La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy un acuerdo civil de $3.15 millones contra Clark Pest Control of Stockton (Clark), Orkin Services of California (Orkin) y Crane Pest Control (Crane) para resolver acusaciones de que las empresas violaron leyes estatales que regulan pesticidas, residuos peligrosos y la privacidad de los registros de clientes, al desechar ilegalmente pesticidas y residuos peligrosos en contenedores de basura destinados a vertederos municipales no autorizados para recibir esos materiales. Se unieron a la demanda los Fiscales de Distrito de los condados de Contra Costa, Alameda, Santa Clara, San Joaquín, San Mateo, Solano, Sonoma, Yolo, Monterey, Orange, Riverside y Ventura.

La demanda también resuelve acusaciones de que las empresas rutinariamente no trituraban los registros de clientes que contenían información confidencial antes de desecharlos en la basura.

“Al hacer cumplir las leyes ambientales, nuestra Unidad de Protección Ambiental hace un trabajo excepcional asegurando que las empresas no obtengan ganancias recortando esquinas de manera que dañen a nuestras comunidades mediante contaminación, desecho ilegal de residuos peligrosos u otras violaciones”, dijo la Fiscal Stephan. “Continuaremos trabajando con reguladores y otros fiscales del estado para investigar y procesar a las corporaciones que violen la ley y pongan en riesgo la salud ambiental del Condado de San Diego y la seguridad de sus residentes.”

Clark, Orkin y Crane son empresas de servicios de control de plagas para hogares y comercios, propiedad de Rollins, Inc., con sede en Georgia, y cuentan con más de 70 instalaciones en California, incluyendo siete en el Condado de San Diego.

La investigación se inició en 2021 y, desde marzo de ese año hasta febrero de 2022, investigadores de la Fiscalía en todo el estado realizaron una serie de inspecciones encubiertas a 40 contenedores de basura provenientes de 22 instalaciones distintas de Clark y Orkin. Las inspecciones descubrieron miles de artículos tóxicos, inflamables y corrosivos—incluyendo pesticidas y residuos peligrosos—desechados ilegalmente y destinados a estaciones de transferencia y vertederos no autorizados para recibirlos. Entre esos artículos se encontraban envases de líquidos, polvos, espumas, cebos, gránulos y aerosoles de pesticidas, así como baterías peligrosas, desechos electrónicos, desinfectantes, selladores, adhesivos y soluciones de limpieza de las instalaciones.

Las inspecciones también revelaron que las empresas habían manejado y desechado de manera inapropiada miles de registros de clientes, violando las leyes de privacidad de California que requieren que la información personal se vuelva ilegible antes de su eliminación. Esos registros incluían órdenes de servicio, contratos, facturas e informes de rutas.

Cuando los fiscales notificaron a Clark y Orkin sobre los desechos ilegales, las empresas cooperaron plenamente y respondieron rápidamente reforzando políticas y procedimientos internos para eliminar el manejo y desecho incorrecto de estos residuos prohibidos y para proteger la información confidencial de sus clientes en California.

Bajo el fallo final estipulado, Clark, Orkin y Crane pagarán un total de $3,175,000, que consiste en:

• $2,017,000 en sanciones civiles
• $400,000 en proyectos suplementarios de cumplimiento ambiental
• $333,000 en costos de investigación
• $400,000 en crédito por medidas suplementarias de cumplimiento ambiental

El Condado de San Diego recibirá $125,000.

El fallo también requiere que las empresas cumplan con una orden judicial permanente que exige importantes reformas operativas por un período no menor de cinco años, incluyendo:

• Contratar a un auditor externo para realizar auditorías de contenedores en al menos el 10% de sus instalaciones cada año durante cinco años.
• Informar los hallazgos de las auditorías a los fiscales.
• Exigir que todos los empleados de las instalaciones completen un programa de capacitación que garantice el cumplimiento con las leyes aplicables sobre residuos de pesticidas y residuos peligrosos, y mantener constancia de la capacitación durante tres años.
• Dedicación mínima de dos mil (2,000) horas por año, durante cada año en que el fallo esté vigente, para medidas mejoradas de cumplimiento ambiental, incluyendo revisiones de cumplimiento en áreas de acumulación de residuos, supervisión de esfuerzos de minimización de residuos por parte de técnicos, y supervisión del manejo mejorado de residuos peligrosos.

La Unidad de Protección Ambiental de la Fiscalía del Condado de San Diego forma parte de su División de Delitos Económicos y Protección al Consumidor. Los fiscales de la unidad manejan casos relacionados con el tratamiento, transporte, almacenamiento y desecho ilegal de materiales y residuos peligrosos. También revisan accidentes industriales referidos por Cal-OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California), especialmente aquellos que implican violaciones graves de seguridad que resultan en muerte, discapacidad o riesgo significativo de exposición. Los casos pueden ser penales o civiles, dependiendo de la situación.

El Fiscal Auxiliar Michael McCann manejó la demanda civil en representación de la Fiscalía del Condado de San Diego.