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Demanda de Protección al Consumidor Resulta en un Pago de $1.55 Millones

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que Thrive Market Technologies, Inc., un minorista de comercio electrónico basado en membresía que ofrece alimentos naturales y productos orgánicos, pagará $1.55 millones para resolver una demanda civil que alega que la empresa violó la Ley de Renovación Automática y la Ley de Publicidad Falsa de California.

“La renovación automática sin el consentimiento del consumidor socava la transparencia y la equidad en las transacciones en línea y no será tolerada”, dijo la Fiscal Stephan. “Nuestra Unidad de Protección al Consumidor trabaja constantemente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el estado para responsabilizar a las empresas que participan en prácticas engañosas”.

La ley estatal prohíbe a las empresas renovar automáticamente las suscripciones de los consumidores sin revelar clara y visiblemente los términos de la suscripción o sin su consentimiento afirmativo. La ley estatal también prohíbe a las empresas mostrar un precio que sugiera un descuento o una oferta sin respaldo.

Según una sentencia negociada con la empresa ingresada el 30 de abril en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara y firmada por la Jueza Colleen K. Sterne, se ordenó además a la empresa que cumpliera con los siguientes términos:

  • Dar a conocer de forma clara y llamativa sus términos de renovación automática.
  • Obtener el consentimiento afirmativo de los consumidores a los términos a través de una casilla de verificación antes de cobrar por una suscripción de renovación automática.
  • Enviar por correo electrónico a los consumidores una confirmación de la transacción que incluye los términos de renovación automática después de que paguen.
  • Permitir cancelar su suscripción en línea a voluntad de los consumidores; y
  • Evitar hacer declaraciones engañosas sobre su suscripción y productos.

La empresa no admitió haber cometido ningún delito. Cooperó en la investigación y tomó medidas para corregir las violaciones.

El caso fue investigado por el Grupo de Trabajo de Renovación Automática de California (CART). La Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles formó CART para abordar las crecientes quejas de los consumidores contra las suscripciones de renovación automática en línea. Además de LADA, CART incluye las oficinas de la Fiscalía de Distrito de San Diego, Santa Bárbara, Santa Clara, Santa Cruz, San Diego y la Fiscalía de la Ciudad de Santa Mónica.

Demanda Civil Contra Capital One

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que Capital One pagará $2 millones para resolver una demanda civil presentada por un equipo de fiscales de distrito de todo el estado que alega que el banco hizo llamadas telefónicas injustificadamente frecuentes o acosadoras a los deudores en California.

La demanda civil de protección al consumidor alega que Capital One y sus agentes participaron en actividades ilegales de cobro de deudas en todo Estados Unidos. La demanda alega que las llamadas de cobranza a menudo se hacían en un volumen excesivo e irrazonable, y algunas veces continuaban después de que los consumidores indicaron que ya no deseaban recibir las llamadas o cuando las llamadas se hicieron a números equivocados.

“La Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito investigó las quejas de que Capitol One hizo llamadas de cobro de deudas repetitivas y acosadoras y, a menudo, al número equivocado”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “El acuerdo en este caso subraya la importancia de que las empresas cumplan con las leyes estatales y federales de cobro de deudas que protegen a los consumidores de California”.

La investigación y el enjuiciamiento del caso estuvo a cargo de la Fuerza de Tareas de Cobro de Deudas de California, un equipo estatal de agencias del orden público compuesto por los Fiscales de Distrito de los condados de San Diego, Los Ángeles, Riverside y Santa Clara.

La sentencia negociada con la compañía con sede en Virginia, ingresada el 14 de diciembre en la Corte Superior de Los Ángeles y firmada por el juez Gregory Keosian, requiere que Capital One implemente y mantenga políticas y procedimientos para evitar llamadas de cobro de deudas irrazonables y acosadoras a los consumidores de California, incluida la limitación del número total de llamadas a cada deudor y cumplir con las solicitudes de los consumidores para que se detengan las llamadas.

Según el fallo, que se presentó sin admisión de irregularidades, se ordenó a Capital One pagar $2 millones, incluidos $1.45 millones en multas civiles y $300,000 en costos de investigación. Debido a que la restitución individualizada no es factible en estas circunstancias, el fallo también requiere que Capital One pague $250,000 en restitución alternativa a un fondo fiduciario caritativo para apoyar esfuerzos adicionales de protección al consumidor. Los fiscales de distrito indicaron que Capital One colaboró con los fiscales para resolver el asunto.

Los Fiscales de Distrito Auxiliares Tom Papageorge y Colleen Huschke de la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito manejaron este caso.