La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego y Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito (NDAA, por sus siglas en inglés), Summer Stephan, testificó hoy ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, instando al Congreso a actuar con rapidez para combatir la creciente amenaza del crimen organizado minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están afectando a comunidades y negocios en todo el país a través de hurtos y robos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal de Distrito Stephan fue convocada a testificar como la voz de los fiscales de todo Estados Unidos en su papel como Presidenta de la NDAA, y por su experiencia en el combate de estos delitos organizados en el Condado de San Diego.
En su testimonio, la Fiscal de Distrito Stephan describió la evolución del robo organizado, que ha pasado de ser incidentes aislados a convertirse en empresas criminales sofisticadas, que operan en múltiples estados e incluso a nivel internacional, responsables de pérdidas de miles de millones de dólares y de amenazas a la seguridad pública. Basándose en los exitosos procesamientos de su oficina en el Condado de San Diego, Stephan enfatizó que estos crímenes están lejos de ser sin víctimas y requieren una respuesta nacional coordinada. La Fiscal de Distrito presentó las experiencias de numerosas víctimas, como empleados de negocios pequeños y grandes, y propietarios de viviendas afectados por estas redes criminales sofisticadas y, en ocasiones, violentas.
“El crimen organizado minorista no solo está erosionando la estabilidad de los negocios y los empleos, sino que también está amenazando la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Desde robos tipo ‘smash-and-grab’ o saqueos en tiendas de lujo hasta redes internacionales de robo residencial, estamos viendo un aumento en la violencia y la sofisticación criminal que exige acciones legislativas y de cumplimiento contundentes”.
Stephan detalló las estrategias proactivas de su oficina en San Diego, incluyendo la formación de equipos especializados para procesar casos de ORC, la colaboración con la Patrulla de Caminos de California, y la creación de alianzas a través de la «Organized Retail Crime Alliance» o la Alianza de Crimen Organizado Minorista. También destacó el éxito de leyes recientes en California que permiten a los fiscales acumular múltiples robos para presentar cargos más graves. A nivel nacional, la NDAA se ha unido a la Asociación de Líderes de la Industria Minorista para lanzar iniciativas como visitar tiendas y la «Iniciativa Comunidades Vibrantes», que buscan mejorar la coordinación y la seguridad en los entornos comerciales. La Fiscal de Distrito también se ha asociado con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación Nacional de Minoristas para educar sobre prevención y enjuiciamiento efectivo.
Stephan hizo un llamado al Congreso para aprobar la Ley de Combate al Crimen Organizado Minorista de 2025 (Combatting Organized Retail Crime Act of 2025 – CORCA), la cual establecería un Centro Federal de Coordinación contra el Crimen Organizado Minorista para mejorar la colaboración nacional entre fiscales, fuerzas del orden y actores del sector privado. También pidió que se haga cumplir la «Ley INFORM», que exige la identificación de vendedores de terceros para detectar bienes robados vendidos en línea. Finalmente, Stephan subrayó la importancia de estrategias de enjuiciamiento equilibradas que diferencien entre un joven que comete un error y un delincuente habitual que se aprovecha de los pequeños negocios y vecindarios. Abogó por que el centro de coordinación conecte los puntos para combatir el crimen organizado y las organizaciones criminales transnacionales que perjudican a nuestra nación.
En San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha procesado a más de 218 acusados de ORC en los últimos dos años, en colaboración con las fuerzas del orden y minoristas, en casos que involucraron pérdidas por robos superiores a los $2.6 millones. Los casos incluyen operaciones de «smash-and-grab» o saqueos con múltiples acusados, redes de robo reincidentes que apuntan a minoristas nacionales, y redes criminales transnacionales responsables de robos interestatales y asaltos multimillonarios a joyerías.
“Nuestra experiencia demuestra que leyes inteligentes, consecuencias reales y colaboración estrecha entre jurisdicciones funcionan”, declaró Stephan. “Ahora necesitamos que el Congreso escale estos esfuerzos a nivel nacional para que ninguna comunidad quede vulnerable”.
Stephan también destacó la necesidad de que las alianzas público-privadas vayan más allá del cumplimiento de la ley y se extiendan hacia la prevención y la educación. Pidió una campaña nacional de concientización para informar a los consumidores sobre el impacto de comprar bienes robados, especialmente en mercados en línea o espacios informales como los «swap meets».
La Fiscal de Distrito Stephan argumentó que, así como son esenciales leyes sólidas y estrategias de enjuiciamiento eficaces, también lo es la participación activa de los consumidores y miembros de la comunidad para frenar el crimen organizado minorista. Al combinar herramientas legales, coordinación policial y una ciudadanía informada, concluyó Stephan, las comunidades pueden recuperar su seguridad y vitalidad económica del control del crimen organizado.
