El ex agente del Departamento del Sheriff del condado de San Diego, Aaron Russell, de 25 años, se declaró culpable hoy de un cargo de homicidio voluntario en relación con disparar y matar a un hombre que vio escapar de una patrulla cerca de la cárcel del centro de San Diego en mayo de 2020. Russell también admitió que personalmente utilizó un arma de fuego en la comisión del crimen. Russell le disparó a Nicholas Bils, de 36 años, en la espalda y el costado mientras corría cerca de las calles Front y B Street. El incidente fue captado por una cámara de vigilancia Smart Streetlight cerca de la intersección.

Russell está programado para ser sentenciado por el juez de la Corte Superior Francis Devaney el 7 de febrero. Enfrenta a hasta 11 años en una prisión estatal.

“Como en todos los casos, mi oficina sigue la ley y la evidencia en la búsqueda de una justicia imparcial e igualitaria para todos”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Después de un análisis extenso de todas las pruebas, inclusive la presentada por la defensa después de la audiencia preliminar, la declaración de culpabilidad del acusado de homicidio voluntario por delito grave refleja con precisión que se trata de un homicidio en el que la víctima murió ilegalmente a manos del ex agente y que el ex agente creyó errónea e irracionalmente que era necesario defenderse de una amenaza inminente percibida. La Fiscalía se ha reunido con la madre de la víctima con respecto a este acuerdo. Su aportación fue un componente fundamental para determinar la resolución adecuada, ya que ha sufrido una pérdida indescriptible debido a las acciones del acusado. Nada traerá de vuelta al ser querido de esta familia, pero esperamos que esta condena les traiga justicia y rendición de cuentas.”

Nicholas Bils estaba siendo transportado a la cárcel en una patrulla de los Parques Estatales cuando sacó la mano izquierda de una de las esposas y salió correindo del vehículo. Un oficial de Parques Estatales cercano abrió la puerta de su camioneta y trató de salir para detener a Bils, pero Bils empujó la puerta contra el oficial y salió corriendo, con las esposas todavía en la muñeca derecha de Bils. El oficial de la camioneta corrió tras Bils. Russell, que entonces era un agente del Departamento dol Sheriff, estaba parado en la intersección en uniforme y observó el intento de fuga. Mientras Bils corría con una esposa alrededor de su muñeca derecha, Russell disparó cinco tiros, golpeando a Bils cuatro veces.

Durante una audiencia preliminar, otro agente del Departamento del Sheriff que también había presenciado el intento de fuga, testificó que planeaba perseguir y tumbar a Bils. Declaró que no veía la necesidad de ningún otro tipo de fuerza y que no sentía que nadie en el área estuviera en peligro inmediato. Después de una audiencia preliminar, se ordenó a Russell enfrentarse a un juicio por un cargo de asesinato en segundo grado.

Los abogados de Russell plantearon varias teorías de justificación para el uso de la fuerza, pero en el acuerdo de culpabilidad que se hizo público hoy, Russell admitió que “creía irracionalmente que yo o alguien más estaba en peligro inminente de ser asesinado o sufrir una gran lesión corporal. De hecho, pero sin razón, creí que el uso inmediato de fuerza letal era necesario para defenderme del peligro. Por lo tanto, actuando solo, utilicé personalmente mi arma de fuego pronunciada por el departamento para dispararle a Nicholas Bils, acabando con su vida.”

En enero de 2020, la ley de California cambió para permitir el uso de la fuerza letal solo cuando sea «necesario», cuando una vida esté en peligro inminente y no se disponga de métodos no letales. Anteriormente, la fuerza letal se permitía cuando era «razonable». Russell es el primer agente de la ley en California en ser acusado de homicidio desde que el estado elevó el estándar sobre cuándo los agentes del orden público pueden usar fuerza letal.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan, anunció que ella y 27 fiscales de distrito electos en todo California fueron aprobados una orden de restricción temporal del juez de la Corte Superior de Sacramento, Raymond Cadei, que impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) promulgue un aumento de 50% de créditos de custodia por “buen tiempo” a 66% de créditos para presos que han sido previamente condenados por uno o más delitos graves y violentos.

La orden judicial se produce a raíz de las regulaciones de «emergencia» promulgadas recientemente por el CDCR que permiten que se otorguen créditos de custodia adicionales a delincuentes graves y violentos, lo que lleva a su liberación anticipada de la prisión, incluidos los créditos que no se basan en completar ningún programa de rehabilitación.

Las regulaciones más recientes del CDCR también otorgan créditos adicionales por buena conducta a los reclusos que trabajan en actividades relacionadas con campamentos de bomberos. Sin relación con los créditos para campamentos de bomberos, el CDCR buscó aumentar los créditos al 66% de los créditos por buena conducta y reducir en dos tercios las condenas a los presos por segundo error. El CDCR tomó esta acción en medio de una demanda pendiente en la que la Fiscal de Distrito de San Diego también se unió para impugnar los créditos adicionales sobre la base de que había utilizado ilegalmente la excepción de emergencia para evitar los comentarios públicos. La nueva clase de créditos incluiría proporcionar créditos de custodia adicionales para los reclusos condenados por violencia doméstica, robo residencial, asalto con un arma mortal, tráfico de personas y posesión de armas, que también tienen condenas previas por delitos graves y violentos.

“Liberar temprano a los reclusos que han cometido crímenes atroces después de cumplir solo una fracción de su sentencia amenaza la seguridad de nuestras comunidades y es una bofetada para las víctimas de delitos que aún están sufriendo”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «Mis compañeros Fiscales de Distrito y yo no impugnamos los créditos por buena conducta por el trabajo en un campamento de bomberos, pero extender esos créditos a los presos con antecedentes penales graves y violentos no redunda en interés de la justicia ni de la seguridad del público».

Para detener la aplicación de esta nueva «regulación de emergencia» de liberación temprana, los 28 Fiscales de Distrito presentaron una orden de restricción temporal el 22 de diciembre con la Fiscal de Distrito de Sacramento, Anne Marie Schubert, como autora principal. El 29 de diciembre, la corte concedió la petición y emitió la orden contra CDCR, abriendo la vía para presentar una demanda completa.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan, anunció hoy que un jurado ha declarado inocente al ex oficial del Departamento de Policía de La Mesa, Matthew Dages, de 30 años, de un delito grave por falsificar un informe policial.

El 27 de mayo de 2020, Dages confrontó, detuvo y arrestó a Amaurie Johnson, de 24 años, cerca de una estación de tranvía el año pasado, un incidente que provocó protestas en la ciudad. El Departamento de Policía de La Mesa no remitió el caso contra Amaurie Johnson a la Oficina de la Fiscalía de Distrito para su enjuiciamiento, pero pidió que la Oficina de la Fiscalía de Distrito revisara un caso contra Matthew Dages.

Varios agentes del orden público testificaron que la deshonestidad en los informes policiales nunca puede tolerarse en nuestro sistema judicial.

La Fiscal de Distrito Summer Stephan emitió la siguiente declaración:

“Quiero agradecer al jurado por su tiempo y consideración de este caso. Si bien respeto el veredicto del jurado, me siento orgullosa de que mi equipo luchó valientemente por la justicia sin prejuicios ni favores hacia nadie. La integridad de nuestro sistema de justicia penal depende de que los oficiales de policía presenten informes policiales veraces y nuestra revisión exhaustiva de los hechos y las pruebas nos llevó a presentar cargos y presentar el caso ante el jurado. La comunidad puede sentirse segura sabiendo que la gran mayoría de los agentes de policía de nuestro condado sirven con honor y respetan la ley mientras hacen el difícil trabajo de mantener seguras a nuestras comunidades.”

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy múltiples cargos por delitos graves contra seis de las ocho personas arrestadas en relación con actos criminales violentos cometidos a principios de este año durante una manifestación en Pacific Beach el 9 de enero de 2021. Los cargos contra los acusados incluyen conspiración para comete un disturbio, uso ilegal de gas lacrimógeno, asalto por medios que puedan producir grandes lesiones corporales y vandalismo. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan un rango de sentencia de libertad condicional de hasta 10 años y ocho meses de prisión.

Los acusados que comparecieron hoy ante la corte fueron Luis F. Mora, de 30 años; Joseph Gaskins, de 21 años; Martin Talab, de 27 años; Jeremy White, de 39 años; Bryan Rivera, de 21 años; Brian Lightfoot, de 25 años; y Jesse Cannon, de 31 años. Se fijó una audiencia de preparación para el 15 de diciembre y actualmente se ha fijado una audiencia preliminar para el 17 de diciembre. Los dos acusados restantes serán procesados en una fecha posterior. Existe una orden de arresto pendiente para el noveno acusado.

Los acusados se identifican a sí mismos como afiliados a Anti-Fascists o Antifa y, en este caso, están organizados en dos grupos, uno originario de Los Ángeles y el otro de San Diego. Los acusados comenzaron a organizarse el 2 de enero de 2021 para lo que denominaron “Acción Directa” contra una manifestación que se llevaría a cabo el 9 de enero de 2021 en Pacific Beach. La evidencia reunida en la investigación muestra que la referencia de los miembros de Antifa a «Acción Directa» significa actos de violencia como asalto, agresión, asalto con armas mortales, incendio premeditado y vandalismo.
El 9 de enero, la multitud de autoidentificados Antifa, muchos de ellos vestidos con ropa negra comúnmente conocida como «Black Bloc» y con artículos puestos en su ropa de Antifa, se reunieron en el muelle de Pacific Beach para contrarrestar una manifestación política que se denominó “Marcha Patriota”, en apoyo del expresidente. El grupo vestido todo de negro llegó una hora antes del inicio programado de la «Marcha Patriota». El grupo se reunió y comenzó a marchar por el malecón. En al menos ocho ocasiones distintas, aproximadamente de 15 a 20 miembros del grupo de contraprotesta (afiliado con Antifa) se separaron y rodearon a los miembros percibidos del grupo Marcha Patriota y los atacaron con armas de impacto y gas pimienta. En la actualidad, hay 16 víctimas conocidas.

En un momento, una línea de 20 a 25 individuos que protestaban en contra avanzó hacia un grupo más pequeño de cuatro personas de la Marcha Patriota, gritándoles obscenidades y gritándoles que corrieran. Un miembro del grupo, que estaba vestido de negro con la cara cubierta, sacó una lata de gas pimienta y se la roció en la cara. El grupo más pequeño fue atacado con sillas, palos, botellas de vidrio, latas llenas de alcohol / cerveza y puños cerrados mientras los perseguían por el malecón.

El grupo afiliado a Antifa rodeó a varios menores que creían que asistían a la Marcha Patriota, los roció con gas pimienta y los persiguió por el malecón, empujando a uno de los menores al suelo. El menor fue rodeado y golpeado, lo que provocó que la víctima menor fuera trasladada al hospital para recibir tratamiento por una conmoción cerebral.

Además de las agresiones a quienes participaron en la Marcha Patriota, hubo víctimas colaterales, incluido un perro que fue rociado con gas pimienta, un periodista que intentaba tomar fotos, un negocio que fue vandalizado y agresiones a agentes de policía.

El análisis de la evidencia en video muestra que la violencia en este incidente fue perpetrada de manera abrumadora por los afiliados de Antifa y no fue una refriega mutua con ambos lados cruzando la expresión legal de la Primera Enmienda hacia disturbios y violencia.

El Departamento de Policía de San Diego declaró el evento como una asamblea ilegal y exigió que los manifestantes se dispersaran. Los manifestantes del mostrador arrojaron botellas, huevos, piedras y rociaron a los oficiales con gas pimienta antes de que la multitud finalmente se disolviera.

El Departamento de Policía de San Diego, en colaboración con La Oficina de La Fiscalia de Distrito, investigó múltiples denuncias de conducta criminal violenta. Como resultado de esas investigaciones, el 2 de diciembre, se entregaron órdenes de registro y arresto en los condados de Los Ángeles y San Diego.

Como en todos los casos, La Oficina de La Fiscalia de Distrito sigue el imperio de la ley al presentar cargos cuando las pruebas lo respaldan más allá de toda duda razonable, independientemente de la orientación política de las víctimas de delitos, ya que debe protegerse el derecho a la protesta pacífica. Cuando los manifestantes pacíficos de Black Lives Matter fueron agredidos en Lemon Grove, La Oficina de La Fiscalia de Distrito presentó cargos por delitos graves y obtuvo condenas por delitos graves.

Cualquier persona que haya sido víctima del incidente y que no haya hablado con la policía puede comunicarse con SanDiegoDA@sdcda.org

La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego ha acusado a Danalee Pascua, de
36 años, enfermera del Centro de Detención de Las Colinas, de homicidio involuntario, un delito
grave de violación de la Sección 192 (b) del Código Penal, en relación con la muerte de Elisa
Serna, de 24 años. Serna murió el 11 de noviembre de 2019 mientras estaba bajo custodia en el
centro de detención. La lectura de cargos está programada para el 18 de noviembre a la 1:30 p.m.
en el este del condado. Si es declarada culpable, Pascua enfrenta hasta cuatro años de prisión.
Hay una investigación en curso en este caso que revisa a otros que también pueden ser
responsables penalmente.

El 10 de noviembre de 2019, Serna informó que estaba mareada y con náuseas y fue trasladada a
la Unidad de Observación Médica del Centro de Detención Las Colinas. Al día siguiente, la
acusada respondió a la celda de aislamiento médico de Serna para tomar los signos vitales de
Serna. Serna cayó en presencia de la acusada. La acusada no obtuvo los signos vitales de Serna,
no movió a Serna a una posición de recuperación y dejó a Serna en el suelo de la celda.
Aproximadamente una hora después, Pascua y los agentes regresaron a la celda de Serna y
comenzaron medidas para salvar vidas que fueron inútiles.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego remitió su investigación a nuestra oficina
para su revisión. La División de Operaciones Especiales de la Oficina de la Fiscal del Distrito,
una unidad dedicada de fiscales e investigadores que revisa los tiroteos involucrados por
oficiales y las muertes bajo custodia que involucran delitos criminales, está manejando este caso.
La Fiscal de Distrito Summer Stephan emitió la siguiente declaración:

“No hay nada más sagrado que la santidad de la vida y cuando esa vida está bajo la custodia y el
cuidado del gobierno, debe ser salvaguardada y provista de la atención médica adecuada. La
evidencia en la muerte bajo custodia de Elisa Serna demuestra negligencia criminal que
contribuyó a su muerte. Es un caso desgarrador de no salvaguardar la vida de Elisa por parte de

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los encargados de esa responsabilidad. Nuestro análisis en este caso, como en todo caso sigue la
ley, es independiente y objetivo. En este incidente en particular, sólo puede presentar cargos
contra las personas involucradas si se determina que hay negligencia criminal más allá de una
duda razonable. Otros sistemas como acciones civiles, sanciones administrativas y juntas de
revisión ciudadana brindan recursos más amplios sin la carga muy alta de la prueba de la
responsabilidad penal.”

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Acerca de la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego

La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego procesa todos los delitos graves
en el condado y delitos menores cometidos fuera de la ciudad de San Diego. La oficina presenta
unos 40,000 casos penales al año y equilibra el enjuiciamiento con numerosos programas de
prevención del delito. La Fiscal de Distrito Summer Stephan dirige la oficina de más de 1,000
empleados dedicados a buscar una justicia justa y equitativa, y diario apoyan a las víctimas en

todo el condado de San Diego.