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En la Foto: El Presidente y Director Ejecutivo de Scripps Health, Chris Van Gorder, presentó hoy a la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, el Premio del Presidente de Scripps.

La Fiscal de Distrito Summer Stephan Recibe el Premio del Presidente de Scripps por sus Esfuerzos para Reducir la Violencia en los Hospitales

El Presidente y Director Ejecutivo de Scripps Health, Chris Van Gorder, presentó hoy a la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, el Premio del Presidente de Scripps por su liderazgo y colaboración en los esfuerzos para ayudar a reducir los delitos relacionados con la violencia laboral contra trabajadores de hospitales en toda la región.

El premio es el máximo reconocimiento del sistema de salud sin fines de lucro por su servicio distinguido a pacientes, médicos y personal de Scripps, así como a la comunidad en general. La Fiscal Stephan ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento del Grupo de Trabajo sobre Violencia Laboral en Hospitales de San Diego y en el enjuiciamiento de casos penales presentados desde que se creó el grupo a mediados de 2023.

“Estamos profundamente agradecidos con la Fiscal Stephan por promover el importante trabajo de nuestro Grupo de Trabajo Regional sobre Violencia Laboral en Hospitales”, dijo Van Gorder. “Su liderazgo nos ayuda a mejorar continuamente la manera en que protegemos y buscamos justicia para los trabajadores de primera línea de la salud en todo el condado de San Diego”.

Van Gorder, ex oficial de policía y asistente de Sheriff de reserva retirado, inició el Grupo de Trabajo sobre Violencia Laboral en Hospitales de San Diego ante el aumento de incidentes violentos en los hospitales de Scripps. Con el sólido apoyo de la Fiscal Stephan, el grupo ha crecido gradualmente para incluir líderes de varios hospitales y sistemas de salud de todo el condado de San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito, la Oficina del Fiscal de la Ciudad de San Diego, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, varios departamentos de policía regionales y otros. La Oficina de la Fiscalía de Distrito ha creado una unidad especial para manejar casos de violencia en hospitales.

“Es un honor enorme recibir el Premio del Presidente de Scripps y estar junto al Presidente Chris Van Gorder y nuestros socios de hospitales enviando un mensaje claro: no se tolerará la violencia contra los trabajadores de la salud”, dijo la Fiscal Stephan. “Nuestro país y nuestra región han visto un alarmante aumento de la violencia contra médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que han dedicado sus vidas a servir a otros. En el condado de San Diego, tomamos medidas para proteger a estos profesionales altruistas a través del Grupo de Trabajo sobre Violencia Laboral en Hospitales y creando un equipo especializado dentro de la Oficina de la Fiscalía de Distrito para enjuiciar eficazmente los delitos cometidos contra los trabajadores de la salud.

“Nuestro mensaje es claro: no se puede amenazar, escupir, golpear ni apuñalar al dedicado personal de hospitales sin enfrentar la justicia”, dijo la Fiscal Stephan. “La justicia en los más de 100 casos que hemos procesado a menudo incluye abordar las causas raíz de la violencia mediante tratamiento ordenado por la corte para salud mental y abuso de sustancias. Este reconocimiento refleja el extraordinario trabajo del equipo de nuestra Oficina de la Fiscalía de Distrito, especialmente de las Fiscales Auxiliares Jessica Coto y Jessica Sutterley, y del Investigador de la Fiscalía Donte Kendricks, cuyo liderazgo y dedicación en el Grupo de Trabajo sobre Violencia Laboral en Hospitales han fortalecido la protección de los profesionales médicos de primera línea y han ayudado a garantizar la rendición de cuentas de quienes los lastiman”.

Foto de grupo mientras le presentan el premio del Presidente de Scripps Health a la Fiscal de Distrito Summer Stephan.

Foto de grupo mientras le presentan el premio del Presidente de Scripps Health a la Fiscal de Distrito Summer Stephan.

La Oficina de la Fiscalía ha procesado un total de 125 casos de violencia relacionada con hospitales en toda la región desde julio de 2023, cuando comenzó a registrar estos datos. Esto incluye 88 delitos graves en todo el condado y 37 delitos menores fuera de la ciudad de San Diego. (La Oficina del Fiscal de la Ciudad procesa los casos de delitos menores dentro de la ciudad de San Diego). Estos enjuiciamientos han resultado en consecuencias justas.

De cara al futuro, la Oficina de la Fiscalía planea informar estadísticas ampliadas sobre cuántos casos ocurren en instalaciones médicas específicas, así como los tipos de cargos penales más frecuentes.

El grupo de trabajo, que se reúne cada dos meses, ha tomado varias medidas para mejorar la comunicación y el entendimiento mutuo sobre la violencia laboral entre los hospitales regionales, las agencias de seguridad y las oficinas de fiscales. Por ejemplo, el grupo ha establecido enlaces entre hospitales y agencias de seguridad; organizado recorridos de vigilancia por hospitales con la policía; y mejorado la capacitación tanto para el personal de hospitales como para los oficiales de seguridad.

Scripps ha trabajado estrechamente con la Oficina de la Fiscalía para desarrollar un recurso en línea que guíe al personal de Scripps a través del proceso de enjuiciamiento y ha creado otros materiales educativos en el sitio web interno de empleados del sistema de salud. Además, Scripps ha capacitado a su personal para prevenir lesiones y desescalar situaciones potencialmente violentas; incorporado inteligencia artificial en cámaras de vigilancia existentes para identificar y responder a actividades sospechosas; integrado más estrechamente a los oficiales de seguridad de hospitales en los equipos de atención al paciente; y desplegado detectores de metales en algunas instalaciones.

Estos esfuerzos internos en Scripps, combinados con la colaboración continua con el grupo de trabajo, han dado resultados positivos. Tras el primer año de funcionamiento del grupo de trabajo, Scripps logró una reducción del 31 % en lesiones por violencia laboral en sus cinco hospitales, en comparación con el año anterior. Y desde el inicio del grupo de trabajo hasta finales de 2025, Scripps ha alcanzado una reducción del 21 % en lesiones por violencia laboral.

Scripps también defendió el Proyecto de Ley de la Asamblea 977, una ley estatal implementada en 2025 que aumenta el tiempo en cárcel y las sanciones financieras para quienes agreden a trabajadores de urgencias. Asimismo, Scripps apoyó el Proyecto de Ley del Senado 19, firmado por el gobernador de California, Gavin Newsom, en 2025, que permite el enjuiciamiento por amenazas contra instalaciones médicas, escuelas, lugares de culto y otros lugares.

Los trabajadores de la salud representan el 73 % de todas las víctimas de violencia laboral no mortal y tienen cinco veces más probabilidades de experimentar violencia laboral que otros trabajadores, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Edstados Unidos.

SOBRE SCRIPPS HEALTH
Fundado en 1924 por la filántropa Ellen Browning Scripps, Scripps Health es un sistema de atención médica integrado sin fines de lucro con sede en San Diego, California. Scripps atiende a más de 600,000 pacientes anualmente gracias a más de 3,500 médicos afiliados y casi 18,000 empleados en sus cinco hospitales de atención aguda, más de 70 ubicaciones ambulatorias y especializadas, y cientos de consultorios de médicos afiliados en toda la región.
Reconocido como líder en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones, Scripps también está a la vanguardia de la investigación clínica y es el único sistema de salud de la región con dos centros de trauma de nivel 1. Con programas de educación médica de posgrado altamente respetados en los cinco hospitales, Scripps es miembro desde hace mucho tiempo de la Association of American Medical Colleges. Scripps ha sido clasificado siete veces como uno de los mejores sistemas de salud de la nación por Premier. Sus hospitales son constantemente clasificados por U.S. News & World Report entre los mejores del país, y Scripps es reconocido por Advisory Board, Fortune y Working Mother Magazine como uno de los mejores lugares para trabajar. Más información en www.scripps.org.
SOBRE LA OFICINA DE LA FISCALÍA DE DISTRITO DEL CONDADO DE SAN DIEGO
La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego procesa todos los delitos graves en el condado y los delitos menores cometidos fuera de la ciudad de San Diego. La oficina presenta aproximadamente 40,000 casos penales al año y equilibra el enjuiciamiento con numerosos programas de prevención del crimen. La Fiscal de Distrito Summer Stephan dirige la oficina, que cuenta con más de 1,000 empleados dedicados que buscan una justicia justa e igualitaria y apoyan diariamente a las víctimas en todo el condado de San Diego. Más información en SanDiegoDA.gov.
Photo of Gavel and prison cell.

Hombre De Point Loma es Condenado por Ejecutar a su Hermana y Sobrino y Dispararle a su Madre

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un hombre de 61 años que mató a su hermana y a su sobrino y que dejó gravemente herida a su madre, entonces de 86 años, durante una disputa familiar en agosto de 2024, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional más 82 años de prisión.

William Bushey fue declarado culpable por un jurado en enero de dos cargos de asesinato en primer grado, con la agravante de uso de arma de fuego y la circunstancia especial de homicidios múltiples. También fue declarado culpable de intento de asesinato premeditado y abuso de persona mayor con uso de arma de fuego. En agosto de 2024, Bushey disparó y mató a su hermana, Laurie Robinson, de 61 años, y a su hijo, Brett Robinson, de 33 años, y dejó gravemente herida a su madre, June Bushey, quien sobrevivió pero sufrió lesiones críticas durante el ataque.

“La violencia familiar destroza vidas”, dijo la Fiscal Stephan. “Cuando la tragedia ocurre dentro del hogar, los efectos son devastadores y se extienden mucho más allá de las víctimas inmediatas. Nuestros corazones están con los seres queridos que quedaron atrás y seguimos comprometidos a responsabilizar a los delincuentes violentos por sus acciones”.

El caso subrayó el profundo daño que se causa cuando los conflictos domésticos escalan hasta convertirse en violencia.

Durante el juicio, el Fiscal Auxiliar Scott Pirrello presentó pruebas que demostraron que el acusado se encontraba al borde de ser expulsado de la casa familiar por su mal comportamiento y culpaba a su hermana y a su madre por ello. Esta tensión dentro de la familia finalmente desembocó en los tiroteos mortales.

Bushey vivía con su madre de edad avanzada sin contribuir al hogar y tuvo muy poca interacción con los miembros de la familia durante más de una década en la residencia familiar en Point Loma. Se molestó cuando su hermana se mudó a la casa.

A lo largo de nueve días, el comportamiento agitado y agresivo de Bushey se volvió tan preocupante que la policía fue llamada a la casa en dos ocasiones por disturbios, aunque ninguno de los incidentes reportados alcanzó el nivel de conducta criminal. Para el día de los disparos, la familia estaba a punto de iniciar el proceso de desalojo contra Bushey y había ordenado la instalación de un sistema de vigilancia en la vivienda. El sistema de internet, que estaba ubicado en el dormitorio de Bushey, fue trasladado a otra área de la casa, lo que lo alteró aún más.

Bushey confrontó a su familia por la desconexión del Wi-Fi y luego entró a su dormitorio y tomó una escopeta que había comprado en 2012 y que había mantenido en secreto. Cargó la escopeta a su máxima capacidad, se armó con cartuchos adicionales y fue en busca de su familia. Disparó seis veces mientras perseguía a su madre y a su hermana, quienes huyeron hacia el patio trasero. Las acciones de Bushey resultaron en la muerte de su hermana y su sobrino y causaron lesiones catastróficas a su madre, quien perdió la mayor parte de su mano derecha y sufrió una herida de entrada y salida en la parte superior izquierda del abdomen, que pasó a escasos centímetros de su corazón.

“Este acusado fue brutal e implacable en la forma en que dio caza a su propia familia”, dijo la Fiscal Stephan. “Espero que la sentencia de hoy brinde una medida de justicia a la familia de las víctimas y a la comunidad en general. Estoy orgullosa de la dedicación y excelencia que el Fiscal Auxiliar Scott Pirrello y el equipo de la Fiscalía aportaron a este caso complejo”.

Prevenir y procesar la violencia doméstica y el abuso de personas mayores, y apoyar a las víctimas durante el tumultuoso proceso del sistema de justicia penal, es una piedra angular del trabajo que realizan las Fiscalías de Distrito. Miles de víctimas de delitos reciben servicios a través de los dos Centros de Justicia Familiar de la Fiscalía en San Marcos y National City, donde pueden obtener servicios integrales para víctimas de violencia doméstica, abuso de personas mayores, agresión sexual y otras formas de violencia familiar. La oficina coordina capacitaciones para profesionales en todo el condado para reconocer las señales de advertencia de la violencia doméstica, colabora con organizaciones comunitarias para ampliar servicios de apoyo culturalmente sensibles y participa en esfuerzos de concientización y alcance público como el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica en octubre.

Para más información sobre los servicios disponibles, visite: https://ospsandiegocounty.gov/

Photo of a gavel over law books and scales of justice.

Vivint Solar Pagará $4.3 Millones en Acuerdo por Engañar a Consumidores

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, junto con otras cuatro fiscalías de California, ha logrado un acuerdo por $4.3 millones con Vivint Solar, Inc. y sus entidades relacionadas para resolver violaciones a las leyes de protección al consumidor relacionadas con los contratos de compra de energía solar (PPA, por sus siglas en inglés) de la compañía. El acuerdo surge de acusaciones vinculadas a la instalación residencial de sistemas solares y contratos de energía que Vivint Solar con consumidores de California entre agosto de 2016 y octubre de 2020.
La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Riverside, alega que, al publicitar y promocionar sus sistemas de energía solar y los términos de los PPA, Vivint Solar tergiversó los acuerdos o no realizó divulgaciones adecuadas para evitar engañar a los consumidores.
“Cuando las empresas utilizan tácticas engañosas y agresivas para atrapar a los clientes, como en el caso de esta compañía solar, están incurriendo en competencia desleal y otras violaciones a las leyes de protección al consumidor, y serán responsables conforme a la ley”, dijo la Fiscal Stephan. “Muchas de estas empresas cometen las mismas violaciones en todo el estado, y poder aprovechar las alianzas estatales de protección al consumidor de nuestra oficina nos permite hacer más para proteger a los residentes de San Diego. Uno de los aspectos más beneficiosos de este caso es la disponibilidad de $3 millones para que los consumidores soliciten el reembolso de las pérdidas sufridas. Estoy agradecida con nuestro Equipo de Protección al Consumidor por exigir responsabilidad a las empresas y obtener justicia para los consumidores.”
Ejemplos de las presuntas violaciones de Vivint Solar incluyen:
  • Tergiversar la relación entre Vivint Solar y la compañía local de servicios públicos, incluyendo el uso de ropa con la marca de una empresa de servicios públicos del sur de California.
  • Tergiversar los ahorros de energía o costos al decirles a los consumidores que sus facturas se reducirían, cuando en muchos casos aumentaron.
  • Tergiversar la capacidad de los consumidores para cancelar el contrato o acuerdo en cuestión.
En la sentencia final, se prohíbe a Vivint Solar participar en prácticas comerciales injustas, ilegales o fraudulentas relacionadas con sus sistemas de energía solar, incluyendo:
  • Hacer declaraciones falsas sobre la relación de la empresa con una compañía local de servicios públicos, los ahorros de energía que un cliente podría esperar recibir o la capacidad del cliente para cancelar el contrato.
  • Solicitar, ordenar u obtener de cualquier otra manera un reporte de crédito del consumidor en relación con una solicitud de préstamo o crédito sin obtener primero el consentimiento por escrito del consumidor.
  • Crear cuentas relacionadas con la compra, instalación, mantenimiento o arrendamiento de cualquier sistema de energía solar sin obtener primero el consentimiento por escrito del consumidor.
  • No proporcionar traducciones de los contratos escritos relacionados con la compra, instalación, mantenimiento o arrendamiento de cualquier sistema de energía solar en el idioma en que se negoció el contrato antes de su firma.
  • Hacer cumplir una cláusula de daños liquidados en sus acuerdos o contratos, incluyendo, entre otros, un PPA de Vivint Solar, que no cumpla con las disposiciones de la Sección 1671 del Código Civil y la jurisprudencia de California que interpreta dicho estatuto.
Según los términos de la sentencia, que se dictó sin admisión de responsabilidad, Vivint Solar pagará un total de $1.3 millones en multas civiles y costos de investigación. También establecerá un fondo de restitución de $3 millones para cubrir solicitudes válidas de restitución de consumidores de California relacionadas con sistemas de energía solar vendidos por Vivint Solar o los términos de cualquier PPA de Vivint Solar entre el 3 de agosto de 2016 y el 8 de octubre de 2020. El 8 de octubre de 2020, Vivint Solar se convirtió en una subsidiaria de propiedad total de Sunrun, Inc. (“Sunrun”). Sunrun no es parte de esta acción de cumplimiento de la ley.
La notificación a los consumidores de California sobre las disposiciones de la Sentencia Estipulada, incluyendo los plazos para presentar un reclamo y los métodos para enviar una solicitud de restitución, será proporcionada por Vivint Solar y estará disponible en el sitio web orientado al consumidor de Vivint Solar, Inc. y Sunrun. Otras entidades de Vivint incluidas en el acuerdo son Vivint Solar Holdings, Inc. y Vivint Solar Developer, LLC (“Vivint Solar”).
El caso fue procesado conjuntamente por las Fiscalías de Distrito de San Diego, Riverside, Alameda, Fresno y San Francisco. Los fiscales señalaron que Vivint Solar, Sunrun y sus abogados han trabajado de manera cooperativa con las agencias públicas para resolver el asunto.
La Fiscal Auxiliar Colleen Huschke procesó este caso en representación de la Oficina de la Fiscalía de Distrito.
Foto de conferencia de prensa de la Fiscal de Distrito anunciando cargos contra mujer que cargos graves de apropiación indebida de fondos públicos y cargos graves de malversación.

Exconvicta con Antecedentes de Malversación Acusada de Apropiación Indebida de Fondos Públicos por Utilizar Dinero de una Subvención del Acuerdo Sobre Opioides del Condado para Cirugía Plástica, Vacaciones y Gastos Personales

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy cargos contra una mujer que previamente fue condenada por robar más de $500,000 a su empleador. Su más reciente esquema involucró defraudar al Condado de San Diego por más de $130,000 para financiar su lujoso estilo de vida, incluyendo dos cirugías plásticas estéticas, vacaciones de lujo, facturas de SDG&E de sus viviendas personales, mejoras del hogar y entrenamiento en artes marciales. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

Amy J. Knox, de 45 años, ha sido acusada de tres cargos graves de apropiación indebida de fondos públicos y tres cargos graves de malversación, con la alegación de fraude de cuello blanco por apropiación de más de $4 millones en fondos de protección al consumidor otorgados por el Condado de San Diego a la organización sin fines de lucro Harm Reduction-SD. Los fondos formaban parte de los más de $50 mil millones asegurados por el Fiscal General de California como parte de acuerdos nacionales y procesos de bancarrota con corporaciones implicadas en la epidemia de opioides. Estos fondos para el consumidor, obtenidos a través de los acuerdos sobre opioides, estaban destinados a aumentar la prevención y el tratamiento y reducir las muertes por fentanilo en el Condado.

“Esta acusada tenía antecedentes de haber robado grandes cantidades de dinero a su empleador y de haber violado su confianza, y aun así pudo estar a cargo de millones de dólares en fondos públicos”, dijo la Fiscal Stephan. “Los controles y equilibrios existen por una razón, sin embargo, no hubo evidencia de una verificación de antecedentes. Incluso después de que personal profesional del condado planteara preocupaciones, funcionarios del Condado otorgaron un segundo contrato a Harm Reduction-SD, permitiendo que esta acusada se enriqueciera con fondos públicos.”

Desde julio de 2022 hasta junio de 2025, Knox se desempeñó como directora de operaciones de Harm Reduction-SD. Controlaba las finanzas de la organización sin fines de lucro y fue designada como administradora de los contratos del Condado, sirviendo como enlace principal entre Harm Reduction-SD y los funcionarios encargados de la contratación en el Condado. Knox era responsable de supervisar la distribución de naloxona, administrar la nómina, presentar declaraciones de impuestos, contratar proveedores y gestionar suministros.

Harm Reduction-SD recibió $4.2 millones de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado, Departamento de Servicios de Salud Conductual. El primer contrato, en julio de 2022, fue para la distribución de naloxona. El segundo contrato, en agosto de 2024, fue para la verificación de drogas. Este servicio consistía en verificar la presencia de fentanilo en drogas ilegales que miembros de la comunidad en campamentos de personas sin hogar planeaban consumir.

En enero de 2023, un ciudadano preocupado alertó al Condado de que la directora ejecutiva de Harm Reduction-SD, Tara Stamos, estaba almacenando Narcan (medicamento para revertir sobredosis de opioides) debajo de una lona en el patio delantero de su casa en el Este del Condado, con temperaturas de 100 grados. En abril de 2023, una auditoría financiera realizada por empleados profesionales del condado descubrió debilidades significativas en los controles financieros, incluyendo conciliaciones bancarias insuficientes y un libro mayor general deficiente.

El Condado luego descubrió que Knox tenía condenas previas por malversación. Menos de un año después, en agosto de 2024, Harm Reduction-SD recibió el segundo contrato.

Durante su malversación de fondos públicos, Knox realizó miles de compras de artículos y servicios personales utilizando al menos cuatro tarjetas de crédito personales. Desde enero de 2024 hasta mayo de 2025, utilizó la cuenta corriente de Harm Reduction-SD para pagar los saldos mensuales de sus tarjetas de crédito mediante transferencias electrónicas. Sus gastos personales en estas tarjetas incluyeron viajes a Hawái y Disneyland, ropa y cosméticos de alta gama para mujer, diversas suscripciones a servicios de transmisión, gastos de mejoras del hogar, perros de raza pura y entrenamiento canino, y entrenamiento en artes marciales. El monto total superó los $90,000.

Además de pagar sus tarjetas de crédito, desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, Knox malversó más de $10,000 en fondos públicos para pagar las facturas de SDG&E de dos de sus propiedades residenciales. También utilizó fondos públicos malversados para pagar $30,000 en cirugías estéticas corporales completas.

El fraude de Knox salió a la luz cuando comenzó a acusar de mala conducta a la directora ejecutiva de Harm Reduction-SD, Tara Stamos. Stamos respondió reportando a la Oficina de la Fiscalía de Distrito que había descubierto transacciones no autorizadas realizadas por Knox. La División de Operaciones Especiales de la Fiscalía, que cuenta con una destacada Unidad de Integridad Pública, inició la investigación que resultó en estos cargos. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió esta mala conducta, por qué se permitió que continuara y cómo evitar que vuelva a suceder.

El Condado canceló ambos contratos con Harm Reduction-SD en junio de 2025.

“Cuando el Condado canceló el contrato, no hubo una remisión para una investigación penal a la Unidad de Corrupción Pública de la Fiscalía, como se ha hecho en casos anteriores de sospecha de mala conducta por parte del liderazgo de la Junta”, dijo la Fiscal Stephan. “Los fondos de protección al consumidor son dinero público que debe ser protegido. Son fondos del público que deben manejarse con transparencia y responsabilidad.”

Si algún empleado del Condado encargado de fondos públicos tiene información sobre sospechas de mala conducta, debe sentirse cómodo presentando sus preocupaciones ante la Oficina de la Fiscalía de Distrito. Bajo las leyes de protección a denunciantes, estarán protegidos.

“Denunciar irregularidades es una parte importante de la seguridad pública”, dijo la Fiscal Stephan. “A menudo es la primera línea de defensa contra la corrupción y el mal uso de fondos públicos.”

La Unidad de Integridad Pública de la Fiscalía investiga y procesa casos que involucran a funcionarios públicos electos o designados, empleados gubernamentales que cometen delitos en el desempeño de sus funciones, uso indebido de fondos o recursos públicos, fraude ante los tribunales y mala conducta de abogados. Los empleados del Condado o el público pueden presentar una queja en nuestro sitio web: https://www.sdcda.org/preventing/public-integrity/ o enviando un correo electrónico a la Unidad de Integridad Pública a SDDAPublicIntegrity@sandiegoda.gov.

El Fiscal Auxiliar Matthew Dix está procesando este caso y el Investigador de la Fiscalía Mark Kelley llevó a cabo la investigación.

Knox fue procesada hoy y se declaró no culpable. Su fianza fue fijada en $200,000 y se programó una audiencia de revisión de fianza para el 25 de febrero a las 8:30 a.m. en el Departamento 101. Una audiencia de preparación está programada para el 1 de abril a las 8:15 a.m. en el Departamento 1102. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

 

 

Foto de Edmund Lafave, víctima de asesinato en 1975.

Acusado Es Procesado Por Un Asesinato Sin Resolver Ocurrido Hace Más De Medio Siglo

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que un asesino que mató a un hombre en su casa en North Park hace más de 50 años fue extraditado desde el Medio Oeste de Estados Unidos y hoy compareció ante el tribunal para ser procesado por un cargo de asesinato. Johnnie Salisbury, de 71 años, fue procesado en el Tribunal Superior de San Diego después de ser arrestado en Indiana el mes pasado y extraditado a San Diego para rendir cuentas por su crimen.

En 1975, Salisbury golpeó brutalmente y apuñaló a Edmund LaFave, de 34 años, en su propia casa en Suncrest Avenue. El cuerpo sin vida de LaFave fue encontrado en un charco de sangre en su dormitorio en su residencia ubicada en la cuadra 2900 de Suncrest Drive el 25 de febrero de 1975.

“A veces tenemos que esperar décadas para lograr justicia en nombre de una víctima de asesinato, pero la clave es nunca rendirse en la búsqueda de justicia”, dijo la Fiscal Stephan. “Este acusado logró evadir la justicia por más de medio siglo, pero gracias a la dedicación de las fuerzas del orden ahora está siendo responsabilizado por su brutal crimen. Este es un excelente ejemplo de cómo la ciencia moderna, combinada con el compromiso de resolver asesinatos sin resolver, puede conducir a un resultado justo. Quiero agradecer a todo el equipo que trabajó en este caso y que nunca dejó de buscar a este asesino”.

Diversos investigadores de casos sin resolver revisaron el caso a lo largo de los años, pero no pudieron identificar a un sospechoso. A pesar de la exhaustiva investigación al inicio del caso, con el tiempo la investigación se estancó. Sin embargo, el programa CHARGE (Cold Homicide and Research Genealogy Effort, por sus siglas en inglés), financiado mediante una subvención y dirigido por la Fiscalía de Distrito, en colaboración con sus socios de las fuerzas del orden del Departamento de Policía de San Diego, pudo proporcionar a los investigadores la información necesaria para resolver el caso.

La Fiscal de Distrito reconoció el trabajo sobresaliente del fiscal principal de la Unidad de Casos Sin Resolver, Chris Lindberg; la genealogista Laura Tanney; así como de los Investigadores de la Fiscalía Tony Johnson, Ryan Gremillion, Lisa Williams y los detectives del SDPD.

Posteriormente, expertos del Laboratorio Criminalístico del SDPD pudieron comparar las huellas dactilares del acusado con las encontradas en la escena del crimen, incluidas huellas halladas en una plancha ensangrentada utilizada para golpear a la víctima.

CHARGE está financiado por la subvención del Departamento de Justicia de Estados Unidos titulada “Prosecuting Cold Cases Using DNA”. Esta subvención proporciona $533,000 durante tres años y permite realizar trabajos de genealogía genética forense para resolver homicidios sin resolver. Se trata de una subvención competitiva que solo se otorga a unas pocas agencias en todo el país cada año. Esta es la segunda subvención de tres años que la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha recibido para financiar su innovador programa CHARGE.

La genealogía genética forense es una poderosa herramienta de investigación que ayuda a las fuerzas del orden a resolver asesinatos sin resolver mediante el uso de evidencia de ADN para identificar sospechosos a través de sus conexiones familiares y registros públicos, en lugar de depender únicamente de bases de datos criminales existentes. Los investigadores utilizan ADN recolectado en escenas del crimen para crear un perfil genético que puede compararse con bases de datos genealógicas públicas de participación voluntaria con el fin de localizar parientes lejanos de un sospechoso desconocido.

El Fiscal Auxiliar Chris Lindberg, quien dirige la Unidad de Homicidios de Casos Sin Resolver de la Fiscalía, está procesando este caso.

Operativo Encubierto Resulta En Arresto de Decenas de Narcotraficantes en East Village

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que un gran jurado emitió 23 acusaciones formales contra 34 acusados que vendían drogas abiertamente en varios lugares del vecindario East Village de San Diego, incluyendo la venta de fentanilo, metanfetamina y cocaína “crack”. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

El jueves pasado, 23 de los acusados fueron arrestados durante un operativo de detención en East Village.

Las fuerzas del orden de San Diego completaron un operativo de dos meses destinado a desmantelar los mercados de drogas al aire libre en East Village, reducir el crimen en el área y aumentar la seguridad pública para los residentes. El Operativo Street Sweeper, llevado a cabo de septiembre a octubre de 2025, se enfocó en varios lugares identificados por el Departamento de Policía de San Diego como puntos críticos de venta ilegal de drogas, incluyendo las calles 16 y 17, las calles K y C, así como Imperial Avenue y Broadway.

“Este operativo refleja una respuesta coordinada y proactiva de las fuerzas del orden hacia la comunidad a la que servimos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en un área del centro que continúa enfrentando desafíos de seguridad pública”, dijo la Fiscal Stephan. “La comunidad de East Village merece estar segura y no tener a sus familias expuestas a la venta abierta de drogas y los delitos asociados. Esta operación se enfocó en los traficantes que vendían drogas tóxicas como el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína base. Es evidente que el aumento en la venta de drogas también es la razón del aumento en las sobredosis en las mismas áreas.”

El operativo fue un esfuerzo colaborativo que involucró al Departamento de Policía de San Diego, al Equipo de Supresión y Reducción del Fentanilo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI FAST, por sus siglas en inglés), con apoyo adicional de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, que está procesando a tres sospechosos adicionales relacionados con el caso.

“Los residentes de East Village han solicitado durante mucho tiempo una mayor aplicación de la ley contra los delitos relacionados con drogas, y el Operativo Street Sweeper hizo precisamente eso”, dijo el Jefe de Policía de San Diego Scott Wahl. “Con esta operación, nos enfocamos en el consumo abierto de drogas y la venta de narcóticos que ocurrían en East Village, algo por lo que niños y familias pasaban todos los días. Con nuestros socios en la aplicación de la ley, pudimos generar un impacto significativo en la calidad de vida en el centro de San Diego.”

Agentes encubiertos realizaron numerosas compras y operaciones de vigilancia durante el período de dos meses, enfocándose exclusivamente en traficantes que vendían sustancias como fentanilo, metanfetamina y cocaína base (crack). El esfuerzo coordinado tuvo como objetivo no solo interrumpir la distribución de drogas, sino también reducir los delitos asociados en el corredor del centro.

Las acusaciones incluyen cargos que van desde la venta y posesión con intención de venta de estas peligrosas sustancias controladas. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una variedad de sentencias bajo la ley estatal.

“A las personas que viven y trabajan en el centro: los adultos han retomado el control”, dijo el Fiscal Federal Adam Gordon.

Las autoridades indicaron que las alianzas son clave para abordar el aumento del crimen observado en el área.

“El equipo FAST de HSI es una fuerza de tarea colaborativa de agencias del orden federales, estatales y locales enfocadas en combatir el contrabando, la distribución y la venta de drogas sintéticas mortales en nuestras comunidades”, dijo Kevin Murphy, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional. “El Operativo Street Sweeper demuestra el éxito que podemos lograr cuando trabajamos juntos para llevar a cabo investigaciones de alto impacto y hacer nuestras comunidades más seguras.”

La evidencia ante el gran jurado fue presentada por las Fiscales Auxiliares Lauren Wake y Edith Leon, fiscales de la División de Narcóticos Mayores de la Fiscalía del Distrito.

[VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

Cargos por Fraude al Propietario de un Negocio de Cremación de Mascotas

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que la División de Delitos Económicos y Protección al Consumidor de la Fiscalía presentó cargos contra el propietario de un negocio de cremación de mascotas en San Marcos por no cumplir con los servicios de cremación prometidos a los clientes ni reembolsar sus pagos. Christopher Settle, de 39 años, fue procesado hoy en la Corte Superior de San Diego por un cargo grave de gran robo.

Se ha identificado a veinte víctimas que no recibieron reembolsos por servicios de Angel Paws Pet Cremation que no fueron completados entre julio y septiembre de este año. La pérdida total para las 20 víctimas supera los $4,700. Tres víctimas recibieron cenizas que supuestamente correspondían a los restos cremados de sus mascotas, pero posteriormente descubrieron que los cuerpos de sus mascotas permanecían intactos en el negocio. Settle continuó operando su negocio de cremación de mascotas sin tener la capacidad legal ni física para completar los servicios por los que los clientes habían pagado. El negocio cerró este pasado verano.

“Estos dueños de mascotas confiaron en este negocio para manejar los restos de sus animales con dignidad y respeto, pero en su lugar se les negó ese trato”, dijo la Fiscal Stephan. “El propietario está siendo responsabilizado por sus actos gracias al arduo trabajo de nuestro equipo de fiscales de protección al consumidor.”

Settle fue detenido en su domicilio en Temecula el 2 de diciembre por agentes de la Estación del Alguacil de San Marcos. El acusado renunció a la extradición y fue trasladado al Condado de San Diego, donde fue ingresado en el Centro de Detención de Vista con base en una orden de arresto pendiente.

El cierre abrupto del negocio durante el verano causó una gran angustia a los dueños de mascotas en duelo, quienes presentaron múltiples denuncias ante las autoridades. En documentos judiciales, los fiscales señalaron que el suministro eléctrico del negocio fue cortado durante el verano por falta de pago, lo que dejó a algunos animales fallecidos sin refrigeración por períodos prolongados. Settle continuó aceptando animales para servicios de cremación a pesar de que el suministro de gas estaba suspendido.

El permiso de Settle del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego (SDCAPCD) para operar expiró en marzo de 2024, y el permiso quedó oficialmente retirado en septiembre del año pasado. Sin un permiso válido del SDCAPCD, Settle no tenía la capacidad legal ni física para operar el incinerador del negocio.

Entre el 24 de septiembre y el 1 de diciembre de este año, 46 clientes de Angel Paws contactaron a la Oficina del Alguacil del Condado de San Diego en San Marcos para presentar una queja relacionada con Angel Paws. Varios de estos clientes no están incluidos en la lista de víctimas porque sus clínicas veterinarias subcontrataron los servicios de cremación con Angel Paws. Angel Paws recogió varias mascotas fallecidas del ABC Veterinary Hospital, Julian Pet Clinic, Pets Place Animal Hospital y Santa Fe Pet Clinic, pero nunca envió facturas para el pago. Algunos dueños de mascotas recibieron cenizas durante el periodo en que Angel Paws no estaba operando, y otros aún no han recibido las cenizas ni el cuerpo de su mascota.

La División de Delitos Económicos y Protección al Consumidor de la Fiscalía es responsable de procesar una amplia variedad de delitos, incluidos el abuso financiero de personas mayores, la intrusión informática, el robo de identidad complejo, las estafas de inversión, la malversación de fondos, los asuntos inmobiliarios, los productos falsificados, los delitos ambientales y el robo de fondos de asistencia pública.

El Fiscal Auxiliar, Alexander Poyhonen, está a cargo de la acusación en este caso.

Fiscalía Lanza Campaña de Prevención de Estafas contra Personas Mayores

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dio a conocer hoy cifras alarmantes relacionadas con la cantidad de dinero que las personas mayores perdieron en el condado a causa de diversas estafas en línea y por teléfono dirigidas a adultos mayores. Durante un período de un año, las personas mayores del condado fueron estafadas por más de $130 millones, según el Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores del Condado de San Diego (EJTF, por sus siglas en inglés).

Citando estas devastadoras pérdidas, la Fiscal Stephan estuvo acompañada hoy por autoridades del orden en una conferencia de prensa para compartir también detalles de una campaña de prevención de estafas a gran escala que ha generado casi 26 millones de impresiones publicitarias desde mediados de septiembre. La campaña inició en septiembre y continuará hasta finales de año. Su objetivo es educar a las personas mayores, sus seres queridos, cuidadores y al público sobre los tipos de estafas más comunes actualmente. El esfuerzo de alcance público es liderado por la Oficina de la Fiscal y se está difundiendo en medios exteriores, múltiples plataformas digitales, medios impresos y estaciones de radio.

“Hemos tenido suficiente de criminales que atacan agresivamente a algunas de las personas más vulnerables del Condado de San Diego y que, en algunos casos, les roban los ahorros de toda una vida”, dijo la Fiscal Stephan. “Queremos educar a los adultos mayores y a sus familias sobre cómo reconocer estafas y qué acciones específicas deben tomar si sospechan que están siendo blanco de una. Al mismo tiempo, nuestro trabajo colaborativo a través del Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores está dando resultados tanto en procesamientos como en restitución para víctimas que antes estaban devastadas por sus pérdidas.”

VIDEO COMPLETO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA, AQUÍ.

El Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores (EJTF) del condado se formó en 2020 y, por primera vez, combinó recursos de investigación e intercambio crítico de datos entre autoridades federales, estatales y locales. Desde su creación, el EJTF ha rastreado o identificado a más de 4,600 víctimas y más de $325 millones en pérdidas en el Condado de San Diego. Sin embargo, es probable que las cifras reales sean mucho más altas, ya que el fraude a personas mayores está crónicamente poco reportado debido a la vergüenza y el miedo. En un esfuerzo transformador, el EJTF combina los esfuerzos del FBI, la Oficina del Fiscal Federal, la Oficina de la Fiscal de Distrito, el Centro de Coordinación de Cumplimiento de la Ley, los Servicios de Envejecimiento e Independencia del Condado y autoridades policiales locales para enfocarse exclusivamente en la explotación financiera de adultos mayores.

“La justicia para las personas mayores ha sido durante mucho tiempo una prioridad para el FBI, y la División de San Diego está comprometida con proteger a esta población vulnerable,” dijo el Agente Especial a Cargo Mark Dargis de la Oficina del FBI en San Diego. “La seguridad de los adultos mayores es parte de nuestra misión y nos tomamos muy en serio estas violaciones. Investigamos agresivamente a quienes buscan destruir la estabilidad financiera de nuestra comunidad mayor y estamos comprometidos a hacer que los estafadores rindan cuentas para ayudar a restaurar la justicia para sus víctimas.”

El Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores investiga casos, procesa a criminales y confisca o recupera fondos perdidos siempre que es posible. Desde octubre de 2023, el Grupo ha identificado docenas de sospechosos investigados por el EJTF o que aún están bajo investigación, y ha presentado cargos contra más de 70 acusados en tribunales estatales y federales. Las pérdidas totales para víctimas en San Diego en todos los casos del EJTF que están actualmente bajo investigación ascienden a $4.5 millones. La Oficina de la Fiscal de Distrito ha recuperado más de $274,000 en restitución para víctimas relacionada con 10 de sus procesamientos—dinero que regresó directamente a las víctimas. Además, el EJTF ha recuperado más de $16 millones de fondos de víctimas mediante órdenes federales de decomiso, coordinación bancaria y medidas activas de prevención de pérdidas.

“Los estafadores que se dirigen a las personas mayores no solo roban dinero —roban su dignidad y seguridad,” dijo el Fiscal Federal Adam Gordon. “Cuando se defrauda a los adultos mayores, a menudo pierden la capacidad financiera para vivir sus vidas como desean. Reportar temprano marca toda la diferencia. Ya nos ha permitido interrumpir millones de dólares en estafas y devolver dinero a las víctimas antes de que desaparezca. Instamos a cualquier persona que sospeche que ha sido blanco de una estafa a reportarlo de inmediato. Juntos, podemos detener a estos estafadores y devolver a nuestros adultos mayores la tranquilidad y libertad financiera que se han ganado.”

A pesar de los éxitos del Grupo de Trabajo, el monto de las pérdidas continúa aumentando año tras año, lo que llevó a la Fiscal a crear esta nueva campaña de alcance público para reducir la victimización de adultos mayores del condado. La campaña de Prevención de Estafas a Personas Mayores incluye una estrategia mediática integral y se difundirá hasta el 31 de diciembre. Está diseñada para proporcionar un alto nivel de conocimiento público, cobertura multilingüe y reforzamiento constante durante la temporada navideña, cuando las estafas son más comunes.

La estrategia de la campaña equilibra alcance masivo para visibilidad con ubicaciones específicas para relevancia cultural y comunitaria. Al combinar medios tradicionales con canales digitales, se asegura de que tanto las personas mayores como sus familias reciban el mensaje múltiples veces y en varios formatos, aumentando la retención del mensaje.

A dos meses de iniciada la campaña, los esfuerzos combinados de los medios ya han generado más de 25.9 millones de impresiones y se espera que generen más de 43 millones de impresiones y lleguen a aproximadamente 3.5 millones de personas únicas en el Condado de San Diego. Este amplio alcance garantiza que las personas mayores, cuidadores y familias reciban repetidamente el mensaje de prevención en inglés, español, tagalo y vietnamita a través de una combinación de medios tradicionales, digitales y comunitarios.

Las estafas contra adultos mayores se han vuelto más sofisticadas, utilizando tácticas que van desde la suplantación de autoridades gubernamentales hasta voces generadas por IA que imitan a familiares. La campaña está basada en el mensaje: “Deténgase. Cuelgue. Cuéntele a alguien.” Este llamado a la acción simple y repetible proporciona claridad y reduce la duda cuando una persona mayor o un cuidador se encuentra con una solicitud sospechosa.

La Comisión Federal de Comercio advirtió que las estafas dirigidas a adultos mayores se han disparado en los últimos cuatro años. Los reportes de adultos mayores de 60 años que pierden $10,000 o más por estafas de suplantación se han cuadruplicado desde 2020. Aún más alarmante: las pérdidas combinadas de más de $100,000 por víctima aumentaron ocho veces, de $55 millones en 2020 a $445 millones en 2024.

La campaña de alcance de la Fiscalía señala que las estafas casi siempre siguen el mismo patrón: una llamada, mensaje de texto o ventana emergente, o “pop-up”, advirtiendo sobre un falso problema “urgente”. El estafador—haciéndose pasar por una agencia gubernamental, banco o empresa reconocida—presiona a las víctimas para que muevan dinero para “protegerlo”. En realidad, los están engañando para que entreguen su dinero.

Las estafas suelen presentarse en tres formas comunes:

  • “Alguien está usando sus cuentas.” Se hacen pasar por su banco o PayPal, afirmando que detectaron actividad sospechosa o transacciones no autorizadas.
  • “Su información está vinculada a un crimen.” Suplantan a autoridades, advirtiendo que su número de Seguro Social está relacionado con narcotráfico o lavado de dinero.
  • “Su computadora ha sido hackeada.” Una falsa alerta de seguridad—que aparenta ser de Microsoft o Apple—le indica que llame a un número donde los estafadores afirman que sus cuentas están comprometidas.

Una vez que captan la atención de la víctima, le indican que transfiera fondos, deposite efectivo en cajeros de Bitcoin o incluso entregue dinero u oro a mensajeros. Distintas historias—la misma meta: robar su dinero.

Cómo protegerse:

  • Nunca mueva dinero para “mantenerlo seguro”. Ninguna agencia o compañía legítima le pedirá esto.
  • Verifique de forma independiente. Cuelgue y vuelva a llamar usando un número que usted sepa que es real—nunca el que ellos le dan.
  • Detenga la llamada antes de que comience. Use herramientas de bloqueo de llamadas para reducir intentos de estafa.

Más información sobre la campaña y ejemplos de anuncios pueden encontrarse en el sitio web de la Fiscalía aquí.

Condena por Asesinato en Segundo Grado para el Acusado que Mató a su Exnovia

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que Eduardo Magaña, de 48 años, fue declarado culpable por un jurado de asesinato en segundo grado por la desaparición de su exnovia, Alexis Berenice Guadarrama Orozco, de 33 años.

Durante el juicio, los fiscales presentaron una línea de tiempo que demostró que el acusado se reunió con Guadarrama en el Star Motel en Otay Mesa el 15 de julio. Posteriormente, fue visto colocando un objeto grande y pesado en la cajuela de su automóvil durante las primeras horas del 16 de julio. En ese mismo momento, toda comunicación de la víctima con sus amigos y familiares se detuvo. Magaña fue arrestado tres días después en Bell Gardens, California, cerca de Los Ángeles. En su audiencia de sentencia, programada para el 2 de diciembre, enfrenta una condena de 15 años a cadena perpetua.

El cuerpo de Guadarrama nunca fue encontrado y se cree que podría estar en el área del sur de California. La Fiscal Stephan y el Jefe de Policía de San Diego, Scott Wahl, solicitan la ayuda del público para localizarlo.

“Si bien este asesino está siendo responsabilizado por su crimen y se está haciendo justicia, la familia y los amigos de Alexis Berenice también merecen el cierre que trae poder darle un descanso digno a sus restos”, dijo la Fiscal Stephan. “Los investigadores no se rinden, y a veces una pista que parece pequeña o sin importancia puede ayudar a las autoridades a lograr un avance en el caso. La Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San Diego ha hecho un trabajo excepcional investigando este asesinato, y el dedicado equipo de fiscales, dirigido por las Fiscales Auxiliares Justine Santiago y Jennifer Crampton, logró una condena justa. Ahora, nuestro equipo está enfocado en traer a Alexis Berenice de regreso a casa. Este caso también debe servir como advertencia: ocultar el cuerpo de una víctima no impedirá que busquemos justicia, y los jurados pueden condenar aun sin la existencia de un cuerpo, de acuerdo con la ley. Lo único que demuestran los asesinos al esconder el cuerpo es que su crueldad es aún mayor.”

 

“Este caso resalta el minucioso trabajo investigativo de nuestros detectives de homicidios, quienes persiguieron incansablemente la verdad para Alexis Berenice y sus seres queridos”, dijo el Jefe Wahl. “Aunque el veredicto representa justicia, nuestro trabajo no ha terminado. Necesitamos su ayuda para encontrar su cuerpo, para que su familia pueda tener la paz que merece y darle un entierro digno. Pedimos a cualquier persona que tenga información que se comunique con nosotros.”

Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse con la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San Diego al (619) 531-2293 o con la línea anónima de Crime Stoppers al (888) 580-8477. También puede visitar www.sdcrimestoppers.org para obtener información sobre cómo enviar una pista por internet o mediante la aplicación móvil.

Aunque los enjuiciamientos por asesinato en los que no se ha localizado el cuerpo son poco comunes, cientos de condenas de este tipo se han logrado en Estados Unidos en las últimas décadas, gracias a los avances en la ciencia forense y en la evidencia digital. Las Fiscales Auxiliares Justine Santiago y Jennifer Crampton estuvieron a cargo de este caso, con la colaboración del Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, y el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino.

Photo of Gavel and prison cell.

Concluye Caso de Agresión de los Hells Angels

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un proceso penal que involucró a miembros de los Hells Angels y otros pandilleros concluyó con 14 acusados condenados y sentenciados por un brutal ataque contra tres jóvenes en una acera pública de Ocean Beach. El ataque fue perpetrado por miembros de los Hells Angels de San Diego, junto con integrantes de otras pandillas de motociclistas subordinadas a ellos.

“El resultado exitoso de este caso demuestra el compromiso de mi oficina para hacer que las pandillas organizadas rindan cuentas por una amplia gama de delitos, incluidos los crímenes de odio violentos”, dijo la Fiscal Stephan. “Este fue un ataque no provocado y brutal que casi terminó en tragedia. Agradezco a nuestro equipo de fiscales por su dedicación para lograr justicia mientras este complejo caso avanzaba a través del sistema judicial penal.”

El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido en junio de 2023, después de que un gran grupo de pandilleros motociclistas tomara una acera pública en Newport Avenue para un evento llamado “Bike Night”. Las víctimas, tres hombres afroamericanos de 19, 20 y 21 años, caminaban por la calle cuando fueron brutalmente atacados sin provocación alguna. A pesar de intentar huir, las víctimas fueron alcanzadas por el grupo de acusados, quienes los golpearon y patearon en la cabeza y el cuerpo mientras yacían en el suelo, todo mientras usaban insultos raciales.

Los Hells Angels son una organización internacional cuyo propósito principal es la comisión de actividades delictivas, y cuya membresía es conocida por profesar ideologías racistas.

Durante el ataque, Troy Scholder, miembro de los Hells Angels de 45 años, sacó un cuchillo y apuñaló a una de las víctimas en el pecho, fracturándole el esternón, cortándole una arteria y casi causándole la muerte. En el momento de la apuñalada, la víctima estaba acurrucada en el suelo tratando de proteger su cabeza. Tras el intento de homicidio, Scholder guardó su cuchillo con calma, se alejó y regresó al club de los Hells Angels en El Cajon, donde más tarde fue arrestado. La víctima sobrevivió a sus heridas, al igual que la segunda víctima que perdió el conocimiento durante el ataque.

Trece de los acusados se declararon culpables de asalto con fuerza capaz de causar lesiones graves y admitieron haber actuado en beneficio y en asociación con su pandilla. Sus sentencias variaron desde libertad condicional formal hasta prisión estatal. Scholder fue declarado culpable por un jurado de intento de homicidio premeditado con agravante de crimen de odio, además de otros delitos graves, y fue sentenciado a 21 años a cadena perpetua en prisión estatal.

La División de Pandillas de la Fiscalía procesa casos complejos de homicidio y otros delitos graves cometidos por pandilleros violentos que aterrorizan vecindarios. Estos casos son manejados por un solo fiscal desde el principio hasta el final, lo que se conoce como acusación vertical. La división cuenta con 26 fiscales y 20 investigadores especializados que trabajan para llevar justicia a las familias afectadas por la violencia. En 2024, la División de Pandillas llevó a cabo 23 juicios por homicidio ante jurado, lo que representa más del 40% de los homicidios juzgados por la oficina. También procesó otros delitos como secuestro con intención de violación, asalto con lesiones graves, robo, robo de vehículo con violencia y posesión de armas de fuego ilegales, incluyendo “ghost guns”, por parte de pandilleros.

La Fiscal Auxiliar Miriam Hemming fue quien procesó este caso.