación de amenazas e innovaciones en la justicia penal que abordan la intersección entre la salud mental, la adicción, la falta de vivienda y la seguridad pública es más necesaria que nunca. Espero trabajar junto a la Fiscal Adjunta Solov para cumplir nuestra misión de buscar una justicia justa e igualitaria para todos, la protección de las víctimas del delito, el enjuiciamiento de quienes dañan a nuestros vecindarios y una prevención inteligente del crimen”.

Solov, fiscal de carrera, comenzó en la Oficina de la Fiscalía de Distrito como pasante en el programa de Atención a Víctimas y Testigos en 1994. Inició su labor como fiscal en 1999 y ha trabajado en numerosas divisiones de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, incluidas el Tribunal Superior, Delitos Sexuales y Trata de Personas, la sede del Norte del Condado, la sede del Este del Condado, Presentación de Casos y la División de Justicia Colaborativa. A lo largo de su carrera, Solov ha procesado delitos menores y graves, agresiones sexuales, depredadores sexuales violentos, casos de acecho, amenazas y homicidios. Es gestora certificada en evaluación de amenazas y ha sido reconocida a nivel nacional por sus importantes aportes al campo de la evaluación y gestión de amenazas.

“Me siento profundamente honrada de haber sido seleccionada por la Fiscal de Distrito Summer Stephan para servir como Fiscal Adjunta de Distrito”, dijo Solov. “Habiendo dedicado mi carrera a la fiscalía, estoy comprometida a utilizar mi experiencia para fortalecer la seguridad pública, apoyar a las víctimas del delito y garantizar que la justicia se persiga de manera justa y reflexiva. Es un privilegio servir a los residentes del Condado de San Diego y trabajar junto a los fiscales y al personal dedicado que llevan a cabo esta importante misión todos los días”.

Solov, de 54 años, creció en Los Ángeles, pero ha sido parte de la comunidad de San Diego desde que asistió y se graduó con honores (Cum Laude) de la Universidad Estatal de San Diego. Estudió Derecho en la Universidad de San Diego, donde se graduó en 1998. Durante sus estudios, se desempeñó como editora ejecutiva de la publicación San Diego Law Review.

El nombramiento es efectivo de inmediato.

Dwain Woodley dedicó 24 años a la Oficina de la Fiscalía de Distrito y se desempeñó como Fiscal Adjunto de Distrito desde 2021.

“Con profunda gratitud, deseo al Fiscal Adjunto de Distrito Dwain Woodley una maravillosa jubilación”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy muy orgullosa de todos los logros de ADA Woodley, que ayudaron a mantener al Condado de San Diego como una de las regiones más seguras del país a través de una fiscalía ética y el servicio público”.

La Fiscal Stephan Testifica Ante el Comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el Crimen, y Actualiza al Congreso sobre la Amenaza Nacional del Crimen Organizado de Robo en el Comercio Minorista

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, testificó hoy ante el Congreso por segunda vez este año, compareciendo ante el Subcomité sobre Crimen y Vigilancia del Gobierno Federal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Durante sus declaraciones, la Fiscal ofreció un panorama de cómo ha evolucionado el crimen organizado de robo en el comercio minorista en los últimos años, incluyendo una actualización sobre los avances logrados en el Condado de San Diego bajo la Proposición 36.

“El crimen organizado de robo en el comercio minorista no es un delito sin víctimas”, dijo Stephan a los legisladores. “Daña a los trabajadores, a los consumidores, a los pequeños negocios y a comunidades enteras. Socava la seguridad pública y erosiona la confianza en el estado de derecho”.

Vea aquí el testimonio de la Fiscal Stephan.

La Fiscal Stephan instó al Congreso a tomar medidas para combatir la creciente amenaza del crimen organizado de robo en el comercio minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están perjudicando a comunidades y negocios en todo el país mediante robos y allanamientos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal Stephan fue convocada a testificar por su experiencia en el combate a este tipo de delitos en el Condado de San Diego.

Stephan citó datos nacionales que estiman que los comercios minoristas en Estados Unidos perdieron 45 mil millones de dólares por robos en 2024, con pérdidas proyectadas que superarán los 53 mil millones de dólares para 2027. Enfatizó que el robo organizado contribuye al cierre de tiendas, la pérdida de empleos, el aumento de precios para los consumidores y un incremento de la violencia contra los empleados del comercio minorista.

Solo en el Condado de San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha presentado casos de robo organizado en el comercio minorista contra 336 acusados durante un período de tres años, lo que resultó en más de 3.2 millones de dólares en pérdidas documentadas y en sentencias significativas de prisión y cárcel para los infractores condenados.

El testimonio de Stephan destacó numerosos casos que involucran robos coordinados tipo “flash mob”, redes de robos a comercios que operan en varios estados y organizaciones criminales transnacionales —incluidos los Grupos de Robo Sudamericanos (SATG, por sus siglas en inglés)— responsables de robos residenciales de alto nivel y de robos comerciales a gran escala, con mercancía robada enviada al extranjero.

Stephan señaló las recientes reformas legales en California, incluida la Proposición 36 aprobada por los votantes, que fortaleció las sanciones para los reincidentes en delitos de robo y amplió la capacidad de los fiscales para acumular robos ocurridos en distintos lugares y periodos de tiempo. Estos cambios han permitido a las fuerzas del orden enfocarse mejor en redes criminales organizadas, en lugar de tratar los robos como incidentes aislados.

“Nuestra experiencia en California demuestra que las leyes sólidas y claras, combinadas con la colaboración, funcionan”, afirmó Stephan. “La Proposición 36 ha marcado una verdadera diferencia para los negocios locales y el enjuiciamiento de estos delincuentes reincidentes está haciendo que las tiendas y la comunidad sean más seguras. Al enfatizar la rendición de cuentas junto con el tratamiento y la rehabilitación, los datos también muestran que la Proposición 36 está funcionando para abordar las causas fundamentales del comportamiento criminal habitual. Este tipo de reforma puede servir como modelo para la nación”.

La Fiscal de Distrito Stephan expresó un fuerte apoyo a la ley bipartidista Combating Organized Retail Crime Act, que ampliaría las herramientas federales de aplicación de la ley y crearía un Centro Nacional de Coordinación contra el Crimen Organizado de Robo en el Comercio Minorista. Subrayó que las redes de robo organizado cruzan de manera rutinaria fronteras municipales, de condados, estatales e internacionales, lo que hace esencial la coordinación a nivel federal.

También destacó la necesidad de mejorar el intercambio de datos, fortalecer las alianzas público-privadas y promover campañas de concientización pública para reducir la reventa de bienes robados en línea y en mercados informales.

Además del robo en el comercio minorista, Stephan abordó delitos basados en el fraude, como estafas con tarjetas de regalo y fraudes contra personas mayores, señalando que solo en el Condado de San Diego se registraron pérdidas por 149 millones de dólares en estafas a adultos mayores en un solo año. Recalcó que los sistemas nacionales integrados de datos podrían revelar conexiones entre redes de robo organizado y de fraude que operan simultáneamente.

“Restablecer el estado de derecho significa una rendición de cuentas acorde con el delito”, dijo Stephan. “Debemos distinguir entre infracciones menores y empresas criminales sofisticadas que se aprovechan tanto de los consumidores como de los negocios”.

La Fiscal de Distrito Stephan reafirmó el compromiso de su oficina de trabajar con el Congreso, las fuerzas del orden, los comercios minoristas y los socios comunitarios para combatir el crimen organizado.

“Estamos listos para ayudar a fortalecer las leyes y los recursos para proteger a nuestras comunidades, nuestros negocios y a nuestros consumidores”, concluyó. “Juntos, podemos enfrentar este desafío y garantizar que se haga justicia”.

También testificaron en la audiencia de hoy Scott McBride, Director Global de Protección de Activos y Director de Seguridad de American Eagle Inc.; Chris Spear, Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Transporte por Camión; y Shane Bennett, Principal de Defensa Cibernética contra Robo, Fraude y Abuso de Target.

La Fiscalía y Downtown Partnership Se Unen para Disuadir el Robo en Tiendas y Apoyar a los Negocios

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, unió hoy a Downtown San Diego Partnership y al Departamento de Policía de San Diego para informar a los negocios que las nuevas leyes bajo la Proposición 36, aprobada por el Pueblo, están proporcionando responsabilidad junto con tratamiento, y para animar a que reporten los delitos a las autoridades.

Para apoyar la implementación efectiva de las nuevas leyes, se está informando a los negocios que hay disponible señalización gratuita para ventanas, cortesía de la Alianza Contra el Crimen Minorista Organizado de San Diego y la Fiscalía, que advierte a quienes intenten cometer robos en tiendas que serán procesados, especialmente aquellos infractores reincidentes que constantemente atacan a los comercios y amenazan la seguridad pública. A un año de que la Proposición 36 entró en vigor, la Fiscal Stephan también proporcionó una actualización sobre los procesos legales bajo esta nueva ley.

“La Proposición 36 ha marcado una diferencia real para los negocios locales y procesar a estos infractores habituales está haciendo que las tiendas y la comunidad sean más seguras—en todo el condado y en el centro de San Diego”, dijo la Fiscal Stephan. “Desde que la ley entró en vigor, los dueños de negocios han podido llamar a la policía para detener a ladrones reincidentes que aterrorizaban a sus empleados y clientes. Al enfatizar la responsabilidad junto con el tratamiento y la rehabilitación, los datos también muestran que la Proposición 36 está funcionando para abordar las causas fundamentales del comportamiento criminal habitual.”

Datos publicados el mes pasado muestran que al 11 de noviembre de 2025, se han presentado 2,721 casos bajo una de las dos porciones clave de la Proposición 36: infractores reincidentes de robo acusados bajo el Código Penal sección 666.1 y reincidentes en delitos relacionados con drogas duras, acusados bajo el Código de Salud y Seguridad sección 11395. Aproximadamente el 65 por ciento de los casos corresponden a cargos por drogas, mientras que alrededor del 35 por ciento están relacionados con robo en tiendas.

En aproximadamente el 98 por ciento de esos casos, la corte ha colocado a los acusados en una vía de tratamiento para abordar su adicción u otras causas subyacentes del delito.

La Fiscal Stephan estuvo acompañada hoy en una conferencia de prensa por el Alcalde de San Diego Todd Gloria, el Capitán de Policía de San Diego Ryan Hallahan, y Alonso Vivas, Vicepresidente y Director Ejecutivo del programa Clean and Safe de Downtown San Diego Partnership, para ofrecer una actualización sobre los procesos bajo la Proposición 36, explicar cómo responde la policía a los llamados de servicio cuando ocurren robos, y destacar el apoyo que Downtown Partnership brinda a los negocios en el núcleo urbano de la ciudad.

Durante los últimos 12 meses, pequeños y grandes negocios locales han expresado alivio por la implementación de las disposiciones para infractores reincidentes de robo bajo la Proposición 36, con algunos reportando que penas más estrictas están disuadiendo el robo y proporcionando un sentido de seguridad a negocios previamente atacados por infractores recurrentes.

“Por primera vez en años, los negocios, residentes y visitantes del centro sienten que el sistema está funcionando con ellos en lugar de en su contra”, dijo Vivas. “Desde que la Proposición 36 entró en vigor, escuchamos de tiendas que finalmente están viendo un alivio real del robo en comercios y menos reincidentes regresando por sus puertas.”

Las estadísticas del Departamento de Policía de San Diego para 2025 muestran que ha habido una disminución del 23 por ciento en el centro de San Diego en robo, asalto con robo, allanamiento, hurto y otros delitos contra la propiedad. En 2024 hubo 3,515 de estos delitos y este año ha habido 2,708.

“Los esfuerzos del SDPD en el centro de la ciudad  buscan proteger a nuestra comunidad de comportamientos criminales que amenazan la seguridad, el comercio y la calidad de vida”, dijo el Capitán del SDPD Ryan Hallahan. “La Proposición 36 nos brinda la capacidad de hacer cumplir violaciones específicas de narcóticos y robos como delitos graves, responsabilizar a las personas por actos criminales y proporcionar tratamiento a quienes luchan contra la adicción. Es alentador ver que las estadísticas muestran resultados positivos para nuestros negocios del centro, y nuestros equipos continuarán trabajando para mantenerlo así.”

 

“La Proposición 36 está dando resultados para San Diego”, dijo el Alcalde Gloria. “El centro de la ciudad está viendo menos delitos contra la propiedad, y estamos devolviendo la responsabilidad a los infractores reincidentes mientras seguimos ofreciendo tratamiento y servicios para quienes luchan contra la adicción. El robo en tiendas perjudica a todos: dueños de pequeños negocios, trabajadores y clientes. Insto a los san Dieguinos a reportar estos delitos cuando ocurran. Cada reporte nos ayuda a responsabilizar a los infractores y mantener nuestra ciudad segura para todos.”

 

“Un año después de que los votantes aprobaron la Proposición 36 de manera contundente, estamos viendo que está cumpliendo su promesa”, dijo el Regidor de la Ciudad de San Diego Stephen Whitburn, quien representa el centro de la ciudad. “La Fiscal Stephan y nuestros oficiales de la ley están responsabilizando a los infractores reincidentes, y eso es fundamental para proteger a los residentes y negocios del centro. Este esfuerzo coordinado está renovando la confianza de mis electores que viven y trabajan en el centro.”

En la conferencia de prensa de hoy, se recordó a los negocios que pueden tomar pasos proactivos para maximizar el impacto de la Proposición 36, incluyendo:

  • Reportar delitos y educar a los empleados sobre aspectos de las nuevas leyes.
  • Invertir en sistemas de vigilancia para documentar mejor los delitos y capacitar a los empleados sobre cómo documentar la evidencia y las pérdidas sufridas.
  • Colaborar con las autoridades para mantenerse informados sobre las soluciones disponibles bajo la nueva ley.

Los dueños de negocios y el público deben reportar robos, compartir información y apoyar los esfuerzos para responsabilizar a los infractores, con el fin de promover la seguridad pública y mantener una comunidad próspera.

Además, se recordó hoy a los negocios que hay calcomanías adhesivas gratuitas para ventanas que advierten a los posibles ladrones que serán procesados. Para solicitar una calcomanía gratuita, los negocios pueden enviar un correo a: SanDiegoDA@sdcda.org.

Ante el reconocimiento del aumento en el robo minorista organizado, hace varios años la Fiscalía formó un equipo especializado de fiscales e investigadores para combatir este delito. El equipo trabaja con negocios locales y con las autoridades para construir pruebas sólidas, lo que finalmente conduce a casos más robustos. Además de trabajar con Downtown San Diego Partnership y las Cámaras de Comercio del condado, la Fiscalía también participa en la Alianza Contra el Crimen Minorista Organizado de San Diego (SDORCA), uniendo esfuerzos entre investigaciones públicas y privadas de robo minorista organizado en negocios grandes y pequeños del condado.

La Proposición 36, que fue aprobada con el 68 por ciento del voto en 2024, entró en vigor en diciembre del año pasado. La Fiscalía se ha comprometido a implementar con éxito esta medida transformadora en colaboración con el Sheriff, los jefes de policía del condado, la corte y la comunidad. La medida:

  • Proporciona consecuencias más estrictas para infractores reincidentes de robo, quienes cometen robos tipo “smash and grab” y redes de robo organizado, para ayudar a detener el ciclo de reincidencia.
  • Requiere que los distribuidores convictos de fentanilo y drogas duras reciban una advertencia de que, si vuelven a vender drogas ilegales y alguien muere, serán responsables por la muerte de la víctima. La ley proporciona consecuencias adicionales para los distribuidores de drogas ilegales que causan lesiones graves o muerte, que portan armas de fuego mientras venden narcóticos, o que están involucrados en la distribución de cantidades inusualmente grandes de narcóticos.
  • Incentiva tratamientos que salvan vidas para acusados que sufren de adicción creando el nuevo Delito Grave con Tratamiento Obligatorio, que ofrece tratamiento como alternativa al encarcelamiento para quienes poseen ilegalmente drogas duras como fentanilo y metanfetamina, abordando la causa raíz de muchos delitos.

Más información sobre la implementación de la Proposición 36 puede encontrarse en el sitio web de la Fiscalía, aquí.

Cargos por Fraude al Propietario de un Negocio de Cremación de Mascotas

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que la División de Delitos Económicos y Protección al Consumidor de la Fiscalía presentó cargos contra el propietario de un negocio de cremación de mascotas en San Marcos por no cumplir con los servicios de cremación prometidos a los clientes ni reembolsar sus pagos. Christopher Settle, de 39 años, fue procesado hoy en la Corte Superior de San Diego por un cargo grave de gran robo.

Se ha identificado a veinte víctimas que no recibieron reembolsos por servicios de Angel Paws Pet Cremation que no fueron completados entre julio y septiembre de este año. La pérdida total para las 20 víctimas supera los $4,700. Tres víctimas recibieron cenizas que supuestamente correspondían a los restos cremados de sus mascotas, pero posteriormente descubrieron que los cuerpos de sus mascotas permanecían intactos en el negocio. Settle continuó operando su negocio de cremación de mascotas sin tener la capacidad legal ni física para completar los servicios por los que los clientes habían pagado. El negocio cerró este pasado verano.

“Estos dueños de mascotas confiaron en este negocio para manejar los restos de sus animales con dignidad y respeto, pero en su lugar se les negó ese trato”, dijo la Fiscal Stephan. “El propietario está siendo responsabilizado por sus actos gracias al arduo trabajo de nuestro equipo de fiscales de protección al consumidor.”

Settle fue detenido en su domicilio en Temecula el 2 de diciembre por agentes de la Estación del Alguacil de San Marcos. El acusado renunció a la extradición y fue trasladado al Condado de San Diego, donde fue ingresado en el Centro de Detención de Vista con base en una orden de arresto pendiente.

El cierre abrupto del negocio durante el verano causó una gran angustia a los dueños de mascotas en duelo, quienes presentaron múltiples denuncias ante las autoridades. En documentos judiciales, los fiscales señalaron que el suministro eléctrico del negocio fue cortado durante el verano por falta de pago, lo que dejó a algunos animales fallecidos sin refrigeración por períodos prolongados. Settle continuó aceptando animales para servicios de cremación a pesar de que el suministro de gas estaba suspendido.

El permiso de Settle del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego (SDCAPCD) para operar expiró en marzo de 2024, y el permiso quedó oficialmente retirado en septiembre del año pasado. Sin un permiso válido del SDCAPCD, Settle no tenía la capacidad legal ni física para operar el incinerador del negocio.

Entre el 24 de septiembre y el 1 de diciembre de este año, 46 clientes de Angel Paws contactaron a la Oficina del Alguacil del Condado de San Diego en San Marcos para presentar una queja relacionada con Angel Paws. Varios de estos clientes no están incluidos en la lista de víctimas porque sus clínicas veterinarias subcontrataron los servicios de cremación con Angel Paws. Angel Paws recogió varias mascotas fallecidas del ABC Veterinary Hospital, Julian Pet Clinic, Pets Place Animal Hospital y Santa Fe Pet Clinic, pero nunca envió facturas para el pago. Algunos dueños de mascotas recibieron cenizas durante el periodo en que Angel Paws no estaba operando, y otros aún no han recibido las cenizas ni el cuerpo de su mascota.

La División de Delitos Económicos y Protección al Consumidor de la Fiscalía es responsable de procesar una amplia variedad de delitos, incluidos el abuso financiero de personas mayores, la intrusión informática, el robo de identidad complejo, las estafas de inversión, la malversación de fondos, los asuntos inmobiliarios, los productos falsificados, los delitos ambientales y el robo de fondos de asistencia pública.

El Fiscal Auxiliar, Alexander Poyhonen, está a cargo de la acusación en este caso.

Police cars with lights on.

Persona de Interés Identificada en Conexión con una Investigación en Curso en Southcrest

Las autoridades han identificado a Dwight William Rhone, de 74 años, como una persona de interés relacionada con una investigación en curso en la propiedad ubicada en 3443 Newton Avenue, en el vecindario de Southcrest en San Diego. El 2 de diciembre, se localizaron restos humanos en la propiedad. Una investigación conjunta que involucra al Departamento de Policía de San Diego, la Patrulla de Caminos de California (CHP), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía del Condado de San Diego continúa activa. Rhone, quien anteriormente fue inquilino en la dirección de Newton Avenue, se encuentra actualmente bajo custodia y está acusado del homicidio de Bernardo Moreno. Cualquier persona que tenga información sobre la posible participación de Rhone en delitos adicionales debe comunicarse con la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San Diego al (619) 531-2293 o con Crime Stoppers al (888) 580-8477.

El 2 de diciembre de 2025, investigadores de “Cold Case” (Casos Sin Resolver) /Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Diego y la Fiscalía del Condado de San Diego asistieron a CHP y FBI en la ejecución de una orden de cateo en la dirección de Newton Street. Detectives de CHP habían obtenido información que llevó a los investigadores a sospechar que había restos humanos en la propiedad. Debido a que la jurisdicción de la dirección corresponde a la Ciudad de San Diego, los detectives de “Cold Case” (Casos Sin Resolver) /Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Diego, en conjunto con la Fiscalía del Condado de San Diego, investigarán las circunstancias de los restos recuperados en el lugar. Los detectives trabajarán con la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego para determinar la identidad de los restos y la causa de muerte.

No hay detalles adicionales sobre este caso en este momento. Más información será proporcionada conforme esté disponible.

Condena de Prisión para Hombre Declarado Culpable de Asesinar a su Exnovia

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que Eduardo Magaña, de 48 años, ha sido sentenciado a 15 años a cadena perpetua en prisión por el asesinato de su exnovia, Alexis Berenice Guadarrama Orozco, de 33 años.

Magaña fue declarado culpable por un jurado de asesinato en segundo grado en noviembre.

En el juicio, los fiscales presentaron una cronología que demostró que el acusado se reunió con Guadarrama en el Star Motel en Otay Mesa el 15 de julio. Más tarde, se vio al acusado colocando un objeto grande y pesado en la cajuela de su auto durante las primeras horas del 16 de julio. Al mismo tiempo, toda comunicación de la víctima con sus amigos y familiares se detuvo. Magaña fue arrestado tres días después en Bell Gardens, California, cerca de Los Ángeles.

El cuerpo de Guadarrama nunca fue encontrado y se cree que se encuentra en el área del sur de California. La Fiscal Stephan y el Jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, están pidiendo la ayuda del público para localizarlo.

“Aunque hemos obtenido una medida de justicia con la condena por asesinato y la sentencia de hoy, el verdadero sentido de cierre y dignidad llegará cuando los restos de la víctima sean devueltos a su familia en duelo”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy agradecida con nuestro equipo de fiscales y con los detectives del Departamento de Policía de San Diego que resolvieron este caso.”

Cualquier persona con información sobre este caso debe comunicarse con la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San Diego al 619-531-2293 o con la línea anónima de Crime Stoppers al (888) 580-8477. Visite sdcrimestoppers.org para obtener información sobre cómo enviar una denuncia por internet o a través de la aplicación móvil.

Si bien los juicios por asesinato en los que no se ha localizado el cuerpo son poco comunes, cientos de condenas de este tipo han ocurrido en los Estados Unidos y aquí en el Condado de San Diego en las últimas décadas, gracias a los avances en la ciencia forense y la evidencia digital.

Las Fiscales Auxiliares Justine Santiago y Jennifer Crampton procesaron este caso. También se contó con la asistencia del Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino.

Fiscalía Lanza Campaña de Prevención de Estafas contra Personas Mayores

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dio a conocer hoy cifras alarmantes relacionadas con la cantidad de dinero que las personas mayores perdieron en el condado a causa de diversas estafas en línea y por teléfono dirigidas a adultos mayores. Durante un período de un año, las personas mayores del condado fueron estafadas por más de $130 millones, según el Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores del Condado de San Diego (EJTF, por sus siglas en inglés).

Citando estas devastadoras pérdidas, la Fiscal Stephan estuvo acompañada hoy por autoridades del orden en una conferencia de prensa para compartir también detalles de una campaña de prevención de estafas a gran escala que ha generado casi 26 millones de impresiones publicitarias desde mediados de septiembre. La campaña inició en septiembre y continuará hasta finales de año. Su objetivo es educar a las personas mayores, sus seres queridos, cuidadores y al público sobre los tipos de estafas más comunes actualmente. El esfuerzo de alcance público es liderado por la Oficina de la Fiscal y se está difundiendo en medios exteriores, múltiples plataformas digitales, medios impresos y estaciones de radio.

“Hemos tenido suficiente de criminales que atacan agresivamente a algunas de las personas más vulnerables del Condado de San Diego y que, en algunos casos, les roban los ahorros de toda una vida”, dijo la Fiscal Stephan. “Queremos educar a los adultos mayores y a sus familias sobre cómo reconocer estafas y qué acciones específicas deben tomar si sospechan que están siendo blanco de una. Al mismo tiempo, nuestro trabajo colaborativo a través del Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores está dando resultados tanto en procesamientos como en restitución para víctimas que antes estaban devastadas por sus pérdidas.”

VIDEO COMPLETO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA, AQUÍ.

El Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores (EJTF) del condado se formó en 2020 y, por primera vez, combinó recursos de investigación e intercambio crítico de datos entre autoridades federales, estatales y locales. Desde su creación, el EJTF ha rastreado o identificado a más de 4,600 víctimas y más de $325 millones en pérdidas en el Condado de San Diego. Sin embargo, es probable que las cifras reales sean mucho más altas, ya que el fraude a personas mayores está crónicamente poco reportado debido a la vergüenza y el miedo. En un esfuerzo transformador, el EJTF combina los esfuerzos del FBI, la Oficina del Fiscal Federal, la Oficina de la Fiscal de Distrito, el Centro de Coordinación de Cumplimiento de la Ley, los Servicios de Envejecimiento e Independencia del Condado y autoridades policiales locales para enfocarse exclusivamente en la explotación financiera de adultos mayores.

“La justicia para las personas mayores ha sido durante mucho tiempo una prioridad para el FBI, y la División de San Diego está comprometida con proteger a esta población vulnerable,” dijo el Agente Especial a Cargo Mark Dargis de la Oficina del FBI en San Diego. “La seguridad de los adultos mayores es parte de nuestra misión y nos tomamos muy en serio estas violaciones. Investigamos agresivamente a quienes buscan destruir la estabilidad financiera de nuestra comunidad mayor y estamos comprometidos a hacer que los estafadores rindan cuentas para ayudar a restaurar la justicia para sus víctimas.”

El Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores investiga casos, procesa a criminales y confisca o recupera fondos perdidos siempre que es posible. Desde octubre de 2023, el Grupo ha identificado docenas de sospechosos investigados por el EJTF o que aún están bajo investigación, y ha presentado cargos contra más de 70 acusados en tribunales estatales y federales. Las pérdidas totales para víctimas en San Diego en todos los casos del EJTF que están actualmente bajo investigación ascienden a $4.5 millones. La Oficina de la Fiscal de Distrito ha recuperado más de $274,000 en restitución para víctimas relacionada con 10 de sus procesamientos—dinero que regresó directamente a las víctimas. Además, el EJTF ha recuperado más de $16 millones de fondos de víctimas mediante órdenes federales de decomiso, coordinación bancaria y medidas activas de prevención de pérdidas.

“Los estafadores que se dirigen a las personas mayores no solo roban dinero —roban su dignidad y seguridad,” dijo el Fiscal Federal Adam Gordon. “Cuando se defrauda a los adultos mayores, a menudo pierden la capacidad financiera para vivir sus vidas como desean. Reportar temprano marca toda la diferencia. Ya nos ha permitido interrumpir millones de dólares en estafas y devolver dinero a las víctimas antes de que desaparezca. Instamos a cualquier persona que sospeche que ha sido blanco de una estafa a reportarlo de inmediato. Juntos, podemos detener a estos estafadores y devolver a nuestros adultos mayores la tranquilidad y libertad financiera que se han ganado.”

A pesar de los éxitos del Grupo de Trabajo, el monto de las pérdidas continúa aumentando año tras año, lo que llevó a la Fiscal a crear esta nueva campaña de alcance público para reducir la victimización de adultos mayores del condado. La campaña de Prevención de Estafas a Personas Mayores incluye una estrategia mediática integral y se difundirá hasta el 31 de diciembre. Está diseñada para proporcionar un alto nivel de conocimiento público, cobertura multilingüe y reforzamiento constante durante la temporada navideña, cuando las estafas son más comunes.

La estrategia de la campaña equilibra alcance masivo para visibilidad con ubicaciones específicas para relevancia cultural y comunitaria. Al combinar medios tradicionales con canales digitales, se asegura de que tanto las personas mayores como sus familias reciban el mensaje múltiples veces y en varios formatos, aumentando la retención del mensaje.

A dos meses de iniciada la campaña, los esfuerzos combinados de los medios ya han generado más de 25.9 millones de impresiones y se espera que generen más de 43 millones de impresiones y lleguen a aproximadamente 3.5 millones de personas únicas en el Condado de San Diego. Este amplio alcance garantiza que las personas mayores, cuidadores y familias reciban repetidamente el mensaje de prevención en inglés, español, tagalo y vietnamita a través de una combinación de medios tradicionales, digitales y comunitarios.

Las estafas contra adultos mayores se han vuelto más sofisticadas, utilizando tácticas que van desde la suplantación de autoridades gubernamentales hasta voces generadas por IA que imitan a familiares. La campaña está basada en el mensaje: “Deténgase. Cuelgue. Cuéntele a alguien.” Este llamado a la acción simple y repetible proporciona claridad y reduce la duda cuando una persona mayor o un cuidador se encuentra con una solicitud sospechosa.

La Comisión Federal de Comercio advirtió que las estafas dirigidas a adultos mayores se han disparado en los últimos cuatro años. Los reportes de adultos mayores de 60 años que pierden $10,000 o más por estafas de suplantación se han cuadruplicado desde 2020. Aún más alarmante: las pérdidas combinadas de más de $100,000 por víctima aumentaron ocho veces, de $55 millones en 2020 a $445 millones en 2024.

La campaña de alcance de la Fiscalía señala que las estafas casi siempre siguen el mismo patrón: una llamada, mensaje de texto o ventana emergente, o “pop-up”, advirtiendo sobre un falso problema “urgente”. El estafador—haciéndose pasar por una agencia gubernamental, banco o empresa reconocida—presiona a las víctimas para que muevan dinero para “protegerlo”. En realidad, los están engañando para que entreguen su dinero.

Las estafas suelen presentarse en tres formas comunes:

  • “Alguien está usando sus cuentas.” Se hacen pasar por su banco o PayPal, afirmando que detectaron actividad sospechosa o transacciones no autorizadas.
  • “Su información está vinculada a un crimen.” Suplantan a autoridades, advirtiendo que su número de Seguro Social está relacionado con narcotráfico o lavado de dinero.
  • “Su computadora ha sido hackeada.” Una falsa alerta de seguridad—que aparenta ser de Microsoft o Apple—le indica que llame a un número donde los estafadores afirman que sus cuentas están comprometidas.

Una vez que captan la atención de la víctima, le indican que transfiera fondos, deposite efectivo en cajeros de Bitcoin o incluso entregue dinero u oro a mensajeros. Distintas historias—la misma meta: robar su dinero.

Cómo protegerse:

  • Nunca mueva dinero para “mantenerlo seguro”. Ninguna agencia o compañía legítima le pedirá esto.
  • Verifique de forma independiente. Cuelgue y vuelva a llamar usando un número que usted sepa que es real—nunca el que ellos le dan.
  • Detenga la llamada antes de que comience. Use herramientas de bloqueo de llamadas para reducir intentos de estafa.

Más información sobre la campaña y ejemplos de anuncios pueden encontrarse en el sitio web de la Fiscalía aquí.

Photo of a gavel over law books and scales of justice.

Empresas de Control de Plagas Pagarán $3.1 Millones en Acuerdo Ambiental

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy un acuerdo civil de $3.15 millones contra Clark Pest Control of Stockton (Clark), Orkin Services of California (Orkin) y Crane Pest Control (Crane) para resolver acusaciones de que las empresas violaron leyes estatales que regulan pesticidas, residuos peligrosos y la privacidad de los registros de clientes, al desechar ilegalmente pesticidas y residuos peligrosos en contenedores de basura destinados a vertederos municipales no autorizados para recibir esos materiales. Se unieron a la demanda los Fiscales de Distrito de los condados de Contra Costa, Alameda, Santa Clara, San Joaquín, San Mateo, Solano, Sonoma, Yolo, Monterey, Orange, Riverside y Ventura.

La demanda también resuelve acusaciones de que las empresas rutinariamente no trituraban los registros de clientes que contenían información confidencial antes de desecharlos en la basura.

“Al hacer cumplir las leyes ambientales, nuestra Unidad de Protección Ambiental hace un trabajo excepcional asegurando que las empresas no obtengan ganancias recortando esquinas de manera que dañen a nuestras comunidades mediante contaminación, desecho ilegal de residuos peligrosos u otras violaciones”, dijo la Fiscal Stephan. “Continuaremos trabajando con reguladores y otros fiscales del estado para investigar y procesar a las corporaciones que violen la ley y pongan en riesgo la salud ambiental del Condado de San Diego y la seguridad de sus residentes.”

Clark, Orkin y Crane son empresas de servicios de control de plagas para hogares y comercios, propiedad de Rollins, Inc., con sede en Georgia, y cuentan con más de 70 instalaciones en California, incluyendo siete en el Condado de San Diego.

La investigación se inició en 2021 y, desde marzo de ese año hasta febrero de 2022, investigadores de la Fiscalía en todo el estado realizaron una serie de inspecciones encubiertas a 40 contenedores de basura provenientes de 22 instalaciones distintas de Clark y Orkin. Las inspecciones descubrieron miles de artículos tóxicos, inflamables y corrosivos—incluyendo pesticidas y residuos peligrosos—desechados ilegalmente y destinados a estaciones de transferencia y vertederos no autorizados para recibirlos. Entre esos artículos se encontraban envases de líquidos, polvos, espumas, cebos, gránulos y aerosoles de pesticidas, así como baterías peligrosas, desechos electrónicos, desinfectantes, selladores, adhesivos y soluciones de limpieza de las instalaciones.

Las inspecciones también revelaron que las empresas habían manejado y desechado de manera inapropiada miles de registros de clientes, violando las leyes de privacidad de California que requieren que la información personal se vuelva ilegible antes de su eliminación. Esos registros incluían órdenes de servicio, contratos, facturas e informes de rutas.

Cuando los fiscales notificaron a Clark y Orkin sobre los desechos ilegales, las empresas cooperaron plenamente y respondieron rápidamente reforzando políticas y procedimientos internos para eliminar el manejo y desecho incorrecto de estos residuos prohibidos y para proteger la información confidencial de sus clientes en California.

Bajo el fallo final estipulado, Clark, Orkin y Crane pagarán un total de $3,175,000, que consiste en:

  • $2,017,000 en sanciones civiles
  • $400,000 en proyectos suplementarios de cumplimiento ambiental
  • $333,000 en costos de investigación
  • $400,000 en crédito por medidas suplementarias de cumplimiento ambiental

El Condado de San Diego recibirá $125,000.

El fallo también requiere que las empresas cumplan con una orden judicial permanente que exige importantes reformas operativas por un período no menor de cinco años, incluyendo:

  • Contratar a un auditor externo para realizar auditorías de contenedores en al menos el 10% de sus instalaciones cada año durante cinco años.
  • Informar los hallazgos de las auditorías a los fiscales.
  • Exigir que todos los empleados de las instalaciones completen un programa de capacitación que garantice el cumplimiento con las leyes aplicables sobre residuos de pesticidas y residuos peligrosos, y mantener constancia de la capacitación durante tres años.
  • Dedicación mínima de dos mil (2,000) horas por año, durante cada año en que el fallo esté vigente, para medidas mejoradas de cumplimiento ambiental, incluyendo revisiones de cumplimiento en áreas de acumulación de residuos, supervisión de esfuerzos de minimización de residuos por parte de técnicos, y supervisión del manejo mejorado de residuos peligrosos.

La Unidad de Protección Ambiental de la Fiscalía del Condado de San Diego forma parte de su División de Delitos Económicos y Protección al Consumidor. Los fiscales de la unidad manejan casos relacionados con el tratamiento, transporte, almacenamiento y desecho ilegal de materiales y residuos peligrosos. También revisan accidentes industriales referidos por Cal-OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California), especialmente aquellos que implican violaciones graves de seguridad que resultan en muerte, discapacidad o riesgo significativo de exposición. Los casos pueden ser penales o civiles, dependiendo de la situación.

El Fiscal Auxiliar Michael McCann manejó la demanda civil en representación de la Fiscalía del Condado de San Diego.

Más Reincidentes de DUI Son Responsables del Aumento en Muertes por DUI

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que su oficina está recibiendo una subvención de $950,000 de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California por duodécimo año consecutivo para prevenir y procesar casos de muertes relacionadas con conductores que manejan bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI). La subvención llega en un momento en que el número de casos fatales por DUI en el Condado de San Diego continúa en aumento.

En 2024, la Oficina de la Fiscalía presentó cargos contra 23 conductores DUI responsables de 28 muertes. En lo que va de este año, se han presentado cargos contra 22 conductores DUI responsables de 23 muertes.

“Esta subvención permite que nuestra oficina continúe financiando un equipo dedicado de fiscales e investigadores enfocados en responsabilizar a los conductores bajo la influencia y en prevenir futuras tragedias,” dijo la Fiscal Stephan. “Cada año vemos demasiadas vidas perdidas por choques causados por DUI. A medida que se acercan las fiestas, insto a todos a tomar decisiones responsables. Usen un servicio de transporte, llamen a un amigo y nunca permitan que alguien conduzca si ha estado bebiendo o consumiendo drogas.”

Cuando alguien mata a otra persona mientras conduce bajo la influencia, puede ser acusado de homicidio vehicular, que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, o incluso de asesinato en segundo grado, que conlleva una pena de 15 años a cadena perpetua. El número de casos de asesinato en segundo grado relacionados con conductores DUI presentados por la Fiscalía aumentó este año, en gran parte debido al número de reincidentes responsables de estas fatalidades. En lo que va del 2025, la Oficina de la Fiscalía presentó cargos de asesinato en segundo grado contra 13 conductores DUI. En comparación, en 2024, la Fiscalía presentó cargos de asesinato en segundo grado contra solo 5 conductores DUI.

La subvención de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California permitirá que la Unidad de Homicidios por DUI de la Fiscalía continúe su trabajo fundamental, incluyendo esfuerzos de educación y prevención dentro de la comunidad. Esta unidad especializada, que se lanzó en 2014, ha procesado cientos de casos y ha recibido aproximadamente $6 millones en fondos de la Oficina de Seguridad del Tráfico.

Los fondos también se utilizarán para:

  • Proporcionar educación a conductores jóvenes sobre los peligros de conducir bajo la influencia.
  • Ofrecer capacitación para fiscales e investigadores a través del Programa de Fiscales de Recursos de Seguridad del Tráfico de California, así como entrenamientos específicos del Condado de San Diego.
  • Organizar reuniones regionales trimestrales con agencias del orden para mejorar las investigaciones y procesamientos de casos DUI.

En 2024, la Oficina de la Fiscalía de Distrito presentó 4,389 casos de DUI, incluyendo 280 casos de DUI por drogas. A partir del 29 de octubre de 2025, la oficina ha presentado 9,405 casos de DUI, incluyendo 426 casos de DUI por drogas este año. Muchos de estos números representan aumentos significativos en comparación con años anteriores.

La financiación de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California es proporcionada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. El programa de subvenciones se extiende hasta septiembre de 2026.