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Fondos Robados Regresan para Apoyar a Estudiantes

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que la Junta de Supervisores del Condado de San Diego otorgó a su oficina la autoridad para conceder $25 millones del Fideicomiso por Fraude en Escuelas Charter a la Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE, por sus siglas en inglés), con el fin de financiar un plan integral a nivel del condado, de siete años de duración, para fortalecer y ampliar el acceso a apoyos de salud mental, seguridad, bienestar y educación para estudiantes de K–12 y sus familias. El plan, sensible a las necesidades de la comunidad, se enfoca en las fortalezas y necesidades únicas de cada región para conectar recursos esenciales con estudiantes que experimentan falta de vivienda y otros jóvenes que pueden prosperar con apoyo adicional. La Junta aprobó la subvención en su reunión del 28 de enero.

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“Este financiamiento marcará una diferencia real en la vida de los estudiantes de K–12 y sus familias mientras enfrentan desafíos de bienestar, seguridad, falta de vivienda y salud mental”, dijo la Fiscal Stephan. “Sigo estando muy orgullosa de nuestro equipo experto de fiscales en corrupción pública y protección al consumidor, que logró justicia en el caso penal de A3 Charter Schools y que ahora está permitiendo ver cómo el fideicomiso establecido como resultado del caso impacta positivamente a la comunidad, canalizando el dinero robado por los acusados de regreso a jóvenes merecedores en nuestras escuelas”.

Los fondos de la subvención provienen de multas penales impuestas en el histórico caso de fraude de A3 Charter Schools, procesado por la Fiscalía del Distrito del Condado de San Diego. En total, se recuperaron más de $280 millones en fondos robados. El juez que supervisó el caso ordenó que una parte de las multas se pagara al Condado de San Diego, otra parte a las víctimas desde kínder hasta el grado 12, y otra parte al estado de California.

En virtud de una resolución aprobada por unanimidad por la Junta de Supervisores del Condado de San Diego en 2021, las multas impuestas por el tribunal relacionadas con este caso fueron designadas y dedicadas exclusivamente a programas que atienden directamente las necesidades de estudiantes de kínder a 12º grado en el Condado de San Diego. Los fondos no están destinados a programas operativos del Condado, sino a apoyar iniciativas comunitarias enfocadas en la educación, de conformidad con la intención del tribunal. Tras el desembolso de la subvención de $25 millones, el Fideicomiso por Fraude en Escuelas Charter contará con $5 millones restantes. El Juez del Tribunal Superior Fred Link, quien presidió magistralmente el caso penal, emitió directrices claras respecto a los fondos recuperados, y esta acción cumple con la dirección del tribunal.

La recomendación de la Junta autoriza a la Fiscalía de Distrito a continuar administrando su Programa de Subvenciones Comunitarias (CGP, por sus siglas en inglés) y a otorgar la subvención única de $25 millones a SDCOE para implementar la iniciativa HeartSpire, un plan a nivel del condado con una duración de siete años. Esta acción se basa en aprobaciones previas de la Junta relacionadas con el CGP y el Fideicomiso por Fraude en Escuelas Charter. Los $25 millones representan en realidad un monto agregado de varias subvenciones de entre $2.2 millones y $3.8 millones cada una, a lo largo de siete años escolares.

La iniciativa HeartSpire de SDCOE está diseñada para conectar y amplificar el trabajo que se realiza en los planteles escolares y en los servicios del condado en los cinco distritos de supervisión. De conformidad con acciones previas de subvenciones K–12, el enfoque está en el acceso equitativo y la cobertura regional, en lugar de limitar las inversiones a una sola área geográfica.

“Estamos agradecidos de que la Fiscal de Distrito haya confiado a SDCOE esta oportunidad para ampliar nuestros esfuerzos y generar un impacto positivo en estudiantes, familias y comunidades en todo el condado”, dijo la Dra. Gloria E. Ciriza, Superintendenta de Escuelas del Condado de San Diego. “HeartSpire se basa en la convicción de que la conexión humana, la salud mental y la infraestructura relacional son esenciales para sistemas educativos prósperos. En consecuencia, esta subvención alineará a la Fiscalía del Distrito, las escuelas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado y a organizaciones comunitarias para ofrecer servicios integrados que marquen una diferencia real para estudiantes y familias”.

Tras el establecimiento del fideicomiso, un grupo de trabajo interdepartamental con representantes de la Fiscalía de Distrito, Servicios de Salud Conductual, la Oficina del Condado de Equidad y Justicia Racial, y el Departamento de Bienestar Infantil y Familiar revisó las opciones para el uso de los fondos. Con base en esas discusiones, en 2022 se otorgó una fase inicial de 47 subvenciones comunitarias K–12 por un total aproximado de $6.4 millones. Dichas subvenciones apoyaron alfabetización, tutorías, mentorías, liderazgo juvenil y servicios de salud mental y bienestar. La actividad inicial de subvenciones informó la consideración posterior de oportunidades para un enfoque regional más coordinado, lo que condujo a la propuesta HeartSpire de SDCOE.

El grupo de trabajo existente del Condado tendrá oportunidades de revisar el progreso del programa, las metas y las actualizaciones conforme avance la implementación, particularmente antes de futuros periodos de financiamiento dentro del plan de siete años.

El Programa de Subvenciones Comunitarias (CGP) de la Fiscalía de Distrito se originó a partir de esfuerzos tempranos de reducción y prevención del delito y posteriormente fue ampliado por la Junta para incluir iniciativas K–12 enfocadas en educación y prevención, incluidas las subvenciones financiadas a través del Fideicomiso por Fraude en Escuelas Charter. La propuesta HeartSpire representa una continuación de esa evolución, al tiempo que mantiene el propósito central del CGP de apoyar soluciones comunitarias que promuevan la seguridad, el bienestar y las oportunidades.

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Un Gran Jurado Acusa a Cuatro Pandilleros por Homicidio en Caso Sin Resolver en Chula Vista

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un gran jurado ha presentado una acusación formal contra cuatro pandilleros que atacaron y asesinaron a un hombre en un restaurante de Chula Vista hace casi 21 años. José Roque-García, de 50 años; Carlos Herrera, de 42; Marco Herrera, de 41; y Franco Domínguez, de 43, han sido acusados de asesinato. Los acusados fueron procesados hoy ante el Tribunal Superior de San Diego.

“Este caso demuestra que mi oficina, trabajando junto con las fuerzas del orden, continuará buscando justicia sin importar cuánto tiempo tome. La determinación de la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía, trabajando de la mano con nuestros fiscales para luchar por justicia para esta víctima inocente, nunca flaqueó”, dijo la Fiscal Stephan. “Fue un crimen brutal que le quitó la vida a una víctima que esperaba con ilusión comenzar el siguiente capítulo de su vida”.

El 20 de marzo de 2004, Roque-García, un miembro de alto rango de un cártel mexicano de drogas, se encontraba en La Bella’s Pizza Garden en Chula Vista celebrando el “baby shower” de su entonces novia y madre de su hijo. Durante el evento, la novia de Roque-García acusó a un cliente del restaurante, Ryan Cunningham, de 22 años, de haber robado las llaves de su automóvil. Cunningham era un transeúnte inocente que simplemente se encontraba en el restaurante disfrutando de una bebida mientras celebraba su próxima mudanza a Arizona al día siguiente. Roque-García llamó a sus asociados de pandilla y les ordenó que fueran al restaurante para “j***r” (“f— up”) a Cunningham.

Minutos después, Domínguez y los hermanos Herrera condujeron hasta La Bella’s, donde Roque-García señaló a la víctima. Utilizando un pedazo de madera de 2 x 4, un taser, una silla de metal y un cuchillo, el grupo atacó de manera conjunta y brutal a la víctima desprevenida y desarmada, culminando en una puñalada fatal en el pecho de la víctima.

A pesar del excelente trabajo de investigación del Departamento de Policía de Chula Vista, el caso quedó sin resolver durante décadas al no contar con pistas significativas. Al reexaminar el caso en los últimos años, los fiscales y los investigadores de la Fiscalía lograron unir piezas de evidencia faltantes que finalmente respaldaron la acusación del gran jurado.

Las agencias de seguridad pública involucradas en la investigación incluyen el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego, que brindó asistencia e información al Departamento de Policía de Chula Vista. Durante la investigación se ejecutaron numerosas órdenes de registro y se volvió a examinar evidencia de ADN. Franco Domínguez, Carlos Herrera y Marco Herrera fueron puestos bajo custodia el 15 de enero sin incidentes. Roque-García ya se encontraba bajo custodia.

El caso está siendo procesado por los Fiscales Auxiliares Robert Eacret, Christopher Netniss y Michael Reilly, de la División de Pandillas de la Fiscalía, con el apoyo clave y la participación del Investigador de la Fiscalía del Distrito, Marco Mercado.

Depredador de Familia Sentenciado por Abusar de Múltiples Familiares durante Años

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un hombre que abusó sexualmente de cinco sobrinas de entre 5 y 16 años durante varios años ha sido sentenciado a prisión.

Joaquín Ruiz, de 45 años, fue sentenciado a entre 102 años y cadena perpetua por 18 cargos de abuso sexual infantil, incluyendo actos lascivos forzados, cópula con una niña más de 10 años menor, posesión de material de abuso sexual infantil y otros cargos. Un jurado lo declaró culpable en agosto de todos los cargos.

“Los depredadores que roban la inocencia de un niño, creando un trauma para toda la vida, no tienen lugar en nuestra sociedad”, declaró la Fiscal de Distrito Stephan. La sentencia de hoy es un mensaje para los abusadores sexuales: rendirán cuentas y no se esconderán en las sombras, independientemente de sus afiliaciones. Agradezco a nuestro equipo experto en la fiscalía de abuso sexual, que hizo justicia a las víctimas en este caso.

Considerado un religioso devoto, el acusado Ruiz era conocido como «el hombre perfecto» en su familia, tanto que cuando la primera víctima reveló lo sucedido, sus padres y la esposa del acusado no le creyeron. Esto provocó que la víctima se retractara y se disculpara con el acusado. Una segunda sobrina reveló lo que Ruiz le hizo, pero la madre y la hermana de la niña mantuvieron la revelación en secreto durante meses hasta que confrontaron a Ruiz y a su esposa en un parque. La confrontación se volvió tan acalorada que llamaron a la policía, lo que dio inicio a la investigación de abuso infantil. La investigación reveló más víctimas, videos de cámaras ocultas que Ruiz colocó en sus baños para grabar a los niños pequeños usando el inodoro y capturas de pantalla de material de abuso sexual infantil de sitios web que el acusado visitó.

El abuso sexual infantil es un delito muy grave que puede afectar a la víctima para siempre. Las víctimas sufren mayores índices de dificultades escolares, depresión, abuso de sustancias, ansiedad, estrés postraumático, trastornos alimentarios o del sueño y suicidio. Sin embargo, el abuso sexual infantil se puede prevenir, y se anima a los padres y tutores a hablar con sus hijos sobre lo que es y no es apropiado. Para obtener más recursos, visite la página de la Fiscalía sobre prevención del abuso sexual.

La Fiscal Auxiliar An Dang procesó este caso.

Empresas de Control de Plagas Pagarán $3.1 Millones en Acuerdo Ambiental

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy un acuerdo civil de $3.15 millones contra Clark Pest Control of Stockton (Clark), Orkin Services of California (Orkin) y Crane Pest Control (Crane) para resolver acusaciones de que las empresas violaron leyes estatales que regulan pesticidas, residuos peligrosos y la privacidad de los registros de clientes, al desechar ilegalmente pesticidas y residuos peligrosos en contenedores de basura destinados a vertederos municipales no autorizados para recibir esos materiales. Se unieron a la demanda los Fiscales de Distrito de los condados de Contra Costa, Alameda, Santa Clara, San Joaquín, San Mateo, Solano, Sonoma, Yolo, Monterey, Orange, Riverside y Ventura.

La demanda también resuelve acusaciones de que las empresas rutinariamente no trituraban los registros de clientes que contenían información confidencial antes de desecharlos en la basura.

“Al hacer cumplir las leyes ambientales, nuestra Unidad de Protección Ambiental hace un trabajo excepcional asegurando que las empresas no obtengan ganancias recortando esquinas de manera que dañen a nuestras comunidades mediante contaminación, desecho ilegal de residuos peligrosos u otras violaciones”, dijo la Fiscal Stephan. “Continuaremos trabajando con reguladores y otros fiscales del estado para investigar y procesar a las corporaciones que violen la ley y pongan en riesgo la salud ambiental del Condado de San Diego y la seguridad de sus residentes.”

Clark, Orkin y Crane son empresas de servicios de control de plagas para hogares y comercios, propiedad de Rollins, Inc., con sede en Georgia, y cuentan con más de 70 instalaciones en California, incluyendo siete en el Condado de San Diego.

La investigación se inició en 2021 y, desde marzo de ese año hasta febrero de 2022, investigadores de la Fiscalía en todo el estado realizaron una serie de inspecciones encubiertas a 40 contenedores de basura provenientes de 22 instalaciones distintas de Clark y Orkin. Las inspecciones descubrieron miles de artículos tóxicos, inflamables y corrosivos—incluyendo pesticidas y residuos peligrosos—desechados ilegalmente y destinados a estaciones de transferencia y vertederos no autorizados para recibirlos. Entre esos artículos se encontraban envases de líquidos, polvos, espumas, cebos, gránulos y aerosoles de pesticidas, así como baterías peligrosas, desechos electrónicos, desinfectantes, selladores, adhesivos y soluciones de limpieza de las instalaciones.

Las inspecciones también revelaron que las empresas habían manejado y desechado de manera inapropiada miles de registros de clientes, violando las leyes de privacidad de California que requieren que la información personal se vuelva ilegible antes de su eliminación. Esos registros incluían órdenes de servicio, contratos, facturas e informes de rutas.

Cuando los fiscales notificaron a Clark y Orkin sobre los desechos ilegales, las empresas cooperaron plenamente y respondieron rápidamente reforzando políticas y procedimientos internos para eliminar el manejo y desecho incorrecto de estos residuos prohibidos y para proteger la información confidencial de sus clientes en California.

Bajo el fallo final estipulado, Clark, Orkin y Crane pagarán un total de $3,175,000, que consiste en:

  • $2,017,000 en sanciones civiles
  • $400,000 en proyectos suplementarios de cumplimiento ambiental
  • $333,000 en costos de investigación
  • $400,000 en crédito por medidas suplementarias de cumplimiento ambiental

El Condado de San Diego recibirá $125,000.

El fallo también requiere que las empresas cumplan con una orden judicial permanente que exige importantes reformas operativas por un período no menor de cinco años, incluyendo:

  • Contratar a un auditor externo para realizar auditorías de contenedores en al menos el 10% de sus instalaciones cada año durante cinco años.
  • Informar los hallazgos de las auditorías a los fiscales.
  • Exigir que todos los empleados de las instalaciones completen un programa de capacitación que garantice el cumplimiento con las leyes aplicables sobre residuos de pesticidas y residuos peligrosos, y mantener constancia de la capacitación durante tres años.
  • Dedicación mínima de dos mil (2,000) horas por año, durante cada año en que el fallo esté vigente, para medidas mejoradas de cumplimiento ambiental, incluyendo revisiones de cumplimiento en áreas de acumulación de residuos, supervisión de esfuerzos de minimización de residuos por parte de técnicos, y supervisión del manejo mejorado de residuos peligrosos.

La Unidad de Protección Ambiental de la Fiscalía del Condado de San Diego forma parte de su División de Delitos Económicos y Protección al Consumidor. Los fiscales de la unidad manejan casos relacionados con el tratamiento, transporte, almacenamiento y desecho ilegal de materiales y residuos peligrosos. También revisan accidentes industriales referidos por Cal-OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California), especialmente aquellos que implican violaciones graves de seguridad que resultan en muerte, discapacidad o riesgo significativo de exposición. Los casos pueden ser penales o civiles, dependiendo de la situación.

El Fiscal Auxiliar Michael McCann manejó la demanda civil en representación de la Fiscalía del Condado de San Diego.

Más Reincidentes de DUI Son Responsables del Aumento en Muertes por DUI

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que su oficina está recibiendo una subvención de $950,000 de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California por duodécimo año consecutivo para prevenir y procesar casos de muertes relacionadas con conductores que manejan bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI). La subvención llega en un momento en que el número de casos fatales por DUI en el Condado de San Diego continúa en aumento.

En 2024, la Oficina de la Fiscalía presentó cargos contra 23 conductores DUI responsables de 28 muertes. En lo que va de este año, se han presentado cargos contra 22 conductores DUI responsables de 23 muertes.

“Esta subvención permite que nuestra oficina continúe financiando un equipo dedicado de fiscales e investigadores enfocados en responsabilizar a los conductores bajo la influencia y en prevenir futuras tragedias,” dijo la Fiscal Stephan. “Cada año vemos demasiadas vidas perdidas por choques causados por DUI. A medida que se acercan las fiestas, insto a todos a tomar decisiones responsables. Usen un servicio de transporte, llamen a un amigo y nunca permitan que alguien conduzca si ha estado bebiendo o consumiendo drogas.”

Cuando alguien mata a otra persona mientras conduce bajo la influencia, puede ser acusado de homicidio vehicular, que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, o incluso de asesinato en segundo grado, que conlleva una pena de 15 años a cadena perpetua. El número de casos de asesinato en segundo grado relacionados con conductores DUI presentados por la Fiscalía aumentó este año, en gran parte debido al número de reincidentes responsables de estas fatalidades. En lo que va del 2025, la Oficina de la Fiscalía presentó cargos de asesinato en segundo grado contra 13 conductores DUI. En comparación, en 2024, la Fiscalía presentó cargos de asesinato en segundo grado contra solo 5 conductores DUI.

La subvención de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California permitirá que la Unidad de Homicidios por DUI de la Fiscalía continúe su trabajo fundamental, incluyendo esfuerzos de educación y prevención dentro de la comunidad. Esta unidad especializada, que se lanzó en 2014, ha procesado cientos de casos y ha recibido aproximadamente $6 millones en fondos de la Oficina de Seguridad del Tráfico.

Los fondos también se utilizarán para:

  • Proporcionar educación a conductores jóvenes sobre los peligros de conducir bajo la influencia.
  • Ofrecer capacitación para fiscales e investigadores a través del Programa de Fiscales de Recursos de Seguridad del Tráfico de California, así como entrenamientos específicos del Condado de San Diego.
  • Organizar reuniones regionales trimestrales con agencias del orden para mejorar las investigaciones y procesamientos de casos DUI.

En 2024, la Oficina de la Fiscalía de Distrito presentó 4,389 casos de DUI, incluyendo 280 casos de DUI por drogas. A partir del 29 de octubre de 2025, la oficina ha presentado 9,405 casos de DUI, incluyendo 426 casos de DUI por drogas este año. Muchos de estos números representan aumentos significativos en comparación con años anteriores.

La financiación de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California es proporcionada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. El programa de subvenciones se extiende hasta septiembre de 2026.

 

Hombre de Campo Condenado por Crueldad Animal Grave por Negligencia de la Lesión de su Perro

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó que Osvaldo Deleon, de 61 años, fue sentenciado hoy a 132 días de custodiados años de libertad condicional formal y se le ordenó cumplir varias condiciones por no buscar atención médica para la pierna gravemente lesionada de su perro. La pierna trasera del perro tenía una herida abierta con hueso expuesto cuando los oficiales del Departamento de Servicios para Animales (DAS) del condado lo encontraron. El perro fue llevado al cuidado de un veterinario y, finalmente, su pierna tuvo que ser amputada.

Deleon fue declarado culpable por un jurado de un cargo de crueldad animal grave el 15 de octubre. En la sentencia de hoy, el juez del Tribunal Superior, Herbert Exarhos, ordenó que Deleon no pueda tener animales por 10 años, renuncie a sus derechos a registros bajo la Cuarta Enmienda y complete un programa de prevención y educación sobre la crueldad hacia los animales.

“Nuestra oficina sigue firmemente comprometida a responsabilizar a las personas por todas las formas de abuso, crueldad y negligencia hacia los animales”, dijo la Fiscal Stephan. “Estamos dedicados a ser la voz de los animales que no pueden hablar por sí mismos y a buscar justicia en su nombre. Trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios en la aplicación de la ley y la comunidad, nos esforzamos no solo por identificar y procesar el abuso, sino también por prevenirlo antes de que ocurra.”

“Esta sentencia refuerza nuestro compromiso con la protección de la salud, seguridad y bienestar de las personas y los animales en el Condado no incorporado de San Diego”, dijo el Director de Servicios para Animales del Condado, Vaughn Maurice. “El caso de Eagle demuestra que estos asuntos se toman en serio y apreciamos el trabajo de la Fiscalía en la búsqueda de justicia. Con el apoyo de la comunidad y la dedicación de nuestros oficiales, podemos responder rápidamente, investigar a fondo y asegurar que los animales reciban la atención y protección que necesitan.”

En el último año, la oficina de la Fiscalía ha presentado cargos relacionados con crueldad animal en 48 casos penales.

En diciembre del año pasado, Todd Schuster, de 61 años, fue condenado por un cargo de crueldad animal grave y sentenciado a dos años de cárcel por patear violentamente a un perro durante un incidente de ira en la carretera y luego atropellarlo con su vehículo, matándolo.

Procesos anteriores por crueldad animal incluyeron a una pareja de ancianos que acumuló 92 perros Yorkshire Terrier y cruces de Yorkie en una casa llena de heces en Poway, y a un residente de 31 años de Oceanside que recibió una sentencia de ocho años de prisión por torturar y matar al menos 10 gatos. El acusado adoptó a los gatos de San Diego Humane Society y a través de Craigslist, sometiéndolos a abuso severo.

En 2018, la Fiscalía lanzó la primera Unidad de Casos de Crueldad Animal, que proporciona consistencia procesal en todo el condado, apoyo investigativo y experiencia dedicada para casos de abuso animal. Debido a la fuerte relación entre el abuso animal y los delitos violentos contra las personas, especialmente niños y violencia doméstica, la unidad está dentro de la División de Protección Familiar de la Fiscalía. La unidad trabaja estrechamente con la policía, los Alguaciles, el DAS, oficiales de control animal, San Diego Humane Society y otros, investigando y procesando los casos de crueldad animal de manera vertical (un fiscal manejando el caso de principio a fin).

Para reportar sospechas de abuso animal en el Condado de San Diego, puede comunicarse con las siguientes agencias según la ubicación y tipo de incidente:

  • San Diego Humane Society– Maneja investigaciones de crueldad animal en la mayor parte del condado, incluyendo las ciudades de San Diego, Escondido, Imperial Beach, Poway, Santee y otras.
  • Departamento de Servicios para Animales del Condado de San Diego– Cubre áreas no incorporadas y ciertas ciudades contratadas.
    • Teléfono: 619-767-2675
    • En línea:County Animal Services
  • Agencias locales del orden público– Si un animal está en peligro inmediato, llame al 911 o a la policía local.

El caso de Osvaldo Deleon fue procesado por la Fiscal Auxiliar Maura Duffey.

Cargos Criminales Presentados Contra Hombres Sorprendidos Haciendo Trampa en el Póker en Dos Casinos del Área

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que se han presentado cargos criminales graves contra dos hombres que ganaron más de $30,000 en dos casinos locales al trabajar juntos para obtener una ventaja desleal en las mesas de póker marcando cartas. Vaagn Galustyan, de 52 años, y Armin Martirosyan, de 53, han sido acusados de dos delitos graves de conspiración para cometer un crimen. Ambos fueron procesados hoy en la Corte Superior del Condado de San Diego y enfrentan hasta tres años y ocho meses en prisión si son declarados culpables de todos los cargos.

“Este método de hacer trampa con cartas se remonta a cientos de años atrás, pero con la tecnología moderna, la práctica puede ser detectada y aquellos que intenten estafar a los casinos locales pueden ser llevados ante la justicia”, dijo la Fiscal Stephan. “Estoy orgullosa de la relación de mi oficina con los gobiernos tribales y de la cooperación que seguimos teniendo con ellos para procesar exitosamente una variedad de delitos que ocurren en tierras tribales”.

Los acusados, junto con una tercera persona no identificada, fueron al Casino Pala e ingresaron al establecimiento por separado, pero se sentaron juntos en una mesa para jugar póker Mississippi Stud. Cada hombre fue captado por las cámaras de seguridad del casino doblando discretamente las esquinas de las cartas de alto valor que recibían—Dieces, Jotas, Reinas, Reyes y Ases. En múltiples ocasiones se ve a cada acusado marcando cartas para poder anticipar qué cartas podría tener el crupier frente a él y así decidir cómo apostar en las siguientes rondas del juego.

Después de jugar por algunas horas, la mesa de póker fue cerrada y los acusados salieron del casino sin canjear sus fichas. Ambos regresaron alrededor de cinco horas más tarde, en la madrugada, vestidos de manera diferente. Realizaron un canje parcial de sus ganancias, cada uno acudiendo a dos cajeros distintos. La pérdida total para el Casino Pala fue de $19,250.

La semana siguiente, los acusados fueron al Casino Harrah’s en Valley Center y repitieron el mismo delito jugando póker Mississippi Stud. Los acusados ganaron $13,410.

Debido a su ubicación y proximidad a las reservas indígenas y a los casinos ubicados en el Este del Condado, la Oficina de la Fiscalía de Distrito en el Este del Condado suele manejar casos relacionados con delitos cometidos en las reservas o derivados de actividades de casino. La cooperación y asociación de la Fiscalía con las tribus, sus consejos tribales, las fuerzas de seguridad tribales y el Departamento del Alguacil han permitido investigar y enjuiciar exitosamente estos casos, lo que ha resultado en una mayor seguridad pública en las reservas y en los casinos.

Los casinos dependen del azar y del juego limpio. Cualquier alteración física de las cartas constituye una violación de esas reglas y, en la mayoría de las jurisdicciones, también es un delito penal. Los casinos modernos buscan activamente la marcación de cartas mediante cámaras de vigilancia, inspecciones de mesas y frecuentes cambios de barajas. Los crupieres están entrenados para detectar esquinas dobladas, manipulación inusual u otros signos de alteración, y muchos casinos ahora utilizan cartas plastificadas o cambios de baraja cada 20 a 30 minutos para dificultar esta práctica.

La audiencia preliminar fue programada para el 15 de enero. El Fiscal Auxiliar Cal Logan, de la División de Operaciones Especiales de la Fiscalía, está procesando este caso. La Fiscal Auxiliar Kristi Gill estuvo a cargo de la lectura de cargos realizada hoy.

Hombre que Mató a su Amigo y lo Metió en un Bote de Basura es Sentenciado a Prisión

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy que un hombre de 26 años de Ramona ha sido sentenciado a prisión por el homicidio de Eduardo Aguilar Alba, de 26 años, en su domicilio en octubre de 2023.

Sean Hawksworth fue sentenciado a 47 años a cadena perpetua después de que un jurado lo declarara culpable en mayo de todos los cargos y acusaciones, incluyendo asesinato, robo residencial, gran hurto y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

“Este fue un asesinato intencional, deliberado y premeditado”, dijo la Fiscal Stephan. “Espero que la sentencia de hoy traiga un poco de cierre y justicia para las víctimas que quedaron tras este crimen violento.”

En octubre de 2023, Hawksworth disparó fatalmente a Aguilar Alba en la cabeza mientras la víctima dormía en su apartamento. Luego metió el cuerpo en un bote de basura, despojó el apartamento de objetos de valor y robó el Camaro de Aguilar Alba, su ropa y zapatos de diseñador. Posteriormente, los detectives recuperaron las pertenencias de la víctima en un almacén que Hawksworth había rentado y transferido a nombre de su hermano.

Hawksworth regresó al lugar del crimen varias veces en los días posteriores al asesinato, intentando encubrir sus acciones mientras continuaba con sus actividades de venta de drogas como si nada hubiera pasado.

La Fiscal Auxiliar Philippa Cunningham fue quien llevó este caso.

Acusado de Dispararle a Oficial es Sentenciando

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, informó hoy que un hombre de 32 años, quien disparó contra un oficial del Departamento de Policía de San Diego después de ser detenido en una camioneta robada, ha sido sentenciado a prisión.

J.C. Blake Sartor, quien fue condenado por intento de asesinato, agresión a un oficial de paz, disparar contra una estructura habitada y otros cargos graves, fue sentenciado hoy a 38 años a cadena perpetua en prisión estatal. Un jurado lo declaró culpable de los delitos el 10 de julio.

“Este caso demuestra por qué las detenciones de tránsito pueden ser de las situaciones más peligrosas que enfrentan los oficiales de paz en patrulla,” dijo la Fiscal Stephan. “Afortunadamente, el Oficial James Romero sobrevivió al intento contra su vida y estoy orgullosa del trabajo dedicado de nuestro equipo de fiscales para lograr justicia en su nombre y en el de la comunidad.”

En junio de 2023, el Oficial Romero intentó detener a Sartor, quien conducía un vehículo robado. Sartor abandonó la camioneta y huyó a pie por un pasillo estrecho en un complejo de apartamentos. El oficial lo persiguió y Sartor disparó dos veces durante la persecución. Una bala impactó al Oficial Romero, hiriéndolo gravemente en el brazo, y otra bala impactó un edificio del complejo de apartamentos. El Oficial Romero fue atendido en el hospital por sus lesiones y dado de alta.

El sospechoso inicialmente evadió a la policía, que levantó huellas dactilares y ADN de la camioneta robada, lo que permitió identificar a Sartor como el conductor. Se inició una búsqueda, y Sartor fue localizado en una casa en Kearny Mesa. Cuando fue arrestado, Sartor estaba en posesión de la misma arma utilizada para herir al Oficial Romero.

“Cada día, cuando nuestros oficiales se ponen el uniforme para proteger y servir, corren el riesgo de no regresar a casa con sus familias,” dijo el Jefe de Policía de San Diego, Scott Wahl. “Este incidente subraya los peligros inherentes al trabajo policial de rutina. Estamos profundamente agradecidos de que el Oficial Romero siga con nosotros y con la Fiscalía por lograr justicia y brindar cierre para él y su familia.”

Según la Orden Fraternal de Policía, aproximadamente 325 oficiales de paz son baleados cada año en cumplimiento de su deber, de los cuales alrededor de 50 son asesinados por disparos.

El Fiscal Auxiliar Clay Biddle, de la División de la Corte Superior de la Fiscalía, procesó este caso.