Fiscal de Distrito Summer Stephan Solicita Registros Sobre Posible Contaminación Industrial en Tijuana

San Diego County District Attorney Summer Stephan anunció hoy que su oficina está solicitando registros a la agencia federal de protección ambiental de México para determinar si empresas industriales que operan en Tijuana y que tienen empresas matrices o intereses de propiedad en Estados Unidos podrían estar contribuyendo a la contaminación que afecta al Río Tijuana y al Río Alamar.

La solicitud dirigida a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) busca obtener registros de inspecciones ambientales, acciones de cumplimiento, sanciones, denuncias ciudadanas y posibles fuentes de contaminación industrial correspondientes al periodo de enero de 2023 a septiembre de 2026. Esta información ayudará a la Fiscalía a evaluar si las posibles infracciones a las leyes ambientales y de protección al consumidor están dentro de su competencia para hacer cumplir la ley y qué opciones legales podrían estar disponibles.

Esta acción de la División de Protección Ambiental y al Consumidor de la Fiscalía se originó a raíz de información confiable publicada por San Diego Coastkeeper el 10 de septiembre de 2026, que documenta los resultados de su Informe de Monitoreo de la Calidad del Agua del Río Tijuana de 2025. Los hallazgos siguen confirmando la persistente crisis de contaminación por aguas residuales y aportan más evidencia de contaminación industrial. La detección de metales y sustancias químicas industriales indica un tratamiento inadecuado de las aguas residuales en las maquiladoras manufactureras de Tijuana. Estos contaminantes parecen estar ingresando al sistema de alcantarillado sanitario o siendo descargados directamente en aguas superficiales.

Durante varios años, la Fiscalía ha recopilado información para determinar qué medidas de cumplimiento de la ley, tanto penales como civiles, podrían tomarse dentro de su jurisdicción en California para abordar esta crisis transfronteriza. Este nuevo reporte de San Diego Coastkeeper ayudó a centrar la investigación de la Fiscalía en la relación entre las maquiladoras, particularmente aquellas con propietarios estadounidenses, y los contaminantes ambientales identificados en la región. Entre estos contaminantes se encuentran compuestos volátiles y semivolátiles, como metales pesados, pesticidas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), acetona, fenoles, ácido benzoico y otros contaminantes nocivos que afectan de manera desproporcionada a las comunidades de South Bay.

Los hallazgos clave del informe justifican una investigación más exhaustiva. Entre ellos, la detección de sustancias químicas industriales indica un tratamiento inadecuado de las aguas residuales en las maquiladoras manufactureras de Tijuana. Estos contaminantes están ingresando al sistema de alcantarillado sanitario o siendo descargados directamente en aguas superficiales.

Esta iniciativa se lleva a cabo mientras se pronostican lluvias en el condado de San Diego para este fin de semana. Las lluvias pueden agravar la prolongada crisis de contaminación transfronteriza de la región al arrastrar aguas residuales sin tratar, basura y otros contaminantes desde México hacia el Valle del Río Tijuana y las comunidades y aguas costeras del condado de San Diego. Los registros estatales sobre la calidad del agua han documentado decenas de miles de millones de galones de agua provenientes de flujos transfronterizos en el Río Tijuana.

“Esta solicitud de información a la agencia del Gobierno de México responsable de hacer cumplir las leyes ambientales es un paso importante para identificar y recopilar pruebas sobre las industrias que operan como maquiladoras y cuentan con intereses financieros estadounidenses”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “Consideramos que cuando una empresa comete infracciones ambientales cuyos efectos cruzan la frontera y continúan perjudicando el agua, el aire y a los habitantes del condado de San Diego, esas infracciones tienen consecuencias aquí que no podemos ignorar. Así como buscaríamos ejercer nuestra jurisdicción en un caso de robo que comenzara en México y continuara en el condado de San Diego, consideramos que el mismo principio debería aplicarse cuando las infracciones ambientales que se originan al otro lado de la frontera continúan causando daños en nuestra comunidad. La protección ambiental y del consumidor consiste en proteger a las personas de cualquier daño. Esa responsabilidad no termina en la frontera. Estamos investigando si hay empresas cuyas actividades podrían infringir la ley y qué podemos hacer dentro de nuestras facultades para proteger a nuestras comunidades”.

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La solicitud busca información sobre las maquiladoras, es decir, las plantas de fabricación y ensamblaje que operan en México, con especial atención a las instalaciones de Tijuana que tienen propietarios o empresas matrices en Estados Unidos. En particular, la Fiscalía solicita informes de inspección, hallazgos técnicos, procedimientos administrativos, multas, advertencias, clausuras y registros de denuncias relacionadas con posibles descargas ilegales o el manejo inadecuado de residuos peligrosos que afecten a los ríos Tijuana y Alamar.

La Fiscalía también solicita registros de coordinación entre las autoridades ambientales mexicanas y las agencias estadounidenses, así como información que ayude a los investigadores a comprender la naturaleza de las operaciones industriales y evaluar posibles vínculos con los impactos ambientales reportados.

Durante varios años, la Fiscalía ha revisado materiales legales, regulatorios y técnicos relacionados con los efectos de las aguas residuales transfronterizas, incluidos datos de monitoreo, registros de derrames y acciones de cumplimiento relacionadas con la infraestructura de aguas residuales y sus operadores. Los registros solicitados recientemente ayudarán a ampliar esta revisión para incluir posibles fuentes industriales de contaminación y las empresas que podrían estar relacionadas con ellas.

“Quiero agradecer a la Supervisora Paloma Aguirre, quien ha impulsado este importante tema, así como a la Junta de Supervisores del Condado por su liderazgo y sus esfuerzos continuos para investigar y abordar esta prolongada crisis de contaminación transfronteriza”, declaró la Fiscal Stephan. “Proteger a nuestras comunidades y nuestro medioambiente requiere atención constante y colaboración entre agencias y jurisdicciones. A raíz del importante reporte reciente de San Diego Coastkeeper, nuestra oficina está enfocada en determinar si hay empresas que podrían estar contribuyendo a este problema en violación de la ley. Esperamos seguir avanzando en estos esfuerzos para exigir rendición de cuentas y proteger a los habitantes del Condado de San Diego”.

La Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego hace cumplir las leyes de protección al consumidor y las leyes ambientales dentro de su jurisdicción. Sus labores de cumplimiento ambiental incluyen investigar posibles infracciones relacionadas con materiales peligrosos, eliminación de residuos, calidad del agua y otras actividades que puedan amenazar la salud pública y el medioambiente. La Fiscalía ha logrado numerosas condenas en casos contra grandes empresas por el vertido ilegal de sustancias tóxicas y otras infracciones a las leyes ambientales y de protección al consumidor. Aunque este caso es particular por su naturaleza transfronteriza, el tipo de trabajo y su importancia no son nuevos para nuestra oficina.

“Cuando las actividades comerciales podrían estar perjudicando nuestro medioambiente, tenemos la responsabilidad de examinar los hechos, determinar si se ha infringido la ley de California y tomar las medidas correspondientes cuando las pruebas lo justifiquen”, dijo la Fiscal Stephan. “Estamos comprometidos a utilizar las herramientas a nuestro alcance para proteger a los habitantes y los cauces de agua del Condado de San Diego”.