Listado de la etiqueta: Fiscalía del Condado de San Diego

Fotografía de un mazo de juez, un libro de leyes abierto y una balanza de la justicia sobre una mesa frente a otros libros.

Fiscalía, FBI, y HHS-OIG, Cierran Centro Médico que Cometía Fraude en el Sistema de Salud

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy cargos criminales contra Kim Huynh, de 51 años, quien estaba estafando a Medicare y a compañías de seguros mediante prácticas de facturación fraudulentas, lavado de dinero y el ejercicio de la medicina sin licencia. En total, la acusada facturó más de $11 millones por pruebas y tratamientos que no estaban cubiertos por los planes de seguro.

Huynh dirigía a los facturadores médicos en su clínica, Tubi Connect, Inc., para que presentaran reclamaciones por servicios de EEG (electroencefalogramas) —escáneres utilizados para diagnosticar afecciones como epilepsia o trastornos convulsivos— un servicio que en realidad no proporcionaban, en lugar de los escaneos de electroencefalograma cuantitativo (QEEG) que sí realizaba su clínica. Los QEEG no están cubiertos por Medicare ni por seguros privados suplementarios, excepto en circunstancias limitadas y excepcionales.

“Cuando alguien roba millones de dólares de nuestro sistema de atención médica, desvía recursos críticos de los pacientes que realmente necesitan atención y socava la confianza pública”, dijo la Fiscal Stephan. “Esta acusada facturó descaradamente más de $11 millones en reclamaciones fraudulentas, lavó las ganancias y operó una clínica que ejercía la medicina sin licencia. Ese tipo de engaño pone a los consumidores en riesgo tanto por la malversación de fondos de los contribuyentes como por la seguridad de los pacientes. La Fiscalía trabajó incansablemente junto con el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG), para descubrir este esquema y responsabilizar a la acusada. Quienes exploten el sistema de salud para beneficio personal serán investigados, procesados y llevados ante la justicia”.

Huynh era propietaria y operadora de centros médicos ubicados en San Diego, el Condado de Orange y Texas, llamados Tubi Connect, Inc. Las clínicas brindaban atención médica a adultos mayores neurodivergentes mediante terapia de “neurofeedback”, una forma experimental no comprobada de terapia en la que un paciente se somete a múltiples escaneos de electroencefalograma cuantitativo de su cerebro con la intención de reentrenar el cerebro para normalizar su actividad. Los escaneos eran realizados por técnicos sin licencia y los resultados eran “interpretados” por el copropietario de la clínica, Iman Shirali, quien se presentaba como médico, aunque no tenía formación ni certificación médica. Shirali ha fallecido desde entonces.

“El amplio fraude perpetrado contra nuestro sistema de atención médica presuntamente cometido por Kim Huynh es inconcebible”, dijo TJ Holland, Agente Especial Interino a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Diego. “El FBI está comprometido a investigar el fraude contra el gobierno, incluido el fraude en el sistema de salud, utilizando todos los recursos disponibles. Los cargos presentados hoy son el resultado del trabajo conjunto del FBI en San Diego y nuestros socios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y de la Fiscalía del Condado de San Diego para descubrir el esquema criminal de Huynh y hacerla responsable”.

Al afirmar falsamente que brindaba servicios que en realidad no prestaba, Huynh facturó fraudulentamente a Medicare más de $10 millones, lo que resultó en pagos por más de $4.6 millones. A compañías de seguros privadas se les facturaron más de $600,000, lo que resultó en pagos por más de $100,000.

“Facturar a Medicare por tratamientos no comprobados, pruebas neurológicas fabricadas y servicios realizados por personas no calificadas es una grave violación de la confianza”, dijo Robb R. Breeden, Agente Especial a Cargo de la Oficina Regional de Los Ángeles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG). “HHS-OIG continuará trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden para responsabilizar a quienes explotan a beneficiarios vulnerables y defraudan programas de atención médica financiados por el gobierno federal”.

Huynh fue arrestada el 11 de marzo. En su audiencia inicial hoy, se declaró no culpable. Su fianza fue fijada en $750,000 y volverá a comparecer ante el tribunal el 18 de marzo de 2026 para una audiencia de revisión de fianza. Si es declarada culpable, enfrenta hasta 14 años de prisión.

Este caso es el resultado de una investigación conjunta de dos años entre la Fiscalía del Condado de San Diego, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG). El Fiscal Auxiliar Jonathan Fraenkel está a cargo del procesamiento del caso.

Stock photo of two bullet rounds on the floor next to a crime scene marker.

Tres Miembros de Pandilla Sentenciados a Cadena Perpetua Sin Posibilidad de Libertad Condicional por Múltiples Asesinatos

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que los tres miembros de pandilla involucrados en múltiples tiroteos y asesinatos han sido sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de tres miembros de una pandilla rival.

Los acusados Ethan Apan, de 33 años, Kristian Apan, de 32, e Ismael Betancourt, de 25, fueron declarados culpables el pasado mes de mayo tras un juicio con jurado que duró 11 semanas, en el cual los jurados los encontraron culpables de múltiples cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, disparar contra un vehículo ocupado, agresión por medios que probablemente causen lesiones corporales graves y varios otros cargos graves.

El desglose de las sentencias es el siguiente:

  • Ethan Apan fue sentenciado a dos condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más una pena adicional de 132 años a cadena perpetua en prisión estatal.
  • Kristian Apan fue sentenciado a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más una pena adicional de 107 años a cadena perpetua en prisión estatal.
  • Betancourt fue sentenciado a dos condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más una pena adicional de 139 años a cadena perpetua en prisión estatal.

“Las sentencias dictadas hoy ponen fin a la guerra entre pandillas que azotó a una pequeña ciudad del sur del condado con asesinatos, tiroteos y represalias”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy agradecida con nuestro equipo de fiscales, Robert Eacret y Abrey Zora, quienes navegaron con gran experiencia el complicado mundo de la actividad de pandillas para lograr justicia por estos asesinatos sin sentido.”

Durante su ola de tiroteos en National City en 2019 y 2020, el trío asesinó a Joaquin Ruiz, Marco Magana y Juan Galvan, y dejó gravemente heridos a Julio Martull, James Mullens y Adan Duke. El asesinato inicial de Ruiz fue en represalia por el homicidio de un rival ocurrido una semana antes. Sin embargo, la persecución desencadenó una ola de violencia que incluyó a los tres acusados conduciendo repetidamente hacia territorio de pandillas rivales para cometer tiroteos, en ocasiones disparando por error contra transeúntes inocentes.

Tras una investigación conjunta entre cuatro equipos de homicidios del Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Policía de National City y la Unidad de Pandillas de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, Ethan Apan, Kristian Apan, Ismael Betancourt y seis miembros más de la pandilla fueron arrestados por su participación y procesados por esta serie de tiroteos.

Antes del juicio, varios coacusados se declararon culpables y fueron sentenciados por su participación en los tiroteos:

  • Jorge Sanchez, de 23 años, fue sentenciado a 105 años a cadena perpetua en prisión estatal.
  • John Anthony Orozco, de 32 años, fue sentenciado a 38 años en prisión estatal.
  • Raymond Sandoval, de 36 años, fue sentenciado a 20 años en prisión estatal.
  • Daisy Diaz, de 28 años, fue sentenciada a 12 años en prisión estatal.

La División de Pandillas de la Fiscalía de Distrito procesa casos complejos de asesinato y otros delitos graves perpetrados por miembros de pandillas violentas que aterrorizan a las comunidades. Estos casos son manejados por un solo fiscal desde el inicio hasta el final, lo que también se conoce como procesamiento vertical.

Los Fiscales Auxiliares Robert Eacret y Abrey Zora procesaron este caso.

Photo of Gavel and prison cell.

Hombre De Point Loma es Condenado por Ejecutar a su Hermana y Sobrino y Dispararle a su Madre

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un hombre de 61 años que mató a su hermana y a su sobrino y que dejó gravemente herida a su madre, entonces de 86 años, durante una disputa familiar en agosto de 2024, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional más 82 años de prisión.

William Bushey fue declarado culpable por un jurado en enero de dos cargos de asesinato en primer grado, con la agravante de uso de arma de fuego y la circunstancia especial de homicidios múltiples. También fue declarado culpable de intento de asesinato premeditado y abuso de persona mayor con uso de arma de fuego. En agosto de 2024, Bushey disparó y mató a su hermana, Laurie Robinson, de 61 años, y a su hijo, Brett Robinson, de 33 años, y dejó gravemente herida a su madre, June Bushey, quien sobrevivió pero sufrió lesiones críticas durante el ataque.

“La violencia familiar destroza vidas”, dijo la Fiscal Stephan. “Cuando la tragedia ocurre dentro del hogar, los efectos son devastadores y se extienden mucho más allá de las víctimas inmediatas. Nuestros corazones están con los seres queridos que quedaron atrás y seguimos comprometidos a responsabilizar a los delincuentes violentos por sus acciones”.

El caso subrayó el profundo daño que se causa cuando los conflictos domésticos escalan hasta convertirse en violencia.

Durante el juicio, el Fiscal Auxiliar Scott Pirrello presentó pruebas que demostraron que el acusado se encontraba al borde de ser expulsado de la casa familiar por su mal comportamiento y culpaba a su hermana y a su madre por ello. Esta tensión dentro de la familia finalmente desembocó en los tiroteos mortales.

Bushey vivía con su madre de edad avanzada sin contribuir al hogar y tuvo muy poca interacción con los miembros de la familia durante más de una década en la residencia familiar en Point Loma. Se molestó cuando su hermana se mudó a la casa.

A lo largo de nueve días, el comportamiento agitado y agresivo de Bushey se volvió tan preocupante que la policía fue llamada a la casa en dos ocasiones por disturbios, aunque ninguno de los incidentes reportados alcanzó el nivel de conducta criminal. Para el día de los disparos, la familia estaba a punto de iniciar el proceso de desalojo contra Bushey y había ordenado la instalación de un sistema de vigilancia en la vivienda. El sistema de internet, que estaba ubicado en el dormitorio de Bushey, fue trasladado a otra área de la casa, lo que lo alteró aún más.

Bushey confrontó a su familia por la desconexión del Wi-Fi y luego entró a su dormitorio y tomó una escopeta que había comprado en 2012 y que había mantenido en secreto. Cargó la escopeta a su máxima capacidad, se armó con cartuchos adicionales y fue en busca de su familia. Disparó seis veces mientras perseguía a su madre y a su hermana, quienes huyeron hacia el patio trasero. Las acciones de Bushey resultaron en la muerte de su hermana y su sobrino y causaron lesiones catastróficas a su madre, quien perdió la mayor parte de su mano derecha y sufrió una herida de entrada y salida en la parte superior izquierda del abdomen, que pasó a escasos centímetros de su corazón.

“Este acusado fue brutal e implacable en la forma en que dio caza a su propia familia”, dijo la Fiscal Stephan. “Espero que la sentencia de hoy brinde una medida de justicia a la familia de las víctimas y a la comunidad en general. Estoy orgullosa de la dedicación y excelencia que el Fiscal Auxiliar Scott Pirrello y el equipo de la Fiscalía aportaron a este caso complejo”.

Prevenir y procesar la violencia doméstica y el abuso de personas mayores, y apoyar a las víctimas durante el tumultuoso proceso del sistema de justicia penal, es una piedra angular del trabajo que realizan las Fiscalías de Distrito. Miles de víctimas de delitos reciben servicios a través de los dos Centros de Justicia Familiar de la Fiscalía en San Marcos y National City, donde pueden obtener servicios integrales para víctimas de violencia doméstica, abuso de personas mayores, agresión sexual y otras formas de violencia familiar. La oficina coordina capacitaciones para profesionales en todo el condado para reconocer las señales de advertencia de la violencia doméstica, colabora con organizaciones comunitarias para ampliar servicios de apoyo culturalmente sensibles y participa en esfuerzos de concientización y alcance público como el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica en octubre.

Para más información sobre los servicios disponibles, visite: https://ospsandiegocounty.gov/

Foto de conferencia de prensa de la Fiscal de Distrito anunciando cargos contra mujer que cargos graves de apropiación indebida de fondos públicos y cargos graves de malversación.

Exconvicta con Antecedentes de Malversación Acusada de Apropiación Indebida de Fondos Públicos por Utilizar Dinero de una Subvención del Acuerdo Sobre Opioides del Condado para Cirugía Plástica, Vacaciones y Gastos Personales

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy cargos contra una mujer que previamente fue condenada por robar más de $500,000 a su empleador. Su más reciente esquema involucró defraudar al Condado de San Diego por más de $130,000 para financiar su lujoso estilo de vida, incluyendo dos cirugías plásticas estéticas, vacaciones de lujo, facturas de SDG&E de sus viviendas personales, mejoras del hogar y entrenamiento en artes marciales. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

Amy J. Knox, de 45 años, ha sido acusada de tres cargos graves de apropiación indebida de fondos públicos y tres cargos graves de malversación, con la alegación de fraude de cuello blanco por apropiación de más de $4 millones en fondos de protección al consumidor otorgados por el Condado de San Diego a la organización sin fines de lucro Harm Reduction-SD. Los fondos formaban parte de los más de $50 mil millones asegurados por el Fiscal General de California como parte de acuerdos nacionales y procesos de bancarrota con corporaciones implicadas en la epidemia de opioides. Estos fondos para el consumidor, obtenidos a través de los acuerdos sobre opioides, estaban destinados a aumentar la prevención y el tratamiento y reducir las muertes por fentanilo en el Condado.

“Esta acusada tenía antecedentes de haber robado grandes cantidades de dinero a su empleador y de haber violado su confianza, y aun así pudo estar a cargo de millones de dólares en fondos públicos”, dijo la Fiscal Stephan. “Los controles y equilibrios existen por una razón, sin embargo, no hubo evidencia de una verificación de antecedentes. Incluso después de que personal profesional del condado planteara preocupaciones, funcionarios del Condado otorgaron un segundo contrato a Harm Reduction-SD, permitiendo que esta acusada se enriqueciera con fondos públicos.”

Desde julio de 2022 hasta junio de 2025, Knox se desempeñó como directora de operaciones de Harm Reduction-SD. Controlaba las finanzas de la organización sin fines de lucro y fue designada como administradora de los contratos del Condado, sirviendo como enlace principal entre Harm Reduction-SD y los funcionarios encargados de la contratación en el Condado. Knox era responsable de supervisar la distribución de naloxona, administrar la nómina, presentar declaraciones de impuestos, contratar proveedores y gestionar suministros.

Harm Reduction-SD recibió $4.2 millones de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado, Departamento de Servicios de Salud Conductual. El primer contrato, en julio de 2022, fue para la distribución de naloxona. El segundo contrato, en agosto de 2024, fue para la verificación de drogas. Este servicio consistía en verificar la presencia de fentanilo en drogas ilegales que miembros de la comunidad en campamentos de personas sin hogar planeaban consumir.

En enero de 2023, un ciudadano preocupado alertó al Condado de que la directora ejecutiva de Harm Reduction-SD, Tara Stamos, estaba almacenando Narcan (medicamento para revertir sobredosis de opioides) debajo de una lona en el patio delantero de su casa en el Este del Condado, con temperaturas de 100 grados. En abril de 2023, una auditoría financiera realizada por empleados profesionales del condado descubrió debilidades significativas en los controles financieros, incluyendo conciliaciones bancarias insuficientes y un libro mayor general deficiente.

El Condado luego descubrió que Knox tenía condenas previas por malversación. Menos de un año después, en agosto de 2024, Harm Reduction-SD recibió el segundo contrato.

Durante su malversación de fondos públicos, Knox realizó miles de compras de artículos y servicios personales utilizando al menos cuatro tarjetas de crédito personales. Desde enero de 2024 hasta mayo de 2025, utilizó la cuenta corriente de Harm Reduction-SD para pagar los saldos mensuales de sus tarjetas de crédito mediante transferencias electrónicas. Sus gastos personales en estas tarjetas incluyeron viajes a Hawái y Disneyland, ropa y cosméticos de alta gama para mujer, diversas suscripciones a servicios de transmisión, gastos de mejoras del hogar, perros de raza pura y entrenamiento canino, y entrenamiento en artes marciales. El monto total superó los $90,000.

Además de pagar sus tarjetas de crédito, desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, Knox malversó más de $10,000 en fondos públicos para pagar las facturas de SDG&E de dos de sus propiedades residenciales. También utilizó fondos públicos malversados para pagar $30,000 en cirugías estéticas corporales completas.

El fraude de Knox salió a la luz cuando comenzó a acusar de mala conducta a la directora ejecutiva de Harm Reduction-SD, Tara Stamos. Stamos respondió reportando a la Oficina de la Fiscalía de Distrito que había descubierto transacciones no autorizadas realizadas por Knox. La División de Operaciones Especiales de la Fiscalía, que cuenta con una destacada Unidad de Integridad Pública, inició la investigación que resultó en estos cargos. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió esta mala conducta, por qué se permitió que continuara y cómo evitar que vuelva a suceder.

El Condado canceló ambos contratos con Harm Reduction-SD en junio de 2025.

“Cuando el Condado canceló el contrato, no hubo una remisión para una investigación penal a la Unidad de Corrupción Pública de la Fiscalía, como se ha hecho en casos anteriores de sospecha de mala conducta por parte del liderazgo de la Junta”, dijo la Fiscal Stephan. “Los fondos de protección al consumidor son dinero público que debe ser protegido. Son fondos del público que deben manejarse con transparencia y responsabilidad.”

Si algún empleado del Condado encargado de fondos públicos tiene información sobre sospechas de mala conducta, debe sentirse cómodo presentando sus preocupaciones ante la Oficina de la Fiscalía de Distrito. Bajo las leyes de protección a denunciantes, estarán protegidos.

“Denunciar irregularidades es una parte importante de la seguridad pública”, dijo la Fiscal Stephan. “A menudo es la primera línea de defensa contra la corrupción y el mal uso de fondos públicos.”

La Unidad de Integridad Pública de la Fiscalía investiga y procesa casos que involucran a funcionarios públicos electos o designados, empleados gubernamentales que cometen delitos en el desempeño de sus funciones, uso indebido de fondos o recursos públicos, fraude ante los tribunales y mala conducta de abogados. Los empleados del Condado o el público pueden presentar una queja en nuestro sitio web: https://www.sdcda.org/preventing/public-integrity/ o enviando un correo electrónico a la Unidad de Integridad Pública a SDDAPublicIntegrity@sandiegoda.gov.

El Fiscal Auxiliar Matthew Dix está procesando este caso y el Investigador de la Fiscalía Mark Kelley llevó a cabo la investigación.

Knox fue procesada hoy y se declaró no culpable. Su fianza fue fijada en $200,000 y se programó una audiencia de revisión de fianza para el 25 de febrero a las 8:30 a.m. en el Departamento 101. Una audiencia de preparación está programada para el 1 de abril a las 8:15 a.m. en el Departamento 1102. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

 

 

Foto de Edmund Lafave, víctima de asesinato en 1975.

Acusado Es Procesado Por Un Asesinato Sin Resolver Ocurrido Hace Más De Medio Siglo

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que un asesino que mató a un hombre en su casa en North Park hace más de 50 años fue extraditado desde el Medio Oeste de Estados Unidos y hoy compareció ante el tribunal para ser procesado por un cargo de asesinato. Johnnie Salisbury, de 71 años, fue procesado en el Tribunal Superior de San Diego después de ser arrestado en Indiana el mes pasado y extraditado a San Diego para rendir cuentas por su crimen.

En 1975, Salisbury golpeó brutalmente y apuñaló a Edmund LaFave, de 34 años, en su propia casa en Suncrest Avenue. El cuerpo sin vida de LaFave fue encontrado en un charco de sangre en su dormitorio en su residencia ubicada en la cuadra 2900 de Suncrest Drive el 25 de febrero de 1975.

“A veces tenemos que esperar décadas para lograr justicia en nombre de una víctima de asesinato, pero la clave es nunca rendirse en la búsqueda de justicia”, dijo la Fiscal Stephan. “Este acusado logró evadir la justicia por más de medio siglo, pero gracias a la dedicación de las fuerzas del orden ahora está siendo responsabilizado por su brutal crimen. Este es un excelente ejemplo de cómo la ciencia moderna, combinada con el compromiso de resolver asesinatos sin resolver, puede conducir a un resultado justo. Quiero agradecer a todo el equipo que trabajó en este caso y que nunca dejó de buscar a este asesino”.

Diversos investigadores de casos sin resolver revisaron el caso a lo largo de los años, pero no pudieron identificar a un sospechoso. A pesar de la exhaustiva investigación al inicio del caso, con el tiempo la investigación se estancó. Sin embargo, el programa CHARGE (Cold Homicide and Research Genealogy Effort, por sus siglas en inglés), financiado mediante una subvención y dirigido por la Fiscalía de Distrito, en colaboración con sus socios de las fuerzas del orden del Departamento de Policía de San Diego, pudo proporcionar a los investigadores la información necesaria para resolver el caso.

La Fiscal de Distrito reconoció el trabajo sobresaliente del fiscal principal de la Unidad de Casos Sin Resolver, Chris Lindberg; la genealogista Laura Tanney; así como de los Investigadores de la Fiscalía Tony Johnson, Ryan Gremillion, Lisa Williams y los detectives del SDPD.

Posteriormente, expertos del Laboratorio Criminalístico del SDPD pudieron comparar las huellas dactilares del acusado con las encontradas en la escena del crimen, incluidas huellas halladas en una plancha ensangrentada utilizada para golpear a la víctima.

CHARGE está financiado por la subvención del Departamento de Justicia de Estados Unidos titulada “Prosecuting Cold Cases Using DNA”. Esta subvención proporciona $533,000 durante tres años y permite realizar trabajos de genealogía genética forense para resolver homicidios sin resolver. Se trata de una subvención competitiva que solo se otorga a unas pocas agencias en todo el país cada año. Esta es la segunda subvención de tres años que la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha recibido para financiar su innovador programa CHARGE.

La genealogía genética forense es una poderosa herramienta de investigación que ayuda a las fuerzas del orden a resolver asesinatos sin resolver mediante el uso de evidencia de ADN para identificar sospechosos a través de sus conexiones familiares y registros públicos, en lugar de depender únicamente de bases de datos criminales existentes. Los investigadores utilizan ADN recolectado en escenas del crimen para crear un perfil genético que puede compararse con bases de datos genealógicas públicas de participación voluntaria con el fin de localizar parientes lejanos de un sospechoso desconocido.

El Fiscal Auxiliar Chris Lindberg, quien dirige la Unidad de Homicidios de Casos Sin Resolver de la Fiscalía, está procesando este caso.

Operativo Encubierto Resulta En Arresto de Decenas de Narcotraficantes en East Village

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que un gran jurado emitió 23 acusaciones formales contra 34 acusados que vendían drogas abiertamente en varios lugares del vecindario East Village de San Diego, incluyendo la venta de fentanilo, metanfetamina y cocaína “crack”. [VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

El jueves pasado, 23 de los acusados fueron arrestados durante un operativo de detención en East Village.

Las fuerzas del orden de San Diego completaron un operativo de dos meses destinado a desmantelar los mercados de drogas al aire libre en East Village, reducir el crimen en el área y aumentar la seguridad pública para los residentes. El Operativo Street Sweeper, llevado a cabo de septiembre a octubre de 2025, se enfocó en varios lugares identificados por el Departamento de Policía de San Diego como puntos críticos de venta ilegal de drogas, incluyendo las calles 16 y 17, las calles K y C, así como Imperial Avenue y Broadway.

“Este operativo refleja una respuesta coordinada y proactiva de las fuerzas del orden hacia la comunidad a la que servimos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en un área del centro que continúa enfrentando desafíos de seguridad pública”, dijo la Fiscal Stephan. “La comunidad de East Village merece estar segura y no tener a sus familias expuestas a la venta abierta de drogas y los delitos asociados. Esta operación se enfocó en los traficantes que vendían drogas tóxicas como el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína base. Es evidente que el aumento en la venta de drogas también es la razón del aumento en las sobredosis en las mismas áreas.”

El operativo fue un esfuerzo colaborativo que involucró al Departamento de Policía de San Diego, al Equipo de Supresión y Reducción del Fentanilo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI FAST, por sus siglas en inglés), con apoyo adicional de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, que está procesando a tres sospechosos adicionales relacionados con el caso.

“Los residentes de East Village han solicitado durante mucho tiempo una mayor aplicación de la ley contra los delitos relacionados con drogas, y el Operativo Street Sweeper hizo precisamente eso”, dijo el Jefe de Policía de San Diego Scott Wahl. “Con esta operación, nos enfocamos en el consumo abierto de drogas y la venta de narcóticos que ocurrían en East Village, algo por lo que niños y familias pasaban todos los días. Con nuestros socios en la aplicación de la ley, pudimos generar un impacto significativo en la calidad de vida en el centro de San Diego.”

Agentes encubiertos realizaron numerosas compras y operaciones de vigilancia durante el período de dos meses, enfocándose exclusivamente en traficantes que vendían sustancias como fentanilo, metanfetamina y cocaína base (crack). El esfuerzo coordinado tuvo como objetivo no solo interrumpir la distribución de drogas, sino también reducir los delitos asociados en el corredor del centro.

Las acusaciones incluyen cargos que van desde la venta y posesión con intención de venta de estas peligrosas sustancias controladas. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una variedad de sentencias bajo la ley estatal.

“A las personas que viven y trabajan en el centro: los adultos han retomado el control”, dijo el Fiscal Federal Adam Gordon.

Las autoridades indicaron que las alianzas son clave para abordar el aumento del crimen observado en el área.

“El equipo FAST de HSI es una fuerza de tarea colaborativa de agencias del orden federales, estatales y locales enfocadas en combatir el contrabando, la distribución y la venta de drogas sintéticas mortales en nuestras comunidades”, dijo Kevin Murphy, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional. “El Operativo Street Sweeper demuestra el éxito que podemos lograr cuando trabajamos juntos para llevar a cabo investigaciones de alto impacto y hacer nuestras comunidades más seguras.”

La evidencia ante el gran jurado fue presentada por las Fiscales Auxiliares Lauren Wake y Edith Leon, fiscales de la División de Narcóticos Mayores de la Fiscalía del Distrito.

[VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

Víctima Ryan Cunningham (Foto de 10News)

Un Gran Jurado Acusa a Cuatro Pandilleros por Homicidio en Caso Sin Resolver en Chula Vista

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un gran jurado ha presentado una acusación formal contra cuatro pandilleros que atacaron y asesinaron a un hombre en un restaurante de Chula Vista hace casi 21 años. José Roque-García, de 50 años; Carlos Herrera, de 42; Marco Herrera, de 41; y Franco Domínguez, de 43, han sido acusados de asesinato. Los acusados fueron procesados hoy ante el Tribunal Superior de San Diego.

“Este caso demuestra que mi oficina, trabajando junto con las fuerzas del orden, continuará buscando justicia sin importar cuánto tiempo tome. La determinación de la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía, trabajando de la mano con nuestros fiscales para luchar por justicia para esta víctima inocente, nunca flaqueó”, dijo la Fiscal Stephan. “Fue un crimen brutal que le quitó la vida a una víctima que esperaba con ilusión comenzar el siguiente capítulo de su vida”.

El 20 de marzo de 2004, Roque-García, un miembro de alto rango de un cártel mexicano de drogas, se encontraba en La Bella’s Pizza Garden en Chula Vista celebrando el “baby shower” de su entonces novia y madre de su hijo. Durante el evento, la novia de Roque-García acusó a un cliente del restaurante, Ryan Cunningham, de 22 años, de haber robado las llaves de su automóvil. Cunningham era un transeúnte inocente que simplemente se encontraba en el restaurante disfrutando de una bebida mientras celebraba su próxima mudanza a Arizona al día siguiente. Roque-García llamó a sus asociados de pandilla y les ordenó que fueran al restaurante para “j***r” (“f— up”) a Cunningham.

Minutos después, Domínguez y los hermanos Herrera condujeron hasta La Bella’s, donde Roque-García señaló a la víctima. Utilizando un pedazo de madera de 2 x 4, un taser, una silla de metal y un cuchillo, el grupo atacó de manera conjunta y brutal a la víctima desprevenida y desarmada, culminando en una puñalada fatal en el pecho de la víctima.

A pesar del excelente trabajo de investigación del Departamento de Policía de Chula Vista, el caso quedó sin resolver durante décadas al no contar con pistas significativas. Al reexaminar el caso en los últimos años, los fiscales y los investigadores de la Fiscalía lograron unir piezas de evidencia faltantes que finalmente respaldaron la acusación del gran jurado.

Las agencias de seguridad pública involucradas en la investigación incluyen el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, que brindó asistencia e información al Departamento de Policía de Chula Vista. Durante la investigación se ejecutaron numerosas órdenes de registro y se volvió a examinar evidencia de ADN. Franco Domínguez, Carlos Herrera y Marco Herrera fueron puestos bajo custodia el 15 de enero sin incidentes. Roque-García ya se encontraba bajo custodia.

El caso está siendo procesado por los Fiscales Auxiliares Robert Eacret, Christopher Netniss y Michael Reilly, de la División de Pandillas de la Fiscalía, con el apoyo clave y la participación del Investigador de la Fiscalía del Distrito, Marco Mercado.

Prisoner handcuffed behind bars

Depredador de Familia Sentenciado por Abusar de Múltiples Familiares durante Años

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un hombre que abusó sexualmente de cinco sobrinas de entre 5 y 16 años durante varios años ha sido sentenciado a prisión.

Joaquín Ruiz, de 45 años, fue sentenciado a entre 102 años y cadena perpetua por 18 cargos de abuso sexual infantil, incluyendo actos lascivos forzados, cópula con una niña más de 10 años menor, posesión de material de abuso sexual infantil y otros cargos. Un jurado lo declaró culpable en agosto de todos los cargos.

“Los depredadores que roban la inocencia de un niño, creando un trauma para toda la vida, no tienen lugar en nuestra sociedad”, declaró la Fiscal de Distrito Stephan. La sentencia de hoy es un mensaje para los abusadores sexuales: rendirán cuentas y no se esconderán en las sombras, independientemente de sus afiliaciones. Agradezco a nuestro equipo experto en la fiscalía de abuso sexual, que hizo justicia a las víctimas en este caso.

Considerado un religioso devoto, el acusado Ruiz era conocido como «el hombre perfecto» en su familia, tanto que cuando la primera víctima reveló lo sucedido, sus padres y la esposa del acusado no le creyeron. Esto provocó que la víctima se retractara y se disculpara con el acusado. Una segunda sobrina reveló lo que Ruiz le hizo, pero la madre y la hermana de la niña mantuvieron la revelación en secreto durante meses hasta que confrontaron a Ruiz y a su esposa en un parque. La confrontación se volvió tan acalorada que llamaron a la policía, lo que dio inicio a la investigación de abuso infantil. La investigación reveló más víctimas, videos de cámaras ocultas que Ruiz colocó en sus baños para grabar a los niños pequeños usando el inodoro y capturas de pantalla de material de abuso sexual infantil de sitios web que el acusado visitó.

El abuso sexual infantil es un delito muy grave que puede afectar a la víctima para siempre. Las víctimas sufren mayores índices de dificultades escolares, depresión, abuso de sustancias, ansiedad, estrés postraumático, trastornos alimentarios o del sueño y suicidio. Sin embargo, el abuso sexual infantil se puede prevenir, y se anima a los padres y tutores a hablar con sus hijos sobre lo que es y no es apropiado. Para obtener más recursos, visite la página de la Fiscalía sobre prevención del abuso sexual.

La Fiscal Auxiliar An Dang procesó este caso.

Condena de 24 Años de Prisión para Miembro de Pandilla que Disparó y Paralizó a una Adolescente Inocente

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que las acusaciones contra tres miembros de pandillas involucrados en un tiroteo ocurrido hace dos años —que dejó paralizada a una adolescente inocente— han concluido con la sentencia del último acusado, Juan Velazco Diaz, de 21 años de edadd, a 24 años en prisión estatal por sus crímenes violentos.

El 28 de octubre de 2023, dos grupos rivales de pandillas se enfrentaron afuera de una fiesta de preparatoria en el área de Talmadge, en San Diego. Tras intercambiar desafíos verbales relacionados con pandillas, un miembro de cada pandilla, Juan Velazco Diaz y Kenneth Hill, sacaron armas de fuego y se dispararon entre sí. Velazco Diaz disparó primero, falló a su objetivo y la bala impactó a Brianna Wallace, una porrista de preparatoria de 17 años de edad, que se encontraba al otro lado de la calle cerca de la cuadra 4400 de Winona Avenue. Wallace recibió un disparo en la espalda y quedó paralizada de inmediato de la cintura hacia abajo.

“Es desgarrador cuando miembros inocentes de nuestra comunidad quedan atrapados en el fuego cruzado de una violencia de pandillas sin sentido”, dijo la Fiscal Stephan. “Nuestros corazones están con la víctima adolescente, cuyo valiente testimonio fue fundamental para lograr justicia en este caso. Los actos de violencia de pandillas devastan vecindarios y nunca serán tolerados. Nuestra oficina mantiene su compromiso de responsabilizar plenamente a quienes cometen este tipo de violencia y de trabajar con nuestros socios de las fuerzas del orden para reducir el crimen organizado de pandillas y prevenir que estas tragedias ocurran”.

Tras una investigación conjunta entre la Unidad de Pandillas del Departamento de Policía de San Diego y la Unidad de Pandillas de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, Velazco Diaz, Kenneth Hill, de 20 años, y Davian Austin, de 21 años, fueron arrestados por su participación y procesados judicialmente. Hill y Austin fueron declarados culpables de agresión con arma de fuego, y Velazco Diaz fue condenado por intento de asesinato con uso de arma de fuego y agresión con uso de arma de fuego que causó parálisis. Hill recibió una condena de nueve años de prisión. Austin fue sentenciado a un año de cárcel y puesto en libertad condicional formal por dos años.

El Fiscal Auxiliar Kyle Sutterley, de la División de Pandillas de la Fiscalía, llevó la acusación en este caso.

La División de Pandillas de la Fiscalía de Distrito procesa casos complejos de homicidio y otros delitos graves perpetrados por miembros violentos de pandillas que aterrorizan a los vecindarios. Estos casos son manejados por un solo fiscal de principio a fin —también conocido como enjuiciamiento vertical. Los casos de esta división son atendidos por 26 fiscales y 20 investigadores altamente capacitados para llevar justicia a las familias afectadas por la violencia. En 2024, la División de Pandillas llevó a cabo 23 juicios con jurado por homicidio, lo que representa más del 40% del total de homicidios juzgados en la Fiscalía. La división también procesó otros casos, incluidos secuestro con fines de violación, agresión con lesiones corporales graves, robo, robo de vehículos y posesión de armas de fuego ilegales —como las llamadas “armas fantasma”— por parte de miembros de pandillas.

Operación contra la Trata de Personas “Home for the Holidays” Recupera a 19 Víctimas en Tres Días

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que 19 víctimas de trata de personas fueron rescatadas durante tres días de este mes, como parte de la operación anual “Home for the Holidays” del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas en el Condado de San Diego. A las víctimas se les ofrecieron servicios para ayudarles a escapar y sanar de la explotación y la trata de personas.

Esta operación también resultó en el arresto y la presentación de cargos contra cuatro hombres adultos —entre ellos un delincuente sexual registrado— por proxenetismo, facilitación de la prostitución y violación de una orden de protección. Además, se emitieron seis citaciones por delitos menores a compradores de sexo.

“La cruda realidad es que la trata sexual sigue siendo una industria criminal lucrativa, impulsada por la demanda, que genera más de 810 millones de dólares al año en el Condado de San Diego”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy orgullosa de nuestro trabajo con el Grupo de Trabajo Regional contra la Trata de Personas de San Diego, la División de Delitos Sexuales y Trata de Personas de mi oficina y todos nuestros socios que trabajan las 24 horas del día para rescatar a víctimas tan jóvenes como de 12 años. Juntos responsabilizan a los tratantes de personas y a los compradores criminales por sus delitos. Los esfuerzos continuos del grupo de trabajo demuestran que las fuerzas del orden no tolerarán esta esclavitud moderna de víctimas vulnerables que son compradas y vendidas como si fueran una rebanada de pizza”.

La Operación “Home for the Holidays” es una iniciativa anual y multiagencial cuyo objetivo es rescatar a víctimas de trata de personas, ofrecer servicios a las víctimas, detener y procesar a los tratantes y reducir la demanda de sexo a cambio de pago. Durante la operación, agentes del orden trabajaron de manera encubierta haciéndose pasar por compradores de sexo para identificar y contactar a posibles víctimas de trata y a tratantes, respondiendo a anuncios de sexo en línea. La operación de este año fue la sexta edición anual y se llevó a cabo en moteles de Chula Vista, National City y San Diego los días 10, 11 y 12 de diciembre.

“La Operación ‘Home for the Holidays’ es una parte clave de nuestros esfuerzos para mantener seguras a nuestras comunidades durante las fiestas y durante todo el año”, dijo el Fiscal General Bonta. “Quiero agradecer a nuestros socios del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de San Diego, quienes trabajan para apoyar a las víctimas, sobrevivientes y a sus familias. Juntos, continuaremos interrumpiendo las operaciones de trata de personas y logrando resultados significativos que eleven a los californianos más vulnerables”.

A partir del 1 de enero, entra en vigor una nueva ley que se dirige a los compradores de sexo, protege a los menores y apoya a los sobrevivientes de la trata de personas. La AB 379, presentada por los asambleístas Nick Schultz (D–Burbank), Stephanie Nguyen (D–Elk Grove) y la autora original, la asambleísta Maggy Krell (D–Sacramento), tipifica como delito grave la compra de un menor para fines sexuales. También revierte una parte de una ley mal concebida que despenalizó el merodeo con fines de prostitución, volviendo a convertirlo en delito para los compradores criminales. La ley además crea un Fondo de Apoyo a Sobrevivientes para otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias que brindan servicios directos y labores de alcance a víctimas de trata sexual y explotación. Finalmente, la ley incrementa las sanciones civiles por violaciones específicas relacionadas con la trata de personas cometidas por empresas.

“HSI está comprometida con un enfoque centrado en las víctimas en la lucha contra la trata de personas, priorizando tanto el bienestar de las víctimas como la búsqueda de justicia contra los responsables de estos delitos”, dijo Kevin Murphy, Agente Especial Interino a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego. “A través del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, nuestros esfuerzos colaborativos han logrado retirar de la comunidad a delincuentes peligrosos y asegurar que las 19 víctimas recibieran el apoyo y los servicios que necesitan”.

Los acusados en este caso fueron procesados judicialmente el viernes 19 de diciembre y el lunes 22 de diciembre. De ser declarados culpables, enfrentan penas de entre seis y 20 años de prisión.

El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas es un esfuerzo cooperativo liderado por el Departamento de Justicia de California, con la participación de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, el Departamento de Policía de San Diego, el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de la Frontera Suroeste, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, la Patrulla de Caminos de California, el Buró Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Investigación Criminal Naval, el Departamento de Policía de National City, la Oficina del Abogado de la Ciudad de San Diego y el Departamento de Libertad Condicional del Condado de San Diego.

Si usted o alguien que conoce está siendo coaccionado, engañado o forzado a participar en actividades sexuales o laborales y necesita ayuda para salir de esa situación, puede llamar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888 para acceder a ayuda y servicios. Si usted u otra persona se encuentra en peligro inmediato, llame al 9-1-1.

Durante los últimos cuatro años, se han realizado 23 arrestos, 65 rescates —incluidos dos menores— y se han recuperado tres armas de fuego durante las operaciones “Home for the Holidays”. El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas realiza operaciones similares a lo largo del año. En 2024, el grupo de trabajo rescató a 47 menores a través de diversas operaciones. En 2025, se han rescatado 62 menores.