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Condena de 24 Años de Prisión para Miembro de Pandilla que Disparó y Paralizó a una Adolescente Inocente

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que las acusaciones contra tres miembros de pandillas involucrados en un tiroteo ocurrido hace dos años —que dejó paralizada a una adolescente inocente— han concluido con la sentencia del último acusado, Juan Velazco Diaz, de 21 años de edadd, a 24 años en prisión estatal por sus crímenes violentos.

El 28 de octubre de 2023, dos grupos rivales de pandillas se enfrentaron afuera de una fiesta de preparatoria en el área de Talmadge, en San Diego. Tras intercambiar desafíos verbales relacionados con pandillas, un miembro de cada pandilla, Juan Velazco Diaz y Kenneth Hill, sacaron armas de fuego y se dispararon entre sí. Velazco Diaz disparó primero, falló a su objetivo y la bala impactó a Brianna Wallace, una porrista de preparatoria de 17 años de edad, que se encontraba al otro lado de la calle cerca de la cuadra 4400 de Winona Avenue. Wallace recibió un disparo en la espalda y quedó paralizada de inmediato de la cintura hacia abajo.

“Es desgarrador cuando miembros inocentes de nuestra comunidad quedan atrapados en el fuego cruzado de una violencia de pandillas sin sentido”, dijo la Fiscal Stephan. “Nuestros corazones están con la víctima adolescente, cuyo valiente testimonio fue fundamental para lograr justicia en este caso. Los actos de violencia de pandillas devastan vecindarios y nunca serán tolerados. Nuestra oficina mantiene su compromiso de responsabilizar plenamente a quienes cometen este tipo de violencia y de trabajar con nuestros socios de las fuerzas del orden para reducir el crimen organizado de pandillas y prevenir que estas tragedias ocurran”.

Tras una investigación conjunta entre la Unidad de Pandillas del Departamento de Policía de San Diego y la Unidad de Pandillas de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, Velazco Diaz, Kenneth Hill, de 20 años, y Davian Austin, de 21 años, fueron arrestados por su participación y procesados judicialmente. Hill y Austin fueron declarados culpables de agresión con arma de fuego, y Velazco Diaz fue condenado por intento de asesinato con uso de arma de fuego y agresión con uso de arma de fuego que causó parálisis. Hill recibió una condena de nueve años de prisión. Austin fue sentenciado a un año de cárcel y puesto en libertad condicional formal por dos años.

El Fiscal Auxiliar Kyle Sutterley, de la División de Pandillas de la Fiscalía, llevó la acusación en este caso.

La División de Pandillas de la Fiscalía de Distrito procesa casos complejos de homicidio y otros delitos graves perpetrados por miembros violentos de pandillas que aterrorizan a los vecindarios. Estos casos son manejados por un solo fiscal de principio a fin —también conocido como enjuiciamiento vertical. Los casos de esta división son atendidos por 26 fiscales y 20 investigadores altamente capacitados para llevar justicia a las familias afectadas por la violencia. En 2024, la División de Pandillas llevó a cabo 23 juicios con jurado por homicidio, lo que representa más del 40% del total de homicidios juzgados en la Fiscalía. La división también procesó otros casos, incluidos secuestro con fines de violación, agresión con lesiones corporales graves, robo, robo de vehículos y posesión de armas de fuego ilegales —como las llamadas “armas fantasma”— por parte de miembros de pandillas.

Gran Jurado Imputa a 21 Acusados por Conspirar Para Participar en Carreras Callejeras Altamente Peligrosas

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que 21 personas han sido imputadas por un gran jurado por conspirar para participar en exhibiciones de velocidad, así como en actos de conducción imprudente ilegal y competencias de velocidad en carreteras públicas, por emoción, competencia, presumir y con el propósito de obtener fama en redes sociales. Los cargos se presentan mientras las fuerzas del orden coordinan esfuerzos para disuadir y reducir las carreras callejeras ilegales y el exceso de velocidad en las vías del condado.

Veinte de los veintiún acusados fueron arrestados o se entregaron el 6 de enero, y las presentaciones de cargos están programadas para las 9:30 a. m. los días 12, 13 y 15 de enero.

“Correr por nuestras autopistas a velocidades extremadamente peligrosas, con total desprecio por otros conductores y familias que comparten las vías, es una receta para una catástrofe”, dijo la Fiscal Stephan. “Esta imputación es una advertencia para cualquiera que siquiera esté pensando en participar en una competencia de velocidad: este comportamiento ilegal no será tolerado y se les exigirá rendir cuentas”.

El gran jurado escuchó testimonios y revisó pruebas durante seis días antes de emitir las imputaciones. La conducta de carreras callejeras ocurrió en marzo de 2025 en cinco ocasiones distintas en varias partes del Condado de San Diego. Los acusados se comunicaron a través de redes sociales para planear reuniones en lugares donde exhibían sus vehículos de alto rendimiento, realizaban trompos (“donuts”) y quemadas de llantas (“burnouts”), y conspiraban para participar en actos de exhibición de velocidad en autopistas.

Muchos de los vehículos fueron modificados, en ocasiones de manera ilegal, para mejorar su desempeño en las carreras. A lo largo de los incidentes, los miembros de la conspiración participaron en múltiples carreras en autopistas, alcanzando velocidades superiores a las 100 millas por hora y, en algunas ocasiones, de más de 150 a 160 millas por hora. Los acusados corrieron entre y alrededor del tráfico sin considerar la seguridad de otros vehículos en la vía. Las carreras tuvieron lugar en las Interestatales 8, 805 y 15, así como en la SR-94 y en caminos de montaña que serpentean por Pauma Valley. Todos los miembros de la conspiración participaron en eventos de carreras que fueron grabados por varios participantes y posteriormente publicados en redes sociales con el propósito de obtener atención.

Las competencias ilegales de velocidad son altamente peligrosas y han causado seis muertes y numerosas lesiones en los últimos cuatro años, lo que subraya el creciente peligro que estos eventos representan para el público. Entre los choques fatales recientes se incluyen:

  • La muerte de un joven de 17 años en Chula Vista después de que un presunto conductor compitiendo perdiera el control en julio de 2025.
  • La muerte de una persona que estaba corriendo/trotando en Point Loma, quien fue atropellada por vehículos que se cree estaban compitiendo en diciembre de 2024.
  • Un choque fatal en Otay Mesa en el que un Mustang que viajaba a velocidad extrema atropelló y mató a un espectador en una carrera ilegal de arrancones en octubre de 2021.
  • La muerte de un adolescente en una colisión en Linda Vista que dejó a otras cinco personas gravemente heridas en marzo de 2021.
  • La muerte de una abuela como resultado de un choque en Chula Vista, donde un conductor que participaba en carreras callejeras se pasó un semáforo en rojo, matando a la mujer e hiriendo a sus nietos en junio de 2021.
  • Una persona murió y dos resultaron gravemente heridas tras un choque en Oceanside en el que se observó a los conductores compitiendo momentos antes del impacto en septiembre de 2021.

“Las carreras callejeras, la conducción imprudente y las tomas ilegales ponen vidas en riesgo, dañan nuestras calles y perturban nuestros vecindarios”, dijo el Jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl. “Esta imputación del Gran Jurado refleja el arduo trabajo de nuestros investigadores y demuestra que cuando los residentes expresan sus preocupaciones, la Ciudad y el Condado actúan. Agradecemos nuestra colaboración con la Oficina de la Fiscalía de Distrito y nuestras agencias asociadas para exigir responsabilidades a estos conductores, y continuaremos nuestras operaciones para disuadir estos delitos en nuestras calles”.

Foto de vehículos incautados durante el operativo.

Foto de vehículos incautados durante el operativo.

Durante su investigación de los incidentes de mayo de 2025, las fuerzas del orden incautaron 16 vehículos, entre ellos:

  • Dos Dodge Charger SRT
  • Un Dodge Charger R/T
  • Un Chevrolet Camaro
  • Un Ford Mustang
  • Tres Dodge Challenger “Hellcat”
  • Un Dodge Charger
  • Un BMW Serie 8
  • Un Chevrolet Corvette
  • Un Honda Civic Type R
  • Un Dodge Durango SRT
  • Dos Jeep Grand Cherokee “Trackhawk”
  • Un McLaren

“Las carreras callejeras son ilegales, imprudentes y mortales, y quienes decidan participar o ayudar deben esperar ser identificados, arrestados y procesados penalmente”, dijo el Jefe de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Anthony Coronado. “La Patrulla de Caminos de California investigará agresivamente estos delitos y exigirá responsabilidades a conductores, organizadores y espectadores. El uso imprudente de un vehículo pone vidas en peligro y no será tolerado”.

Los arrestos fueron el resultado de un esfuerzo coordinado que incluyó la cooperación de múltiples agencias policiales en todo el Condado de San Diego, entre ellas el Departamento de Policía de San Diego, la Patrulla de Caminos de California, la Fuerza de Tarea de Narcóticos, la Fuerza de Tarea Regional contra el Robo de Vehículos, el Departamento de Policía de Chula Vista, el Departamento de Policía de La Mesa, la Oficina del Sheriff de San Diego, el Departamento de Policía de Escondido y el Servicio de Investigación Criminal Naval.

Esta investigación de seis meses comenzó con la Unidad de Investigaciones Especiales de Tránsito del Departamento de Policía de San Diego, en conjunto con la Patrulla de Caminos de California, en respuesta a la serie de muertes ocurridas en los últimos años. En conjunto, estas tragedias destacan las graves consecuencias de las carreras callejeras ilegales en toda la región y los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden para combatir este comportamiento imprudente y, con frecuencia, mortal.

Este caso está siendo procesado por los Fiscales Auxiliares Evan Andersen, Lauren Hugo, Jacob Carbajal y Makenzie Harvey.

Juez Concede Audiencia de Revocación y Nueva Sentencia Para el Autor del Tiroteo en la Preparatoria Santana, Andy Williams, Pese a la Fuerte Oposición de la Fiscalía de Distrito

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que una juez del Tribunal Superior ha concedido la solicitud del autor del tiroteo en la Preparatoria Santana, Charles “Andy” Williams, para revocar su sentencia original y permitir que sea sentenciado nuevamente. La decisión dará lugar a que el acusado sea transferido al sistema de justicia juvenil y a su liberación inmediata de prisión sin ninguna supervisión de libertad condicional ni determinación de que dicha medida no represente un riesgo para la seguridad pública. Durante la audiencia, la juez escuchó sólidos argumentos legales de la Fiscalía de Distrito en contra de permitir una audiencia de nueva sentencia para este asesino. Los fiscales argumentaron que una sentencia de 50 años a cadena perpetua no constituye el equivalente funcional de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La juez, reconociendo que existe una división de criterios en decisiones del Tribunal de Apelaciones sobre el tema ante este tribunal, optó por seguir las decisiones de nuestro tribunal de apelaciones y conceder la solicitud del recluso Williams de revocar su sentencia.

La Fiscalía de Distrito presentará de inmediato una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, División Uno, e intentará nuevamente detener la liberación de Williams.

“Este acusado llevó a cabo un ataque calculado y a sangre fría durante el cual ejecutó a dos jóvenes estudiantes y disparó contra otros 11 estudiantes y dos funcionarios escolares, traumatizando para siempre a una comunidad”, dijo la Fiscal Stephan. “Como fiscales, nuestro deber es garantizar justicia para las víctimas y proteger la seguridad pública, y las acciones crueles del acusado en este caso siguen justificando la sentencia de 50 años a cadena perpetua que se le impuso. Respetuosamente discrepamos de la decisión del tribunal y continuaremos nuestra lucha legal en el Tribunal de Apelaciones y en la Corte Suprema si es necesario. Los fiscales presentaron una postura legal sólida, liderada por la Fiscal Adjunta Nicole Roth, argumentando que una sentencia de 50 años a cadena perpetua no es, por sí sola, el equivalente funcional de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y, además, que la ley permite al acusado la oportunidad de libertad condicional juvenil y de adulto mayor en el futuro. De hecho, Williams ya tuvo una audiencia de libertad condicional juvenil y fue considerado no apto para su liberación. Estas mismas oportunidades no se les dieron a las dos víctimas que fueron ejecutadas. Ellas no serán liberadas de la tumba ni devueltas a sus familias. En algún momento, nuestras leyes deben equilibrar los derechos de los acusados, los derechos de las víctimas y el derecho de la comunidad a estar segura. Muchos autores de tiroteos escolares son jóvenes, así que ¿qué mensaje quiere dar nuestra legislatura para disuadirlos de llevar a cabo tiroteos horrendos?”

El caso de Williams fue transferido al Tribunal de Menores para una audiencia de disposición. En una audiencia de disposición, debido a la edad de Williams cuando asesinó a dos estudiantes e intentó asesinar a otros 13, sus condenas como adulto serán reclasificadas como “determinaciones verdaderas” juveniles, y no podrá ordenarse que cumpla más tiempo de custodia. Se ordenará la liberación de Williams de prisión y podría ser colocado bajo hasta dos años de libertad condicional juvenil. Conforme a la ley vigente, el tribunal no tendrá la oportunidad de sopesar factores agravantes o atenuantes al dictar la orden de disposición, ni hará una determinación de que dicha orden no representa un riesgo para la seguridad pública.

El 5 de marzo de 2001, ocurrió un trágico tiroteo escolar en la Preparatoria Santana en Santee. Williams, quien tenía 15 años en ese momento, abrió fuego en el campus, matando a dos estudiantes —Bryan Zuckor, de 14 años, y Randy Gordon, de 17— e hiriendo a otros 13, incluidos 11 estudiantes y dos miembros del personal.

El incidente comenzó alrededor de las 9:20 a. m., cuando Williams ingresó a un baño de varones con un revólver calibre .22 tomado del gabinete de armas con llave de su padre. Disparó contra un estudiante dentro del baño y luego salió para disparar contra otros en el pasillo y en el área del patio de la escuela. Testigos lo describieron como calmado y metódico, regresando al baño varias veces para recargar antes de continuar disparando contra estudiantes y personal en el pasillo. Finalmente fue detenido por la policía sin resistencia.

En agosto de 2002, Williams se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado como adulto a 50 años a cadena perpetua. Actualmente se encuentra encarcelado en la Institución para Hombres de California en Chino, California, y se volvió elegible para libertad condicional en septiembre de 2024. Su primera solicitud de libertad condicional fue denegada, y la Junta de Libertad Condicional señaló que seguía representando un riesgo para la seguridad pública. Al tomar su decisión, la Junta indicó que no está claro si Williams comprende por qué cometió “este acto de violencia horrendo”.

En 2011, un cambio en la ley permitió a los jueces revocar o reducir sentencias de adultos en el “interés de la justicia” y creó vías para que los infractores juveniles con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional solicitaran la revocación de su sentencia y una nueva sentencia. En 2022, la decisión del Tribunal de Apelaciones en People v. Heard amplió el proceso de solicitud de nueva sentencia a infractores juveniles que cumplen el “equivalente funcional” de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 6 de marzo de este año, el abogado de Williams presentó ante el tribunal una petición de revocación de sentencia y una nueva sentencia, poniendo en marcha el proceso legal para que un juez considere su solicitud.

La Fiscalía de Distrito ha notificado a decenas de víctimas afectadas por el tiroteo sobre la solicitud de una nueva sentencia del acusado, cumpliendo con sus responsabilidades conforme a la Ley de Marsy.

El tiroteo en la Preparatoria Santana sigue siendo uno de los más dolorosos en la historia del Condado de San Diego.

Rachel Solov, Fiscal Adjunta de Distrito

La Fiscal de Distrito Stephan Nombra a Rachel Solov Como Nueva Fiscal Adjunta de Distrito

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que ha designado a Rachel Solov para el cargo de Fiscal Adjunta de Distrito, tras la jubilación de Dwain Woodley este mes. Solov es la primera mujer en ocupar el puesto número dos en la Oficina de la Fiscalía de Distrito.

Durante su trayectoria en la Oficina de la Fiscalía de Distrito, Solov ha desempeñado cargos de liderazgo como jefa de equipo en el Norte del Condado, jefa de división de la División de Justicia Colaborativa, jefa de Estrategias de Salud Mental y Reforma de la Justicia Penal, y como Fiscal Auxiliar Principal (Chief Deputy District Attorney). En este último cargo, Solov ha supervisado numerosas divisiones, entre ellas Operaciones Especiales, Tribunal Superior, Pandillas, casos de la Corte Juvenil, Delitos Económicos y Protección al Consumidor, Fraude de Seguros y Justicia Laboral, Presentación de Casos y Justicia Colaborativa.

Además, ha trabajado estrechamente con Salud Conductual del Condado y otras áreas del Condado para promover innovaciones que han fortalecido la seguridad pública.

“Rachel Solov aporta un liderazgo excepcional, amplia experiencia como fiscal, buen criterio y una pericia única a este puesto crítico de seguridad pública como segunda al mando de nuestra oficina”, dijo la Fiscal Stephan. “La experiencia estatal de Rachel en evaluación de amenazas e innovaciones en la justicia penal que abordan la intersección entre la salud mental, la adicción, la falta de vivienda y la seguridad pública es más necesaria que nunca. Espero trabajar junto a la Fiscal Adjunta Solov para cumplir nuestra misión de buscar una justicia justa e igualitaria para todos, la protección de las víctimas del delito, el enjuiciamiento de quienes dañan a nuestros vecindarios y una prevención inteligente del crimen”.

Solov, fiscal de carrera, comenzó en la Oficina de la Fiscalía de Distrito como pasante en el programa de Atención a Víctimas y Testigos en 1994. Inició su labor como fiscal en 1999 y ha trabajado en numerosas divisiones de la Oficina de la Fiscalía de Distrito, incluidas el Tribunal Superior, Delitos Sexuales y Trata de Personas, la sede del Norte del Condado, la sede del Este del Condado, Presentación de Casos y la División de Justicia Colaborativa. A lo largo de su carrera, Solov ha procesado delitos menores y graves, agresiones sexuales, depredadores sexuales violentos, casos de acecho, amenazas y homicidios. Es gestora certificada en evaluación de amenazas y ha sido reconocida a nivel nacional por sus importantes aportes al campo de la evaluación y gestión de amenazas.

“Me siento profundamente honrada de haber sido seleccionada por la Fiscal de Distrito Summer Stephan para servir como Fiscal Adjunta de Distrito”, dijo Solov. “Habiendo dedicado mi carrera a la fiscalía, estoy comprometida a utilizar mi experiencia para fortalecer la seguridad pública, apoyar a las víctimas del delito y garantizar que la justicia se persiga de manera justa y reflexiva. Es un privilegio servir a los residentes del Condado de San Diego y trabajar junto a los fiscales y al personal dedicado que llevan a cabo esta importante misión todos los días”.

Solov, de 54 años, creció en Los Ángeles, pero ha sido parte de la comunidad de San Diego desde que asistió y se graduó con honores (Cum Laude) de la Universidad Estatal de San Diego. Estudió Derecho en la Universidad de San Diego, donde se graduó en 1998. Durante sus estudios, se desempeñó como editora ejecutiva de la publicación San Diego Law Review.

El nombramiento es efectivo de inmediato.

Dwain Woodley dedicó 24 años a la Oficina de la Fiscalía de Distrito y se desempeñó como Fiscal Adjunto de Distrito desde 2021.

“Con profunda gratitud, deseo al Fiscal Adjunto de Distrito Dwain Woodley una maravillosa jubilación”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy muy orgullosa de todos los logros de ADA Woodley, que ayudaron a mantener al Condado de San Diego como una de las regiones más seguras del país a través de una fiscalía ética y el servicio público”.

La Fiscal Stephan Testifica Ante el Comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el Crimen, y Actualiza al Congreso sobre la Amenaza Nacional del Crimen Organizado de Robo en el Comercio Minorista

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, testificó hoy ante el Congreso por segunda vez este año, compareciendo ante el Subcomité sobre Crimen y Vigilancia del Gobierno Federal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Durante sus declaraciones, la Fiscal ofreció un panorama de cómo ha evolucionado el crimen organizado de robo en el comercio minorista en los últimos años, incluyendo una actualización sobre los avances logrados en el Condado de San Diego bajo la Proposición 36.

“El crimen organizado de robo en el comercio minorista no es un delito sin víctimas”, dijo Stephan a los legisladores. “Daña a los trabajadores, a los consumidores, a los pequeños negocios y a comunidades enteras. Socava la seguridad pública y erosiona la confianza en el estado de derecho”.

Vea aquí el testimonio de la Fiscal Stephan.

La Fiscal Stephan instó al Congreso a tomar medidas para combatir la creciente amenaza del crimen organizado de robo en el comercio minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están perjudicando a comunidades y negocios en todo el país mediante robos y allanamientos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal Stephan fue convocada a testificar por su experiencia en el combate a este tipo de delitos en el Condado de San Diego.

Stephan citó datos nacionales que estiman que los comercios minoristas en Estados Unidos perdieron 45 mil millones de dólares por robos en 2024, con pérdidas proyectadas que superarán los 53 mil millones de dólares para 2027. Enfatizó que el robo organizado contribuye al cierre de tiendas, la pérdida de empleos, el aumento de precios para los consumidores y un incremento de la violencia contra los empleados del comercio minorista.

Solo en el Condado de San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha presentado casos de robo organizado en el comercio minorista contra 336 acusados durante un período de tres años, lo que resultó en más de 3.2 millones de dólares en pérdidas documentadas y en sentencias significativas de prisión y cárcel para los infractores condenados.

El testimonio de Stephan destacó numerosos casos que involucran robos coordinados tipo “flash mob”, redes de robos a comercios que operan en varios estados y organizaciones criminales transnacionales —incluidos los Grupos de Robo Sudamericanos (SATG, por sus siglas en inglés)— responsables de robos residenciales de alto nivel y de robos comerciales a gran escala, con mercancía robada enviada al extranjero.

Stephan señaló las recientes reformas legales en California, incluida la Proposición 36 aprobada por los votantes, que fortaleció las sanciones para los reincidentes en delitos de robo y amplió la capacidad de los fiscales para acumular robos ocurridos en distintos lugares y periodos de tiempo. Estos cambios han permitido a las fuerzas del orden enfocarse mejor en redes criminales organizadas, en lugar de tratar los robos como incidentes aislados.

“Nuestra experiencia en California demuestra que las leyes sólidas y claras, combinadas con la colaboración, funcionan”, afirmó Stephan. “La Proposición 36 ha marcado una verdadera diferencia para los negocios locales y el enjuiciamiento de estos delincuentes reincidentes está haciendo que las tiendas y la comunidad sean más seguras. Al enfatizar la rendición de cuentas junto con el tratamiento y la rehabilitación, los datos también muestran que la Proposición 36 está funcionando para abordar las causas fundamentales del comportamiento criminal habitual. Este tipo de reforma puede servir como modelo para la nación”.

La Fiscal de Distrito Stephan expresó un fuerte apoyo a la ley bipartidista Combating Organized Retail Crime Act, que ampliaría las herramientas federales de aplicación de la ley y crearía un Centro Nacional de Coordinación contra el Crimen Organizado de Robo en el Comercio Minorista. Subrayó que las redes de robo organizado cruzan de manera rutinaria fronteras municipales, de condados, estatales e internacionales, lo que hace esencial la coordinación a nivel federal.

También destacó la necesidad de mejorar el intercambio de datos, fortalecer las alianzas público-privadas y promover campañas de concientización pública para reducir la reventa de bienes robados en línea y en mercados informales.

Además del robo en el comercio minorista, Stephan abordó delitos basados en el fraude, como estafas con tarjetas de regalo y fraudes contra personas mayores, señalando que solo en el Condado de San Diego se registraron pérdidas por 149 millones de dólares en estafas a adultos mayores en un solo año. Recalcó que los sistemas nacionales integrados de datos podrían revelar conexiones entre redes de robo organizado y de fraude que operan simultáneamente.

“Restablecer el estado de derecho significa una rendición de cuentas acorde con el delito”, dijo Stephan. “Debemos distinguir entre infracciones menores y empresas criminales sofisticadas que se aprovechan tanto de los consumidores como de los negocios”.

La Fiscal de Distrito Stephan reafirmó el compromiso de su oficina de trabajar con el Congreso, las fuerzas del orden, los comercios minoristas y los socios comunitarios para combatir el crimen organizado.

“Estamos listos para ayudar a fortalecer las leyes y los recursos para proteger a nuestras comunidades, nuestros negocios y a nuestros consumidores”, concluyó. “Juntos, podemos enfrentar este desafío y garantizar que se haga justicia”.

También testificaron en la audiencia de hoy Scott McBride, Director Global de Protección de Activos y Director de Seguridad de American Eagle Inc.; Chris Spear, Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Transporte por Camión; y Shane Bennett, Principal de Defensa Cibernética contra Robo, Fraude y Abuso de Target.

La Fiscalía y Downtown Partnership Se Unen para Disuadir el Robo en Tiendas y Apoyar a los Negocios

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, unió hoy a Downtown San Diego Partnership y al Departamento de Policía de San Diego para informar a los negocios que las nuevas leyes bajo la Proposición 36, aprobada por el Pueblo, están proporcionando responsabilidad junto con tratamiento, y para animar a que reporten los delitos a las autoridades.

Para apoyar la implementación efectiva de las nuevas leyes, se está informando a los negocios que hay disponible señalización gratuita para ventanas, cortesía de la Alianza Contra el Crimen Minorista Organizado de San Diego y la Fiscalía, que advierte a quienes intenten cometer robos en tiendas que serán procesados, especialmente aquellos infractores reincidentes que constantemente atacan a los comercios y amenazan la seguridad pública. A un año de que la Proposición 36 entró en vigor, la Fiscal Stephan también proporcionó una actualización sobre los procesos legales bajo esta nueva ley.

“La Proposición 36 ha marcado una diferencia real para los negocios locales y procesar a estos infractores habituales está haciendo que las tiendas y la comunidad sean más seguras—en todo el condado y en el centro de San Diego”, dijo la Fiscal Stephan. “Desde que la ley entró en vigor, los dueños de negocios han podido llamar a la policía para detener a ladrones reincidentes que aterrorizaban a sus empleados y clientes. Al enfatizar la responsabilidad junto con el tratamiento y la rehabilitación, los datos también muestran que la Proposición 36 está funcionando para abordar las causas fundamentales del comportamiento criminal habitual.”

Datos publicados el mes pasado muestran que al 11 de noviembre de 2025, se han presentado 2,721 casos bajo una de las dos porciones clave de la Proposición 36: infractores reincidentes de robo acusados bajo el Código Penal sección 666.1 y reincidentes en delitos relacionados con drogas duras, acusados bajo el Código de Salud y Seguridad sección 11395. Aproximadamente el 65 por ciento de los casos corresponden a cargos por drogas, mientras que alrededor del 35 por ciento están relacionados con robo en tiendas.

En aproximadamente el 98 por ciento de esos casos, la corte ha colocado a los acusados en una vía de tratamiento para abordar su adicción u otras causas subyacentes del delito.

La Fiscal Stephan estuvo acompañada hoy en una conferencia de prensa por el Alcalde de San Diego Todd Gloria, el Capitán de Policía de San Diego Ryan Hallahan, y Alonso Vivas, Vicepresidente y Director Ejecutivo del programa Clean and Safe de Downtown San Diego Partnership, para ofrecer una actualización sobre los procesos bajo la Proposición 36, explicar cómo responde la policía a los llamados de servicio cuando ocurren robos, y destacar el apoyo que Downtown Partnership brinda a los negocios en el núcleo urbano de la ciudad.

Durante los últimos 12 meses, pequeños y grandes negocios locales han expresado alivio por la implementación de las disposiciones para infractores reincidentes de robo bajo la Proposición 36, con algunos reportando que penas más estrictas están disuadiendo el robo y proporcionando un sentido de seguridad a negocios previamente atacados por infractores recurrentes.

“Por primera vez en años, los negocios, residentes y visitantes del centro sienten que el sistema está funcionando con ellos en lugar de en su contra”, dijo Vivas. “Desde que la Proposición 36 entró en vigor, escuchamos de tiendas que finalmente están viendo un alivio real del robo en comercios y menos reincidentes regresando por sus puertas.”

Las estadísticas del Departamento de Policía de San Diego para 2025 muestran que ha habido una disminución del 23 por ciento en el centro de San Diego en robo, asalto con robo, allanamiento, hurto y otros delitos contra la propiedad. En 2024 hubo 3,515 de estos delitos y este año ha habido 2,708.

“Los esfuerzos del SDPD en el centro de la ciudad  buscan proteger a nuestra comunidad de comportamientos criminales que amenazan la seguridad, el comercio y la calidad de vida”, dijo el Capitán del SDPD Ryan Hallahan. “La Proposición 36 nos brinda la capacidad de hacer cumplir violaciones específicas de narcóticos y robos como delitos graves, responsabilizar a las personas por actos criminales y proporcionar tratamiento a quienes luchan contra la adicción. Es alentador ver que las estadísticas muestran resultados positivos para nuestros negocios del centro, y nuestros equipos continuarán trabajando para mantenerlo así.”

 

“La Proposición 36 está dando resultados para San Diego”, dijo el Alcalde Gloria. “El centro de la ciudad está viendo menos delitos contra la propiedad, y estamos devolviendo la responsabilidad a los infractores reincidentes mientras seguimos ofreciendo tratamiento y servicios para quienes luchan contra la adicción. El robo en tiendas perjudica a todos: dueños de pequeños negocios, trabajadores y clientes. Insto a los san Dieguinos a reportar estos delitos cuando ocurran. Cada reporte nos ayuda a responsabilizar a los infractores y mantener nuestra ciudad segura para todos.”

 

“Un año después de que los votantes aprobaron la Proposición 36 de manera contundente, estamos viendo que está cumpliendo su promesa”, dijo el Regidor de la Ciudad de San Diego Stephen Whitburn, quien representa el centro de la ciudad. “La Fiscal Stephan y nuestros oficiales de la ley están responsabilizando a los infractores reincidentes, y eso es fundamental para proteger a los residentes y negocios del centro. Este esfuerzo coordinado está renovando la confianza de mis electores que viven y trabajan en el centro.”

En la conferencia de prensa de hoy, se recordó a los negocios que pueden tomar pasos proactivos para maximizar el impacto de la Proposición 36, incluyendo:

  • Reportar delitos y educar a los empleados sobre aspectos de las nuevas leyes.
  • Invertir en sistemas de vigilancia para documentar mejor los delitos y capacitar a los empleados sobre cómo documentar la evidencia y las pérdidas sufridas.
  • Colaborar con las autoridades para mantenerse informados sobre las soluciones disponibles bajo la nueva ley.

Los dueños de negocios y el público deben reportar robos, compartir información y apoyar los esfuerzos para responsabilizar a los infractores, con el fin de promover la seguridad pública y mantener una comunidad próspera.

Además, se recordó hoy a los negocios que hay calcomanías adhesivas gratuitas para ventanas que advierten a los posibles ladrones que serán procesados. Para solicitar una calcomanía gratuita, los negocios pueden enviar un correo a: SanDiegoDA@sdcda.org.

Ante el reconocimiento del aumento en el robo minorista organizado, hace varios años la Fiscalía formó un equipo especializado de fiscales e investigadores para combatir este delito. El equipo trabaja con negocios locales y con las autoridades para construir pruebas sólidas, lo que finalmente conduce a casos más robustos. Además de trabajar con Downtown San Diego Partnership y las Cámaras de Comercio del condado, la Fiscalía también participa en la Alianza Contra el Crimen Minorista Organizado de San Diego (SDORCA), uniendo esfuerzos entre investigaciones públicas y privadas de robo minorista organizado en negocios grandes y pequeños del condado.

La Proposición 36, que fue aprobada con el 68 por ciento del voto en 2024, entró en vigor en diciembre del año pasado. La Fiscalía se ha comprometido a implementar con éxito esta medida transformadora en colaboración con el Sheriff, los jefes de policía del condado, la corte y la comunidad. La medida:

  • Proporciona consecuencias más estrictas para infractores reincidentes de robo, quienes cometen robos tipo “smash and grab” y redes de robo organizado, para ayudar a detener el ciclo de reincidencia.
  • Requiere que los distribuidores convictos de fentanilo y drogas duras reciban una advertencia de que, si vuelven a vender drogas ilegales y alguien muere, serán responsables por la muerte de la víctima. La ley proporciona consecuencias adicionales para los distribuidores de drogas ilegales que causan lesiones graves o muerte, que portan armas de fuego mientras venden narcóticos, o que están involucrados en la distribución de cantidades inusualmente grandes de narcóticos.
  • Incentiva tratamientos que salvan vidas para acusados que sufren de adicción creando el nuevo Delito Grave con Tratamiento Obligatorio, que ofrece tratamiento como alternativa al encarcelamiento para quienes poseen ilegalmente drogas duras como fentanilo y metanfetamina, abordando la causa raíz de muchos delitos.

Más información sobre la implementación de la Proposición 36 puede encontrarse en el sitio web de la Fiscalía, aquí.

Photo of Gavel and prison cell.

Concluye Caso de Agresión de los Hells Angels

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un proceso penal que involucró a miembros de los Hells Angels y otros pandilleros concluyó con 14 acusados condenados y sentenciados por un brutal ataque contra tres jóvenes en una acera pública de Ocean Beach. El ataque fue perpetrado por miembros de los Hells Angels de San Diego, junto con integrantes de otras pandillas de motociclistas subordinadas a ellos.

“El resultado exitoso de este caso demuestra el compromiso de mi oficina para hacer que las pandillas organizadas rindan cuentas por una amplia gama de delitos, incluidos los crímenes de odio violentos”, dijo la Fiscal Stephan. “Este fue un ataque no provocado y brutal que casi terminó en tragedia. Agradezco a nuestro equipo de fiscales por su dedicación para lograr justicia mientras este complejo caso avanzaba a través del sistema judicial penal.”

El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido en junio de 2023, después de que un gran grupo de pandilleros motociclistas tomara una acera pública en Newport Avenue para un evento llamado “Bike Night”. Las víctimas, tres hombres afroamericanos de 19, 20 y 21 años, caminaban por la calle cuando fueron brutalmente atacados sin provocación alguna. A pesar de intentar huir, las víctimas fueron alcanzadas por el grupo de acusados, quienes los golpearon y patearon en la cabeza y el cuerpo mientras yacían en el suelo, todo mientras usaban insultos raciales.

Los Hells Angels son una organización internacional cuyo propósito principal es la comisión de actividades delictivas, y cuya membresía es conocida por profesar ideologías racistas.

Durante el ataque, Troy Scholder, miembro de los Hells Angels de 45 años, sacó un cuchillo y apuñaló a una de las víctimas en el pecho, fracturándole el esternón, cortándole una arteria y casi causándole la muerte. En el momento de la apuñalada, la víctima estaba acurrucada en el suelo tratando de proteger su cabeza. Tras el intento de homicidio, Scholder guardó su cuchillo con calma, se alejó y regresó al club de los Hells Angels en El Cajon, donde más tarde fue arrestado. La víctima sobrevivió a sus heridas, al igual que la segunda víctima que perdió el conocimiento durante el ataque.

Trece de los acusados se declararon culpables de asalto con fuerza capaz de causar lesiones graves y admitieron haber actuado en beneficio y en asociación con su pandilla. Sus sentencias variaron desde libertad condicional formal hasta prisión estatal. Scholder fue declarado culpable por un jurado de intento de homicidio premeditado con agravante de crimen de odio, además de otros delitos graves, y fue sentenciado a 21 años a cadena perpetua en prisión estatal.

La División de Pandillas de la Fiscalía procesa casos complejos de homicidio y otros delitos graves cometidos por pandilleros violentos que aterrorizan vecindarios. Estos casos son manejados por un solo fiscal desde el principio hasta el final, lo que se conoce como acusación vertical. La división cuenta con 26 fiscales y 20 investigadores especializados que trabajan para llevar justicia a las familias afectadas por la violencia. En 2024, la División de Pandillas llevó a cabo 23 juicios por homicidio ante jurado, lo que representa más del 40% de los homicidios juzgados por la oficina. También procesó otros delitos como secuestro con intención de violación, asalto con lesiones graves, robo, robo de vehículo con violencia y posesión de armas de fuego ilegales, incluyendo “ghost guns”, por parte de pandilleros.

La Fiscal Auxiliar Miriam Hemming fue quien procesó este caso.

Conoce al Investigador Supervisor de la Fiscalía Osvaldo Cruz

En honor al Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, estamos destacando las historias de empleados de la Fiscalía y lo que los inspiró a seguir una carrera en el servicio público. Conozca al Investigador Supervisor de la Fiscalía, Osvaldo Cruz.

Osvaldo ha trabajado en la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego durante 10 años y recientemente celebró 26 años en el servicio policial. Actualmente se desempeña como Investigador Supervisor de la Fiscalía en la sucursal de El Cajon, donde supervisa, lidera y apoya a nuestro equipo de investigadores para garantizar que brinden asistencia investigativa integral a nuestros fiscales auxiliares. También supervisan la seguridad de la oficina, asegurando un entorno seguro tanto para nuestro personal como para el público al que servimos.

Fuera del trabajo, comparte su vida y su pasión por el servicio público con su esposa, Stacie Cruz, quien también es investigadora en nuestra oficina. Son grandes fanáticos de los Padres (especialmente Stacie) y disfrutan asistir a los juegos, viajar cuando es posible y administrar sus pequeños negocios. “Estamos orgullosos de trabajar juntos como compañeros en la vida, en la aplicación de la ley y en los negocios”, dijo Osvaldo. “Mantenerme activo tanto en la labor policial como en el emprendimiento me mantiene con energía y enfocado en mi propósito”. Lea más abajo sobre lo que inspiró a Osvaldo a seguir una carrera en el servicio público.

 

¿Por qué eligiste una carrera en el servicio público o qué te inspiró a seguir esta carrera?

“Mientras mi trayectoria profesional inicial estaba enfocada en el mundo empresarial, incluyendo un puesto en Blockbuster como encargado regional de ‘reparar’ tiendas con bajo rendimiento, comencé a sentirme cada vez más atraído por la labor policial. En mi rol corporativo trabajaba estrechamente con agencias de policía locales para combatir el robo, lo que despertó mi interés. Comencé a realizar recorridos acompañando a agentes del Departamento de Policía de Chula Vista y rápidamente sentí una vocación.

En 1999, inicié mi carrera en la aplicación de la ley como oficial correccional con el Departamento del Alguacil de San Diego, y un año después acepté una oferta para unirme al Departamento de Policía de Chula Vista, donde serví con orgullo por más de 15 años en diversos roles de investigación y liderazgo. Mi pasión por los negocios nunca desapareció. Continúo siendo propietario y operador de varias empresas fuera del trabajo, pero el servicio público ha sido siempre mi verdadera vocación.

A lo largo de mi carrera, desde patrullaje hasta unidades especializadas de investigación y ahora supervisando una sucursal, siempre he creído en fortalecer a los demás y crear equipos que se apoyen mutuamente. Ya sea trabajando en un caso, desarrollando un nuevo emprendimiento o guiando a alguien a superar un reto, me mantengo comprometido a liderar con integridad, compasión y propósito.”

 

¿Cuál es tu parte favorita del trabajo?

“Durante los años he usado una expresión personal: ‘El frasco de galletas.’ Cada vez que logro tener un impacto significativo en una víctima o su familia, guardo ese momento mentalmente en mi ‘frasco de galletas’. Cuando enfrento un caso difícil o me siento desanimado, recurro a ese frasco y me acuerdo de las vidas que he ayudado. Esa es la mejor parte de mi trabajo: saber que hice una diferencia y llevar esos momentos conmigo como motivación para seguir adelante. ¡El frasco de galletas está lleno!”

 

¿Qué significa para ti el Mes de la Herencia Hispana y por qué es importante?

“El Mes de la Herencia Hispana tiene un gran significado para mí porque nuestra cultura contribuye tan profundamente a nuestra comunidad que su presencia está entretejida naturalmente en el tejido de la vida diaria aquí en San Diego. Nací en East Los Angeles y crecí en una zona con alta presencia de pandillas en el Valle de San Fernando. Gracias a la guía firme y la disciplina inquebrantable de mi madre, logré evitar el estilo de vida de pandillas que consumió a muchos de mis amigos de la infancia. Su fortaleza marcó mi camino, y mi objetivo siempre ha sido hacerla sentir orgullosa siendo un ciudadano ejemplar.

Como mexicoamericano de primera generación, creo que es importante mostrar a los demás que con trabajo duro e integridad, nada es imposible. Me enorgullece retribuir, ya sea a través de la labor policial o del mentorazgo empresarial, y espero inspirar a otros a aspirar más alto. Mi lema personal es sencillo: cuando me vaya, solo quiero saber que dejé una huella en el mundo y que fue una huella positiva.”

DA Summer Stephan Senate Testimony on Organized Retail Crime. July 15, 2025, Washington, D.C.

La Fiscal de Distrito Stephan Testifica Ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego y Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito (NDAA, por sus siglas en inglés), Summer Stephan, testificó hoy ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, instando al Congreso a actuar con rapidez para combatir la creciente amenaza del crimen organizado minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están afectando a comunidades y negocios en todo el país a través de hurtos y robos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal de Distrito Stephan fue convocada a testificar como la voz de los fiscales de todo Estados Unidos en su papel como Presidenta de la NDAA, y por su experiencia en el combate de estos delitos organizados en el Condado de San Diego.

Pueden ver la grabación de la audiencia aquí.

En su testimonio, la Fiscal de Distrito Stephan describió la evolución del robo organizado, que ha pasado de ser incidentes aislados a convertirse en empresas criminales sofisticadas, que operan en múltiples estados e incluso a nivel internacional, responsables de pérdidas de miles de millones de dólares y de amenazas a la seguridad pública. Basándose en los exitosos procesamientos de su oficina en el Condado de San Diego, Stephan enfatizó que estos crímenes están lejos de ser sin víctimas y requieren una respuesta nacional coordinada. La Fiscal de Distrito presentó las experiencias de numerosas víctimas, como empleados de negocios pequeños y grandes, y propietarios de viviendas afectados por estas redes criminales sofisticadas y, en ocasiones, violentas.

“El crimen organizado minorista no solo está erosionando la estabilidad de los negocios y los empleos, sino que también está amenazando la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Desde robos tipo ‘smash-and-grab’ o saqueos en tiendas de lujo hasta redes internacionales de robo residencial, estamos viendo un aumento en la violencia y la sofisticación criminal que exige acciones legislativas y de cumplimiento contundentes”.

Stephan detalló las estrategias proactivas de su oficina en San Diego, incluyendo la formación de equipos especializados para procesar casos de ORC, la colaboración con la Patrulla de Caminos de California, y la creación de alianzas a través de la «Organized Retail Crime Alliance» o la Alianza de Crimen Organizado Minorista. También destacó el éxito de leyes recientes en California que permiten a los fiscales acumular múltiples robos para presentar cargos más graves. A nivel nacional, la NDAA se ha unido a la Asociación de Líderes de la Industria Minorista para lanzar iniciativas como visitar tiendas y la «Iniciativa Comunidades Vibrantes», que buscan mejorar la coordinación y la seguridad en los entornos comerciales. La Fiscal de Distrito también se ha asociado con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación Nacional de Minoristas para educar sobre prevención y enjuiciamiento efectivo.

Stephan hizo un llamado al Congreso para aprobar la Ley de Combate al Crimen Organizado Minorista de 2025 (Combatting Organized Retail Crime Act of 2025 – CORCA), la cual establecería un Centro Federal de Coordinación contra el Crimen Organizado Minorista para mejorar la colaboración nacional entre fiscales, fuerzas del orden y actores del sector privado. También pidió que se haga cumplir la «Ley INFORM», que exige la identificación de vendedores de terceros para detectar bienes robados vendidos en línea. Finalmente, Stephan subrayó la importancia de estrategias de enjuiciamiento equilibradas que diferencien entre un joven que comete un error y un delincuente habitual que se aprovecha de los pequeños negocios y vecindarios. Abogó por que el centro de coordinación conecte los puntos para combatir el crimen organizado y las organizaciones criminales transnacionales que perjudican a nuestra nación.

En San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha procesado a más de 218 acusados de ORC en los últimos dos años, en colaboración con las fuerzas del orden y minoristas, en casos que involucraron pérdidas por robos superiores a los $2.6 millones. Los casos incluyen operaciones de «smash-and-grab» o saqueos con múltiples acusados, redes de robo reincidentes que apuntan a minoristas nacionales, y redes criminales transnacionales responsables de robos interestatales y asaltos multimillonarios a joyerías.

“Nuestra experiencia demuestra que leyes inteligentes, consecuencias reales y colaboración estrecha entre jurisdicciones funcionan”, declaró Stephan. “Ahora necesitamos que el Congreso escale estos esfuerzos a nivel nacional para que ninguna comunidad quede vulnerable”.

Stephan también destacó la necesidad de que las alianzas público-privadas vayan más allá del cumplimiento de la ley y se extiendan hacia la prevención y la educación. Pidió una campaña nacional de concientización para informar a los consumidores sobre el impacto de comprar bienes robados, especialmente en mercados en línea o espacios informales como los «swap meets».

La Fiscal de Distrito Stephan argumentó que, así como son esenciales leyes sólidas y estrategias de enjuiciamiento eficaces, también lo es la participación activa de los consumidores y miembros de la comunidad para frenar el crimen organizado minorista. Al combinar herramientas legales, coordinación policial y una ciudadanía informada, concluyó Stephan, las comunidades pueden recuperar su seguridad y vitalidad económica del control del crimen organizado.

Fiscal y 14 Alcaldes Piden Firmas Para Incluir Una Iniciativa Clave de Seguridad Pública en la Boleta Electoral

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, estuvo acompañada hoy por los alcaldes de ciudades de todo el condado de San Diego, así como por líderes empresariales, víctimas de delitos y otros ciudadanos preocupados, en un esfuerzo por informar al público e impulsar la recolección de firmas para colocar la Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo en la boleta electoral de noviembre. La medida haría que las comunidades, las empresas y las calles sean más seguras y saludables al restaurar el estado de derecho, responsabilizar a los ladrones minoristas y traficantes de fentanilo reincidentes e incentivar a las personas adictas y sin hogar a aceptar un tratamiento que les salve la vida.

Los siguientes alcaldes están apoyando el esfuerzo de recolección de firmas: el Alcalde de Vista John Franklin, el Alcalde de Escondido Dane White, el Alcalde de El Cajon Bill Wells, el Alcalde de National City Ron Morrison, el Alcalde de Chula Vista John McCann, la Alcaldesa de San Marcos Rebecca Jones, el Alcalde de La Mesa Mark Arapostathis, el Alcalde de Santee John Minto, la Alcaldesa de Oceanside Esther Sánchez, el Alcalde de Coronado Richard Bailey, la Alcalde de Carlsbad Keith Blackburn, la Alcaldesa de Solana Beach Lesa Heebner, el Alcalde de Encinitas Tony Kranz, y el Alcalde de Poway Steve Vaus.

[VER VIDEO COMPLETO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

“Esta es una iniciativa equilibrada y de sentido común que aborda la crisis del fentanilo persiguiendo a los traficantes de drogas que están matando a nuestros seres queridos e impone sanciones más severas a los reincidentes de robo organizado en tiendas minoristas, que está perjudicando a demasiadas familias y empresas locales”, dijo la Fiscal del Distrito Stephan. “Necesitamos una reforma responsable que permita a los jueces incentivar tratamientos que salven vidas para quienes luchan contra una adicción grave, responsabilice a los reincidentes pero también brinde una primera, segunda e incluso tercera oportunidad a quienes cometen robos o poseen drogas duras de recibir tratamiento por adicción o enfermedad mental. Los votantes deberían tener la oportunidad de debatir y opinar sobre esta importante iniciativa”.

La medida ha reunido más de 360,000 firmas de los votantes de California para incluirla en la boleta electoral de noviembre, pero se necesitan casi 550,000 firmas válidas.

La medida electoral está diseñada para corregir las consecuencias no deseadas y los impactos dañinos de la Proposición 47, que fue aprobada en 2014 y, por ejemplo, convirtió el robo minorista de menos de $950 y la posesión de metanfetamina y fentanilo en delitos menores, sin importar cuántas veces se repita el delito.

“Los mercados vecinales son el alma de nuestras comunidades”, dijo el Presidente de la Asociación de Mercados Vecinales, Arkan Somo. “La Proposición 47 desató una ola de robo y violencia que perjudica a nuestros propietarios de pequeñas empresas, sus empleados y familias, y lo más importante, a nuestros clientes. La medida electoral propuesta brindará a las fuerzas del orden las herramientas que necesitan para mantenernos a todos seguros”.

Las consecuencias no deseadas de la Proposición 47 y las leyes actuales incluyen:

  • La falta de vivienda aumentó un 51% en California, mientras que disminuyó un 11% en los estados con leyes más equilibradas.
  • Las personas sin hogar en el condado de San Diego están muriendo por sobredosis de drogas a un ritmo 118 veces mayor que el público en general.
  • Las muertes por sobredosis de fentanilo ilícito se han más que triplicado, cobrando más vidas jóvenes en el condado de San Diego que cualquier otra causa.
  • El robo minorista organizado se ha disparado, lo que ha provocado pérdidas económicas masivas, pérdidas de empleos causadas por el cierre de tiendas y pérdidas de bienes esenciales para los vecindarios que tienen dificultades.
  • Los traficantes de fentanilo que causan muertes por sobredosis generalmente reciben consecuencias mínimas según la ley.
  • Los Tribunales de Tratamiento que ofrecen tratamientos eficaces han perdido su capacidad de incentivar a quienes cometen delitos motivados por la adicción a participar en el tratamiento.

Una encuesta reciente mostró que más del 85% de los votantes de todos los partidos políticos y de cada grupo demográfico apoyan la reforma de la Proposición 47.

“Esta iniciativa es un enfoque equilibrado que brinda a nuestro sistema de justicia las herramientas que necesita para proteger a nuestras comunidades de los delincuentes y al mismo tiempo brinda una oportunidad para que las personas que sufren de adicción se recuperen”, dijo el Alcalde de Coronado Richard Bailey. “Las políticas actuales han contribuido al aumento de la delincuencia y la falta de vivienda en todo el estado durante la última década, pero esta iniciativa ayudará a revertir esas tendencias y hacer de California un lugar seguro para vivir y hacer negocios una vez más”.

“Como oficial de policía y detective retirado de San Diego con 29 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, comprendo de primera mano los efectos adversos de la Proposición 47 en las vidas de los californianos”, dijo el Alcalde de Santee John Minto. “Esta iniciativa es un paso crucial para abordar los crecientes desafíos de la falta de vivienda, la adicción a las drogas y el robo que afectan a nuestras comunidades. Los californianos, incluidos los residentes de Santee, exigen alivio ante la creciente anarquía que ha elevado el costo de los bienes en todo el estado”.

La Alcaldesa de Oceanside y defensora pública jubilada, Esther Sánchez, dijo: “Las consecuencias no deseadas de la Proposición 47 acabaron con el exitoso programa de tribunales de drogas, lo que provocó un aumento de la adicción a las drogas y la delincuencia y, de hecho, ató las manos de las autoridades que protegen nuestros vecindarios y negocios. Esta iniciativa de los ciudadanos devuelve las herramientas que nuestras comunidades necesitan para ayudar a los residentes, muchas veces miembros de la familia, a enfrentar sus adicciones y delitos, mientras que ofrece apoyo y un camino hacia una vida con opciones positivas, como la reunificación familiar, un hogar y empleos”.

Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo permitiría sanciones más severas para quienes se dedican al tráfico de drogas fuertes o para los reincidentes en el robo al por menor. Seguirá dando una primera y segunda oportunidad a quienes cometan robos y posean drogas fuertes para ser tratados con un delito menor. Sin embargo, en la tercera condena, existe el requisito de que se complete el tratamiento contra las drogas para cometer un delito menor o ser responsable de un delito grave, lo que crea una nueva categoría de “Delito Grave con Tratamiento Obligatorio”. Una cuarta condena resulta en un delito grave.

Esta iniciativa también permitirá la agregación de múltiples robos para alcanzar el umbral de $950 para cobrar un delito grave de robo, de modo que se pueda detener a aquellos que están jugando con el sistema. La iniciativa aborda la crisis del fentanilo al permitir penas más severas para los traficantes de drogas de fentanilo cuyas acciones provocan muertes por sobredosis.

La recolección de firmas para la Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo se llevará a cabo en las próximas semanas en todo el condado y se alienta al público a buscar oportunidades para firmar la petición.