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Fiscal y 14 Alcaldes Piden Firmas Para Incluir Una Iniciativa Clave de Seguridad Pública en la Boleta Electoral

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, estuvo acompañada hoy por los alcaldes de ciudades de todo el condado de San Diego, así como por líderes empresariales, víctimas de delitos y otros ciudadanos preocupados, en un esfuerzo por informar al público e impulsar la recolección de firmas para colocar la Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo en la boleta electoral de noviembre. La medida haría que las comunidades, las empresas y las calles sean más seguras y saludables al restaurar el estado de derecho, responsabilizar a los ladrones minoristas y traficantes de fentanilo reincidentes e incentivar a las personas adictas y sin hogar a aceptar un tratamiento que les salve la vida.

Los siguientes alcaldes están apoyando el esfuerzo de recolección de firmas: el Alcalde de Vista John Franklin, el Alcalde de Escondido Dane White, el Alcalde de El Cajon Bill Wells, el Alcalde de National City Ron Morrison, el Alcalde de Chula Vista John McCann, la Alcaldesa de San Marcos Rebecca Jones, el Alcalde de La Mesa Mark Arapostathis, el Alcalde de Santee John Minto, la Alcaldesa de Oceanside Esther Sánchez, el Alcalde de Coronado Richard Bailey, la Alcalde de Carlsbad Keith Blackburn, la Alcaldesa de Solana Beach Lesa Heebner, el Alcalde de Encinitas Tony Kranz, y el Alcalde de Poway Steve Vaus.

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“Esta es una iniciativa equilibrada y de sentido común que aborda la crisis del fentanilo persiguiendo a los traficantes de drogas que están matando a nuestros seres queridos e impone sanciones más severas a los reincidentes de robo organizado en tiendas minoristas, que está perjudicando a demasiadas familias y empresas locales”, dijo la Fiscal del Distrito Stephan. “Necesitamos una reforma responsable que permita a los jueces incentivar tratamientos que salven vidas para quienes luchan contra una adicción grave, responsabilice a los reincidentes pero también brinde una primera, segunda e incluso tercera oportunidad a quienes cometen robos o poseen drogas duras de recibir tratamiento por adicción o enfermedad mental. Los votantes deberían tener la oportunidad de debatir y opinar sobre esta importante iniciativa”.

La medida ha reunido más de 360,000 firmas de los votantes de California para incluirla en la boleta electoral de noviembre, pero se necesitan casi 550,000 firmas válidas.

La medida electoral está diseñada para corregir las consecuencias no deseadas y los impactos dañinos de la Proposición 47, que fue aprobada en 2014 y, por ejemplo, convirtió el robo minorista de menos de $950 y la posesión de metanfetamina y fentanilo en delitos menores, sin importar cuántas veces se repita el delito.

“Los mercados vecinales son el alma de nuestras comunidades”, dijo el Presidente de la Asociación de Mercados Vecinales, Arkan Somo. “La Proposición 47 desató una ola de robo y violencia que perjudica a nuestros propietarios de pequeñas empresas, sus empleados y familias, y lo más importante, a nuestros clientes. La medida electoral propuesta brindará a las fuerzas del orden las herramientas que necesitan para mantenernos a todos seguros”.

Las consecuencias no deseadas de la Proposición 47 y las leyes actuales incluyen:

  • La falta de vivienda aumentó un 51% en California, mientras que disminuyó un 11% en los estados con leyes más equilibradas.
  • Las personas sin hogar en el condado de San Diego están muriendo por sobredosis de drogas a un ritmo 118 veces mayor que el público en general.
  • Las muertes por sobredosis de fentanilo ilícito se han más que triplicado, cobrando más vidas jóvenes en el condado de San Diego que cualquier otra causa.
  • El robo minorista organizado se ha disparado, lo que ha provocado pérdidas económicas masivas, pérdidas de empleos causadas por el cierre de tiendas y pérdidas de bienes esenciales para los vecindarios que tienen dificultades.
  • Los traficantes de fentanilo que causan muertes por sobredosis generalmente reciben consecuencias mínimas según la ley.
  • Los Tribunales de Tratamiento que ofrecen tratamientos eficaces han perdido su capacidad de incentivar a quienes cometen delitos motivados por la adicción a participar en el tratamiento.

Una encuesta reciente mostró que más del 85% de los votantes de todos los partidos políticos y de cada grupo demográfico apoyan la reforma de la Proposición 47.

“Esta iniciativa es un enfoque equilibrado que brinda a nuestro sistema de justicia las herramientas que necesita para proteger a nuestras comunidades de los delincuentes y al mismo tiempo brinda una oportunidad para que las personas que sufren de adicción se recuperen”, dijo el Alcalde de Coronado Richard Bailey. “Las políticas actuales han contribuido al aumento de la delincuencia y la falta de vivienda en todo el estado durante la última década, pero esta iniciativa ayudará a revertir esas tendencias y hacer de California un lugar seguro para vivir y hacer negocios una vez más”.

“Como oficial de policía y detective retirado de San Diego con 29 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, comprendo de primera mano los efectos adversos de la Proposición 47 en las vidas de los californianos”, dijo el Alcalde de Santee John Minto. “Esta iniciativa es un paso crucial para abordar los crecientes desafíos de la falta de vivienda, la adicción a las drogas y el robo que afectan a nuestras comunidades. Los californianos, incluidos los residentes de Santee, exigen alivio ante la creciente anarquía que ha elevado el costo de los bienes en todo el estado”.

La Alcaldesa de Oceanside y defensora pública jubilada, Esther Sánchez, dijo: “Las consecuencias no deseadas de la Proposición 47 acabaron con el exitoso programa de tribunales de drogas, lo que provocó un aumento de la adicción a las drogas y la delincuencia y, de hecho, ató las manos de las autoridades que protegen nuestros vecindarios y negocios. Esta iniciativa de los ciudadanos devuelve las herramientas que nuestras comunidades necesitan para ayudar a los residentes, muchas veces miembros de la familia, a enfrentar sus adicciones y delitos, mientras que ofrece apoyo y un camino hacia una vida con opciones positivas, como la reunificación familiar, un hogar y empleos”.

Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo permitiría sanciones más severas para quienes se dedican al tráfico de drogas fuertes o para los reincidentes en el robo al por menor. Seguirá dando una primera y segunda oportunidad a quienes cometan robos y posean drogas fuertes para ser tratados con un delito menor. Sin embargo, en la tercera condena, existe el requisito de que se complete el tratamiento contra las drogas para cometer un delito menor o ser responsable de un delito grave, lo que crea una nueva categoría de “Delito Grave con Tratamiento Obligatorio”. Una cuarta condena resulta en un delito grave.

Esta iniciativa también permitirá la agregación de múltiples robos para alcanzar el umbral de $950 para cobrar un delito grave de robo, de modo que se pueda detener a aquellos que están jugando con el sistema. La iniciativa aborda la crisis del fentanilo al permitir penas más severas para los traficantes de drogas de fentanilo cuyas acciones provocan muertes por sobredosis.

La recolección de firmas para la Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo se llevará a cabo en las próximas semanas en todo el condado y se alienta al público a buscar oportunidades para firmar la petición.

Fiscalía Se Acerca a las Comunidades de Inmigrantes y Refugiados

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que su oficina está realizando un nuevo acercamiento a las poblaciones de inmigrantes y refugiados en el condado con el objetivo de disipar los temores sobre denunciar un delito y alentar la cooperación con las agencias del orden público si alguien es víctima o testigo de un delito. Según la Administración Salud y de Servicios Humanos del Condado, aproximadamente el 21.5% de la población del condado son inmigrantes, incluidos los refugiados.

“Mi oficina está comprometida a mantener a todos los niños, adultos y personas mayores a salvo del crimen en el condado de San Diego y eso incluye a nuestras grandes comunidades de inmigrantes y refugiados. Es comprensible que si usted es un refugiado de otro país, un inmigrante documentado o indocumentado, puede haber incertidumbre acerca de denunciar un delito a la policía”, dijo la Fiscal Summer Stephan. “Queremos aliviar los temores que tienen las personas en estas comunidades y alentarlos a que se comuniquen con la policía local y cooperen con la oficina de la Fiscalía de Distrito si ellos, un familiar o un amigo se convierten en víctimas de un delito. No preguntaremos su estatus migratorio, lo cual es la ley en California, y tenemos servicios que pueden ayudarlos”.

Hasta el momento, la Oficina de la Fiscalía del Distrito ha impreso tarjetas en inglés, español, farsi y ucraniano, que animan a los refugiados e inmigrantes, ya sean indocumentados o documentados, que son víctimas o testigos de un delito, a denunciar el incidente a las agencias del orden público. Los departamentos de policía, el departamento del Alguacil del Condado de San Diego y la Oficina de la Fiscalía de Distrito solo están preocupados por los detalles del delito, no por el estado migratorio de una persona.

La Oficina de la Fiscalía del Distrito de San Diego, de acuerdo con la ley de California, no reporta el estado migratorio y no tolera ninguna acción destinada a interferir o tomar represalias contra posibles testigos de delitos.

La Supervisora ​​del Condado de San Diego, Nora Vargas, quien representa al Distrito 1, dijo que la divulgación es necesaria ya que la población inmigrante del condado es significativa y está en constante evolución.

«Independientemente de su estado migratorio, todos los residentes de nuestro condado deben sentirse seguros al acceder al sistema de justicia si son víctimas, testigos o de otra manera perjudicados por un delito; es su derecho», dijo la Vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado Nora Vargas. «Me enorgullece trabajar en colaboración con la Oficina de la Fiscalía de Distrito y nuestra Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados en este esfuerzo por distribuir ampliamente tarjetas de información para recordar a los refugiados e inmigrantes que no se les preguntará sobre su estatus migratorio cuando soliciten ayuda de agencias del orden público».

Los datos locales proporcionados al Coordinador de Refugiados del Condado por los socios de la agencia de reasentamiento local muestran que hubo 3,715 llegadas de refugiados de 29 países al condado de San Diego durante el año fiscal 2021/2022. La Fiscalía está trabajando en conjunto con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados del Condado de San Diego, que está distribuyendo las tarjetas impresas a organizaciones sin fines de lucro y otros grupos que brindan ayuda y recursos para inmigrantes.

“Es esencial que las poblaciones de inmigrantes y refugiados se sientan seguras y apoyadas en su comunidad”, dijo Lucero Chavez Basilio, Directora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados del Condado, Departamento de Soluciones para Personas sin Hogar y Comunidades Equitativas. “Distribuiremos estas tarjetas en la comunidad para ayudar a garantizar que todos los residentes del condado conozcan sus derechos y entiendan que tienen acceso a recursos que pueden ayudar a protegerlos a ellos y a sus familias, sin temor a repercusiones o consecuencias no deseadas e independientemente de su estatus migratorio. Reiterar este mensaje es un paso importante para crear un futuro justo, sostenible y resiliente para todos”.

La Fiscal de Distrito también ha producido videos en inglés y español que presentan a la Fiscal de Distrito Summer Stephan y al Cardenal Robert McElroy. Los videos están siendo publicados en las redes sociales y compartidos por Caridades Católicas, a través de su extensa red, para conectarse con estas poblaciones vulnerables y asegurarles que su estado no debería impedirles denunciar un delito o buscar servicios para víctimas. Caridades Católicas tiene una programación que trabaja para facilitar una experiencia de transición efectiva y memorable para los refugiados a través de una provisión integrada de servicios: reasentamiento, empleo, aculturación, manejo de casos y salud.

 “La seguridad de las comunidades de inmigrantes y refugiados está cerca del corazón de Dios, y somos bendecidos de que aquí en el condado de San Diego, una persona que denuncie un delito contra sí misma o su familia o amigos encontrará justicia y protección sin ningún tipo de responsabilidad poniendo en peligro su estatus migratorio o su derecho a continuar viviendo en esta comunidad”, dijo el Cardenal McElroy.

Cualquier persona que haya sido víctima de un delito y necesite asistencia puede llamar al 619-531-4041. Un defensor de víctimas de la Fiscalía de Distrito hablará con usted y determinará cómo podemos ayudarlo. Los servicios del programapara víctimas se brindan sin costo y no existe un requisito legal de ciudadanía para recibir asistencia. Puede encontrar más información sobre la División de Servicios para Víctimas de la Fiscalía aquí.