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Nuevos Datos Sobre la Propuesta 36

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, dio a conocer hoy datos alentadores relacionados con los procesamientos y el tratamiento ordenado por los tribunales bajo las nuevas leyes creadas con la aprobación de la Propuesta 36. Las cifras muestran que de los cientos de acusados que se han declarado culpables de delitos relacionados con drogas bajo la Propuesta 36 desde principios de abril y que han pasado por el proceso de evaluación de tratamiento o libertad condicional, solo cinco no han aceptado ni recibido servicios del Departamento de Libertad Condicional o de programas de tratamiento de drogas ordenados por el tribunal.

Al mismo tiempo, negocios locales pequeños y grandes han expresado alivio por la implementación de las disposiciones contra reincidentes en robos de la Propuesta 36. Algunos incluso han reportado anecdóticamente que las sanciones más estrictas están disuadiendo el robo y proporcionando un sentido de seguridad a los comercios que antes eran blanco de reincidentes.

“Es un panorama muy positivo a ocho meses de la implementación de la Propuesta 36 y a cuatro meses de un plan regional para opciones de tratamiento,” dijo la Fiscal Stephan. “Ya estamos viendo pruebas alentadoras de que la Propuesta 36 está restaurando el estado de derecho, dando esperanza a los negocios que sufrían la amenaza constante del robo repetido que ponía en riesgo la seguridad de empleados y clientes. Al enfatizar la responsabilidad junto con el tratamiento y la rehabilitación, los datos también muestran que la ley está funcionando para abordar las causas principales de la conducta criminal habitual.”

Más información sobre la Propuesta 36, incluyendo estadísticas actualizadas cada mes, se puede encontrar en el sitio web público de la Fiscalía aquí. Pueden ver un video sobre cómo está funcionando la Propuesta 36 aquí.

Los datos publicados este mes muestran que, a partir del 31 de julio de 2025, un total de 1,778 casos han sido procesados bajo una de las dos disposiciones clave de la Propuesta 36: reincidentes en robos procesados bajo el Código Penal sección 666.1 y reincidentes en delitos de drogas duras procesados bajo el Código de Salud y Seguridad sección 11395.

La medida permite que los acusados procesados por posesión de una droga dura con dos o más condenas previas opten por tratamiento en lugar de sentencias de prisión, con el objetivo de abordar los problemas subyacentes de adicción. A principios de abril, el Tribunal Superior de San Diego aprobó la implementación a nivel del condado del tratamiento obligatorio bajo la nueva ley. Desde entonces, el 98% de los acusados que han resuelto sus casos y han pasado por el proceso de evaluación de tratamiento o libertad condicional han sido ofrecidos y han aceptado servicios del Departamento de Libertad Condicional o de proveedores de tratamiento de drogas ordenados por el tribunal.

Los datos muestran que la Propuesta 36 está revitalizando los Tribunales de Drogas al proporcionar herramientas para incentivar a las personas a participar en programas de tratamiento. El Tribunal de Drogas, que transforma vidas de aquellos cuya adicción los llevó a un historial criminal, ha visto un aumento en participantes en todo el condado, con 309 personas inscritas al 1 de agosto de 2025 de una capacidad de 440.

La Propuesta 36, que fue aprobada con el 68% de los votos, entró en vigor en diciembre del año pasado. La Fiscal Stephan dijo que su oficina se ha comprometido a implementar exitosamente esta medida transformadora en colaboración con el Alguacil, los jefes de policía del condado, el tribunal y la comunidad. La medida:

  • Proporciona consecuencias más estrictas para los reincidentes en robos, quienes cometen robos masivos en tiendas y las bandas de robo organizado, lo cual detiene el ciclo de reincidencia.
  • Requiere que los traficantes convictos de fentanilo y drogas duras reciban una advertencia de que la próxima vez que vendan drogas ilegales y alguien muera, serán responsables por la muerte de la víctima. La ley establece consecuencias adicionales para traficantes de drogas ilegales que causen lesiones graves o muerte, que porten armas de fuego mientras trafican narcóticos o que estén involucrados en la distribución de cantidades inusualmente grandes de narcóticos.
  • Incentiva el tratamiento que salva vidas para acusados que sufren de adicción mediante la creación del nuevo Tratamiento Ordenado por Delito Grave, que ofrece tratamiento como alternativa al encarcelamiento para quienes poseen ilegalmente drogas duras como fentanilo y metanfetaminas, abordando la causa raíz de muchos delitos.

La Fiscal exhorta a los dueños de negocios y al público a reportar robos, compartir información y apoyar los esfuerzos para responsabilizar a los infractores. Negocios locales pequeños y grandes han expresado alivio por la implementación de la Propuesta 36, anticipando que las sanciones más estrictas disuadirán el robo y brindarán un sentido de seguridad a los comercios que antes eran blanco de reincidentes.

Durante una visita reciente de la Fiscal Stephan a una tienda de Walmart en San Diego, funcionarios de la tienda dijeron que su meta es mejorar la experiencia de compra del consumidor y señalaron que ya han podido desbloquear algunos productos en sus tiendas que antes estaban bajo llave para prevenir robos.

“Ya estamos evaluando qué artículos pueden ser movidos y desbloqueados, y cuáles necesitan seguir asegurados,” dijo Nathan Smith, Abogado Principal de Walmart. “Son decisiones basadas en números, pero asociarnos con la policía y los fiscales es fundamental para que eso suceda.”

La Oficina de la Fiscalí de Distrito cuenta con equipos especializados en robo minorista, tribunales de tratamiento y narcóticos mayores para abordar eficazmente todos los aspectos de la Propuesta 36, trabajando en conjunto con las fuerzas del orden y la comunidad. La Oficina de la Fiscalía también participa en la Alianza Contra el Crimen Organizado en el Comercio Minorista de San Diego, que conecta las investigaciones públicas y privadas de robos minoristas organizados tanto en grandes como en pequeños negocios del condado.

Para prepararse para la entrada en vigor de la Propuesta 36, la Oficina de la Fiscalía capacitó a oficiales de policía en todo el Condado de San Diego sobre las nuevas leyes, colaborando con el Alguacil del Condado de San Diego y los jefes de policía de la región, realizando entrenamientos internos para fiscales, reuniéndose con miembros del sistema de justicia penal, trabajando con líderes empresariales de la región, consultando con la Asociación de Fiscales de Distrito de California e intercambiando ideas con otras Fiscalías de Distrito en todo el estado para aprovechar las mejores prácticas y lograr una implementación eficaz de la nueva ley.

 

La Fiscal de Distrito Stephan Testifica Ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego y Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito (NDAA, por sus siglas en inglés), Summer Stephan, testificó hoy ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, instando al Congreso a actuar con rapidez para combatir la creciente amenaza del crimen organizado minorista (ORC, por sus siglas en inglés) y las redes transnacionales de robo que están afectando a comunidades y negocios en todo el país a través de hurtos y robos tanto comerciales como residenciales. La Fiscal de Distrito Stephan fue convocada a testificar como la voz de los fiscales de todo Estados Unidos en su papel como Presidenta de la NDAA, y por su experiencia en el combate de estos delitos organizados en el Condado de San Diego.

Pueden ver la grabación de la audiencia aquí.

En su testimonio, la Fiscal de Distrito Stephan describió la evolución del robo organizado, que ha pasado de ser incidentes aislados a convertirse en empresas criminales sofisticadas, que operan en múltiples estados e incluso a nivel internacional, responsables de pérdidas de miles de millones de dólares y de amenazas a la seguridad pública. Basándose en los exitosos procesamientos de su oficina en el Condado de San Diego, Stephan enfatizó que estos crímenes están lejos de ser sin víctimas y requieren una respuesta nacional coordinada. La Fiscal de Distrito presentó las experiencias de numerosas víctimas, como empleados de negocios pequeños y grandes, y propietarios de viviendas afectados por estas redes criminales sofisticadas y, en ocasiones, violentas.

“El crimen organizado minorista no solo está erosionando la estabilidad de los negocios y los empleos, sino que también está amenazando la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, dijo la Fiscal de Distrito Stephan. “Desde robos tipo ‘smash-and-grab’ o saqueos en tiendas de lujo hasta redes internacionales de robo residencial, estamos viendo un aumento en la violencia y la sofisticación criminal que exige acciones legislativas y de cumplimiento contundentes”.

Stephan detalló las estrategias proactivas de su oficina en San Diego, incluyendo la formación de equipos especializados para procesar casos de ORC, la colaboración con la Patrulla de Caminos de California, y la creación de alianzas a través de la «Organized Retail Crime Alliance» o la Alianza de Crimen Organizado Minorista. También destacó el éxito de leyes recientes en California que permiten a los fiscales acumular múltiples robos para presentar cargos más graves. A nivel nacional, la NDAA se ha unido a la Asociación de Líderes de la Industria Minorista para lanzar iniciativas como visitar tiendas y la «Iniciativa Comunidades Vibrantes», que buscan mejorar la coordinación y la seguridad en los entornos comerciales. La Fiscal de Distrito también se ha asociado con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación Nacional de Minoristas para educar sobre prevención y enjuiciamiento efectivo.

Stephan hizo un llamado al Congreso para aprobar la Ley de Combate al Crimen Organizado Minorista de 2025 (Combatting Organized Retail Crime Act of 2025 – CORCA), la cual establecería un Centro Federal de Coordinación contra el Crimen Organizado Minorista para mejorar la colaboración nacional entre fiscales, fuerzas del orden y actores del sector privado. También pidió que se haga cumplir la «Ley INFORM», que exige la identificación de vendedores de terceros para detectar bienes robados vendidos en línea. Finalmente, Stephan subrayó la importancia de estrategias de enjuiciamiento equilibradas que diferencien entre un joven que comete un error y un delincuente habitual que se aprovecha de los pequeños negocios y vecindarios. Abogó por que el centro de coordinación conecte los puntos para combatir el crimen organizado y las organizaciones criminales transnacionales que perjudican a nuestra nación.

En San Diego, la Oficina de la Fiscalía de Distrito ha procesado a más de 218 acusados de ORC en los últimos dos años, en colaboración con las fuerzas del orden y minoristas, en casos que involucraron pérdidas por robos superiores a los $2.6 millones. Los casos incluyen operaciones de «smash-and-grab» o saqueos con múltiples acusados, redes de robo reincidentes que apuntan a minoristas nacionales, y redes criminales transnacionales responsables de robos interestatales y asaltos multimillonarios a joyerías.

“Nuestra experiencia demuestra que leyes inteligentes, consecuencias reales y colaboración estrecha entre jurisdicciones funcionan”, declaró Stephan. “Ahora necesitamos que el Congreso escale estos esfuerzos a nivel nacional para que ninguna comunidad quede vulnerable”.

Stephan también destacó la necesidad de que las alianzas público-privadas vayan más allá del cumplimiento de la ley y se extiendan hacia la prevención y la educación. Pidió una campaña nacional de concientización para informar a los consumidores sobre el impacto de comprar bienes robados, especialmente en mercados en línea o espacios informales como los «swap meets».

La Fiscal de Distrito Stephan argumentó que, así como son esenciales leyes sólidas y estrategias de enjuiciamiento eficaces, también lo es la participación activa de los consumidores y miembros de la comunidad para frenar el crimen organizado minorista. Al combinar herramientas legales, coordinación policial y una ciudadanía informada, concluyó Stephan, las comunidades pueden recuperar su seguridad y vitalidad económica del control del crimen organizado.