Fiscalía Presenta Cargo Criminal en Caso de 101 Ash St.
La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que el exasesor inmobiliario voluntario de la ciudad de San Diego, Jason Hughes, de 55 años, ha sido acusado penalmente de conflicto de intereses por su papel en recibir millones de dólares en relación con dos ofertas de arrendamientos con opción a compra comúnmente conocidas como Civic Center Plaza y 101 Ash Street. Durante una audiencia programada para mañana, se espera que Hughes se declare culpable de un delito menor de violación de la ley de conflicto de intereses, sección 1090 del Código de Gobierno, y acepte pagar $9.4 millones en restitución a la ciudad de San Diego, la cantidad que recibió en secreto pagado por las dos transacciones.
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El acuerdo de culpabilidad se produce después de que el Juez de la Corte Superior, Kenneth So, que presidía los aspectos de la investigación penal de este caso, en los últimos días tomó la decisión de hacer avanzar el caso a través de la mediación con todas las partes, incluida la Oficina de la Abogada de la Ciudad, con el objetivo en una resolución global que sirva a los intereses de la justicia. La experiencia y el conocimiento del caso del Juez So, que se remontan a su autorización de las órdenes de cateo de la Fiscalía de Distrito en octubre de 2021, permitieron que el caso avanzara rápidamente hacia esta conclusión decisiva. La acción del Concejo Municipal de San Diego despeja el camino para que el caso penal proceda bajo la dirección del juez, se anulen las demandas civiles y se pague la restitución penal total.
“En muchos casos, los casos de conflicto de intereses resultan solo en remedios civiles o administrativos”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Pero en este caso atroz, era importante lograr una medida de responsabilidad penal y asegurarse de que la restitución se exigiera a través de un caso penal y no se dejara al azar en un tribunal civil. El mensaje que enviamos es claro: ya sea que uno esté en un puesto electo, sea un empleado público, un contratista o un voluntario designado, si se beneficia personalmente de los contratos relacionados con un puesto gubernamental, serás responsable por violar esta ley de integridad pública.»
La declaración de culpabilidad concluye una extensa investigación criminal realizada por la Oficina de la Fiscalía de Distrito que incluyó 1.6 terabytes de información y millones de páginas de evidencia. Se espera que el intenso escrutinio que recibió este caso fortalezca los sistemas de controles y equilibrios dentro de la Ciudad de San Diego y otras entidades gubernamentales y refuerce la importancia del cumplimiento estricto de las leyes sobre conflictos de intereses. El extenso trabajo realizado por la Oficina de la Abogada de la Ciudad Mara Elliott en el litigio civil que involucra la misma violación principal de las leyes de conflicto de intereses que el caso penal, especialmente el contenido de las declaraciones exhaustivas brindó un apoyo significativo para la investigación y el enjuiciamiento penal de la Fiscalía de Distrito.
“Quiero agradecer al equipo de la Fiscalía de Distrito, dirigido por nuestro principal fiscal de integridad pública, Leon Schorr, quien invirtió tanto tiempo y experiencia en este complicado caso”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Además, los miembros de los medios de comunicación locales merecen reconocimiento por sus reportajes, que ayudaron a revelar aspectos del caso que de otro modo habrían pasado desapercibidos”.
Además del Fiscal Auxiliar Schorr, el equipo de la Fiscalía de Distrito incluye a los Fiscales Auxiliares Héctor Jiménez, Martin Doyle, Fredrick Washington y los muchos investigadores de la Fiscalía de Distrito que entregaron órdenes de cateo y participaron en la investigación. El equipo de la Fiscalía de Distrito agradece al Laboratorio Regional de Informática Forense cuyo extenso trabajo en esta compleja investigación fue fundamental, y la multitud de testigos que se sentaron para las entrevistas, proporcionaron documentación y explicaron su participación.