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Foto de conferencia de prensa en la cual Fiscalía, Alcalde de San José, Senadora Blakespear Exigen Financiamiento Estatal para Prop.36.

Fiscalía, Alcalde de San José, Senadora Blakespear Exigen Financiamiento Estatal para Prop.36

27 de marzo de 2026

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, se unió al alcalde de San José, Matt Mahan, líderes y participantes en el tratamiento de salud conductual, así como a la comunidad empresarial pequeña y grande, para informar al público sobre los exitosos esfuerzos de implementación de la Proposición 36 en San Diego y para instar al estado a financiar completamente esta iniciativa transformadora aprobada por los votantes. Los votantes de California dejaron clara su voluntad al aprobar la Proposición 36, pero el estado aún no ha proporcionado fondos suficientes para su implementación total en todos los condados, lo que deja a personas que luchan contra adicciones graves y enfermedades mentales —a menudo impulsando la falta de vivienda— atrapadas en un ciclo recurrente dentro del sistema de justicia penal.

“Durante un año de implementación constante, el Condado de San Diego ha demostrado que la Proposición 36 funciona: salva vidas y reduce el crimen al incentivar el tratamiento para la adicción y la salud mental”, dijo la Fiscal Stephan. “Incluso sin financiamiento estatal, avanzamos equilibrando la compasión con la responsabilidad. Los resultados son claros: el 96.4% de los acusados elegibles por delitos graves eligieron una vía de tratamiento, mientras que solo el 3.5% fue sentenciado a cárceles locales o estatales. Las muertes por sobredosis entre personas sin hogar disminuyeron un 25%, y los delitos contra la propiedad bajaron un 12.7%, brindando un alivio muy necesario a los negocios. Ahora es responsabilidad legal y ética de la Legislatura y del Gobernador financiar esta ley aprobada por los votantes.”

Durante una conferencia de prensa, la Fiscal Stephan proporcionó una actualización sobre los enjuiciamientos relacionados con la Proposición 36, destacando el componente de tratamiento obligatorio de la ley que incentiva tratamientos que salvan vidas para acusados que sufren de adicción. La ley exige el tratamiento como alternativa al encarcelamiento, abordando la causa raíz de muchos delitos.

“Estoy profundamente agradecida con los Servicios de Salud Conductual del Condado, la Corte, la Oficina del Alguacil y el Departamento de Libertad Condicional, cuya colaboración es esencial para que la Proposición 36 funcione.”

La Fiscal Stephan también elogió a las Senadoras Estatales de California Catherine S. Blakespear, Susan Rubio y Thomas J. Umberg, quienes han solicitado que se agreguen 400 millones de dólares al presupuesto estatal para ayudar a los condados y a las agencias locales de seguridad pública a financiar tratamientos certificados de drogas y alcohol, así como otros servicios requeridos bajo la Proposición 36. La Fiscal agradeció al alcalde Mahan, quien fue uno de los primeros alcaldes de grandes ciudades en apoyar la nueva ley y en impulsar su financiamiento e implementación.

Datos publicados el mes pasado muestran que, hasta el 28 de febrero, se han presentado 3,879 casos penales en el Condado de San Diego bajo dos componentes clave de la Proposición 36: reincidentes por robo procesados bajo la Sección 666.1 del Código Penal y reincidentes por drogas duras procesados bajo la Sección 11395 del Código de Salud y Seguridad. Aproximadamente el 68% de los casos corresponden a delitos relacionados con drogas, mientras que el resto se refiere a robo en comercios.

En aproximadamente el 71.4% de los casos, los tribunales colocaron a los acusados en un programa de tratamiento obligatorio bajo la Proposición 36, con otro 25% asignado a tratamiento a través de condiciones de libertad condicional, lo que eleva el total a un 96.4% en una vía de tratamiento diseñada para abordar las causas fundamentales del comportamiento delictivo recurrente, principalmente la adicción, la enfermedad mental o ambas.

Además del alcalde Mahan, la Fiscal Stephan estuvo acompañada en la conferencia de prensa por James Callaghan, director ejecutivo de TURN Behavioral Health Services, un programa de tratamiento de doble vía para personas con enfermedades mentales graves y/o trastornos crónicos por consumo de sustancias; Chris Cate, director ejecutivo de la Cámara Regional de Comercio; propietarios de negocios y una persona que completó con éxito el tratamiento.

El alcalde Mahan ha estado comprometido a apoyar a su ciudad y al estado para financiar e implementar adecuadamente la Proposición 36 y reducir la falta de vivienda.

“Casi el 70% de los votantes que aprobaron la Proposición 36 fueron claros: necesitamos una era de tratamiento masivo que combine la responsabilidad con acceso real a la atención, que encuentre a las personas donde están y que se niegue a abandonarlas en las calles”, dijo el Alcalde de San José, Matt Mahan. “San Diego ha trabajado arduamente para cumplir con la voluntad del pueblo; ahora necesitamos que el resto del estado haga lo mismo. Espero conocer lo que está funcionando en el sur de California y discutir cómo puede ampliarse a cada rincón del estado.”

En el Condado de San Diego, el alcalde Todd Gloria y casi todos los alcaldes locales apoyan la propuesta.

Durante la última década, la crisis de personas sin hogar en California ha empeorado, incluso cuando otras partes del país han experimentado periodos de disminución, lo que subraya la necesidad de herramientas más efectivas para abordar la adicción y conectar a las personas con tratamiento.

“Los californianos dejaron muy claro que financiar e implementar la Proposición 36 debe ser una prioridad estatal”, dijo la senadora Catherine S. Blakespear. “La inversión inicial de 100 millones de dólares del año pasado fue un buen primer paso, pero el estado necesita financiar completamente las necesidades críticas de quienes están en el terreno realizando el trabajo de desvío, supervisión y tratamiento asociado con esta ley.”

Funcionarios señalan que el tratamiento certificado para drogas y alcohol, junto con servicios de apoyo y atención basada en evidencia, ayuda a las personas a recuperar sus vidas.

“Esto no es solo un problema de salud, es un problema comunitario”, dijo Callaghan, director ejecutivo de TURN Behavioral Health Services. “Las condiciones de salud conductual no tratadas contribuyen a sobredosis, falta de vivienda, respuestas repetidas de emergencia y presión sobre las fuerzas del orden y los hospitales. El tratamiento integrado y basado en evidencia reduce las visitas a salas de emergencia, disminuye la reincidencia y ayuda a las personas a estabilizarse lo suficiente como para reconectarse con la vivienda, el empleo y el apoyo familiar. Cuando las personas reciben la atención adecuada en el momento adecuado, las comunidades son más seguras y los sistemas funcionan de manera más eficazmente.”

El Condado de San Diego ha estado implementando la Proposición 36 más rápido que muchos otros condados de California, estableciendo un sistema especializado de tratamiento en cuatro meses tras la aprobación de la ley para abordar tanto la adicción como la salud mental.

“Mediante liderazgo y colaboración, el Condado de San Diego está priorizando un enfoque de tratamiento primero para los delitos de drogas, con acceso equitativo al tratamiento tanto para personas con recursos como para quienes no los tienen”, dijo la Fiscal Stephan. “San Diego ha avanzado y ha demostrado que la Proposición 36 puede funcionar. Necesitamos líderes que se levanten y exijan que se financie la Proposición 36.”

Elementos clave de la implementación en San Diego incluyen:

  • Implementación rápida: San Diego estableció un plan especializado de tratamiento para infractores de la Proposición 36 en cuatro meses, liderando al estado.
  • Alta participación en tratamiento: Aproximadamente el 96% de los acusados elegibles en San Diego participan en programas de tratamiento mediante juicio diferido o libertad condicional.
  • Enfoque en rehabilitación de drogas: La Fiscalía de San Diego ha presentado más del 80% de los casos de la Proposición 36 bajo delitos relacionados con drogas, priorizando el tratamiento sobre el encarcelamiento inmediato.
  • Uso de tribunales de drogas: Expansión de los tribunales de drogas para gestionar el aumento de participantes.
  • Planificación proactiva: Reconociendo posibles limitaciones de capacidad, se planificaron con anticipación las necesidades de tratamiento para abordar eficazmente la adicción y la reincidencia.

La Proposición 36 ha marcado una diferencia para los negocios locales, y el enjuiciamiento de delincuentes habituales está haciendo que las tiendas y la comunidad sean más seguras.

“He notado un cambio completo de 180 grados en dos aspectos relacionados con nuestros negocios: la actividad de personas sin hogar ha disminuido y los robos en tiendas también han bajado”, dijo Tony Konja, presidente de Keg N Bottle y presidente y director ejecutivo de la Asociación de Mercados Vecinales. “Es simplemente increíble cómo las políticas, combinadas con la aplicación de la ley, generan tranquilidad.”

La Proposición 36, que fue aprobada con el 68% de los votos en 2024, entró en vigor en diciembre del mismo año. La Fiscalía se ha comprometido a implementarla con éxito en colaboración con el Alguacil, los jefes de policía del condado, las cortes y la comunidad. La medida:

  • Establece consecuencias más estrictas para reincidentes en robos, incluyendo delitos de “smash and grab” y redes organizadas, para ayudar a romper el ciclo de reincidencia.
  • Exige que los traficantes condenados de fentanilo y drogas duras reciban una advertencia de que, si vuelven a vender drogas ilegales y alguien muere, serán responsables de la muerte de la víctima. La ley establece consecuencias adicionales para traficantes que causen lesiones graves o muerte, que porten armas de fuego al traficar o que distribuyan cantidades inusualmente grandes de narcóticos.
  • Incentiva el tratamiento que salva vidas para acusados con adicción mediante la creación de un nuevo delito grave con tratamiento obligatorio, que ofrece el tratamiento como alternativa al encarcelamiento para quienes poseen ilegalmente drogas duras como el fentanilo y la metanfetamina, abordando la causa raíz de muchos delitos.

Más información sobre la implementación continua de la Proposición 36, incluidos datos actualizados mensualmente, se puede encontrar en el sitio web de la Fiscalía, aquí.

 

https://danewscenter.com/wp-content/uploads/2026/03/03-27-26-Prop.-36-News-Conference-in-Santee3-1-scaled.jpg 1707 2560 Barbara Medina https://danewscenter.com/wp-content/uploads/2025/07/danews_logo-summer-e1751410255309.webp Barbara Medina2026-03-27 18:26:592026-03-27 18:27:18Fiscalía, Alcalde de San José, Senadora Blakespear Exigen Financiamiento Estatal para Prop.36
DA Summer Stephan Senate Testimony on Organized Retail Crime. July 15, 2025, Washington, D.C.

La Fiscal de Distrito Stephan Testifica Ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos

15 de julio de 2025

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego y Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito (NDAA, por sus siglas en inglés), Summer Stephan, testificó hoy ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, instando al Congreso a actuar con rapidez para combatir la creciente amenaza del crimen organizado minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están afectando a comunidades y negocios en todo el país a través de hurtos y robos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal de Distrito Stephan fue convocada a testificar como la voz de los fiscales de todo Estados Unidos en su papel como Presidenta de la NDAA, y por su experiencia en el combate de estos delitos organizados en el Condado de San Diego.

Pueden ver la grabación de la audiencia aquí.

En su testimonio, la Fiscal de Distrito Stephan describió la evolución del robo organizado, que ha pasado de ser incidentes aislados a convertirse en empresas criminales sofisticadas, que operan en múltiples estados e incluso a nivel internacional, responsables de pérdidas de miles de millones de dólares y de amenazas a la seguridad pública. Basándose en los exitosos procesamientos de su oficina en el Condado de San Diego, Stephan enfatizó que estos crímenes están lejos de ser sin víctimas y requieren una respuesta nacional coordinada. La Fiscal de Distrito presentó las experiencias de numerosas víctimas, como empleados de negocios pequeños y grandes, y propietarios de viviendas afectados por estas redes criminales sofisticadas y, en ocasiones, violentas.

“El crimen organizado minorista no solo está erosionando la estabilidad de los negocios y los empleos, sino que también está amenazando la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Desde robos tipo ‘smash-and-grab’ o saqueos en tiendas de lujo hasta redes internacionales de robo residencial, estamos viendo un aumento en la violencia y la sofisticación criminal que exige acciones legislativas y de cumplimiento contundentes”.

Stephan detalló las estrategias proactivas de su oficina en San Diego, incluyendo la formación de equipos especializados para procesar casos de ORC, la colaboración con la Patrulla de Caminos de California, y la creación de alianzas a través de la «Organized Retail Crime Alliance» o la Alianza de Crimen Organizado Minorista. También destacó el éxito de leyes recientes en California que permiten a los fiscales acumular múltiples robos para presentar cargos más graves. A nivel nacional, la NDAA se ha unido a la Asociación de Líderes de la Industria Minorista para lanzar iniciativas como visitar tiendas y la «Iniciativa Comunidades Vibrantes», que buscan mejorar la coordinación y la seguridad en los entornos comerciales. La Fiscal de Distrito también se ha asociado con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación Nacional de Minoristas para educar sobre prevención y enjuiciamiento efectivo.

Stephan hizo un llamado al Congreso para aprobar la Ley de Combate al Crimen Organizado Minorista de 2025 (Combatting Organized Retail Crime Act of 2025 – CORCA), la cual establecería un Centro Federal de Coordinación contra el Crimen Organizado Minorista para mejorar la colaboración nacional entre fiscales, fuerzas del orden y actores del sector privado. También pidió que se haga cumplir la «Ley INFORM», que exige la identificación de vendedores de terceros para detectar bienes robados vendidos en línea. Finalmente, Stephan subrayó la importancia de estrategias de enjuiciamiento equilibradas que diferencien entre un joven que comete un error y un delincuente habitual que se aprovecha de los pequeños negocios y vecindarios. Abogó por que el centro de coordinación conecte los puntos para combatir el crimen organizado y las organizaciones criminales transnacionales que perjudican a nuestra nación.

En San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha procesado a más de 218 acusados de ORC en los últimos dos años, en colaboración con las fuerzas del orden y minoristas, en casos que involucraron pérdidas por robos superiores a los $2.6 millones. Los casos incluyen operaciones de «smash-and-grab» o saqueos con múltiples acusados, redes de robo reincidentes que apuntan a minoristas nacionales, y redes criminales transnacionales responsables de robos interestatales y asaltos multimillonarios a joyerías.

“Nuestra experiencia demuestra que leyes inteligentes, consecuencias reales y colaboración estrecha entre jurisdicciones funcionan”, declaró Stephan. “Ahora necesitamos que el Congreso escale estos esfuerzos a nivel nacional para que ninguna comunidad quede vulnerable”.

Stephan también destacó la necesidad de que las alianzas público-privadas vayan más allá del cumplimiento de la ley y se extiendan hacia la prevención y la educación. Pidió una campaña nacional de concientización para informar a los consumidores sobre el impacto de comprar bienes robados, especialmente en mercados en línea o espacios informales como los «swap meets».

La Fiscal de Distrito Stephan argumentó que, así como son esenciales leyes sólidas y estrategias de enjuiciamiento eficaces, también lo es la participación activa de los consumidores y miembros de la comunidad para frenar el crimen organizado minorista. Al combinar herramientas legales, coordinación policial y una ciudadanía informada, concluyó Stephan, las comunidades pueden recuperar su seguridad y vitalidad económica del control del crimen organizado.

https://danewscenter.com/wp-content/uploads/2025/07/07-15-25-DA-Summer-Stephan-Senate-Testimony3.jpg 1150 2048 Barbara Medina https://danewscenter.com/wp-content/uploads/2025/07/danews_logo-summer-e1751410255309.webp Barbara Medina2025-07-15 17:55:152025-07-17 08:52:40La Fiscal de Distrito Stephan Testifica Ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos

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