La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego anunció hoy que ha presentado cargos de delitos graves de asalto y agresión y acusaciones de delitos de odio contra dos hombres que agredieron a un periodista afroamericano que cubría una protesta pacífica de Black Lives Matter en Imperial Beach. Jeffrey Brooks, de 38 años, y Henry Brooks Jr., de 32, están fuera de custodia y tienen una orden de arresto. Aún no se han fijado las fechas de comparecencia en corte. [COMPARTE EN TWITTER]

Los cargos se derivan de un incidente el 7 de junio, durante el cual los manifestantes de Black Lives Matter marcharon pacíficamente en Imperial Beach. Los acusados ​​comenzaron a antagonizar verbalmente y físicamente a los manifestantes, y Henry Brooks Jr. les arrojó huevos. Mientras grababa la escena, Jeffrey Brooks le dio un puñetazo en la cabeza a la víctima, lo que lo hizo caer hacia atrás y golpearse la cabeza contra el suelo.

“Proteger a nuestra comunidad de los crímenes de odio es una prioridad para mi oficina porque el odio deteriora nuestro derecho a la igualdad y la justicia, y deja un impacto en la víctima y en todos los que comparten la raza de la víctima”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. «No toleraremos la intimidación o la interferencia violenta con los manifestantes o con un periodista que ejerce legalmente sus derechos de la Primera Enmienda».

Si es declarado culpable de todos los cargos, Jeffrey Brooks enfrenta tres años bajo custodia y Henry Brooks Jr. enfrenta seis años.

Tanto en 2019 como en 2018, la Oficina de la Fiscalía de Distrito presentó cargos por delitos de odio contra 30 personas. El número representa un aumento continuo de los casos presentados en años anteriores. Históricamente, los delitos de odio basados ​​en la raza representan entre el 50 y el 60 por ciento de todos los delitos de odio en el condado.

A principios de este año, la Oficina de la Fiscalía de Distrito estableció un nuevo formulario en línea y una línea directa donde el público puede denunciar presuntos delitos de odio que han presenciado en el Condado de San Diego. La herramienta es en parte en respuesta a reportes de incidentes relacionados con el odio dirigidos a la comunidad asiática en todo el país a raíz de la pandemia de COVID-19, así como al arresto de un hombre de 66 años en San Diego, que atacó físicamente a un hombre que percibió como chino-estadounidense.

«Sabemos que las personas a menudo no denuncian crímenes de odio por miedo o vergüenza, y queríamos ofrecer una vía directa para alentar a las víctimas o testigos de crímenes de odio a denunciar», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “La gente puede y debe seguir denunciando delitos de odio a sus departamentos de policía locales y al Departamento del Alguacil. Este mecanismo de reporte adicional actuará como una red de seguridad y ayudará a garantizar que los reportes sean revisados ​​y compartidos por la policía”.

El formulario de denuncia en línea se puede encontrar en el sitio web de la Fiscalía de Distrito aquí. El número de la línea directa de crímenes de odio es 619-515-8805.

Las personas que envíen información sobre un presunto delito de odio serán contactadas con información sobre la revisión del reporte por parte de la Fiscalía de Distrito y cualquier acción que se pueda tomar. Se recuerda al público que el discurso de odio en sí mismo a menudo no se eleva al nivel de un crimen de odio, pero podría escalar a un comportamiento criminal. Por ley, un crimen de odio es un acto criminal cometido contra otra persona que está motivado por prejuicios contra la raza, etnia, religión, género, orientación sexual o discapacidad de una persona. [COMPARTE EN TWITTER]

Un proyecto de ley patrocinado por la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego que establece una cláusula de amnistía para alentar a las víctimas y testigos de agresión sexual a declarar ante la corte una vez más recibió apoyo bipartidista esta mañanay consentimiento del Comité de Seguridad Pública del Senado. El proyecto de ley está escrito por la Asambleísta Tasha Boerner Horvath. [COMPARTE EN TWITTER]

El proyecto de ley de la Asamblea AB 1927 proporcionaría inmunidad a las víctimas y testigos de asalto sexual de las consecuencias del uso ilegal de alcohol o drogas que ocurriera en el momento de su presunto asalto. Las instituciones de educación superior en todo el país, incluida la Universidad de California, ya han implementado tales cláusulas de amnistía en sus campus. Según la ley actual, las víctimas deben pasar por un proceso que requiere que se les obligue a testificar en la corte antes de que se les otorgue. Este proceso aumenta innecesariamente el trauma de la víctima al exigirle que comparezca ante un juez por delitos no relacionados con la agresión sexual.

«Lo último que queremos es que el sistema de justicia penal vuelva a victimizar a las personas que valientemente denuncien delitos», dijo Summer Stephan, Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, agencia que patrocina el proyecto de ley. «No podemos seguir teniendo un sistema que trate a las víctimas como criminales por usar las mismas drogas o alcohol que a menudo alimentan los crímenes de sus abusadores».

Según el Informe Uniforme de Crímenes 2018 de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), California registró más de 15,000 violaciones forzadas, la cifra más alta en los Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas de Justicia informa que este problema es particularmente frecuente entre los estudiantes en edad universitaria: aproximadamente el 80 por ciento de las agresiones sexuales contra estudiantes universitarios, y el 67 por ciento contra quienes no son estudiantes, no se denuncian.

«Todos sabemos muy bien que la agresión sexual es el crimen violento menos denunciado en Estados Unidos», dijo la Asambleísta Boerner Horvath. “Muchas víctimas y sobrevivientes no se presentan por temor a represalias, incluso por temor a ser culpados por el asalto. Este proyecto de ley les permitirá denunciar el abuso sin temor a ser procesados. La votación de hoy nos acerca a extender la misma amnistía que ya se ofrece en los campus universitarios a víctimas y testigos de agresión sexual en todo California».

AB 1927 se escuchará a continuación en el piso del Senado.  [COMPARTE EN TWITTER]

La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego anunció hoy el financiamiento de una nueva iniciativa que alejará a las personas con enfermedades mentales graves del sistema de justicia y las someterá a tratamiento, el primero de su tipo en el Condado. El programa recibió hoy apoyo de la Junta de Supervisores del Condado, que autorizó un contrato para recibir $3,328,000 en fondos de subvenciones del Departamento de Hospitales del Estado (DHS). El financiamiento establecerá el primer programa formal alternativo de salud mental previo al juicio en el Condado de San Diego, ampliando el tratamiento basado en la comunidad y reduciendo el número de personas que pasan por crisis psiquiátricas y cárcel debido a enfermedades mentales no tratadas. [COMPARTE EN TWITTER]

[VER VIDEO DE LA JUNTA DE SUPERVISORES DISCUTIENDO ESTE PROGRAMA ALTERNATIVO]

«Es necesario que haya un cambio radical en la forma en que abordamos las necesidades de las personas que viven con enfermedades mentales en nuestra comunidad que se ven involucradas con el sistema de justicia penal», dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Hoy es otro gran paso adelante en un enfoque progresivo y nuevo que está mejorando la forma en que el sistema de justicia penal maneja a las personas con enfermedades mentales graves, y al mismo tiempo mantiene seguros nuestras comunidades. También es un ejemplo de la innovación dinámica y la colaboración entre nuestros socios de justicia y los Servicios de Salud Mental aquí en San Diego. Un enfoque importante de esta iniciativa de subvención fue proporcionar acceso equitativo y tratamiento equitativo para los participantes con enfermedades mentales graves y proporcionar una solución humana basada en la evidencia para la compleja intersección de la salud mental, la falta de vivienda y la justicia penal. Quiero agradecer al Grupo de Seguridad Pública de nuestro Condado por coordinar la solicitud de subvención, así como al Dr. Luke Bergmann, Director de Servicios de Salud Mental, por su continua asociación».

Reconociendo el nexo significativo entre la salud mental, el abuso de sustancias y la justicia penal, la Oficina de la Fiscalía de Distrito reunió a más de 200 interesados ​​y expertos para describir la intersección de la salud mental, la falta de vivienda y la justicia penal, para identificar mejor los problemas y recomendar soluciones concretas.

Como resultado, el año pasado la Fiscalía lanzó su Plan para la Reforma de la Salud Mental: Un Nuevo Enfoque Estratégico que Aborda la Intersección de la Salud Mental, la Falta de Vivienda y la Justicia Penal en el Condado de San Diego, el cual incluye recomendaciones de reforma del sistema para mejorar los resultados de seguridad pública. El documento de 70 páginas contiene 30 recomendaciones específicas sobre cómo la policía y el sistema de justicia pueden responder mejor a las personas que enfrentan desafíos de salud mental, incluido el programa alternativo previo al juicio que obtuvo luz verde en la reunión de la Junta de Supervisores de hoy.

La ley de California permite que un tribunal posponga el enjuiciamiento penal por hasta dos años, bajo ciertas circunstancias, y en su lugar remita a las personas a un tratamiento comunitario que satisfaga sus necesidades especializadas de salud mental. Los fondos del DSH apoyan los programas alternativos del condado para un subconjunto particular de todas las personas que pueden ser elegibles para el desvío de la salud mental: individuos acusados ​​de delitos graves, con diagnósticos de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar, que corren el riesgo de ser declarados incompetentes de ser procesados.

Los socios en el programa alternativo de salud mental propuesto incluyen a la Oficina de la Fiscalía de Distrito, el Departamento del Alguacil el Defensor Público, la Agencia de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Libertad Condicional y la Corte Superior. El diseño del programa se basa en la exitosa Corte de Salud Mental del Condado de San Diego y proporcionará, entre otras cosas, un tratamiento comunitario firme, servicios integrales, manejo de casos, habilidades básicas para la vida diaria, manejo de medicamentos, asistencia de beneficios, apoyo de amigos y vínculos comunitarios. El financiamiento apoyará el tratamiento y la vivienda para aproximadamente 30 participantes en cualquier momento durante el período del contrato. [COMPARTE EN TWITTER]

Después de recibir cientos de quejas sobre consumidores que se sintieron engañados al comprar tiempos compartidos en Welk Resorts, investigadores descubrieron que la compañía con sede en California estaba violando numerosos requisitos legales establecidos para proteger a los consumidores de recibir menos de lo que esperaban. A los vacacionistas del resort, que querían garantizar futuras vacaciones en Welk Resorts, se les hizo creer que estaban comprando bienes raíces, que el valor de su inversión aumentaría y que podrían refinanciar fácilmente su compra, o que tendrían un acceso fácil a los mejores lugares para vacacionar durante fechas de alto perfil como Navidad o Año Nuevo. En realidad, ninguna de esas cosas fue el caso.

Como resultado de la investigación, Welk Resorts, Inc., que comercializa y vende tiempos compartidos, pagará hasta $5.5 millones para resolver una demanda de protección al consumidor que engañó a los compradores de su Programa Platinum como resultado de sus prácticas de venta de tiempo compartido. La queja, presentada hoy junto con un Fallo Final Estipulado propuesto para resolver el caso, alega que Welk Resorts hizo declaraciones y omisiones falsas o engañosas a los consumidores que compraron un tiempo compartido en su Programa Platino en violación de la Ley de Propiedad de Vacaciones y Tiempo Compartido de 2004, codificado en el Código de Negocios y Profesiones de California, sección 11210 et seq. (VOTA).

“El resultado final es que los consumidores necesitan saber qué están haciendo por adelantado sin falsas promesas”, dijo Summer Stephan, Fiscal de Distrito del Condado de San Diego. “La ley protege a los consumidores al prohibir que los vendedores de tiempo compartido se comprometan excesivamente con representaciones falsas. Las revelaciones verídicas son especialmente importantes en un entorno de ventas de alta presión, como las ventas de tiempo compartido. La experiencia en el Equipo de Protección al Consumidor de nuestra Fiscalía se utilizó para proteger a los consumidores de promesas falsas en la compra de tiempos compartidos”.

Como parte del acuerdo, Welk Resorts pagará $2 millones en multas y hasta $3.4 millones en restitución a los compradores de tiempo compartido de Welk Resorts que estuvieron sujetos a declaraciones falsas o engañosas hechas durante las presentaciones de ventas de tiempo compartido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2016. Los términos de la Sentencia Final Estipulada, que no contiene admisión de responsabilidad, se negociaron con la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de Diego y la Oficina del Procurador General de California. El Departamento de Bienes Raíces de California brindó asistencia valiosa para investigar las quejas de los consumidores. El fallo final estipulado está sujeto a la aprobación de la corte.

“El acuerdo de hoy establece un ejemplo sin precedentes para la industria del tiempo compartido: no se puede violar la ley y esperar salirse con la suya”, dijo el Procurador General Xavier Becerra. “Este acuerdo es una victoria significativa para los consumidores de California. Proporciona a las víctimas el paquete de ayuda al consumidor más grande jamás obtenido por el Pueblo por violaciones de la Ley de Propiedad de Vacaciones y Tiempo Compartido, devolviendo dinero a los bolsillos de aquellos engañados por Welk”.

Welk Resorts trabajó de manera rápida y cooperativa a lo largo de la investigación de las acusaciones que se resolvieron a través de la Sentencia Final Estipulada e hizo cambios y revisiones a sus prácticas y procedimientos de ventas de tiempo compartido vacacional durante la investigación. Estos cambios y revisiones incluyeron el desarrollo e implementación de un programa de cumplimiento de la ley VOTA, que requería la creación de nuevos manuales de capacitación en ventas, capacitación obligatoria en ventas y retención de asesores de cumplimiento. Welk Resorts también implementó una política y práctica de grabación de sesiones de revisión y firma de contratos por video y audio, cuando sea posible, sujeto al consentimiento del comprador.

Los medios que tengan preguntas para Welk pueden dirigirse a Julie Wright a jwright@wrightoncomm.com. Los propietarios de Welk que tengan preguntas pueden visitar www.welkresorts.com/resolution para obtener más información a medida que esté disponible.

El caso fue manejado por la Fiscalía de Distrito de San Diego, Unidad de Protección al Consumidor, por la Fiscal Auxiliar de Distrito Colleen E. Huschke y el Fiscal Auxiliar de Distrito Steve Spinella.

Mientras la nación y el Condado de San Diego lidian con la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis, los eventos de los últimos días han resultado en una mezcla de emociones y reacciones. Para muchos, entendiblemente encendió el trauma histórico a largo plazo que tiene sus raíces en el racismo y la desigualdad. Es desgarrador ver la deshumanización de la vida del Sr. Floyd y ofrecemos nuestras condolencias a su familia. Me duele el corazón por el sufrimiento que aguantó.

Está claro que, si bien este es un momento de duelo, es aún más tiempo para duplicar nuestro compromiso de actuar de una manera que honre nuestros valores y nuestra humanidad común, y para forjar soluciones permanentes. En la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego nos solidarizamos con nuestras comunidades para condenar el racismo y la intolerancia donde sea que exista, en cualquier forma, en cualquier uniforme, por cualquier perpetrador.

Nuestra familia de la Fiscalía está unida a las comunidades a las que servimos, y apoyaremos a los residentes del Condado de San Diego y lucharemos junto a ustedes para continuar buscando la igualdad y la equidad. La verdad de que todos los seres humanos son creados iguales y sus vidas son igualmente valiosas debería ser evidente, pero debemos reconocer que incluso en 2020, esos ideales claramente no son una realidad para todos.

En mi oficina, no hay nada más central para nuestra responsabilidad de proteger la seguridad pública que la santidad de la vida humana, y nuestro deber de apoyar a los que no tienen voz en la búsqueda de la justicia. Todos deben ser responsables ante la ley, incluidos los fiscales y los oficiales de policía. Reconozco que aquellos de nosotros que somos líderes en la comunidad del orden público tenemos el profundo deber y la responsabilidad de usar nuestro poder para desmantelar generaciones de inequidad y, con valor, continuar construyendo sistemas de justicia que representen un nuevo camino a seguir.

Como primer paso, estoy comprometida a trabajar con nuestros líderes de las fuerzas del orden público para aumentar la transparencia y apoyar una cultura en los departamentos de policía de reportar a los malos actores. Considero que este problema es similar al deber de los maestros y consejeros como denunciantes obligatorios. No se les permite apartar la vista del abuso y tampoco deberíamos permitirnos a los agentes de la ley mirar hacia otro lado. Hay muchos oficiales policiacos que son buenos y decentes, que están horrorizados por los malos actores y cómo destruyen y abaratan el sacrificio de todos los oficiales que se ponen en peligro para protegernos.

También estoy comprometida a seguir adelante para capacitar y entrenar a cada oficial en métodos de reducir la intensidad de interacciones y que honren la vida y puedan proteger a aquellos con problemas de salud mental y discapacidades durante las interacciones con la policía. Mi oficina está coordinando esta capacitación, que incluye la eliminación del sesgo racial, con el Equipo de Respuesta a Emergencias Psiquiátricas (PERT) y el compromiso y la colaboración de cada Jefe de Policía y el Alguacil en el Condado de San Diego. Estamos en camino de haber capacitado a 700 oficiales locales con la capacitación de los 5,000 oficiales como objetivo.

Estos son los primeros pasos que solo arañan la superficie de lo que estamos enfrentando, pero debemos dejar espacio para la esperanza. Aquí en San Diego y en todo el país, la policía ha denunciado lo que sucedió y ha prometido hacerlo mejor.

Finalmente, la protesta pacífica es una costumbre de larga tradición en nuestro país, y en el orden público nos esforzamos por proteger estos importantes derechos de la Primera Enmienda. La mayoría de los que protestan lo hacen pacíficamente. Pero cuando las protestas se vuelven violentas, es un insulto a las expresiones legítimas de los manifestantes pacíficos, y la policía debe actuar para proteger a la comunidad.

Protestar es un derecho inalienable reconocido por la Constitución de los Estados Unidos. Los disturbios son un crimen.

Como Fiscal de Distrito, es mi responsabilidad enjuiciar a quienes eligen la violencia, el saqueo o la ilegalidad para dañar a nuestra comunidad. Me uno a los líderes de la policía y la comunidad de San Diego para pedir la unidad y la paz, no la violencia y el caos, mientras trabajamos juntos.

Ahora más que nunca, la Oficina de la Fiscalía de Distrito adopta nuestra misión de buscar justicia justa y equitativa para todos. Debemos seguir denunciando la injusticia y salvaguardar fervientemente los derechos sagrados y la dignidad de todos los seres humanos. Nos reconforta saber que hay mucho más bien en el mundo que mal y nos esforzamos por ser parte integral de ese bien público.