La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un pastor de South Bay ha sido acusado de no denunciar abuso infantil conocido o sospechado en su función como denunciante obligatorio por mandato legal. Eric Manuel Merino, de 43 años, pastor de Victory Outreach Church en San Ysidro, fue procesado hoy en el Tribunal Superior de San Diego por un cargo de delito menor.

El caso contra Merino está relacionado con el abuso sexual de un adolescente a manos del líder del coro de la iglesia, Rafael Valentín Magaña. Magaña, de 27 años, fue condenado en abril por un delito grave de acto lascivo contra un menor de 14 o 15 años de edad. Se le pedirá que se registre como delincuente sexual y enfrenta hasta tres años de prisión cuando sea sentenciado el 18 de junio.

El abuso sexual fue denunciado al Pastor Merino, lo que provocó su deber legal de notificar a las autoridades o a los servicios de bienestar infantil. Sin embargo, Merino no lo hizo.

“Los jóvenes del condado de San Diego merecen tener un ambiente seguro y saludable, libre de abuso físico o sexual, ya sea en la escuela o en la iglesia”, dijo la Fiscal Stephan. “Cuando ocurre ese tipo de abuso, es fundamental que esos incidentes no pasen desapercibidos y que las personas en posiciones de autoridad cumplan con su deber de denunciar sospechas de abuso para que las víctimas puedan recibir apoyo y los abusadores puedan ser responsabilizados por sus crímenes. Seguir la ley de denunciantes obligatorios puede potencialmente proteger a otro niño de ser abusado sexualmente por el perpetrador”.

La ley de California exige que ciertos profesionales, conocidos como denunciantes obligatorios, denuncien cualquier caso sospechoso de abuso sexual infantil. Estas personas incluyen miembros del clero, maestros, médicos, trabajadores sociales, agentes de policía y otros profesionales que trabajan regularmente con menores de edad. Según la Ley de Denuncia de Negligencia y Abuso Infantil de California (CANRA), estos denunciantes obligatorios están obligados por ley a reportar sus sospechas a los servicios de protección infantil o a las autoridades policiales de inmediato, y deben presentar un reporte escrito dentro de 36 horas. El incumplimiento de estos requisitos de presentación de reportes puede dar lugar a sanciones penales, incluidas multas y encarcelamiento. La ley está diseñada para garantizar una intervención rápida para proteger a los menores de cualquier daño.

Si es declarado culpable del cargo, Merino enfrenta hasta seis meses de cárcel y una multa de $1,000.

La Oficina de la Fiscalía de Distrito mantiene un Grupo de Trabajo sobre Seguridad Estudiantil en los Sistemas Escolares, que trabaja para garantizar que los denunciantes obligatorios cumplan con sus obligaciones legales de denunciar actos conocidos o sospechados de abuso físico y sexual contra menores que ocurren en el condado de San Diego.

Este caso está siendo procesado por la Fiscal Auxiliar Kristi Gill en la División de Operaciones Especiales de la Fiscalía de Distrito. La división y el Grupo de Trabajo revisan las acusaciones en las que los denunciantes obligatorios de abuso sexual o físico no cumplen con sus deberes legales.

Puede encontrar más información sobre el Grupo de Trabajo y cómo denunciar sospechas de abuso en https://www.sdcda.org/helping/studentsafety/.