Un Lugar Seguro para Víctimas de Abuso

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, junto con una amplia coalición de líderes comunitarios, defensores de víctimas, profesionales de la salud y agentes del orden público, anunciaron hoy la próxima apertura de One Safe Place: el Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado, en respuesta a los datos que demuestran la necesidad de más servicios de apoyo. para víctimas de violencia doméstica, abuso infantil, abuso de ancianos, trata de personas y otros delitos en el norte del condado de San Diego.

One Safe Place, ubicado en San Marcos, brinda servicios de apoyo gratuitos a cualquier persona que haya sufrido violencia familiar, abuso infantil, agresión sexual, violencia doméstica, delitos de odio, abuso de ancianos, trata de personas, pérdida violenta u otros delitos. Los niños y adultos víctimas de abuso y sus familias pueden cruzar las puertas y recibir atención urgente de crisis, exámenes médicos forenses, defensa, asesoramiento y terapia, servicios legales como órdenes de restricción, conexiones a un albergue y vivienda seguros, tutoría a largo plazo, preparación laboral, vestimenta y oportunidades educativas, todo bajo un mismo techo.

One Safe Place abrirá oficialmente sus puertas al público el 5 de julio. Hoy, en una ceremonia de corte de cinta, los funcionarios dijeron que la instalación ayudará a los residentes del norte del condado que están experimentando violencia y abuso a avanzar con seguridad y dignidad.

“One Safe Place está formado por profesionales atentos y dedicados que se unen para proteger a las víctimas de la violencia y el abuso y prevenir daños”, dijo la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, cuya oficina construyó y administra la instalación. “Abrir esta instalación ha sido un proyecto que me apasiona y una prioridad para nuestra oficina. Escuchamos las voces de las víctimas que luchan por recuperar su seguridad, curarse del trauma, encontrar refugio y estabilidad económica y respondimos con One Safe Place en el norte del condado donde todos son bienvenidos y las personas pueden encontrar esperanza, sanación y justicia. No podríamos haberlo hecho sin nuestros socios y el tremendo apoyo de nuestra Junta de Supervisores del Condado y nuestra comunidad”.

Vea un video sobre One Safe Place.

El norte del condado es el hogar de aproximadamente un millón de personas que constituyen aproximadamente un tercio de la población del condado de San Diego. Los datos de los últimos años muestran que los residentes del norte del condado están experimentando tipos específicos de delitos a un ritmo desproporcionado en comparación con el resto del condado de San Diego:

  • 46% de los asesinatos relacionados con la violencia doméstica
  • 6% de los reportes de abuso de ancianos

Si bien los proveedores de servicios existentes brindan un excelente apoyo en la región, hay poca interconectividad y los proveedores a menudo operan aislados, en lugar de bajo un solo paraguas de atención a las víctimas. Los profesionales co-ubicados en One Safe Place incluyen defensores de víctimas, enfermeras, profesionales médicos, consejeros, abogados, navegadores de vivienda, profesionales de cuidado infantil, entrenadores de preparación para el trabajo, agentes del orden público y más. One Safe Place es un centro de servicio de múltiples agencias que se enfoca en reducir la cantidad de veces que las víctimas cuentan su historia, la cantidad de lugares a los que las víctimas deben acudir para obtener ayuda y aumentar el acceso a los servicios y el apoyo para las víctimas y sus hijos.

“One Safe Place será literalmente un salvavidas”, dijo el Supervisor del Condado de San Diego, Jim Desmond. “Muchas víctimas de violencia y abuso sienten que no tienen a dónde acudir y continúan sufriendo. One Safe Place interrumpirá el ciclo de abuso y empoderará a las personas para que se liberen y vuelvan a ser miembros prósperos de la sociedad. Han pasado muchas cosas durante mis primeros tres años en la Junta de Supervisores, pero no hay nada de lo que esté más orgulloso que ser parte de la creación de One Safe Place en San Marcos”.

Más de 70 agencias comunitarias se asociarán con One Safe Place, muchas de las cuales estarán ubicadas en el centro expansivo. Un socio principal es Palomar Health y su centro de defensa infantil acreditado a nivel nacional. Palomar Health también está colocando enfermeras en One Safe Place con experiencia en la realización de exámenes médicos forenses en personas que han experimentado violencia de pareja íntima u otros tipos de abuso.

“Palomar Health tiene el honor de brindar un espacio seguro para las personas de nuestra comunidad que lo necesitan”, dijo Kristin Gaspar, Presidenta y Directora Ejecutiva de Palomar Health Foundation. “Nuestra principal prioridad es garantizar una experiencia de paciente extraordinaria para cada persona que cruza nuestras puertas, para que se sientan seguros, cuidados y como en casa. La comunidad de la que formamos parte merece el tiempo, la paciencia y el trato personalizado que debe brindar la atención médica”.

One Safe Place es parte de Family Justice Center Alliance. El modelo Family Justice Center ha sido identificado como una mejor práctica en el campo de los servicios de intervención y prevención de la violencia doméstica por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este modelo comenzó en la ciudad de San Diego en 2002 bajo el liderazgo del entonces Abogado Municipal Casey Gwinn y ha continuado prosperando con la actual Abogada Municipal Mara Elliott, convirtiéndose en un fenómeno nacional e internacional. Los líderes comunitarios dicen que era hora de regionalizar este modelo para servir al norte del condado y dicen que es posible que se establezcan más centros de este tipo en el futuro. One Safe Place: el Centro de Justicia Familiar del Norte del Condado es único en el sentido de que también ha sido designado Centro de Recuperación de Trauma por la Junta de Compensación para Víctimas de California, además de ser un Centro de Defensa de Niños acreditado a nivel nacional.

One Safe Place está ubicado en 1050 Los Vallecitos Boulevard, San Marcos, CA 92069. Las personas pueden comunicarse con One Safe Place en gethope@OneSafePlaceNorth.org o al 760-290-3690. One Safe Place estará abierto para personas sin cita previa a partir del 5 de julio. La instalación está abierta de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m..

Se puede encontrar más información en www.OneSafePlaceNorth.org

Fiscalía Apelará Libertad Condicional de Asesino Convicto y ex Patinador Profesional

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que en una audiencia el martes, a pesar de la fuerte oposición de su oficina, la Junta Estatal de Audiencias de Libertad Condicional otorgó la libertad condicional a Mark «Gator» Rogowski, de 55 años, quien fue condenado por violación y asesinato en 1992. Rogowski ha estado cumpliendo una sentencia de 31 años a cadena perpetua por el asesinato de Jessica Bergsten. Los familiares de la víctima están devastados por la decisión y la Fiscal Stephan dijo que su oficina apelará al gobernador para que revoque la liberación de Rogowski.

Rogowski era una personalidad del monopatín de Carlsbad, conocido a nivel nacional que saltó a la fama en la década de 1980. El 21 de marzo de 1991, violó y asesinó a Jessica Bergsten, de 22 años, y transportó su cuerpo a una zona desértica remota, donde se encontraron sus restos óseos varias semanas después.

“La familia y los amigos de Jessica Bergsten merecen la promesa continua de justicia en este caso”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Nuestra oficina argumentó fuertemente en contra de liberar a este acusado violento. Manejamos cientos de audiencias de libertad condicional cada año, luchando cuando es apropiado para asegurarnos de que los criminales peligrosos no sean liberados y que las víctimas del crimen tengan voz”.

En el momento del asesinato, la novia de Rogowski había terminado con él. Además, el skateboarding estaba cambiando de las rampas a la calle. Rogowski no creía que pudiera ser exitoso en el patinaje callejero y vio que su lucrativa carrera llegaba a su fin. Rogowski estaba molesto porque su relación con su exnovia, Brandi McClain, también estaba llegando a su fin. Bergsten era la mejor amiga de Brandi. Rogowski golpeó a Bergsten en la cabeza con un objeto conocido como “The Club” (un dispositivo que bloquea del volante), la violó y la asfixió en una bolsa de tabla de surf. Confesó el crimen varias semanas después.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito argumentó en la audiencia que Rogowski sigue siendo un riesgo irrazonable de peligro para la sociedad. Dos de los miembros de la familia de la víctima asistieron a la audiencia y proporcionaron una declaración del impacto de la víctima sobre los efectos del crimen en su familia y la inadecuación del recluso para la libertad condicional.

En diciembre de 2019, un panel de oficiales de audiencia de libertad condicional determinó que Rogowski era apto para ser liberado, pero el gobernador Newsom revocó la decisión en abril de 2020. La concesión de libertad condicional se produjo en el tercer intento de Rogowski. Actualmente está encarcelado en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

Fiscalía Advierte Contra el Aumento de Precios de Fórmula para Bebés

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, advierte a las empresas y a los estafadores que no se aprovechen de los consumidores aumentando los precios de la fórmula para bebés durante la escasez actual provocada por problemas en la cadena de suministro. Stephan dice que su oficina está aceptando reportes de aumento de precios para una posible investigación y enjuiciamiento. El martes, el Gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva que establece protecciones contra el aumento de precios para las familias que luchan por acceder a fórmulas para bebés seguras y asequibles, despejando el camino para que los fiscales presenten cargos penales.

“Queremos que los residentes del condado sepan que estamos listos para proteger sus derechos como consumidores bajo la ley y no permitiremos que las personas que buscan sacar dinero se aprovechen de las familias necesitadas”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Nos tomamos muy en serio las infracciones relacionadas con el aumento de precios y alentamos a los consumidores a denunciar los aumentos de precios sospechosos que creen que pueden ser ilegales”.

La orden del Gobernador generalmente prohíbe vender fórmula infantil a un precio que exceda, en más del 10 por ciento, el precio de la fórmula cobrado por el vendedor el 17 de febrero de 2022. Los infractores de la orden están sujetos a un proceso penal que puede resultar en una multa de hasta $1,000 y/o con prisión de hasta seis meses. Los infractores también están sujetos a acciones de cumplimiento civil, incluidas sanciones civiles de hasta $2,500 por infracción, orden judicial y restitución obligatoria.

Puede denunciar sospechas de aumento de precios (en inglés o español) a la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito al (619) 531-3507 o al consumer@sdcda.org.

Recursos para padres de familia:

  • Los padres de familia no deben usar la fórmula retirada del mercado. Devuelva la fórmula retirada a la tienda o llame al fabricante de la fórmula retirada al 800-986-8540 para obtener un reemplazo.
  • Los padres de familia que tienen dificultad encontrar fórmula para bebés deben visitar org.
  • También se puede encontrar más información y recursos en la Alerta al Consumidor del Departamento de Salud Pública de California y en la Hoja Informativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. sobre la escasez de fórmula para bebés.
  • Las familias que utilizan los beneficios a través del programa Mujeres, Bebés y Niños de California (WIC) pueden encontrar más información en la página web sobre Disponibilidad de Fórmula para Bebés de WIC de California.
  • Antes de comprar fórmula para bebés de cualquier fuente desconocida, investigue la reputación de la empresa a través de Better Business Bureau (BBB) ​​en bbb.org. Para obtener más información sobre posibles estafas relacionadas con la escasez de fórmula para bebés, visite el sitio web de BBB aquí.

La Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito es una subunidad de la División de Delitos Económicos. La unidad está compuesta por fiscales de distrito auxiliares, investigadores y asistentes legales dedicados a proteger a los consumidores y las empresas que siguen la ley contra prácticas comerciales fraudulentas o desleales.

Cuando corresponda, la Unidad de Protección al Consumidor investigará las quejas de los consumidores. Estas quejas generalmente involucran negocios dentro del condado de San Diego que están involucrados en prácticas desleales o ilegales.

Gran Jurado Acusa a 11 Personas e​n Violento Incidente de Antifa en Pacific Beach 

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un gran jurado penal ha emitido acusaciones contra 11 personas en relación con actos delictivos violentos cometidos durante una manifestación en Pacific Beach el 9 de enero de 2021. Los cargos dictados por el gran jurado contra los acusados ​​incluyen conspiración para cometer un motín, uso de gas lacrimógeno, asalto con un arma mortal y asalto por medios que pueden producir lesiones corporales graves. En lugar de una audiencia preliminar, el gran jurado escuchó el testimonio durante 13 días y entregó la acusación sin sellar el 23 de mayo de 2022. Los acusados ​​enfrentan 29 cargos delitos graves.

Los acusados ​​que comparecieron ante el tribunal hoy incluyen a Alexander Akridgejacobs, de 31 años; Jesse Merel Cannon, 31; Brian Cortez Lightfoot Jr., 25; Christian Martínez, 23; Luis Francisco Mora, 30; Samuel Howard Ogden, 24; Bryan Rivera, 20; Faraz Martín Talab, 27; Jeremy White, 39 y Erich Louis Yach, 38. Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una amplia gama de sentencias, desde libertad condicional hasta prisión. El acusado Joseph Austin Gaskins, 21, será presentado en corte el 21 de junio.

Según la acusación del gran jurado, “todos los acusados ​​están afiliados a Antifa. Un grupo de acusados ​​se originó en el área de Los Ángeles y el resto de los acusados ​​son del condado de San Diego. Antifa usa la fuerza, el miedo y la violencia para promover sus intereses y reprimir los intereses de los demás. El objetivo de esta conspiración era incitar y participar en un motín”.

La acusación continúa diciendo que “el día de o alrededor del 2 de enero de 2021, los partidarios de Antifa publicaron en las redes sociales un llamado a la “contraprotesta” y la acción directa en respuesta a una manifestación política programada en Pacific Beach el 9 de enero de 2021. Los acusados ​​y otros de los coconspiradores sin cargos confirmaron su apoyo y participación al presentarse en Pacific Beach el 9 de enero de 2021, vestidos de negro y armados con armas y equipo de protección”.

Los actos manifiestos enumerados en la acusación detallan el nivel de violencia y planificación cometidos por los acusados, que incluyen:

  • Lanzar una silla de jardín de madera a una víctima y golpearla
  • Golpear a una víctima con un bate de béisbol
  • Golpear a una víctima con un asta de bandera
  • Atacar a las víctimas con gases lacrimógenos
  • Agredir a una víctima con una pistola paralizante

Los 10 acusados ​​que fueron procesados ​​hoy se declararon inocentes y se fijó una audiencia de evaluación para el 8 de agosto a las 2 p.m. en el Departamento 102.

 

$18.8 Millones en Multas Pagadas al Condado en Caso de Corrupción Escolar

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció que se pagaron $18.75 millones adicionales al condado como parte de un fallo del Tribunal Superior por restitución y multas en relación con el escándalo de corrupción de A3 Charter School en el que varios acusados ​​robaron decenas de millones de fondos escolares públicos en un esquema de fraude masivo. En total, 10 coacusados ​​en el caso se han declarado culpables.

Sean McManus, de 49 años, quien fue condenado por robar más de $50 millones en fondos públicos, el 16 de mayo el Juez Fredrick Link de la Corte Superior de San Diego le ordenó pagar $18.75 millones en multas. La cifra es la parte de McManus de los $37 millones anteriores que se le ordenaron a McManus y al coacusado Jason Schrock pagar conjuntamente. McManus también fue condenado a cuatro años de prisión.

La transferencia de fondos al condado de San Diego completa los $37.5 millones en multas totales. Además, se han pagado $14 millones en restitución a las víctimas kínder hasta el grado 12, que se mantiene en fideicomiso y es administrado por la Fundación San Diego. Hasta el momento, se han recuperado y distribuido $95 millones a la Tesorería del Estado de California, y se distribuirán hasta $90 millones más al finalizar la administración judicial.

En virtud de una resolución aprobada por unanimidad por la Junta de Supervisores del Condado de San Diego a principios de este año, las multas impuestas por el tribunal en relación con este caso se asignarán y se dedicarán exclusivamente a programas que atienden directamente las necesidades de los estudiantes de kínder a grado 12 en el condado de San Diego. La Oficina de la Fiscalía de Distrito recomienda que los fondos se asignen en las áreas que apoyan la equidad educativa y la aceleración del aprendizaje, las necesidades de salud del comportamiento, las necesidades de vivienda y estabilidad alimentaria, la tutoría y otras necesidades que permiten que los niños prosperen, todo lo cual es consistente con la orden del Juez Fred Link al síndico.

“Debido a la experiencia y dedicación de nuestro equipo de corrupción pública, dirigido por el Fiscal Auxiliar Leon Schorr, este caso de fraude masivo que defraudó millones en fondos públicos a costa de estudiantes y padres fue detenido y los perpetradores fueron responsabilizados”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Estoy agradecida con nuestro equipo por procesar con éxito este caso y recuperar millones de fondos robados que volverán a apoyar a los estudiantes. El Juez Fred Link, quien supervisó todo este caso, se aseguró de que los menores del condado de San Diego vean justicia al devolver los fondos robados a programas que ayudarán a los estudiantes a tener éxito”.

McManus, el director ejecutivo y presidente de A3 Education, junto con Jason Schrock y otros nueve acusados ​​fueron acusados ​​en mayo de 2019 de varios cargos penales que incluyen conspiración, apropiación indebida de fondos públicos y conflicto de intereses.

Steven Van Zant, ex superintendente de Mountain Empire y propietario de Ed Hive y Ed Collective, el proveedor administrativo de A3 durante gran parte de su existencia, también se declaró culpable el 16 de mayo de delito grave de conspiración para cometer hurto mayor. Fue sentenciado a seis meses de confinamiento domiciliario y se le ordenó pagar $500,000 en restitución y multas dentro de 30 días. Si no paga, se enfrenta a cuatro años de prisión. También se le ordena completar tres años de libertad condicional, lo que incluye cooperar con la Oficina de la Fiscalía de Distrito y el Síndico para recuperar fondos robados adicionales en poder de terceros.

El caso es uno de los esquemas de fraude más grandes del país que tenía como objetivo los dólares de los contribuyentes destinados a la educación primaria. Schrock se declaró culpable de delitos graves que incluyen conspiración y conflicto de intereses. Ha estado bajo arresto domiciliario en su casa en el condado de Orange desde que fue procesado. Como parte de la investigación de la Fiscalía de Distrito, se están recuperando más de $240 millones en activos y fondos de contribuyentes adquiridos de manera fraudulenta, lo que representa una de las recuperaciones más grandes del país.

Los fiscales dijeron que un caso de esta magnitud, con partes extranjeras y agravado por el retroceso de la pandemia, podría tomar una década para ver los juicios y las apelaciones, tiempo durante el cual cientos de millones de dólares no habrían estado disponibles para los menores con fines educativos. Al llegar a una resolución temprana y recuperar todos los fondos, la Oficina de la Fiscalía de Distrito pudo garantizar la rendición de cuentas bajo la ley que devuelve dinero al sistema para ayudar a educar a los jóvenes según lo previsto.

El condado está utilizando estos fondos para brindar una oportunidad para que las organizaciones comunitarias más pequeñas comiencen nuevos programas prometedores o amplíen los programas existentes para mejorar los resultados educativos y reducir las desigualdades y disparidades en nuestras comunidades.

Las propuestas para la Subvención Comunitaria de Servicios Juveniles K-12 deben centrarse en una o más de las siguientes áreas de enfoque:

  • Equidad Educativa/Aceleración del Aprendizaje
  • Necesidades de Salud Conductual
  • Vivienda, Estabilidad Alimentaria, Pobreza
  • Tutoría

Las organizaciones interesadas en solicitar una Subvención Comunitaria de Servicios Juveniles K-12 deben presentar su solicitud antes de las 5:00 p. m. del viernes 3 de junio. Se espera que las subvenciones oscilen entre $50,000 y $250,000 y se utilizarán durante un período de hasta 12 meses.

Para obtener más información o para presentar una solicitud, visite sandiegocounty.gov.

Fiscalía Acusa a Menor de Edad de Crimen de Odio por Apuñalamiento

Al notar un aumento en los juicios por delitos de odio y declarar que tales delitos no serán tolerados, la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que su oficina está acusando al joven de 16 años que apuñaló a otra adolescente por la espalda con un cargo de intento de asesinato. y un cargo de asalto con un arma mortal. Ambos cargos conllevan alegaciones especiales de delitos de odio, así como alegaciones especiales de uso personal de un arma mortal e imposición personal de lesiones corporales graves. La rendición de cuentas en el Corte Juvenil se centra en la rehabilitación y se maneja de manera diferente que en el tribunal de adultos, e incluye una variedad de opciones de sentencia que la corte puede considerar.

En el tribunal de hoy, los fiscales no pusieron ningún hecho en el expediente. Los procedimientos de menores son confidenciales, y la Fiscalía de Distrito está limitada en cuanto a la información que se puede divulgar públicamente. La investigación sobre el incidente y los posibles actos delictivos de otras personas involucradas está en curso y se podrían presentar cargos adicionales en el caso penal pendiente. Los defensores de víctimas de la Fiscalía están trabajando para apoyar a la familia de la víctima y garantizar su seguridad después del apuñalamiento y las etapas iniciales del proceso penal.

“Múltiples aspectos de este incidente son terribles y, a medida que avanza nuestra investigación, nos aseguraremos de responsabilizar a todos aquellos por quienes la evidencia muestra que cometieron un delito”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Hemos visto un aumento preocupante en los delitos de odio, y el número más alto se cometió contra personas de raza negra. Cualquiera que cometa estos delitos será responsable ante la ley y me uno a la comunidad en su indignación por tales incidentes. Nuestra oficina se dedica no solo a enjuiciar los delitos de odio y responsabilizar a los perpetradores ante la ley. También educamos al público sobre lo que constituye un delito de este tipo y cómo prevenirlo, al mismo tiempo que transmitimos el mensaje de que no serán tolerados”.

Procesar los delitos de odio es una prioridad para la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. El Fiscalía de Distrito casi ha triplicado la cantidad de casos de delitos de odio que ha procesado en los últimos años, presentando 21 casos en 2020 y 30 casos de este tipo en 2021.

En 2020, en respuesta a los reportes de incidentes relacionados con el odio dirigidos a la comunidad asiática en todo el país a raíz de la pandemia de COVID-19, la Oficina de la Fiscalía de Distrito anunció un nuevo formulario en línea y una línea directa donde el público puede denunciar incidentes sospechosos de odio y crímenes de odio de los que han sido víctimas o testigos en el Condado de San Diego. El formulario de reporte en línea se puede encontrar en el sitio web del Fiscalía de Distrito aquí. El número de la Línea Directa de Delitos de Odio es 619-515-8805. Las personas que envíen información sobre un presunto delito de odio serán contactadas con información sobre la revisión del informe por parte de la Fiscalía de Distrito y cualquier acción que se pueda tomar.

Se recuerda al público que el discurso de odio en sí mismo a menudo no alcanza el nivel de un delito de odio, pero es relevante ya que podría convertirse en un comportamiento delictivo. Los delitos de odio a menudo están precedidos por un discurso de odio. Por ley, un crimen de odio es un acto criminal cometido contra otra persona que está motivado por prejuicios contra la raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género o discapacidad de esa persona.

Hoy, el tribunal fijó una audiencia de preparación del caso para el 6 de junio a las 8:30 a. m. en el Departamento 6 de la Corte Juvenil.

Traficantes de Menores Sentenciados

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que Darius Stone, de 20 años, fue sentenciado a 25 años de prisión en relación con un caso penal de trata de personas que involucra a cuatro víctimas menores de edad. Además, una cómplice, Danyelle Willis, de 42 años, también fue sentenciada a 21 años y 8 meses el 7 de abril.

El 23 de febrero, Stone se declaró culpable de 19 delitos graves relacionados con la trata de personas de cuatro niñas de entre 13 y 15 años. Los cargos incluyen delitos sexuales, secuestro, robo, amenazas criminales y suministro de metanfetamina a menores. Willis se declaró culpable de siete cargos por delitos graves el 8 de febrero, relacionados con el tráfico de dos de las niñas menores, de 14 y 15 años. Los cargos incluían tráfico de personas, suministro de metanfetamina y otros delitos sexuales. Willis también admitió una condena previa por un delito grave por asesinato en Minnesota en octubre de 2000.

“El tráfico sexual es una industria lucrativa que genera más de $810 millones al año para los delincuentes en el condado de San Diego”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Los traficantes tratan a los niños como bienes que se venden como un pedazo de pizza a compradores criminales. Como en este caso, los traficantes utilizan el engaño, la violencia y las drogas para controlar a sus víctimas. Queremos que las víctimas del tráfico sexual sepan que pueden liberarse de este horrible ciclo y recuperar su libertad y dignidad, y que nuestro equipo está aquí para apoyar a las víctimas y responsabilizar a los traficantes”.

El acusado Darius Stone contactaba a niñas menores de edad en las redes sociales, incluidas Snapchat e Instagram. Al principio, sus mensajes solían ser coqueteos, pero las conversaciones ocasionalmente conducían a relaciones sexuales con las chicas. Stone luego alentaría a las niñas a participar en actos de prostitución prometiéndoles un estilo de vida lujoso y emocionante. Como es común en los casos de trata de personas, Stone usó el miedo y la manipulación para atrapar aún más a las niñas en su plan de trata de personas. Esto incluyó amenazas verbales y el suministro de metanfetamina a las niñas.

La coacusada, Danyelle Willis, ayudó a Stone con su operación y, en ocasiones, proporcionó transporte para los menores. También animó a algunas de las menores a ejercer la prostitución y fue condenado por tener contacto sexual con una de ellas.

En diciembre de 2020, una residente preocupada de Oceanside llamó al 911 para denunciar a una joven que suplicaba ayuda en la puerta de su casa. La residente preocupada informó que observó a un joven perseguir a la menor, agredirla físicamente y tomar su teléfono. El Departamento de Policía de Oceanside respondió rápidamente y eventualmente arrestó al hombre que atacó a la joven, luego identificado como Stone.

Rápidamente quedó claro que la joven era víctima de la trata de personas y se llevó a cabo una investigación de un año. La Detective Kekai Thompson del Departamento de Policía de Oceanside y la Detective Katherine Dabbaghian de la Fuerza de Tareas contra la Trata de Personas del Condado de San Diego trabajaron diligentemente para descubrir víctimas adicionales y evidencia adicional, y trabajaron en estrecha colaboración con el Fiscal Auxiliar  Matthew Hardy junto con el equipo de la Fiscalía de Distrito para hacer justicia y proteger a las jóvenes víctimas.

Puede denunciar la sospecha de la trata de personas llamando al 911, comunicándose con el Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas al (888) 3737-888 o enviando un mensaje de texto a BeFree (233733). La LÍNEA DIRECTA local de San Diego es: (619) 666-2757.

 

Fiscal Alerta a San Dieguinos Sobre Liberaciones Tempranas de Prisioneros

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, está alertando a las víctimas de delitos, a los sobrevivientes y a la comunidad del condado de San Diego en general que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) está tratando de promulgar regulaciones permanentes que resultarían en la liberación anticipada de miles de delincuentes violentos. y lo que el CDCR caracteriza como “segundos ofensores no violentos”. Se requiere que el CDCR realice un período de comentarios públicos antes de que las regulaciones se vuelvan permanentes. También están obligados a considerar y abordar todos los comentarios realizados. La Fiscal Stephan está pidiendo a los habitantes de San Diego que proporcionen sus comentarios antes de la fecha límite proporcionada por el CDCR y el período de comentarios finaliza el 13 de abril de 2022.

Bajo las regulaciones propuestas, el CDCR busca reducir las sentencias ya impuestas aumentando los créditos otorgados en esas sentencias. A los delincuentes violentos se les podría aumentar la tasa de crédito por conducta del 20 % al 33 %. Los “segundos ofensores no violentos” podrían ver un aumento del 50% al 66%. Por ejemplo, con una sentencia de 10 años, una persona podría ser liberada después de haber cumplido tres años y cuatro meses si se adoptan las normas propuestas. Tenga en cuenta que los delitos caracterizados por CDCR como no violentos incluyen delincuentes que fueron condenados por trata de personas y violencia doméstica, y aquellos que tienen antecedentes penales peligrosos de robo a mano armada e intento de asesinato.

“Liberar antes de tiempo a los presos que han cometido crímenes atroces después de cumplir solo una fracción de su sentencia amenaza la seguridad de nuestras comunidades y es una bofetada para las víctimas del crimen que aún sufren”, dijo la Fiscal Summer Stephan. “Extender créditos adicionales a reclusos con antecedentes penales graves y violentos no es de interés para la justicia ni para la seguridad del público. Cuando un juez que escucha la evidencia y considera el impacto en las víctimas dicta una sentencia, esa sentencia debe mantenerse y no ser alterada después del hecho excepto por los créditos actualmente previstos por la ley”.

CDCR ha tenido estas regulaciones vigentes durante 10 meses como medidas de «emergencia» que evitaron una participación pública significativa en este importante cambio de política. En mayo de 2021, la Fiscal de Distrito Stephan, junto con otros 44 Fiscales de Distrito electos, presentó una demanda civil contra el CDCR impugnando el uso del proceso de emergencia para ciertas categorías de liberaciones anticipadas.

El período de comentarios públicos finaliza el 13 de abril de 2022.

Cualquier persona puede enviar comentarios por escrito sobre las reglamentaciones propuestas por correo electrónico a RPMB@cdcr.ca.gov o por correo al Departamento de Correcciones y de Rehabilitación de California (CDCR), División de Administración de Políticas y Regulaciones (RPMB), P.O. Box 942883, Sacramento, CA 94283-0001. Los comentarios escritos deben recibirse o tener matasellos a más tardar el 13 de abril de 2022. Todos los comentarios escritos deben incluir el número de regla, NCR 22-03, OAL Notice File No. Z2022-0215-10

También habrá una audiencia por teleconferencia durante la cual el público podrá hacer comentarios el 14 de abril de 2022. La teleconferencia se abrirá al público a partir de las 10:00 a. m. Si un miembro del público desea participar por teleconferencia:

  • Llame al 1-877-411-9748 (TTY/TDD: marque 711).
  • Cuando se le solicite, ingrese el código de participante 6032676.

Según CDCR, el propósito de la audiencia es recibir comentarios sobre estas regulaciones propuestas. No es un foro para debatir los reglamentos propuestos. En la audiencia no se tomará ninguna decisión sobre la adopción permanente de este reglamento.

Según la ley, el CDCR puede imponer limitaciones razonables a las presentaciones orales. Por lo tanto, para garantizar que todos los que deseen hacer un comentario tengan tiempo para hacerlo, los comentarios se limitarán a tres minutos.

DA Hosts Homeless Summit

Fiscal Propone Plan para Abordar la Intersección Entre el Crimen y Falta de Vivienda

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, publicó hoy nuevos datos sobre la intersección del crimen y la población sin hogar del condado y propuso un plan de tres puntos para abordarlo. Los datos de dos años del Fiscalía de Distrito muestran que las personas que están sin hogar se involucran con el sistema de justicia como víctimas y perpetradores en tasas dramáticamente más altas que el resto de la población.

Se analizaron casos en los que la conducta delictiva cumplió con el estándar ético del fiscal de distrito para presentar cargos por delitos graves, lo que significa que había pruebas más allá de toda duda razonable. En comparación con la población sin hogar, hubo tasas mucho más altas para las personas que actualmente se encuentran sin hogar:

Robo 175 veces
Robo Residencial 183 veces
Asalto 130 veces
Incendio Provocado 514 veces
Vandalismo 22 veces

La reincidencia también es un problema importante. De las personas sin hogar que han sido acusadas de un delito y reincidieron en el período de dos años estudiado, el 83% tenía de dos a cuatro casos nuevos en su contra, y el 15% tenía entre cinco y nueve casos nuevos en su contra.

Los datos también mostraron que las personas sin hogar son víctimas en tasas más altas que la población que no es sin hogar. En comparación con la población que no es sin hogar, hay tasas más altas de victimización en estas categorías específicas de delitos para las personas que actualmente se encuentran sin hogar:

Asesinato 19 veces
Intento de asesinato 27 veces
Robo 15 veces
Violencia Doméstica 15 veces
Asalto agravado 12 veces
Abuso de ancianos 10 veces
Agresión sexual 9 veces

 

“Aportar soluciones humanas y efectivas al complejo y creciente problema de las personas sin hogar en el condado de San Diego requiere un plan estratégico compartido que genere un cambio radical”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Reconozco a los muchos funcionarios públicos, grupos e individuos en nuestras ciudades y condados que han estado trabajando incansablemente en este tema para presentar muchos esfuerzos alentadores. En mi papel como la principal funcionaria de seguridad pública del condado, mi objetivo es brindar soluciones impulsadas por la experiencia única de mi equipo donde la falta de vivienda, los problemas de salud mental y los trastornos por uso de sustancias se cruzan con el sistema de justicia penal. Estos datos que muestran las tasas drásticamente más altas de una persona sin hogar que se convierte en víctima de un delito o delincuente demuestran que la falta de vivienda es una crisis tanto humanitaria como de seguridad pública que debe abordarse con urgencia. Es inaceptable seguir permitiendo que las personas languidezcan en medio de enfermedades mentales, adicción a las drogas y pobreza”.

VIDEO: La Fiscal de Distrito Summer Stephan publicó un video hoy sobre los datos de crimen y el plan propuesto. Haz click aquí para ver el video.

La Fiscal de Distrito publicó hoy un plan propuesto de tres puntos con el objetivo de evitar que las personas sin hogar se involucren en el sistema de justicia penal al reducir la cantidad de personas sin refugio en la calle.

Primero, proporcionar una solución tecnológica comprobada que pueda identificar refugio o espacio de vivienda en tiempo real basado en las necesidades del individuo y llevar a esa persona o familia a un refugio, tratamiento apropiado u opción de vivienda. El plan de la Fiscal es asociarse con una empresa de tecnología para crear una aplicación similar a la creada con Safe Shelter Collaborative, que encuentra camas de refugio en minutos para víctimas de delitos que intentan escapar de la violencia. Además, este modelo permitirá que el condado mantenga datos precisos y en tiempo real sobre el uso y la disponibilidad de los refugios, lo que puede ayudar a informar las decisiones de políticas sobre necesidades e inversiones futuras.

En segundo lugar, apoyar el desarrollo de un Programa Legal Mejorado para Personas sin Hogar (HELP) de 3 niveles. San Diego actualmente opera un Tribunal para Personas Sin Hogar aclamado a nivel nacional que ayuda a eliminar órdenes de arresto, desestimar cargos y eliminar multas para personas que ya están participando en servicios con proveedores de servicios para personas sin hogar. Sin embargo, actualmente no existen otros programas de desviación o tribunales colaborativos diseñados específicamente para apoyar a las personas que sufren de falta de vivienda crónica y trastornos concurrentes de abuso de sustancias y salud mental. El programa HELP es un enfoque de 3 niveles para ayudar a las personas sin hogar que se cruzan con la policía o el sistema de justicia penal.

  • El Nivel 1 será un programa de desvío autorizado en el campo que se enfoca en delitos de bajo nivel. La participación exitosa resultará en que no se presenten cargos.
  • El Nivel 2 será un programa de desvío posterior a la presentación de cargos que será un programa especializado de la Iniciativa de Justicia Comunitaria de la Fiscalía (DA CJI) que se enfoca en servicios específicos para personas sin hogar. DA CJI es un programa de desviación de delitos menores dirigido por la Fiscalía de Distrito desarrollado en 2018, similar a un programa desarrollado por la Oficina de la Fiscalía de la Ciudad de San Diego.
  • El Nivel 3 es una propuesta de un Tribunal Colaborativo ampliado o adicional que aborda la intersección de la falta de vivienda y la delincuencia por delitos graves no violentos y delitos menores en serie. El objetivo de este tribunal colaborativo es servir a las personas de alto riesgo y de gran necesidad que se encuentran sin hogar al abordar las causas fundamentales que contribuyen a que el individuo se quede sin hogar, incluidos los trastornos de salud mental y el uso de sustancias, para formar personas estables, saludables y con vivienda. El Tribunal Superior de San Diego ha sido un líder nacional y estatal en el establecimiento de tribunales colaborativos especializados que abordan desafíos específicos, como el Tribunal de Tratamiento de Veteranos, el Tribunal de Drogas, el Tribunal de Salud del Comportamiento y el Tribunal de Reingreso. El Tribunal determinaría en última instancia la viabilidad de un Tribunal Colaborativo HELP.

En tercer lugar, como lo han hecho muchos otros estados, apoyar un cambio en la ley para permitir el internamiento involuntario de una persona por hasta 72 horas en función del hallazgo de un deterioro psiquiátrico por parte de un profesional de salud mental con licencia. Según la ley actual en California, la única forma en que alguien puede ser retenido involuntariamente para recibir tratamiento psiquiátrico es cuando el individuo se presenta como un peligro para sí mismo, un peligro para los demás o está gravemente discapacitado. La ley existente no permite que los miembros de la familia, los cuidadores, un defensor público, un fiscal, un equipo de tratamiento asociado con la corte o las fuerzas del orden público pidan tratamiento para una persona, a pesar del historial crónico bien documentado de episodios de deterioro psiquiátrico de la persona. La intervención temprana puede cambiar la vida de una persona que vive con una enfermedad mental y ayuda a evitar que la persona se vea involucrada en la justicia penal. Ayuda a aliviar la cantidad de veces que se coloca a una persona en una suspensión psiquiátrica involuntaria de 72 horas y puede ayudar a que la persona reciba servicios, tratamiento y medicamentos.

Este nuevo plan propuesto de tres puntos se basa en el trabajo que ya ha realizado la Fiscalía de Distrito en los últimos años para mejorar los resultados para las personas en nuestras comunidades que están lidiando con problemas de salud mental y personas sin hogar.

A partir del 2018, la Fiscal de Distrito Summer Stephan convocó dos simposios de partes interesadas para abordar la intersección de la justicia penal, la salud mental y la falta de vivienda. Los resultados se documentaron en el Plan para la Reforma de la Salud Mental: Un Nuevo Enfoque Estratégico que Aborda la Intersección de la Salud Mental, la Falta de Vivienda y la Justicia Penal en el Condado de San Diego.

Desde entonces, en conjunto con la Junta de Supervisores, las fuerzas del orden público, los Servicios de Salud del Comportamiento y nuestros muchos socios con experiencias vividas, incluida la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales NAMI, el condado ha logrado un gran progreso para hacer realidad las recomendaciones establecidas en el Plan, incluidos los Centros de Estabilización de Crisis Basados ​​en la Comunidad, Equipos Móviles de Respuesta a Crisis, Capacitación para Des-escalar en crisis para más de 3,000 oficiales de policía, una tarjeta 911 para familias que llamen sobre un ser querido en peligro y acceso ampliado al Tribunal de Salud del Comportamiento y Desviación de Salud Mental.

Fiscalía Anuncia Acuerdo de $3.25 Millones con Brookdale Senior Living

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, se unió hoy a una coalición de fiscales de distrito y municipales y al Fiscal General de California, Rob Bonta, para anunciar un acuerdo de $3.25 millones con Brookdale Senior Living, Inc. (Brookdale), con sede en Tennessee, el operador de viviendas para personas mayores más grande del país. El acuerdo resuelve las acusaciones de que los 10 centros de enfermería especializada de Brookdale en California no notificaron ni prepararon adecuadamente a los residentes para las transferencias ni cuando era tiempo de dar los residentes de alta y tergiversaron la calidad de la atención al público al dar información falsa a los Centros de Medicare y Medicaid (CMS), incluido el exceso de información reportada sobre la cantidad de horas que las enfermeras brindaron atención a residentes. Brookdale administraba dos centros de enfermería especializada en el condado de San Diego que desde entonces se han vendido.

“Este caso demuestra que responsabilizaremos a las instalaciones de vivienda para personas mayores de seguir las reglas con respecto a la notificación adecuada antes de dar de alta o transferencia de una persona mayor bajo su cuidado. Los miembros de la familia deben poder contar con que su ser querido será atendido y se cumplirá la ley”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Esta demanda expuso el tipo de tergiversación que no se tolerará cuando se trata de proteger a algunos de los más vulnerables de nuestra comunidad. Las acciones de Brookdale ponen en riesgo a las personas mayores y a las personas con discapacidades. Me complace unirme a mis compañeros fiscales de distrito, al Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles y al Fiscal General de California en este acuerdo y aprecio el arduo trabajo de la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego.”

El acuerdo de hoy resuelve las acusaciones de que Brookdale no notificó adecuadamente a sus residentes y familias sobre las transferencias y descargas. Los centros de enfermería especializada deben notificar el traslado o el alta con al menos 30 días de anticipación, o tan pronto como sea posible. Brookdale no proporcionó oportunamente este aviso requerido a sus residentes, con copia a los defensores del pueblo locales. Brookdale tampoco preparó adecuadamente a sus residentes para la transferencia o el alta. Como resultado de estas acciones, Brookdale puso en peligro la salud de sus residentes y también dejó a las familias luchando por encontrar otros lugares para cuidar a sus seres queridos.

El acuerdo también resuelve las acusaciones de que Brookdale tergiversó la calidad de su atención al público al proporcionar información falsa a CMS. Como un medio para ayudar al público a elegir un centro de enfermería especializada, CMS califica a los centros en varias medidas de calidad en una escala de una a cinco estrellas, que luego se publican en el sitio web de CMS para que los miembros del público las vean. La información falsa que Brookdale proporcionó a CMS se usó para otorgar «calificaciones de estrellas» a cada una de las instalaciones de Brookdale en California, calificaciones que los consumidores usaron como un medio para seleccionar una instalación de enfermería especializada de calidad. Específicamente, Brookdale informó en exceso las horas de su personal de enfermería a CMS y, al hacerlo, recibió calificaciones inmerecidas de cuatro y cinco estrellas. A través de sus tergiversaciones a CMS, Brookdale aumentó de manera fraudulenta su calificación de estrellas en varias categorías para atraer a posibles residentes y sus familias. Al participar en estas prácticas comerciales desleales, Brookdale violó tanto la Ley de Competencia Desleal como la Ley de Publicidad Falsa.

El acuerdo de hoy es un juicio estipulado que resuelve la demanda del Pueblo contra Brookdale. Como parte del acuerdo, Brookdale deberá:

  • Dejar de participar en las prácticas ilegales alegadas en la denuncia;
  • Designar un vigilante para supervisar el cumplimiento en su instalación del condado de Kern; y
  • Pagar $2.4 millones en multas civiles, $550,000 en costos y $300,000 al Defensor del Pueblo de Cuidado a Largo Plazo del Condado de Kern.

En el anuncio de hoy, el Fiscal General Bonta y los Fiscales de Distrito de los Condados de Kern, Alameda y Santa Cruz se unen a la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, así como al Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles.

El Fiscal Auxiliar Thomas A. Papageorge, quien encabeza la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito, y la Fiscal Auxiliar Colleen E. Huschke manejaron este caso para la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego.