La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que su oficina apoya el proyecto de ley del Senado SB 1042 que cambiaría la ley de California para convertir la trata de personas en un delito grave “violento”. SB 1042 también designará la trata de personas como un delito de “strike o error”. El proyecto de ley está escrito por la Senadora Estatal Shannon Grove (R-Bakersfield) y fue presentado a la legislatura de California la semana pasada.

“Esta legislación garantiza que los traficantes sean condenados a prisión, establece aumento de las penalidades para los reincidentes y evita que los traficantes reciban la libertad condicional anticipada”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Seguimos atacando la trata de personas, la explotación sexual de jóvenes y la trata laboral en varios frentes. Este cambio a la ley les dará a los fiscales de todo el estado otra herramienta que tiene consecuencias más graves para aquellos que se aprovechan de algunos de los más vulnerables de nuestras comunidades”.

Según la ley actual de California, la trata de personas se define como un delito «no grave» y «no violento», que cae en la misma categoría que otros delitos graves de bajo nivel como el vandalismo, el robo y la venta de drogas.

El sur de California tiene la notoria distinción de ser uno de los principales destinos del país para la trata de personas. El estado constantemente ocupa el primer lugar en la nación en el número de casos de trata de personas reportados a la línea directa nacional de trata de personas.

Por definición, los cargos de trata de personas se aplican a aquellos que explotan sexualmente o intentan explotar sexualmente a menores de edad y aquellos que usan la fuerza, el miedo, el fraude, el engaño, la coerción, la violencia, la coacción, la amenaza o una amenaza ilegal de lesiones en un adulto que resulta en la privación sustancial y sostenida de la libertad de la víctima adulta con el propósito de obtener trabajos forzados, servicios o explotación sexual.

Las agencias del orden público, tanto estatales como federales, incluido al Fiscal General de California, definen la trata de personas como “esclavitud moderna”. Esta etiqueta es bien merecida ya que los traficantes controlan todos los aspectos de la vida de la víctima. Los traficantes son explotadores de la peor clase, y con frecuencia se dirigen a los más vulnerables y abusados ​​de la sociedad para su propia explotación financiera y sexual. Las mujeres, los menores de edad y las minorías son particularmente vulnerables a la explotación, al igual que los miembros de la comunidad LGBTQ.

La semana pasada, la Fiscal de Distrito anunció una nueva campaña de divulgación destinada a crear conciencia de que los niños varones a menudo son víctimas de la trata de personas. El objetivo de la campaña de un mes es ampliar la percepción pública de quién es vulnerable a la trata sexual. Los funcionarios esperan que llamar la atención sobre este problema mejore la detección, la identificación y los servicios para los niños varones que son víctimas del tráfico sexual. La campaña está apareciendo en vallas publicitarias, carteles de tránsito de autobuses, en las redes sociales y en anuncios de servicio público en la radio.

Un estudio realizado por el John Jay College of Criminal Justice estimó que hasta el 50% de los menores de edad explotados sexualmente comercialmente en los Estados Unidos son varones.

El proyecto de ley se escuchará a continuación en el Comité de Seguridad Pública del Senado Estatal.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan, y la Sheriff interina del Condado de San Diego, Kelly Martinez, anunciaron hoy que los renovados esfuerzos coordinados de las fuerzas del orden público para cerrar los dispensarios ilegales de marihuana han resultado en un éxito generalizado en el este del condado, donde se concentra la mayor parte de los dispensarios ilegales. En el 2019, había hasta 30 dispensarios operando ilegalmente en un momento dado en el este del condado, por ejemplo. Ahora, es difícil encontrar incluso uno en funcionamiento. Chula Vista anteriormente tenía varios dispensarios ilegales que fueron eliminados en año 2020 utilizando un enfoque similar.

“Cerrar los dispensarios de marihuana ilegales no regulados requirió un nuevo nivel de innovación y colaboración en lugar de jugar un juego de ‘golpear un topo’ con los dispensarios cerrados un día, pero apareciendo en otro lugar unos días después”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “En lugar de trabajar principalmente en silos, adoptamos un nuevo enfoque desde 2019 que aprovechó la experiencia de una variedad de agencias de aplicación de la ley, enjuiciamiento y cumplimiento de códigos. Ahora, estamos brindando un éxito comprobado y asegurándonos de que todos los vecindarios, ricos y pobres, estén a salvo de la industria criminal de los dispensarios ilegales y los delitos asociados.”

En 2019, la Fiscalía y el Sheriff coordinaron un nuevo esfuerzo de varias agencias que abarca todo el condado e incluye el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Policía de Chula Vista, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California y el condado de San Diego. División de Cumplimiento de Códigos y Sheriff y Fiscalía. El grupo se centró inicialmente en South Bay y con el compromiso de la jefa del Departamento de Policía de Chula Vista, Roxanna Kennedy, con el grupo de trabajo, se pudo reducir a cero la cantidad de dispensarios ilegales que operan en Chula Vista y sus alrededores.

La Sheriff interina Kelly Martínez dijo: «Esto es beneficioso para las comunidades plagadas de estas tiendas y negocios no regulados que permiten el acceso de los jóvenes y fomentan una atmósfera del salvaje oeste donde se han producido robos a mano armada, extorsión y homicidios».

En 2020, en ese entonces Asistente Sheriff Martínez creó un Equipo de Control de la Marihuana para apoyar y complementar el esfuerzo regional coordinado. A principios de 2021, con el apoyo del supervisor Joel Anderson y el presidente Nathan Fletcher, este equipo fue financiado en su totalidad por la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. Continúa hoy y persigue atentamente la aplicación cuando se abren nuevas tiendas.

En agosto del año pasado, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó por unanimidad una propuesta presentada por el Supervisor Joel Anderson para aumentar la aplicación de la ley en las tiendas ilegales de marihuana en áreas no incorporadas y acelerar el proceso de administración judicial, permitiendo que el condado tome el control de las propiedades cuyos los propietarios han violado repetidamente la ley al vender cannabis ilegalmente. El Distrito 2 había recibido la mayor parte de las quejas de los ciudadanos de áreas no incorporadas del Este del Condado.

“Estas tiendas de drogas ilegales aparecían cerca de nuestras escuelas e iglesias, lo que hacía que los residentes del este del condado se sintieran inseguros en sus propios vecindarios”, compartió el supervisor Joel Anderson. “Una de mis prioridades como supervisor del condado que representa una gran parte del condado no incorporado ha sido garantizar que la Fiscalía y el Departamento del Sheriff estén equipados con las herramientas, los recursos y el poder del personal necesarios para encerrar a estos delincuentes para que no puedan reabrir otra operación ilegal. Estoy extasiado de ver que nuestros esfuerzos dan sus frutos y no puedo agradecer lo suficiente a nuestros líderes encargados de hacer cumplir la ley por su dedicado trabajo en este tema”.

La venta al por menor, el cultivo y la fabricación seguro, regulados y legales de cannabis pronto se permitirán en comunidades de áreas no incorporadas bajo una nueva política aprobada en enero de 2021 por la Junta de Supervisores del Condado de San Diego.

Los dispensarios autorizados en áreas no incorporadas brindarán oportunidades equitativas para la prosperidad económica y empleos bien remunerados, y establecerán salvaguardas para garantizar que el cannabis sea seguro, regulado y legal. El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nathan Fletcher, dice que las tiendas ilegales amenazan la prosperidad económica de los dueños de negocios honestos.

“No permitiremos que las tiendas ilegales de cannabis operen en nuestras comunidades”, dijo el presidente Fletcher. “El condado y las fuerzas del orden tienen una estrategia para cerrar las tiendas sin licencia y nuestra acción agresiva muestra un progreso real y tangible”.

Las autoridades dicen que el aumento de la aplicación ha llevado a un aumento de los enjuiciamientos. Desde marzo de 2019, la Oficina de la Fiscal de Distrito ha procesado a 70 acusados relacionados con la operación de dispensarios ilegales. Se están presentando cargos por delitos graves contra las personas más culpables, incluidos los propietarios y gerentes de negocios, los delincuentes reincidentes y aquellos con antecedentes penales graves. Hasta la fecha, un número sin precedentes de 19 acusados se han declarado culpables de delitos graves que involucran operar edificios de drogas, posesión de marihuana para la venta, posesión de narcóticos mientras está armado con un arma de fuego, ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y conspiración. Trece acusados de nivel inferior se declararon culpables de delitos menores relacionados con ayudar e instigar operaciones ilegales de dispensarios. Muchos más casos aún están pendientes debido a los retrasos causados por la pandemia de COVID-19.

Los funcionarios advirtieron que, si bien se ha logrado un gran éxito en el cierre de dispensarios físicos ilegales, los distribuidores se están trasladando a negocios ilegales de entrega móvil, que sigue siendo un problema pendiente que continúa siendo investigado.

Cualquiera que tenga conocimiento de dispensarios o servicios de entrega ilegales en curso debe comunicarse con el departamento de policía local donde se encuentra el negocio o donde ocurrió el delito. Cualquier persona que proporcione consejos puede permanecer en el anonimato.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan, anunció hoy que se han presentado cargos penales contra Rolf Bishop, de 73 años, ex director de Sistemas de Información en Las oficinas del Registrador/Secretario del Condado de San Diego (ARCC). Bishop fue acusado formalmente hoy de un delito grave por violar la Sección 1090 del Código de Gobierno, que prohíbe que un empleado del condado esté interesado financieramente en cualquier contrato realizado por ellos en su capacidad oficial.

Los fiscales alegan que mientras Bishop trabajaba en su capacidad de Director de Información, desde marzo de 2017 hasta enero de 2021, recomendó que un contratista contratara a la empresa de su esposa para trabajar para el Condado. Posteriormente, aprobó facturas relacionadas con su trabajo y el trabajo de sus empleados en proyectos de ARCC. Los investigadores dicen que el acusado y su esposa pueden haberse beneficiado personalmente con cientos de miles de dólares. Se espera que los detalles contables exactos se hagan públicos durante la tramitación del caso penal.

“El acusado y cualquier persona que trabaje para el gobierno tiene el deber de no violar la confianza del público al usar su posición para llenar sus propios bolsillos ilegalmente”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Es fundamental que la corrupción pública en todos los niveles del gobierno sea investigada y procesada cuando la evidencia cumpla con la alta carga de la prueba según la ley”.

Este caso fue remitido a la Fiscalia por la Oficina de Cumplimiento de Ética del Condado de San Diego y está siendo procesado por la División de Operaciones Especiales de la fiscalía, que investiga casos relacionados con el uso indebido de fondos públicos, corrupción política, delitos de odio y mala conducta delictiva de funcionarios gubernamentales. incluidos los agentes del orden público y otros empleados públicos.

Bishop fue procesado en la corte superior de San Diego y se declaró inocente. Si es declarado culpable, enfrenta una multa y hasta tres años de prisión. Bishop ya no está empleado en el Condado de San Diego. Una audiencia preliminar en este caso ha sido fijada para el 10 de mayo.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan advirtió hoy al público que se mantenga alejado de las pruebas de COVID-19 hechas en el hogar no aprobadas, ya que las personas están cada vez más desesperadas por hacerse la prueba por la variante Omicron del coronavirus.

Los estafadores siempre están esperando su próxima oportunidad para aprovecharse económicamente de los consumidores desprevenidos y la escasez de pruebas de COVID-19 no es diferente.

“Antes de hacer clic y agregar al carrito en ese sitio web que afirma vender kits de autodiagnóstico legítimos, sepa cómo detectar las señales de alerta para no convertirse en un tipo diferente de estadística de COVID-19”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan.

La Comisión Federal de Comercio ha publicado una lista de consejos sobre cómo revisar y estar seguro que las pruebas de COVID-19 en el hogar son legitimas:

• Solo compre pruebas autorizadas por la FDA.
• Consulte las listas de la FDA de pruebas de diagnóstico de antígenos y pruebas de diagnóstico molecular antes de comprar, para encontrar las pruebas autorizadas para uso doméstico. (EUA es «autorización de uso de emergencia»).
• Consulte a un vendedor antes de comprar, especialmente si está comprando en un sitio que no conoce. Busque en línea el sitio web, la empresa o el nombre del vendedor, además de palabras como «estafa», «queja» o «revisión».
• Compara de una amplia variedad de sitios web comentarios en línea sobre ese vendedor. Puede obtener una buena idea acerca de una empresa, producto o servicio al leer los comentarios de los usuarios en varios sitios de comparación de compras o minoristas.
• Piense en quien pone los comentarios en esa página web. Considere si la revisión proviene de una organización experta o de un cliente individual.
• Al comprar en línea, pague con tarjeta de crédito. Si le cobran por un pedido que nunca recibió, o por un producto que no es como el anunciado, puede disputar el cargo con la compañía de su tarjeta de crédito.
• Si ha sido estafado, repórtelo directamente a la FTC (www.reportfraud.ftc.gov) o comuníquese con el equipo de protección al consumidor de la Fiscalía en consumer@sdcda.org.

Si está buscando un sitio de prueba en persona, el condado de San Diego proporciona una lista de sitios de prueba gratuitos autorizados en su sitio web (www.sandiegocounty.gov).

Finalmente, dado que la orden ejecutiva del gobernador Newsom declara el estado de emergencia hasta el 31 de marzo de 2022, las leyes de aumento de precios estarán vigentes hasta finales de abril. La orden prohíbe a los vendedores aumentar los precios de los kits de prueba del COVID-19 en más del 10 % si los vendían desde el 1 de diciembre de 2021, a menos que puedan demostrar que sus costos han aumentado. Cualquier persona que comenzó a vender pruebas después del 1 de diciembre de 2021 no puede cobrar un 50% más de lo que pagó por el kit. Una nueva ley copatrocinada por la Oficina de la Fiscalía de Distrito de San Diego extiende las leyes de aumento de precios a las compras en línea.

“Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestra comunidad contra representaciones fraudulentos de COVID, fraude y aumento de precios”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan.

Para reportar un incidente de aumento de precios o un sitio de prueba falso o sospechoso, puede llamar a la línea directa para consumidores de la Fiscalía de Distrito de San Diego al (619) 531-3507 o por correo electrónico a consumer@sdcda.org.

La Unidad de Protección al Consumidor está compuesta por Fiscales de Distrito Adjuntos, Investigadores y Asistentes Legales dedicados a proteger a los consumidores y empresas respetuosas de la ley de prácticas comerciales fraudulentas o desleales.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan anunció hoy varios cargos penales contra Marco Antonio Valadez, de 47 años, en relación con un tiroteo el 4 de diciembre que mató a Raquel Pitsenburger, de 55 años, y Marco Antonio Valadez, Jr., de 36 años. Valadez ha sido acusado de dos cargos de asesinato y abuso sexual, derivados de un enfrentamiento fatal en el que intentaba silenciar a miembros de la familia que eran posibles testigos tras la divulgación de sus delitos sexuales.

Valadez también ha sido acusado de dos delitos graves de agresión sexual por actos cometidos contra un familiar de 18 años de Valadez dos días antes de los asesinatos. Los dos cargos de asesinato conllevan las circunstancias especiales de asesinato de un testigo, homicidios múltiples y denuncias de disparo personal de un arma de fuego que causó la muerte y por haber cometido el delito en libertad bajo fianza. Los cargos de abuso sexual conllevan acusaciones de «un ataque» y de «agresor sexual habitual» por la condena previa de Valadez por violación forzada en 1998. También tiene varias condenas previas por delitos graves alegadas como parte de los cargos.

“Estamos comprometidos a hacer justicia para esta familia en lo que es uno de los crímenes más inquietantes cometidos en el condado de San Diego en 2021.” Dijo la fiscal Summer Stephan. “Gracias a la coordinación y dedicación de nuestros socios encargados de la seguridad pública, este peligroso criminal fue capturado en México y devuelto a San Diego para rendir cuentas.”

Los detectives de la División de Homicidios y Protección Familiar del Departamento del Sheriff de San Diego coordinaron la investigación del asesinato, y Valadez fue arrestado en México y entregado a los Estados Unidos el 16 de diciembre.

Valadez se declaró inocente hoy en la Corte Superior de San Diego y está detenido sin derecho a fianza. Los cargos de asesinato con las supuestas circunstancias especiales hacen que Valadez sea elegible para la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su próxima cita en la corte es el 28 de marzo para una audiencia de estado.

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