La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, testificó hoy ante el Congreso por segunda vez este año, compareciendo ante el Subcomité sobre Crimen y Vigilancia del Gobierno Federal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Durante sus declaraciones, la Fiscal ofreció un panorama de cómo ha evolucionado el crimen organizado de robo en el comercio minorista en los últimos años, incluyendo una actualización sobre los avances logrados en el Condado de San Diego bajo la Proposición 36.

“El crimen organizado de robo en el comercio minorista no es un delito sin víctimas”, dijo Stephan a los legisladores. “Daña a los trabajadores, a los consumidores, a los pequeños negocios y a comunidades enteras. Socava la seguridad pública y erosiona la confianza en el estado de derecho”.

Vea aquí el testimonio de la Fiscal Stephan.

La Fiscal Stephan instó al Congreso a tomar medidas para combatir la creciente amenaza del crimen organizado de robo en el comercio minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están perjudicando a comunidades y negocios en todo el país mediante robos y allanamientos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal Stephan fue convocada a testificar por su experiencia en el combate a este tipo de delitos en el Condado de San Diego.

Stephan citó datos nacionales que estiman que los comercios minoristas en Estados Unidos perdieron 45 mil millones de dólares por robos en 2024, con pérdidas proyectadas que superarán los 53 mil millones de dólares para 2027. Enfatizó que el robo organizado contribuye al cierre de tiendas, la pérdida de empleos, el aumento de precios para los consumidores y un incremento de la violencia contra los empleados del comercio minorista.

Solo en el Condado de San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha presentado casos de robo organizado en el comercio minorista contra 336 acusados durante un período de tres años, lo que resultó en más de 3.2 millones de dólares en pérdidas documentadas y en sentencias significativas de prisión y cárcel para los infractores condenados.

El testimonio de Stephan destacó numerosos casos que involucran robos coordinados tipo “flash mob”, redes de robos a comercios que operan en varios estados y organizaciones criminales transnacionales —incluidos los Grupos de Robo Sudamericanos (SATG, por sus siglas en inglés)— responsables de robos residenciales de alto nivel y de robos comerciales a gran escala, con mercancía robada enviada al extranjero.

Stephan señaló las recientes reformas legales en California, incluida la Proposición 36 aprobada por los votantes, que fortaleció las sanciones para los reincidentes en delitos de robo y amplió la capacidad de los fiscales para acumular robos ocurridos en distintos lugares y periodos de tiempo. Estos cambios han permitido a las fuerzas del orden enfocarse mejor en redes criminales organizadas, en lugar de tratar los robos como incidentes aislados.

“Nuestra experiencia en California demuestra que las leyes sólidas y claras, combinadas con la colaboración, funcionan”, afirmó Stephan. “La Proposición 36 ha marcado una verdadera diferencia para los negocios locales y el enjuiciamiento de estos delincuentes reincidentes está haciendo que las tiendas y la comunidad sean más seguras. Al enfatizar la rendición de cuentas junto con el tratamiento y la rehabilitación, los datos también muestran que la Proposición 36 está funcionando para abordar las causas fundamentales del comportamiento criminal habitual. Este tipo de reforma puede servir como modelo para la nación”.

La Fiscal de Distrito Stephan expresó un fuerte apoyo a la ley bipartidista Combating Organized Retail Crime Act, que ampliaría las herramientas federales de aplicación de la ley y crearía un Centro Nacional de Coordinación contra el Crimen Organizado de Robo en el Comercio Minorista. Subrayó que las redes de robo organizado cruzan de manera rutinaria fronteras municipales, de condados, estatales e internacionales, lo que hace esencial la coordinación a nivel federal.

También destacó la necesidad de mejorar el intercambio de datos, fortalecer las alianzas público-privadas y promover campañas de concientización pública para reducir la reventa de bienes robados en línea y en mercados informales.

Además del robo en el comercio minorista, Stephan abordó delitos basados en el fraude, como estafas con tarjetas de regalo y fraudes contra personas mayores, señalando que solo en el Condado de San Diego se registraron pérdidas por 149 millones de dólares en estafas a adultos mayores en un solo año. Recalcó que los sistemas nacionales integrados de datos podrían revelar conexiones entre redes de robo organizado y de fraude que operan simultáneamente.

“Restablecer el estado de derecho significa una rendición de cuentas acorde con el delito”, dijo Stephan. “Debemos distinguir entre infracciones menores y empresas criminales sofisticadas que se aprovechan tanto de los consumidores como de los negocios”.

La Fiscal de Distrito Stephan reafirmó el compromiso de su oficina de trabajar con el Congreso, las fuerzas del orden, los comercios minoristas y los socios comunitarios para combatir el crimen organizado.

“Estamos listos para ayudar a fortalecer las leyes y los recursos para proteger a nuestras comunidades, nuestros negocios y a nuestros consumidores”, concluyó. “Juntos, podemos enfrentar este desafío y garantizar que se haga justicia”.

También testificaron en la audiencia de hoy Scott McBride, Director Global de Protección de Activos y Director de Seguridad de American Eagle Inc.; Chris Spear, Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Transporte por Camión; y Shane Bennett, Principal de Defensa Cibernética contra Robo, Fraude y Abuso de Target.