La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que la acusada Andrea Cardenas, de 32 años, ex concejal de la ciudad de Chula Vista, fue sentenciada el 28 de agosto a dos años de libertad condicional formal por cometer dos delitos graves de hurto mayor. También se le ordenó completar 100 horas de trabajo voluntario. El Departamento de Libertad Condicional y la Oficina de la Fiscalía de Distrito solicitaron que cumpliera 180 días en la cárcel del condado, pero finalmente fue sentenciada a crédito por el tiempo cumplido de un día de prisión.

“Nuestro dedicado equipo de la Fiscalía llevó a cabo una investigación exhaustiva en la que cumplieron 27 órdenes de allanamiento para examinar cuentas financieras y de correo electrónico”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “La investigación demostró que Cardenas había participado en múltiples esquemas de fraude durante varios años. En este tipo de casos, a menudo dependemos del público, los medios de comunicación o las personas que sospechan de irregularidades para que denuncien posibles delitos contra la integridad pública a nuestra oficina para que podamos investigar”.

Si Cárdenas viola los términos de su libertad condicional, se le podría ordenar que cumpla hasta dos años y ocho meses de cárcel. Cárdenas se declaró culpable de fraude, relacionado con fondos obtenidos del Programa de Protección de Cheques de Pago federal y del Departamento de Desarrollo del Empleo del estado. Cárdenas engañó al gobierno de los Estados Unidos con $176,000 en fondos de ayuda de COVID-19, que lavó y usó para pagar gastos personales como su propia deuda de campaña. También solicitó ilegalmente más de $28,000 en beneficios de desempleo.

La Jueza de la Corte Superior Rachel Cano ordenó que los términos de la libertad condicional de Cárdenas también incluyan que se someta a registros e incautaciones, debe operar cualquier negocio legalmente y cumplir con todas las reglas y regulaciones de dicho negocio, incluyendo tener licencia, pagar impuestos y cumplir con cualquier ley de financiamiento de campañas. También debe devolver la cantidad total que robó, incluidos $176,227 a la Administración de Pequeñas Empresas, $28,908 al Departamento de Desarrollo del Empleo y una cantidad a determinar a la Junta de Impuestos de Franquicia.

Cárdenas trabajaba para una empresa de consultoría política llamada Grassroots Resources, fundada en 2016 por su hermano, Jesús Cárdenas. Tenía el título de Directora de Participación Comunitaria, pero en realidad tenía un papel como Directora de Operaciones. En 2019, Grassroots Resources comenzó a actuar como un servicio de nómina para uno de sus clientes, Harbor Collective, un dispensario de marihuana. A principios de 2021, Grassroots Resources estaba siendo presionada para pagar deudas, incluido el dinero adeudado a TMC Direct, una empresa de correo político.

En febrero de 2021, Jesús y Andrea Cárdenas solicitaron un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas a través de PayPal. Tergiversaron varios elementos de la solicitud, entre ellos: que Grassroots tenía 34 empleados, cuando en realidad 30 de estos individuos trabajaban para Harbor Collective; que no estaban involucrados en una actividad ilegal según la ley federal (los dispensarios de marihuana no son legales según la ley federal); que no eran una empresa dedicada a la consultoría política; y que los fondos del préstamo se utilizarían para cubrir los gastos de nómina. El préstamo fue aprobado por $176,227.

El 3 de mayo de 2021, $176,227 de los fondos del préstamo PPP se depositaron en una cuenta comercial de Grassroots. En el transcurso de las siguientes dos semanas, el dinero se transfirió entre dos cuentas diferentes de Grassroots. Desde allí, los hermanos Cárdenas utilizaron los fondos PPP para pagar múltiples gastos personales, incluida la deuda de campaña.

En un esquema de fraude separado en 2020, Cárdenas solicitó ilegalmente beneficios de desempleo y recibió $28,908 del Departamento de Desarrollo del Empleo. Ella tergiversó en las solicitudes que no estaba trabajando y que no recibía ningún ingreso. Sin embargo, Grassroots Resources, para la que trabajaba, estaba en pleno funcionamiento durante ese año electoral y se ocupaba de las campañas de varios candidatos y otras entidades.

Este caso fue procesado por la Unidad de Integridad Pública de la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. Los miembros del equipo incluyeron a los Fiscales Auxiliares Chandelle Boyce, Héctor Jiménez, Leon Schorr, los Investigadores de la Fiscalía de Distrito James Hawksley, Justin Bostic y el Contador Forense Kevin Boyne. La investigación también contó con la ayuda de la Unidad de Fraude por Covid del Departamento de Seguridad Nacional.

“Nuestra oficina sigue comprometida con el procesamiento de casos que involucran mal uso de fondos públicos, corrupción política y mala conducta criminal de funcionarios del gobierno”, dijo la fiscal Stephan. “Los objetivos de estos procesos no son únicamente obtener el máximo tiempo de detención, sino que a menudo incluyen otros objetivos como asegurarse de que las personas que participan en la corrupción no ocupen cargos públicos y no puedan buscar un cargo público en el futuro, por ejemplo”.