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Concluye Caso de Agresión de los Hells Angels

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un proceso penal que involucró a miembros de los Hells Angels y otros pandilleros concluyó con 14 acusados condenados y sentenciados por un brutal ataque contra tres jóvenes en una acera pública de Ocean Beach. El ataque fue perpetrado por miembros de los Hells Angels de San Diego, junto con integrantes de otras pandillas de motociclistas subordinadas a ellos.

“El resultado exitoso de este caso demuestra el compromiso de mi oficina para hacer que las pandillas organizadas rindan cuentas por una amplia gama de delitos, incluidos los crímenes de odio violentos”, dijo la Fiscal Stephan. “Este fue un ataque no provocado y brutal que casi terminó en tragedia. Agradezco a nuestro equipo de fiscales por su dedicación para lograr justicia mientras este complejo caso avanzaba a través del sistema judicial penal.”

El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido en junio de 2023, después de que un gran grupo de pandilleros motociclistas tomara una acera pública en Newport Avenue para un evento llamado “Bike Night”. Las víctimas, tres hombres afroamericanos de 19, 20 y 21 años, caminaban por la calle cuando fueron brutalmente atacados sin provocación alguna. A pesar de intentar huir, las víctimas fueron alcanzadas por el grupo de acusados, quienes los golpearon y patearon en la cabeza y el cuerpo mientras yacían en el suelo, todo mientras usaban insultos raciales.

Los Hells Angels son una organización internacional cuyo propósito principal es la comisión de actividades delictivas, y cuya membresía es conocida por profesar ideologías racistas.

Durante el ataque, Troy Scholder, miembro de los Hells Angels de 45 años, sacó un cuchillo y apuñaló a una de las víctimas en el pecho, fracturándole el esternón, cortándole una arteria y casi causándole la muerte. En el momento de la apuñalada, la víctima estaba acurrucada en el suelo tratando de proteger su cabeza. Tras el intento de homicidio, Scholder guardó su cuchillo con calma, se alejó y regresó al club de los Hells Angels en El Cajon, donde más tarde fue arrestado. La víctima sobrevivió a sus heridas, al igual que la segunda víctima que perdió el conocimiento durante el ataque.

Trece de los acusados se declararon culpables de asalto con fuerza capaz de causar lesiones graves y admitieron haber actuado en beneficio y en asociación con su pandilla. Sus sentencias variaron desde libertad condicional formal hasta prisión estatal. Scholder fue declarado culpable por un jurado de intento de homicidio premeditado con agravante de crimen de odio, además de otros delitos graves, y fue sentenciado a 21 años a cadena perpetua en prisión estatal.

La División de Pandillas de la Fiscalía procesa casos complejos de homicidio y otros delitos graves cometidos por pandilleros violentos que aterrorizan vecindarios. Estos casos son manejados por un solo fiscal desde el principio hasta el final, lo que se conoce como acusación vertical. La división cuenta con 26 fiscales y 20 investigadores especializados que trabajan para llevar justicia a las familias afectadas por la violencia. En 2024, la División de Pandillas llevó a cabo 23 juicios por homicidio ante jurado, lo que representa más del 40% de los homicidios juzgados por la oficina. También procesó otros delitos como secuestro con intención de violación, asalto con lesiones graves, robo, robo de vehículo con violencia y posesión de armas de fuego ilegales, incluyendo “ghost guns”, por parte de pandilleros.

La Fiscal Auxiliar Miriam Hemming fue quien procesó este caso.

Conoce al Investigador Supervisor de la Fiscalía Osvaldo Cruz

En honor al Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, estamos destacando las historias de empleados de la Fiscalía y lo que los inspiró a seguir una carrera en el servicio público. Conozca al Investigador Supervisor de la Fiscalía, Osvaldo Cruz.

Osvaldo ha trabajado en la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego durante 10 años y recientemente celebró 26 años en el servicio policial. Actualmente se desempeña como Investigador Supervisor de la Fiscalía en la sucursal de El Cajon, donde supervisa, lidera y apoya a nuestro equipo de investigadores para garantizar que brinden asistencia investigativa integral a nuestros fiscales auxiliares. También supervisan la seguridad de la oficina, asegurando un entorno seguro tanto para nuestro personal como para el público al que servimos.

Fuera del trabajo, comparte su vida y su pasión por el servicio público con su esposa, Stacie Cruz, quien también es investigadora en nuestra oficina. Son grandes fanáticos de los Padres (especialmente Stacie) y disfrutan asistir a los juegos, viajar cuando es posible y administrar sus pequeños negocios. “Estamos orgullosos de trabajar juntos como compañeros en la vida, en la aplicación de la ley y en los negocios”, dijo Osvaldo. “Mantenerme activo tanto en la labor policial como en el emprendimiento me mantiene con energía y enfocado en mi propósito”. Lea más abajo sobre lo que inspiró a Osvaldo a seguir una carrera en el servicio público.

 

¿Por qué eligiste una carrera en el servicio público o qué te inspiró a seguir esta carrera?

“Mientras mi trayectoria profesional inicial estaba enfocada en el mundo empresarial, incluyendo un puesto en Blockbuster como encargado regional de ‘reparar’ tiendas con bajo rendimiento, comencé a sentirme cada vez más atraído por la labor policial. En mi rol corporativo trabajaba estrechamente con agencias de policía locales para combatir el robo, lo que despertó mi interés. Comencé a realizar recorridos acompañando a agentes del Departamento de Policía de Chula Vista y rápidamente sentí una vocación.

En 1999, inicié mi carrera en la aplicación de la ley como oficial correccional con el Departamento del Alguacil de San Diego, y un año después acepté una oferta para unirme al Departamento de Policía de Chula Vista, donde serví con orgullo por más de 15 años en diversos roles de investigación y liderazgo. Mi pasión por los negocios nunca desapareció. Continúo siendo propietario y operador de varias empresas fuera del trabajo, pero el servicio público ha sido siempre mi verdadera vocación.

A lo largo de mi carrera, desde patrullaje hasta unidades especializadas de investigación y ahora supervisando una sucursal, siempre he creído en fortalecer a los demás y crear equipos que se apoyen mutuamente. Ya sea trabajando en un caso, desarrollando un nuevo emprendimiento o guiando a alguien a superar un reto, me mantengo comprometido a liderar con integridad, compasión y propósito.”

 

¿Cuál es tu parte favorita del trabajo?

“Durante los años he usado una expresión personal: ‘El frasco de galletas.’ Cada vez que logro tener un impacto significativo en una víctima o su familia, guardo ese momento mentalmente en mi ‘frasco de galletas’. Cuando enfrento un caso difícil o me siento desanimado, recurro a ese frasco y me acuerdo de las vidas que he ayudado. Esa es la mejor parte de mi trabajo: saber que hice una diferencia y llevar esos momentos conmigo como motivación para seguir adelante. ¡El frasco de galletas está lleno!”

 

¿Qué significa para ti el Mes de la Herencia Hispana y por qué es importante?

“El Mes de la Herencia Hispana tiene un gran significado para mí porque nuestra cultura contribuye tan profundamente a nuestra comunidad que su presencia está entretejida naturalmente en el tejido de la vida diaria aquí en San Diego. Nací en East Los Angeles y crecí en una zona con alta presencia de pandillas en el Valle de San Fernando. Gracias a la guía firme y la disciplina inquebrantable de mi madre, logré evitar el estilo de vida de pandillas que consumió a muchos de mis amigos de la infancia. Su fortaleza marcó mi camino, y mi objetivo siempre ha sido hacerla sentir orgullosa siendo un ciudadano ejemplar.

Como mexicoamericano de primera generación, creo que es importante mostrar a los demás que con trabajo duro e integridad, nada es imposible. Me enorgullece retribuir, ya sea a través de la labor policial o del mentorazgo empresarial, y espero inspirar a otros a aspirar más alto. Mi lema personal es sencillo: cuando me vaya, solo quiero saber que dejé una huella en el mundo y que fue una huella positiva.

La Fiscal de Distrito Stephan Testifica Ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego y Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito (NDAA, por sus siglas en inglés), Summer Stephan, testificó hoy ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, instando al Congreso a actuar con rapidez para combatir la creciente amenaza del crimen organizado minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están afectando a comunidades y negocios en todo el país a través de hurtos y robos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal de Distrito Stephan fue convocada a testificar como la voz de los fiscales de todo Estados Unidos en su papel como Presidenta de la NDAA, y por su experiencia en el combate de estos delitos organizados en el Condado de San Diego.

Pueden ver la grabación de la audiencia aquí.

En su testimonio, la Fiscal de Distrito Stephan describió la evolución del robo organizado, que ha pasado de ser incidentes aislados a convertirse en empresas criminales sofisticadas, que operan en múltiples estados e incluso a nivel internacional, responsables de pérdidas de miles de millones de dólares y de amenazas a la seguridad pública. Basándose en los exitosos procesamientos de su oficina en el Condado de San Diego, Stephan enfatizó que estos crímenes están lejos de ser sin víctimas y requieren una respuesta nacional coordinada. La Fiscal de Distrito presentó las experiencias de numerosas víctimas, como empleados de negocios pequeños y grandes, y propietarios de viviendas afectados por estas redes criminales sofisticadas y, en ocasiones, violentas.

“El crimen organizado minorista no solo está erosionando la estabilidad de los negocios y los empleos, sino que también está amenazando la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Desde robos tipo ‘smash-and-grab’ o saqueos en tiendas de lujo hasta redes internacionales de robo residencial, estamos viendo un aumento en la violencia y la sofisticación criminal que exige acciones legislativas y de cumplimiento contundentes”.

Stephan detalló las estrategias proactivas de su oficina en San Diego, incluyendo la formación de equipos especializados para procesar casos de ORC, la colaboración con la Patrulla de Caminos de California, y la creación de alianzas a través de la «Organized Retail Crime Alliance» o la Alianza de Crimen Organizado Minorista. También destacó el éxito de leyes recientes en California que permiten a los fiscales acumular múltiples robos para presentar cargos más graves. A nivel nacional, la NDAA se ha unido a la Asociación de Líderes de la Industria Minorista para lanzar iniciativas como visitar tiendas y la «Iniciativa Comunidades Vibrantes», que buscan mejorar la coordinación y la seguridad en los entornos comerciales. La Fiscal de Distrito también se ha asociado con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación Nacional de Minoristas para educar sobre prevención y enjuiciamiento efectivo.

Stephan hizo un llamado al Congreso para aprobar la Ley de Combate al Crimen Organizado Minorista de 2025 (Combatting Organized Retail Crime Act of 2025 – CORCA), la cual establecería un Centro Federal de Coordinación contra el Crimen Organizado Minorista para mejorar la colaboración nacional entre fiscales, fuerzas del orden y actores del sector privado. También pidió que se haga cumplir la «Ley INFORM», que exige la identificación de vendedores de terceros para detectar bienes robados vendidos en línea. Finalmente, Stephan subrayó la importancia de estrategias de enjuiciamiento equilibradas que diferencien entre un joven que comete un error y un delincuente habitual que se aprovecha de los pequeños negocios y vecindarios. Abogó por que el centro de coordinación conecte los puntos para combatir el crimen organizado y las organizaciones criminales transnacionales que perjudican a nuestra nación.

En San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha procesado a más de 218 acusados de ORC en los últimos dos años, en colaboración con las fuerzas del orden y minoristas, en casos que involucraron pérdidas por robos superiores a los $2.6 millones. Los casos incluyen operaciones de «smash-and-grab» o saqueos con múltiples acusados, redes de robo reincidentes que apuntan a minoristas nacionales, y redes criminales transnacionales responsables de robos interestatales y asaltos multimillonarios a joyerías.

“Nuestra experiencia demuestra que leyes inteligentes, consecuencias reales y colaboración estrecha entre jurisdicciones funcionan”, declaró Stephan. “Ahora necesitamos que el Congreso escale estos esfuerzos a nivel nacional para que ninguna comunidad quede vulnerable”.

Stephan también destacó la necesidad de que las alianzas público-privadas vayan más allá del cumplimiento de la ley y se extiendan hacia la prevención y la educación. Pidió una campaña nacional de concientización para informar a los consumidores sobre el impacto de comprar bienes robados, especialmente en mercados en línea o espacios informales como los «swap meets».

La Fiscal de Distrito Stephan argumentó que, así como son esenciales leyes sólidas y estrategias de enjuiciamiento eficaces, también lo es la participación activa de los consumidores y miembros de la comunidad para frenar el crimen organizado minorista. Al combinar herramientas legales, coordinación policial y una ciudadanía informada, concluyó Stephan, las comunidades pueden recuperar su seguridad y vitalidad económica del control del crimen organizado.

Fiscal y 14 Alcaldes Piden Firmas Para Incluir Una Iniciativa Clave de Seguridad Pública en la Boleta Electoral

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, estuvo acompañada hoy por los alcaldes de ciudades de todo el condado de San Diego, así como por líderes empresariales, víctimas de delitos y otros ciudadanos preocupados, en un esfuerzo por informar al público e impulsar la recolección de firmas para colocar la Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo en la boleta electoral de noviembre. La medida haría que las comunidades, las empresas y las calles sean más seguras y saludables al restaurar el estado de derecho, responsabilizar a los ladrones minoristas y traficantes de fentanilo reincidentes e incentivar a las personas adictas y sin hogar a aceptar un tratamiento que les salve la vida.

Los siguientes alcaldes están apoyando el esfuerzo de recolección de firmas: el Alcalde de Vista John Franklin, el Alcalde de Escondido Dane White, el Alcalde de El Cajon Bill Wells, el Alcalde de National City Ron Morrison, el Alcalde de Chula Vista John McCann, la Alcaldesa de San Marcos Rebecca Jones, el Alcalde de La Mesa Mark Arapostathis, el Alcalde de Santee John Minto, la Alcaldesa de Oceanside Esther Sánchez, el Alcalde de Coronado Richard Bailey, la Alcalde de Carlsbad Keith Blackburn, la Alcaldesa de Solana Beach Lesa Heebner, el Alcalde de Encinitas Tony Kranz, y el Alcalde de Poway Steve Vaus.

[VER VIDEO COMPLETO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ]

“Esta es una iniciativa equilibrada y de sentido común que aborda la crisis del fentanilo persiguiendo a los traficantes de drogas que están matando a nuestros seres queridos e impone sanciones más severas a los reincidentes de robo organizado en tiendas minoristas, que está perjudicando a demasiadas familias y empresas locales”, dijo la Fiscal del Distrito Stephan. “Necesitamos una reforma responsable que permita a los jueces incentivar tratamientos que salven vidas para quienes luchan contra una adicción grave, responsabilice a los reincidentes pero también brinde una primera, segunda e incluso tercera oportunidad a quienes cometen robos o poseen drogas duras de recibir tratamiento por adicción o enfermedad mental. Los votantes deberían tener la oportunidad de debatir y opinar sobre esta importante iniciativa”.

La medida ha reunido más de 360,000 firmas de los votantes de California para incluirla en la boleta electoral de noviembre, pero se necesitan casi 550,000 firmas válidas.

La medida electoral está diseñada para corregir las consecuencias no deseadas y los impactos dañinos de la Proposición 47, que fue aprobada en 2014 y, por ejemplo, convirtió el robo minorista de menos de $950 y la posesión de metanfetamina y fentanilo en delitos menores, sin importar cuántas veces se repita el delito.

“Los mercados vecinales son el alma de nuestras comunidades”, dijo el Presidente de la Asociación de Mercados Vecinales, Arkan Somo. “La Proposición 47 desató una ola de robo y violencia que perjudica a nuestros propietarios de pequeñas empresas, sus empleados y familias, y lo más importante, a nuestros clientes. La medida electoral propuesta brindará a las fuerzas del orden las herramientas que necesitan para mantenernos a todos seguros”.

Las consecuencias no deseadas de la Proposición 47 y las leyes actuales incluyen:

  • La falta de vivienda aumentó un 51% en California, mientras que disminuyó un 11% en los estados con leyes más equilibradas.
  • Las personas sin hogar en el condado de San Diego están muriendo por sobredosis de drogas a un ritmo 118 veces mayor que el público en general.
  • Las muertes por sobredosis de fentanilo ilícito se han más que triplicado, cobrando más vidas jóvenes en el condado de San Diego que cualquier otra causa.
  • El robo minorista organizado se ha disparado, lo que ha provocado pérdidas económicas masivas, pérdidas de empleos causadas por el cierre de tiendas y pérdidas de bienes esenciales para los vecindarios que tienen dificultades.
  • Los traficantes de fentanilo que causan muertes por sobredosis generalmente reciben consecuencias mínimas según la ley.
  • Los Tribunales de Tratamiento que ofrecen tratamientos eficaces han perdido su capacidad de incentivar a quienes cometen delitos motivados por la adicción a participar en el tratamiento.

Una encuesta reciente mostró que más del 85% de los votantes de todos los partidos políticos y de cada grupo demográfico apoyan la reforma de la Proposición 47.

“Esta iniciativa es un enfoque equilibrado que brinda a nuestro sistema de justicia las herramientas que necesita para proteger a nuestras comunidades de los delincuentes y al mismo tiempo brinda una oportunidad para que las personas que sufren de adicción se recuperen”, dijo el Alcalde de Coronado Richard Bailey. “Las políticas actuales han contribuido al aumento de la delincuencia y la falta de vivienda en todo el estado durante la última década, pero esta iniciativa ayudará a revertir esas tendencias y hacer de California un lugar seguro para vivir y hacer negocios una vez más”.

“Como oficial de policía y detective retirado de San Diego con 29 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, comprendo de primera mano los efectos adversos de la Proposición 47 en las vidas de los californianos”, dijo el Alcalde de Santee John Minto. “Esta iniciativa es un paso crucial para abordar los crecientes desafíos de la falta de vivienda, la adicción a las drogas y el robo que afectan a nuestras comunidades. Los californianos, incluidos los residentes de Santee, exigen alivio ante la creciente anarquía que ha elevado el costo de los bienes en todo el estado”.

La Alcaldesa de Oceanside y defensora pública jubilada, Esther Sánchez, dijo: “Las consecuencias no deseadas de la Proposición 47 acabaron con el exitoso programa de tribunales de drogas, lo que provocó un aumento de la adicción a las drogas y la delincuencia y, de hecho, ató las manos de las autoridades que protegen nuestros vecindarios y negocios. Esta iniciativa de los ciudadanos devuelve las herramientas que nuestras comunidades necesitan para ayudar a los residentes, muchas veces miembros de la familia, a enfrentar sus adicciones y delitos, mientras que ofrece apoyo y un camino hacia una vida con opciones positivas, como la reunificación familiar, un hogar y empleos”.

Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo permitiría sanciones más severas para quienes se dedican al tráfico de drogas fuertes o para los reincidentes en el robo al por menor. Seguirá dando una primera y segunda oportunidad a quienes cometan robos y posean drogas fuertes para ser tratados con un delito menor. Sin embargo, en la tercera condena, existe el requisito de que se complete el tratamiento contra las drogas para cometer un delito menor o ser responsable de un delito grave, lo que crea una nueva categoría de “Delito Grave con Tratamiento Obligatorio”. Una cuarta condena resulta en un delito grave.

Esta iniciativa también permitirá la agregación de múltiples robos para alcanzar el umbral de $950 para cobrar un delito grave de robo, de modo que se pueda detener a aquellos que están jugando con el sistema. La iniciativa aborda la crisis del fentanilo al permitir penas más severas para los traficantes de drogas de fentanilo cuyas acciones provocan muertes por sobredosis.

La recolección de firmas para la Ley de Reducción de las Personas Sin Hogar, Adicción a las Drogas, y el Robo se llevará a cabo en las próximas semanas en todo el condado y se alienta al público a buscar oportunidades para firmar la petición.

Fiscalía Se Acerca a las Comunidades de Inmigrantes y Refugiados

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dijo hoy que su oficina está realizando un nuevo acercamiento a las poblaciones de inmigrantes y refugiados en el condado con el objetivo de disipar los temores sobre denunciar un delito y alentar la cooperación con las agencias del orden público si alguien es víctima o testigo de un delito. Según la Administración Salud y de Servicios Humanos del Condado, aproximadamente el 21.5% de la población del condado son inmigrantes, incluidos los refugiados.

“Mi oficina está comprometida a mantener a todos los niños, adultos y personas mayores a salvo del crimen en el condado de San Diego y eso incluye a nuestras grandes comunidades de inmigrantes y refugiados. Es comprensible que si usted es un refugiado de otro país, un inmigrante documentado o indocumentado, puede haber incertidumbre acerca de denunciar un delito a la policía”, dijo la Fiscal Summer Stephan. “Queremos aliviar los temores que tienen las personas en estas comunidades y alentarlos a que se comuniquen con la policía local y cooperen con la oficina de la Fiscalía de Distrito si ellos, un familiar o un amigo se convierten en víctimas de un delito. No preguntaremos su estatus migratorio, lo cual es la ley en California, y tenemos servicios que pueden ayudarlos”.

Hasta el momento, la Oficina de la Fiscalía del Distrito ha impreso tarjetas en inglés, español, farsi y ucraniano, que animan a los refugiados e inmigrantes, ya sean indocumentados o documentados, que son víctimas o testigos de un delito, a denunciar el incidente a las agencias del orden público. Los departamentos de policía, el departamento del Alguacil del Condado de San Diego y la Oficina de la Fiscalía de Distrito solo están preocupados por los detalles del delito, no por el estado migratorio de una persona.

La Oficina de la Fiscalía del Distrito de San Diego, de acuerdo con la ley de California, no reporta el estado migratorio y no tolera ninguna acción destinada a interferir o tomar represalias contra posibles testigos de delitos.

La Supervisora ​​del Condado de San Diego, Nora Vargas, quien representa al Distrito 1, dijo que la divulgación es necesaria ya que la población inmigrante del condado es significativa y está en constante evolución.

«Independientemente de su estado migratorio, todos los residentes de nuestro condado deben sentirse seguros al acceder al sistema de justicia si son víctimas, testigos o de otra manera perjudicados por un delito; es su derecho», dijo la Vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado Nora Vargas. «Me enorgullece trabajar en colaboración con la Oficina de la Fiscalía de Distrito y nuestra Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados en este esfuerzo por distribuir ampliamente tarjetas de información para recordar a los refugiados e inmigrantes que no se les preguntará sobre su estatus migratorio cuando soliciten ayuda de agencias del orden público».

Los datos locales proporcionados al Coordinador de Refugiados del Condado por los socios de la agencia de reasentamiento local muestran que hubo 3,715 llegadas de refugiados de 29 países al condado de San Diego durante el año fiscal 2021/2022. La Fiscalía está trabajando en conjunto con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados del Condado de San Diego, que está distribuyendo las tarjetas impresas a organizaciones sin fines de lucro y otros grupos que brindan ayuda y recursos para inmigrantes.

“Es esencial que las poblaciones de inmigrantes y refugiados se sientan seguras y apoyadas en su comunidad”, dijo Lucero Chavez Basilio, Directora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados del Condado, Departamento de Soluciones para Personas sin Hogar y Comunidades Equitativas. “Distribuiremos estas tarjetas en la comunidad para ayudar a garantizar que todos los residentes del condado conozcan sus derechos y entiendan que tienen acceso a recursos que pueden ayudar a protegerlos a ellos y a sus familias, sin temor a repercusiones o consecuencias no deseadas e independientemente de su estatus migratorio. Reiterar este mensaje es un paso importante para crear un futuro justo, sostenible y resiliente para todos”.

La Fiscal de Distrito también ha producido videos en inglés y español que presentan a la Fiscal de Distrito Summer Stephan y al Cardenal Robert McElroy. Los videos están siendo publicados en las redes sociales y compartidos por Caridades Católicas, a través de su extensa red, para conectarse con estas poblaciones vulnerables y asegurarles que su estado no debería impedirles denunciar un delito o buscar servicios para víctimas. Caridades Católicas tiene una programación que trabaja para facilitar una experiencia de transición efectiva y memorable para los refugiados a través de una provisión integrada de servicios: reasentamiento, empleo, aculturación, manejo de casos y salud.

 “La seguridad de las comunidades de inmigrantes y refugiados está cerca del corazón de Dios, y somos bendecidos de que aquí en el condado de San Diego, una persona que denuncie un delito contra sí misma o su familia o amigos encontrará justicia y protección sin ningún tipo de responsabilidad poniendo en peligro su estatus migratorio o su derecho a continuar viviendo en esta comunidad”, dijo el Cardenal McElroy.

Cualquier persona que haya sido víctima de un delito y necesite asistencia puede llamar al 619-531-4041. Un defensor de víctimas de la Fiscalía de Distrito hablará con usted y determinará cómo podemos ayudarlo. Los servicios del programapara víctimas se brindan sin costo y no existe un requisito legal de ciudadanía para recibir asistencia. Puede encontrar más información sobre la División de Servicios para Víctimas de la Fiscalía aquí.